En el 2016 se publicó el informe Vidas Robadas que recogía el testimonios de 15 niñas que quedaron embarazadas y parieron, producto de una violación. Vidas Robadas —elaborado por Fundación Desafío, una organización sin fines de lucro dedicada a promover los derechos reproductivos en el Ecuador— rescató la escalofriante cifra que reposaba en los departamentos de estadísticas de instituciones públicas pero que no había sido difundida: cada año aproximadamente dos mil niñas menores de 14 años se embarazan en el Ecuador.
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El 3 de septiembre de 2018, durante el lanzamiento de la campaña para visibilizar el incesto en Ecuador No más secretos familiares , la presidenta de fundación Desafío, la doctora Virginia Gómez de la Torre, dijo que hacía un mes habían corregido esa cifra: ya no eran dos mil sino 2 mil 700 niñas. Un día después, en su oficina en el centro de Quito, de la Torre explica que el cambio de número no corresponde a un aumento en estos dos años sino a una corrección de un estadista quien, vía Twitter, les dijo que su cálculo —hecho en base a cifras oficiales— estaba equivocado y que en realidad eran 700 más: de ellas, el 2% están por tener su segundo embarazo.
Ustedes son una organización independiente, el estadista que les corrigió la cifra también tiene una encuestadora independiente. ¿El Estado no cuenta con cifras sobre el embarazo de niñas?
Cuando uno pide las cifras al Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), por ejemplo, te dan las cifras de las niñas que parieron, no de las que se embarazon. Y eso es distinto. Cuando pedí las cifras de las que se embarazaron, me contestaron ‘no le podemos dar, le podemos dar de las que dieron a luz’. Ahí hay una dificultad de voluntad política.
De no mapear esta situación…
Claro, porque también pedimos a la Fiscalía el número de niñas violadas y embarazadas y no nos dieron. Me dijeron que no, que era prohibido dar ese dato porque son niñas. Lo prohibido es revelar la identidad, pero estamos pidiendo una estadística, no estamos pidiendo los nombre de las niñas. Y no me la dieron tampoco. Me dieron solo el número de violaciones.
¿Por qué cree que hay este vacío estadístico sobre un tema tan urgente como el embarazo de las niñas?
No creo que hay un vacío estadístico. Creo que las estadísticas están, lo que no hay es una difusión de la información. Una difusión de las cifras reales. El estadístico Freddy Llerena corrigió el dato porque lo difundimos en una red social. Pero el Ministerio de Salud no se posiciona en el tema de cuáles son las cifras reales. Y no difundir la cifra real es no darle respuesta al problema. Es lo que yo ayer en el lanzamiento de la campaña contra el incesto planteaba: el Estado no hace nada por las niñas violadas peor si están embarazadas.
Por lo tanto es un encubridor y cómplice del violador. Sin querer acusar al Ministerio o sin querer acusar al gobierno anterior o qué sé yo, el tema es que hay temor, hay inseguridad, y no se quiere poner en la opinión pública la barbaridad que significa tener de promedio 2 mil 700 niñas embarazadas. Es como un estigma de país. Este es un país en donde violan a las niñas, las embarazan y nosotros no estamos haciendo nada. Claro, nos han dejado decir que son 2 mil. Porque ¿quién tenía que corregir la cifra?
El Estado…
Pero no lo hizo. Hay no sé si un ocultamiento pero sí una desinformación desde el Estado. Si nosotros dijéramos hay cinco mil niñas probablemente nos van a decir ‘bueno, ¿y dónde está la evidencia?’. No vamos a falsear esa cifra, pero lo que llama la atención es que cuando dijimos 2 mil, el Estado se quedó tranquilo. Ese es un indicador de que a nivel estatal no se han sincerando las cifras.
Cada año en el Ecuador se embarazan 2700 niñas. Fotografía de José María León para GK.
Usted señala que no se sinceran, en parte, por la vergüenza que pueden significar estas cifras tan altas. ¿También podría ser porque no tiene una política o una solución a este problema?
Las dos cosas. O sea, tener las cifras de embarazo infantil que tenemos es un indicador: Ecuador es un país que permite que violen a las niñas, y además permite que las embaracen y continúen con embarazos forzados. Porque obvio a las niñas el Estado no las protege porque por la pobreza en la que viven son más vulnerables. Obviamente frente a la incapacidad y a la no respuesta del Estado, el otro resultado es ‘mejor no difundamos mucho, mejor que quede ahí la cifra’ que no sirve de nada porque en realidad incluso si nos quedamos en la dos mil es altísimo, es demasiado.
¿A qué se refiere con que el Estado no protege a las niñas? Si pensamos en cómo las podría proteger, ¿cuál es el escenario al que queremos llegar?
El Estado no está cumpliendo con una responsabilidad básica que nace de haber suscrito todas estas convenciones internacionales, haber hecho programas de protección integral, y haber puesto en la Constitución que garantiza el bien superior que es la niñez y la adolescencia. Si vamos a lo local, al barrio, a la comunidad rural, a la comunidad pobre urbana, y vemos el interior de la familia y vemos los indicadores altísimos de violencia contra las mujeres, es una la realidad que está ahí y la conocemos, ¿qué debe hacer el Estado?
Primero, debe proteger a las mujeres porque esas mujeres están pariendo niñas y niños que luego son violentados sexualmente. Claro, las niñas se llevan la peor parte porque en un momento dado pueden quedar embarazadas. Pero, a más de eso, el Estado no cumple con todo lo que ha puesto en la Constitución, un montón de derechos que están ahí para las niñas y adolescentes, para las mujeres. Todas las estrategias de prevención de la violencia contra la niñez y la adolescencia no se cumplen.
Se podría decir que en papel están las garantías…
Sí, en estos casos que hemos contado de cerca, de manera cualitativa, de las niñas que llegan embarazadas a los hospitales, ningún caso ha sido denunciado por el Estado, de parte del sistema de Salud. A excepción de una niña violada que el delito fue denunciado por la familia.
De hecho, la violencia sexual en las niñas es, para el Estado, poca cosa. No sé si tiene que ver con la violencia en las adultas. Es como que la violencia en todos sus aspectos es un problema de adultas, o sea cumplen 18 años y las empiezan a violentar. Ahí el Estado tiene establecidas sus políticas pero las políticas no deben ser solo para las adultas, sino también para las adolescentes o para las niñas. Y las niñas se llevan a la peor parte porque también mimetizan con las adolescentes. Las niñas no existen.
El Estado tampoco hace el esfuerzo de visibilizarlas y tal vez, en ese sentido, como sociedad civil, tengamos que hacer más esfuerzos para decirle ‘mire esto es lo que está pasando en el país’.
¿Las cifras podrían ser peores?
Sí. Solamente en Esmeraldas, 31 obstetrices dijeron que atienden niñas de menos 14 años todos los días. Todas estas obstetrices lo único que hacen es diagnosticar el embarazo y controlarlo.
A ellas llegan embarazos más tempranos pero la mayoría son embarazos avanzados con complicaciones de parto que no han podido resolverse en el primer y segundo nivel. En ninguno de los tres niveles le dan una respuesta a la niña que no sea que continúe el embarazo.
Por eso nosotros planteamos en nuestra primera investigación de Vidas Robadas que el Estado omite, invisibiliza a las niñas y, premeditadamente, hace que continúen con el embarazo.
Es premeditado porque nadie quiere hacer el esfuerzo de decir ‘bueno, esta niña es violentada, su familia es pobre, va a regresar a un entorno de violencia’. A nadie se le prende el foco y dice ‘esta niña tendrá otra respuesta de mi parte’.
¿Cuál podría ser esa respuesta desde el Estado?
Cuando nosotros hablamos del Estado nos referimos al Sistema de Salud Pública representado en un servicio de salud: hospital o un centro de menor nivel nivel que tiene que cumplir con una serie de protocolos que le dictan qué hacer en estos casos. En estos casos de violencia o en casos de interrupción terapéutica. Hay un protocolo que se llama Guía Clínica para la Interrupción Terapéutica del Embarazo.
Pero, ¿qué pasa cuando llega una niña embarazada?
A nadie se le ocurre aplicar la guía de práctica clínica para interrupción de un embarazo porque hay todavía un imaginario que el aborto es ilegal en caso de violación en general.
Según Virginia Gómez de la Torre, la ley de adopción en el Ecuador está diseñada para que la madre se quede con su hijo. Fotografía de José María León para GK.
Pero sí es ilegal en caso de violación…
Es ilegal de acuerdo al Código Integral Penal. Sin embargo no es ilegal interpretar. En el mismo artículo 150 dice que el aborto no será punible en una mujer para evitar un peligro para su salud o su vida. Si bien es cierto que el aborto es ilegal en caso de violación como una generalidad, lo que planteamos y se está planteando a nivel de América Latina —en donde la salud es entendida como la salud integral a la cual nos hemos adscrito como país tanto a la OMS, a los estándares internacionales— es hacer una interpretación de lo que significa un embarazo por violación y de lo que significa un embarazo en una niña menor de 14 años.
O sea si es que hubiese la voluntad política y mañana a un consultorio llega una niña de 13 años con seis semanas de embarazo, ¿el médico podría practicarle una interrupción del embarazo terapéutico, y no tener ningún cargo legal en su contra? Eso nunca ocurre.
Ocurre muy poco, y es producto de la maquinaria estatal que camina a pasos muy lentos. En otros países como Argentina está muy posicionado. En Rosario y en Buenos Aires, por ejemplo.
Ahora la idea es definir, como incluso lo dice la Ley en contra de la violencia a la mujer, que el embarazo de una niña o una adolescente es de alto riesgo. La ley lo está definiendo.
En ese marco, la sensibilización, la concientización, el aprendizaje de quienes están en el sistema de Salud debería ser que frente a los casos, ellos deben hacer una historia clínica más exhaustiva. Deberían llamar a la psicóloga, a la trabajadora social, deben pedir la opinión sobre ese caso porque incluso el médico está capacitado para encontrar riesgos físicos, sociales y mentales. Y se supone que la facultad de Medicina nos enseña a hacer un diagnóstico integral.
Podría poner un ejemplo…
Nos pasó con el caso de una mujer que había sido violada y tenía lupus eritematoso, que es una enfermedad autoinmune gravísima. Hablamos sobre evitar un peligro en su salud y en su vida y nos han respondido ‘nosotros tenemos toda la evidencia y toda la experiencia para brindarle a la mujer con lupus un embarazo sin riesgos y que dé a luz finalmente su producto sin correr riesgos ni ella ni el producto’.
A ver le digo: usted está pensando solo en la salud física, porque cuando yo le pongo este caso específico, hablo por tres casos de mujeres con lupus que han venido a la Fundación a pedir ayuda porque no quieren continuar con ese embarazo, porque ellas más que nadie saben lo que es tener su enfermedad. La expectativa de vida de una mujer con lupus es menor que la del resto.
Son mujeres que están condenadas o que si no tienen las posibilidades económicas son propensas a sufrir daños renales. De las que nos han dicho, no quieren continuarlo porque no están en todas sus capacidades para ser mamás y para darle a ese hijo todo su tiempo y energía porque son mujeres con salud precaria. Entonces hay un componente de salud mental que no se considera.
Peor en el tema de las niñas.
Si no se considera a una mujer a adulta que lo sabe verbalizar, peor se considera en una niña. Nosotros vemos que las niñas no solamente llegan con el peso físico de su embarazo sino que llegan afectadas psicológicamente, aunque no parezca.
Están afectadas porque no es lo mismo un cuerpo de 12 o 13 años con un hijo, que un cuerpo pleno que desde los 18 años está en toda su capacidad para procrear. Los cuerpos de las niñas son más pequeños. Claro, obviamente, podemos decir que hay niñas de 12 que son altas pero eso no significa que internamente sus órganos reproductivos estén al máximo de su capacidad. Entonces, los médicos deben hacer una evaluación física y pedir el informe de la trabajadora social, de la psicóloga. Hacer la junta técnica, no la de bioética, sino la de el comité técnico.
Pero eso es el deber ser. Es más común que la atención se enfoque en priorizar la continuación del embarazo.
Sí, de la gestación. Ahí nos enfrentamos a otro tipo de desafío: que quienes hacen las evaluaciones tengan enfoque de derechos y de género, que sepan leer la realidad de una niña que básicamente no debería continuar con ese embarazo. Se le debería dar también esa oportunidad porque de lo que yo entiendo, no puedo asegurar, pero al parecer habría un caso de una niña que amenazó con suicidarse. Por ejemplo, el suicidio como un riesgo en estos casos es algo que se debería tomar en cuenta.
Las personas que se van a suicidar rara vez dicen que se van a suicidar. Una cuestión de suicidio está demostrada, por ejemplo, en estas cifras de suicidio del Consejo de la Niñez y la Adolescencia. Me parece que la primera causa de suicidio en las adolescentes es la violencia, entre otras cosas, problemas relacionados con la salud reproductiva y el embarazo, hay una relación. Pero si usted va y pide a la morgue información de los suicidios de mujeres y pide que le digan cuántas mujeres de las que se han suicidado han estado embarazadas, tampoco le dan. Yo he pedido.
¿Están las cifras cortadas?
Están bloqueadas. Eso es obstaculizar la transparencia de la información para que el mismo Estado tome decisiones o la misma sociedad haga acciones de presión.
Para estar claras sobre esta interrupción del embarazo. Si llega una niña de 11 años con 6 semanas de embarazo y el doctor estuviese capacitado, podría decir ‘esta niña tiene un alto porcentaje de morir si pare, le voy a aplicar esto’. ¿Sería así de sencillo?
No, no es tan sencillo porque el imaginario que prima en la sociedad y en los centros de Salud es que el aborto es ilegal. Habría que hacer un trabajo de concientizacion y sensibilizacion. Hay que hacer un trabajo técnico legal de decir ‘a ver, la interpretación legal del artículo 150 del Código Penal del primer inciso es esta: esa niña de 11 años que viene con 6 semanas de embarazo a la que se le puede salvar la vida, hay que hacerle un diagnóstico exhaustivo físico psicológico y social que corresponde al consenso de salud que es al que nos hemos adscrito como país’.
Esa niña es una emergencia médica: hay que someterla a todos los dispositivos de diagnóstico psicológico, social y físico para ver la posibilidad de que califique para una interrupción terapéutica. Empezando porque a la niña hay que decirle y ella tiene que decidir. Uno no puede decidir por ella.
¿Si ella no quisiera no se haría?
Sí. Pero ella de plano va a decir que no, que quiere conservarlo por toda esta concepción que nos han metido. Ese es también el drama que viven estas niñas de que no hay nadie que les diga ‘a ver, aquí hay un Estado que se preocupa por ti’. Es un voto de confianza que nos tiene que dar al Estado, nos tiene que dar una respuesta. Y la respuesta sería: ‘el embarazo que estás viviendo no necesariamente tienes que continuarlo’ y desarrollar una asesoría, un espacio de información y decirle: ¿estás contenta, estás bien?
¿Pero todo esto en papel sí existe?
No existe la consejería para plantear las diversas opciones que tendría esta niña en su embarazo.
¿No hay ningún protocolo que lo especifique?
No, existe el protocolo para el parto pero es el mismo que aplican para la adulta. Ningún servicio en el país tiene diferenciada la atención del parto para la adolescente, peor para la niña. La niña va a pujar igual que la mujer de 30 de 25 están en la misma sala.
¿Cómo es la atención que reciben las niñas desde el sistema de Salud pública?
Depende de dónde. Por ejemplo, la maternidad Isidro Ayora (en Quito) tiene servicios de tercer nivel, de adolescentes embarazadas donde también van niñas. Tienen una propuesta interdisciplinaria, de preparación de profilaxis para el parto. Las preparan para que puedan aceptar de mejor manera el drama que van a vivir cuando van a parir o cuando le van a hacer una cesárea. Les hacen seguimiento: hay psicologa, trabajadora social. Es un servicio muy bien consolidado pero claro ahí no hay una distinción: la niña embarazada producto de una violación que va con su panza grande y va a tener que parir, es preparada para que acepte el embarazo también. La preparan para parir porque obviamente este es un país que no le da otras alternativas. Si fuera un país en donde la ley de adopciones fuera diferente, en donde la niña pudiera ser acompañada e informada, donde le digan ‘bueno cuando tu hijo vaya a nacer, ya va a estar ahí la pareja que lo va a adoptar, la vas a conocer’. Una ley de adopción diferente de la que tenemos ahora que es una ley que obliga a las mujeres a quedarse con los hijos. Esa es la ley de adopciones que tenemos. ¿Qué oportunidades tiene esta niña?
No tuvo la oportunidad de interrumpir su embarazo y después de parir no tiene la oportunidad de darlo en adopción. ¿Qué le queda?
Ni abortar ni dar en adopción. No hay ese chance en el Ecuador. La adopción es difícil por varias razones. Primero porque hay un imaginario que es muy latinoamericano y es muy ‘mariano’, muy de la Iglesia Católica, que es la glorificación de la maternidad. Para ese imaginario ser madre es un regalo —no solo un regalo, sino un don de Dios. Y cuando las mujeres desobedecen ese mandato social y religioso, son castigadas.
¿Cuál es el problema concreto con la adopción?
Las propuestas del Estado en el tema adopción deberían ir más allá de la ley. La adopción no es la ley. Debería tener subcomponentes porque hay diferentes clases de adopción. No creo que se pueda eliminar, pero sí disminuir el dolor que puede significar para la mujer que gestó un bebé y que no quiere tenerlo con ella. Se puede disminuir con unas propuestas psicológicas de acompañamiento y respuestas. Por ejemplo, hay propuestas que dicen ‘esta es una adopción abierta, usted va a poder seguir sabiendo de su bebé a lo mejor lo puede seguir viendo una vez al año’.
Recuerdo una película que se llama Día de la Madre, donde me llamó la atención la modalidad de adopción: parte del acuerdo al que llegaron entre la madre y la pareja que adoptó es que le manden una foto de su hija cada año a cambio de que no pregunte por ella. Ella vivió el proceso de su hija pero nunca pudo expresar que era su madre. Ese es un modelo.
Aquí eso no sucede porque, de lo que me han dicho, la ley de adopción está diseñada para que la madre en algún momento decida quedarse con su hijo porque le dan un plazo después de que pare, ven si de la familia más cercana alguien se puede quedar con el bebé, y luego en la familia más lejana, y después de seis u ocho meses no ha habido como, recién ahí declaran al niño en abandono. Pero eso es brutal: violencia para ese niño y para la mujer porque ahí puede ser que se cree un vínculo, y si esa mujer no puede quedarse con ese bebé por la pobreza, porque es muy niña o por lo que sea. ¿Cómo se llama eso? Se llama premeditación. El Estado premeditadamente elabora una ley que no permite que la mujer dé a sus hijos en adopción.
Si volvemos a su comentario de que el Estado es encubridor de violadores. ¿En qué otra instancia se está equivocando o cometiendo negligencias en este tema?
El Estado no ha hecho un planteamiento para cumplir con el estatus de protección integral que es un subconcepto maravilloso que plantea que los niños, los adolescentes, las niñas y las adolescentes son ciudadanos y ciudadanas desde que nacen, e implica considerarlos como sujetos de derechos. Implica tomarlos en cuenta para las decisiones que ellos tomen, o sea es un concepto inmenso. La protección integral significa darles todos los derechos y darles el carácter de ciudadanos con derechos de niños y niñas y adolescentes. Eso no se cumple.
Lo que está haciendo el Estado es ejecutando esta doctrina de situación irregular.
En 2016 Fundación Desafío publicó su informe Vidas Robadas en el que recogió testimonios de 15 niñas que habían quedado embarazadas víctimas de violación. Fotografía de José María León para GK.
¿Qué implica que una niña esté en situación irregular?
Una niña en situación irregular está sujeta a la decisión de terceros. Son terceros los que toman decisiones sobre de ella: los adultos, el médico, la madre. Muchas madres querrán que la hija interrumpa el embarazo pero a las madres tampoco las toman en cuenta.
Las toman en cuenta para saber si la están apoyando en el embarazo pero no las toman en cuenta como sujetos de derecho en términos de decir: ‘señora, ¿y a usted qué le parece el embarazo de su hija?’.
¿Eso tampoco ocurre?
No, les preguntan si las van a apoyar. ¿Usted va a apoyar a esta niña? ¿Usted ha denunciado la violación? ¿Usted la va acoger en su casa? ¿Usted le va a a seguir dando el estudio? Eso le preguntan a las madres. No les preguntan ‘bueno, ¿y a usted qué le parece será posible hablar de una interrupción?
La información de los riesgos que implica el embarazo en una niña no debería ser parte de lo que les explican…
Nada de eso pasa.
¿Hay algún protocolo que mencione eso?
Eso saben los profesionales de la Salud. En los protocolos está eso: los riesgos que tienen las adolescentes y las niñas cuando quedan embarazada y obviamente que saben.
¿Basta con decir que la niña tiene más riesgo a morir si da a luz que si aborta?
Claro, porque eso incluso la OPS (Organización Panamericana de la Salud) ha dicho que tienen un porcentaje, creo que es un 30% más, de complicarse e incluso de morir. Pero nada de eso se dice.
Si la niña va con la madre o con quien vaya, lo que hacen es hacerle la historia clínica, el chequeo clínico, darle las indicaciones, preguntarle si ha sido vacunada, preguntarle si bebe, fuma o si tiene algún problema de drogas, si hay violencia intrafamiliar.
¿Nada más?
Nada más. Porque además también sería como injusto decirles a ellos ¿por qué no hacen nada más? porque son equipos de soporte. Llegan a completar algo en la historia y siga la siguiente.
Estamos hablando de que ahí sería un problema de personal y atención.
Claro. Es que eso va además de la concientización y la capacitación. Por ejemplo, a una niña violada, la trabajadora social o la psicóloga escribe ‘vínculo maternal en proceso de estructuración’.
¿Con esas palabras?
Sí, eso ponen. Lo que ellas intentan es lograr que haya vínculo y que la niña ame a ese hijo.
¿Es esa es la política del Estado?
Sí, o sea, es forzar el amor maternal. Porque muchas madres no quieren a sus hijos, y a estas niñas no se les puede pedir que quieran a sus hijos. Luego se ve cómo son niñas que rechazan al bebé, lo maltratan. En Vidas Robadas hay testimonios sobre esto.
¿Niñas que se sienten mal por golpear a sus bebés?
Y están colapsadas en términos del uso de su tiempo, de su energía. Y claro ven en el hijo, el culpable de todo ese sufrimiento que están viviendo. Ahora, paradójicamente algunas sí encuentran en el hijo un asidero. También es esta identidad materna que nos meten pero por todo lado, a algunas sí les resulta eso como factor protector.
Aunque es cruel que una niña tenga que encontrar como objetivo de vida proteger a otro ser, porque a ella no la han querido o nadie se ha preocupado por ella. Pero dicen ‘tengo a alguien ya por quien vivir’, no importa cómo lo ha parido, no importa de qué manera se embarazó.
En este tema del embarazo en la niñez hace falta profundizar más, en todas estas peculiaridades que viven las niñas, y hay que hacer una investigación a nivel nacional.
Para concluir, si habría que empezar por algo en el tema del embarazo en las niñas, ¿cuál sería el primer paso que el Estado debería tomar para evitar 2 mlil 700 niñas queden embarazadas cada año?
Es necesario que se notifique y se desdramaticen las notificaciones desde el sistema de Salud. Que los médicos denuncien. Lo otro es que se haga un mea culpa y digan ‘sí, aceptamos que no tenemos un programa específico para las niñas’.
Hay que sentarse a elaborar uno intersectorialmente, interdisciplinario, con diferentes niveles, que implementemos la ley contra la violencia en el caso estos de niñas, las protejamos. Esto significa un esfuerzo político y económico que el Estado debe hacer. Porque aparte de que son 2 mil 700 es terrible ver que son niñas que están en tránsito a la adolescencia y a la adultez, y su capacidad y sus habilidades para sobrevivir en una manera digna son mutiladas.
No son ciudadanas que están ejerciendo sus derechos en igualdad de condiciones. Son ejércitos de miles de niñas, adolescentes y mujeres que no van a poder aportar al desarrollo del país. Por lo menos por el tema económico deberían entender que estas son niñas que luego van a ser trabajadoras sexuales o trabajadoras domésticas, que van a ocupar los empleos de menor calificación, y no van a poder desarrollar su potencial para que este país camine porque la mitad de población en el país somo mujeres y seguimos en situaciones de desventajas.
No son pocas las que viven en esa situación: el promedio de adolescentes embarazadas al año en el Ecuador es de 50 mil.
