El 3 de febrero de 2023, el colectivo Quito Sin Minería dijo, en una rueda de prensa, que las firmas recolectadas para la consulta sobre minería, que busca frenar la actividad extractiva en seis parroquias de la Mancomunidad del Chocó Andino, en el noroccidente de Quito, fueron validadas por el Consejo Nacional Electoral (CNE).
Necesitaban alrededor de 197 mil firmas, y consiguieron la validación de 206.571.
Para la recolección de firmas tuvieron el apoyo de cerca de 1500 voluntarios. Victoria Jaramillo, vocera de los voluntarios, dice que se hicieron “capacitaciones virtuales dos veces a la semana y luego se les entregaba el material” en referencia a las hojas para registrar los datos de los ciudadanos que apoyaban la consulta.
Los voluntarios recogían las firmas en diferentes lugares del Distrito Metropolitano.
Rueda de prensa organizada por Quito Sin Minería en Acción Ecológica. Fotografía de Emilia Paz y Miño para GK.
Te explicamos de qué va esta consulta, cuándo se haría y quién la planteó.
¿Qué dirían las preguntas de la consulta?
La consulta tiene cuatro preguntas, según Inty Arcos, parte del colectivo Quito Sin Minería y coordinador técnico de la mancomunidad del Chocó Andino. Las preguntas son bastante parecidas entre sí donde lo que cambia es la escala de la explotación minera: artesanal, pequeña, mediana y gran escala.
La base de la pregunta es:
¿Está usted de acuerdo con que se prohíba la explotación de minería metálica de escala artesanal (pequeña escala, mediana escala, y gran escala) dentro del Área de Importancia Ecológica, Cultural y de Desarrollo Productivo Sostenible conformada por los territorios de las parroquias de Nono, Calacalí, Nanegal, Nanegalito, Gualea y Pacto, que conforman la Mancomunidad del Chocó Andino?
Las cuatro preguntas ya fueron revisadas y aceptadas por la Corte Constitucional. Esto quiere decir que las preguntas ya no podrán ser modificadas.
¿Quiénes deben votar por la consulta?
La consulta deberá ser votada por los habitantes del Distrito Metropolitano de Quito, conformado por 32 parroquias urbanas y 33 parroquias rurales y suburbanas. Según el padrón electoral, estarán habilitados para votar 1.872.485 personas —entre 18 y 65 años para quienes el voto es obligatorio.
¿Qué pasa ahora, luego de que el CNE validó las firmas?
Ahora que el CNE aprobó las firmas, la misma institución, según Luis Bonifaz, coordinador nacional de procesos electorales del CNE, deben esperar hasta que el Municipio de Quito envíe los mapas de la ubicación de la Mancomunidad para que se incluyan en la papeleta. Esto es necesario para que “los electores tengan una mejor visión de por qué van a sufragar”.
Una vez que el municipio entregue los mapas, el CNE tendrá que revisar todo el material “previo a la impresión de las papeletas y la revisión de la empresa que las imprimirá”.
Una vez que esto suceda, Bonifaz dice que tienen un plazo de 15 días para realizar la convocatoria de consulta y luego un plazo de 60 días para realizar el proceso electoral.
¿Qué es el colectivo Quito Sin Minería?
El Colectivo Quito Sin Minería se creó hace dos años y es la unión de varios colectivos con el mismo propósito: detener la minería en esta zona de Pichincha. Algunos de los colectivos miembros son: el Frente Antiminero, Acción Ecológica, Red de Jóvenes del Chocó Andino, Red de Bosques Escuela, Asociación de Paneleros de Pacto, Organización de Mujeres de Ingapi (Warmi Kunas).
Lo primero que hicieron como colectivo fue reunirse con los presidentes de la Mancomunidad del Chocó Andino y en una asamblea donde hablaron sobre los problemas que traía la minería en el sector, e idearon un plan para incentivar a la Mancomunidad a que se involucre. Actualmente, el colectivo tiene cerca de 350 personas.
Miembros y voluntarios de Quito Sin Minería al finalizar la rueda de prensa sobre la validación de firmas. Fotografía de Emilia Paz y Miño para GK.
Luego, como colectivo, plantearon la propuesta de la consulta popular a la Corte Constitucional.
La lucha de resistencia en la Mancomunidad
La lucha antiminera en la mancomunidad comenzó hace casi 15 años “cuando nos dimos cuenta que nuestras casas, las casas de nuestros vecinos, de nuestras comunidades estaban concesionadas para minería metálica a empresas como Natural Resources, Avalanche Resources, Hanrine, Codelco Enami, Andes y otras empresas”, dice Inty Arcos.
Con la reforma constituyente del 2008, impulsada por el entonces presidente Rafael Correa, varias de las minas de estas empresas cerraron, por no cumplir con los requisitos planteados en la ley. Luego se creó el Mandato Minero, que buscaba regular la actividad minera.
Sin embargo, Arcos recuerda que en el mismo año “tuvimos el primer atentado de una minera” donde atacaron a una familia que “no quería dejarles entrar a su finca”.
Desde ese el 2008 la Mancomunidad se organizó para realizar plantones para “tratar de controlar el ingreso de personas desconocidas, armas y delincuencia”.
También cerraron las vías para bloquear el paso de las maquinarias y han seguido juicios contra mineras que, según Inty Arcos, no tienen los documentos en regla para operar en el territorio pero igual lo están haciendo.
Arcos explica que han enviado escritos dirigidos a las autoridades para “que se lleven los materiales que se extraen de manera ilícita en todos los lugares que están concesionados”, en referencia a las mineras que operan sin los permisos necesarios.
El objetivo inicial del colectivo, según Arcos, fue defender su territorio “para que las comunidades sigan unidas, evitar el narcotráfico, las armas, los prostíbulos y todo lo que acarrea la minería”. También buscaban defender sus formas de producción, ya que en esa zona producen panela orgánica, leche, fruta y también fomentan el aviturismo.
Ahora el objetivo es detener la minería en la zona y proteger su territorio, algo que hacen con el apoyo de la Mancomunidad y otras organizaciones sociales. Como alternativa a la minería en la zona, las comunidades proponen seguir con sus actividades productivas como agroecología, ganadería sostenible, turismo regenerativo, agricultura sintrópica, agricultura orgánica, entre otras.
¿Qué es la Mancomunidad del Chocó Andino?
La Mancomunidad del Chocó Andino es la unión de seis parroquias ubicadas al noroccidente de Quito.
Estos seis territorios se unieron para conservar y producir de forma sostenible en el Chocó Andino que es una reserva de biosfera, es decir, un área de conservación de la biodiversidad y de los ecosistemas. El Chocó Andino alberga 9 bosques protectores, 4 áreas de conservación y uso sostenible, el Corredor ecológico del oso andino y más de 35 reservas naturales.
En el lugar se pueden encontrar:
- 150 especies de mamíferos,
- 90 especies de reptiles,
- 120 especies de anfibios,
- 640 especies de aves
- Más de 3.000 especies de flora
Sapo de la zona de la Mancomunidad Chocó Andino. Fotografía de la página oficial de Quito Sin Minería.
Por este motivo la zona fue declarada como la “séptima reserva de biósfera en el Ecuador” por la Unesco en el 2018.
El Chocó Andino está conformado por seis parroquias:
- Nono,
- Calacalí,
- Nanegal,
- Nanegalito,
- Pacto y,
- Gualea
Las concesiones mineras en la zona
Como respuesta a un pedido de información, el Ministerio de Ambiente le dijo a GK que en la zona de la Mancomunidad del Chocó Andino existen 26 concesiones mineras inscritas, detalladas de la siguiente forma:
- Cuatro concesiones mineras tienen licencia ambiental
- Cuatro concesiones mineras tienen registros ambientales
- Seis concesiones mineras se encuentran en proceso de regularización
- Doce concesiones mineras no han iniciado el proceso de regularización
La licencia ambiental es un permiso que es obligatorio para obras, actividades o proyectos de mediano o alto impacto ambiental, en diferentes etapas de la minería pequeña, mediana y grande. Mientras que el registro ambiental es la información presentada y el manejo ambiental planteado para la concesión de minería artesanal, y para las fases de exploración inicial en minería de mediana y gran escala.
Las concesiones en proceso de regularización son aquellas que están tramitando la licencia ambiental pero tienen incumplimientos en la documentación. Las que no han iniciado el proceso son aquellas que no tienen licencia ambiental, ni registro, ni han empezado un proceso para solicitarlo.
La concesión minera, según la Ley de Minería es “un acto administrativo que otorga un título minero”, esto quiere decir que una persona tiene el derecho sobre un área para realizar alguna actividad relacionada a la minería.
Las 26 concesiones suman 18.456,45 hectáreas y la mayoría se encuentra en fase de explotación inicial y explotación.
Si la consulta se aprueba, según Gustavo Redin, abogado ambiental, se deberían renovar las “disposiciones administrativas del Ministerio de Energía y Minas, porque no es una enmienda o reforma constitucional, sino una declaración de voluntad del soberano”.
Es decir, explica el abogado, que en este territorio específico la ciudadanía no quiere actividad minera metálica y esto debería ser acatado por la Asamblea Nacional y el Ejecutivo.
Enviamos una solicitud de información al Ministerio de Energía y Minas para conocer qué pasaría con las concesiones ya entregadas, pero hasta el cierre de esta nota, no recibimos respuesta.
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