Las Fuerzas Armadas trabajarán con la Policía para combatir el terrorismo en las calles del país. El presidente Guillermo Lasso dispuso en un decreto que las Fuerzas Armadas “ejecuten operaciones militares en todo o en parte del territorio nacional para enfrentar y contrarrestar a las personas y organizaciones terroristas”. El presidente Lasso dio esta disposición en un decreto firmado la tarde del 3 de mayo de 2023, cinco días después de que el Consejo de Seguridad Pública y del Estado (Cosepe) resolviera declarar el terrorismo como amenaza en Ecuador.
Lasso también ordenó al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas “iniciar, de forma inmediata, las acciones correspondientes para reprimir la amenaza terrorista, con todos los medios a su disposición, en coordinación con la Policía Nacional”.
Las operaciones militares contra el terrorismo, dice el decreto de Lasso, se harán “aplicando los instrumentos internacionales, las disposiciones de la Constitución de la República y el ordenamiento jurídico interno del Estado ecuatoriano”. Sin embargo, en el decreto el Presidente no profundiza cómo se definirán esas amenazas terroristas.
El Presidente de la República @LassoGuillermo firmó el Decreto Ejecutivo No. 730 con el que instruye al sector seguridad dar cumplimiento a la resolución del COSEPE, del 27 de abril de 2023. pic.twitter.com/8UyOwDbOJx
— Comunicación Ecuador 🇪🇨 (@ComunicacionEc) May 3, 2023
La noche del 27 de abril de 2023, después de una reunión de más de 4 horas, el Cosepe decidió que se declaraba el terrorismo como una “amenaza que atenta contra los elementos estructurales del Estado y por consiguiente a su seguridad integral”. Además, resolvió enfrentar esta amenaza “de manera firme, con la participación de todas las funciones e instituciones del Estado”.
El 27 de abril Guillermo Lasso se reunió con representantes de las instituciones encargadas de la seguridad y del Estado, para trabajar en políticas de seguridad y estrategias para combatir la delincuencia. Fotografía de la cuenta de Flickr de la Presidencia de la República.
¿Qué involucra esta decisión?
La decisión del Cosepe y el decreto del Presidente significa que las Fuerzas Armadas apoyarán a la Policía en las operaciones para combatir los actos que sean considerados como terrorismo.
“Vamos a ver más militares en las calles”, dijo Juan Zapata, el ministro del Interior, en una entrevista el 28 de abril de 2023. Según él, las acciones entre las Fuerzas Armadas y la Policía serán complementarias, pero no profundizó en cuáles serían puntualmente.
Germán Bravo, teniente coronel del Ejército ecuatoriano, le dijo a GK que las Fuerzas Armadas y la Policía determinarán los actos terroristas “en base a la información de inteligencia, es decir a qué tipo de amenaza representa tal o cual organización”. Sin embargo, hasta el momento no se han dado más detalles sobre cómo se hará esa categorización o qué grupos estarían incluidos.
Después del anuncio de estas decisiones, algunos medios y personas en redes reportaron que las bandas criminales habían sido declaradas como terroristas.
Sin embargo, Nelson Proaño, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, aclaró que “no han sido declarados terroristas los grupos delincuenciales”.
#AHORA l "No han sido declarados terroristas los grupos delincuenciales", dice el jefe del Comando Conjunto de las FF.AA., Nelson Proaño. Explica así, ante la Comisión de Enmiendas de la Asamblea, que la declaratoria de amenaza es contra el "acto terrorista". pic.twitter.com/XKkr2KMbFs
— Ecuador Chequea (@ECUADORCHEQUEA) May 3, 2023
El 3 de mayo en una comparecencia en la Asamblea, horas antes de que se firme el decreto, Proaño dijo que la declaratoria de amenaza es “a los actos terroristas, quien sea que los cometa”.
Cuando estos sean identificados, dijo, “la fuerza pública actuará en contra de estos terroristas”. En la entrevista del 28 de abril, el Ministro del Interior también insistió en que terrorismo no era sinónimo de crimen organizado. Entonces no se estaría hablando de todas las organizaciones criminales que se dedican a este delito.
El terrorismo y el crimen organizado están tipificados en el Código Orgánico Integral Penal (COIP) de forma separada. El terorrismo, según el artículo 366, lo comete “la persona que individualmente o formando asociaciones armadas, provoque o mantenga en estado de terror a la población o a un sector de ella”.
Por su parte, el crimen organizado está definido en el artículo 369. Lo comete la persona que mediante acuerdo “forme un grupo estructurado de dos o más personas que, de forma permanente o reiterada, financien de cualquier forma, ejerzan el mando o dirección o planifiquen las actividades de una organización delictiva”.
El ministro Zapata dijo que “a veces pueden cruzarse cuando el terrorismo usa a la delincuencia organizada para financiarse y cuando la delincuencia organizada usa el terror para sus actos delictivos”. Sin embargo, fue enfático en que no se trataba del mismo delito.
En el decreto del 5 de mayo, el Presidente también dispuso al Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) “tomar estrictas previsiones de seguridad para el personal militar y policial que, como resultado de las operaciones militares y policiales antiterroristas, sean sometidos a procesos judiciales penales”.
Lasso dijo que esto se hacía “con la finalidad de garantizar su integridad en los centros de privación de la libertad”, en caso de que los oficiales terminen presos por lo que hagan en esas operaciones de lucha contra el terrorismo.
Para poder cumplir con lo ordenado, el presidente Lasso también dispuso al Ministerio de Economía y Finanzas que asigne los recursos necesarios “para atender los requerimientos de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional”.
Paco Moncayo, consejero de gobierno y Luis Lara, ministro de Defensa en la reunión de Consejo de Seguridad Pública y del Estado. Fotografía de la cuenta de Flickr de la Presidencia de la República.
¿Por qué se tomó esta decisión?
El teniente coronel Germán Bravo dice que la decisión se tomó por los crecientes enfrentamientos entre las bandas del narcotráfico dentro y fuera de las cárceles.
Los enfrentamientos dentro de las cárceles comenzaron en el 2021 y hasta el momento han dejado alrededor de 470 personas privadas de la libertad muertas.
A esto, dice Bravo, hay que sumar las muertes violentas que pasan fuera de las cárceles. “Ahora tenemos, más o menos, que por cada 100 mil habitantes hay 25 muertes violentas” dice Bravo.
También dice que los grupos delincuenciales están organizados y equipados logísticamente. “Estamos enfrentando a una estructura de organizaciones delictivas, fuertemente armadas y equipadas”, dice Bravo.
Por ejemplo, el 19 de abril de 2023, la Policía decomisó en Guayaquil una aeronave no tripulada llamada UAB, un tipo de aeronave que sirve para controlar en alta mar, mediante boyas de GPS, donde se encuentra la droga. “Es una aeronave que nosotros no disponemos”, dice.
En est situación, Bravo dice que la amenaza de los grupos delictivos está “apuntando contra la seguridad del Estado y de las personas en forma individual”. Por ello, el gobierno adoptó esa medida.
¿Qué es el Cosepe?
Según la Ley de Seguridad Pública y del Estado, el Cosepe es el organismo encargado de:
- Asesorar y recomendar al Presidente de la República sobre “las políticas, planes y estrategias del Estado” en materia de seguridad pública.
- Recomendar al Presidente de República la adopción de medidas de prevención e intervención “en casos acontecimientos graves o amenazas que afecten o puedan afectar la integridad de los habitantes y del Estado”.
Está conformado por:
- El Presidente de la República, quien lo preside
- El Vicepresidente de la República
- El Presidente de la Asamblea Nacional
- El Presidente de la Corte Nacional de Justicia
- El Ministro de Coordinación de Seguridad, en la actualidad la Secretaría de Seguridad y Gobernabilidad.
- El Ministro de Defensa Nacional
- El Ministro de Gobierno
- El Ministro de Relaciones Exteriores
- El Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, y
- El Comandante General de la Policía.
Además, dice la Ley de Seguridad Pública y del Estado, podrán participar los representantes de entidades públicas, de la sociedad y ciudadanos que el Presidente considere necesario convocar.
A la reunión del 27 de abril también se invitó a los representantes de la Fiscalía y del Consejo de la Judicatura. Sin embargo, Juan Zapata, ministro del Interior, dijo que Álvaro Roman, presidente del Consejo de la Judicatura, no asistió a la reunión.
La ley establece que las sesiones del Consejo de Seguridad Pública y del Estado, las actas y los documentos anexos deben ser clasificados. Dependiendo de si son clasificados como reservada, secreta o secretísima; su contenido será divulgado luego de entre cinco y quince años.
En la sesión del 27 de abril de 2023 el Cosepe decidió levantar la reserva sobre la resolución de ese día. Juan Zapata dijo que esa decisión se tomó “para que la ciudadanía conozca” las acciones que se planean tomar.
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