El presidente Guillermo Lasso presentó el proyecto de reforma parcial de la Constitución a la Asamblea Nacional en el que propone que las Fuerzas Armadas apoyen a la Policía Nacional al combatir el crimen organizado.
En la actualidad, la Constitución del Ecuador no permite que las Fuerzas Armadas apoyen a la Policía en la protección interna y en el mantenimiento del orden público. Por eso, Lasso propone modificar la Constitución con esta reforma parcial.
La tarde del 7 de diciembre de 2022, el presidente Lasso firmó el decreto con el que hizo oficial la entrega del proyecto de reforma parcial de la Constitución a la Asamblea.
Una reforma parcial se hace cuando una propuesta de modificación altera la estructura constitucional y los elementos del Estado, pero no hay cambios en los derechos, garantías y el procedimiento de reforma de la Constitución. La abogada constitucionalista Ximena Ron dice que en estos casos “es necesaria una deliberación democrática dentro de la Asamblea” antes de que la ciudadanía vote sobre ese cambio en un referéndum.
En el decreto firmado por Lasso el 7 de diciembre de 2022, consta la pregunta sobre la que la Asamblea deberá discutir y las modificaciones a la Constitución que se proponen.
El trámite de reforma parcial es una de las tres formas de hacer cambios a la Constitución.
Las otras dos son la enmienda constitucional —hecho con un referéndum como el que se convocó para el próximo año— y la asamblea constituyente. El mecanismo aplicado para los cambios, dice Ron, dependerá de la gravedad de la modificación y en el grado en el que se proponga hacerla.
El presidente Guillermo Lasso con el decreto que incluye la propuesta de reforma parcial de la Constitución. Fotografía de dominio público tomada de la cuenta de Flickr de la Presidencia.
¿Qué cambios propone la reforma parcial de la Constitución?
En el proyecto de reforma enviado a la Asamblea Lasso plantea la siguiente pregunta: “¿Está de acuerdo con que se permita el apoyo complementario de las Fuerzas Armadas en las funciones de la Policía Nacional para combatir el crimen organizado reformando parcialmente la Constitución con lo previsto en el Anexo 1?”.
En ese anexo, la propuesta de Lasso dice que se debe reformar el artículo 158 de la Constitución que se refiere a las funciones de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Si se aprueba esta reforma parcial, a este artículo se le sumaría un párrafo que diga:
“Previa solicitud motivada de la Policía Nacional, la o el Presidente de la República del Ecuador podrá disponer el apoyo complementario de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional. Este apoyo complementario se brindará para combatir el crimen organizado de forma extraordinaria y regulada”.
La Ley Orgánica de Función Legislativa establece que para tratar las reformas constitucionales, el Consejo de Administración Legislativa (CAL) deberá crear e integrar una comisión especializada ocasional que tramite el proyecto. Esa comisión elaborará el informe que será discutido por el pleno para que al finalizar los dos debates sea aprobado, negado o archivado.
La Constitución establece que la reforma parcial no se puede hacer sin que haya 2 debates en el pleno del Legislativo sobre las modificaciones que se planean hacer. El segundo debate se hará al menos 90 días después del primero. Si la Asamblea aprueba el proyecto de reforma constitucional, se convocará a referéndum dentro de próximos 45 días.
¿Qué dicen los expertos?
El 7 de diciembre de 2022, el presidente Lasso dijo que presentaba esta reforma “porque Ecuador hoy enfrenta una batalla contra los mafiosos, contra el narcotráfico y hasta con la narcopolítica”.
Lasso lo dijo en los exteriores de la Asamblea, frente a personas que lo apoyaban y sostenían carteles que decían “fuera los narcos” y otras consignas similares. Sin embargo, por años, expertos han criticado a la militarización como una estrategia para combatir el crimen organizado y sus consecuencias.
El doctor Luis Altamirano, ex comandante del Ejército ecuatoriano y analista político y de seguridad, dice que la propuesta del gobierno no funcionará para combatir el crimen organizado en el país.
Manifestantes sostienen carteles contra el narcotráfico y el crimen organizado en la presentación de la reforma constitucional. Fotografía de dominio público tomada de la cuenta de Flickr de la Presidencia.
Altamirano dice que Las Fuerzas Armadas “poseen misiones constitucional y legalmente establecidas, que aportan directa e indirectamente el combate al crimen organizado”. Por eso, dice él, “estas capacidades no pueden ser descuidadas al asignarles tareas de complemento a la Policía Nacional”.
Altamirano dice que el combate de la delincuencia y el crimen organizado “demandan un tratamiento holístico, no focalizado en una sola mirada policial o militar”. Advierte que si no se fortalece el eje judicial, el penitenciario y el de análisis financiero y las políticas públicas no se alcanzará el objetivo de combatirlos.
Además, dice que la seguridad del país también es afectada por la débil institucionalidad y la pobreza. Mientras no haya soluciones integrales y por el inmediatismo de las soluciones, Altamirano teme que la situación del país se agrave.
¿Qué ha pasado en otros países?
La violencia relacionada al crimen organizado y al narcotráfico que está escalando en Ecuador. es un escenario que otros países de la región ya han vivido y que han enfrentado con diferentes medidas, similares a las que Ecuador plantea en la actualidad, que han dejado varias lecciones que vale la pena considerar.
En el 2000, se creó el Plan Colombia para combatir el narcotráfico en territorio colombiano. Además de fumigar las plantaciones de droga, este plan estableció presencia militar y policial en las zonas generalmente ocupadas por la guerrilla. Sin embargo, eso no paró el tráfico de droga en Colombia ni afectó la demanda en Estados Unidos. Aunque sí aumentaron las denuncias de violaciones a los derechos humanos.
El cuestionado Plan Colombia terminó en 2015. Un estudio publicado por la Universidad Autónoma de Manizales de Colombia en 2014, concluye que las estrategias de este plan demostraron que el Ejército no puede contrarrestar el problema de la demanda del narcotráfico y la violencia que tiene como consecuencia.
La dirección antinarcóticos de Colombia en 2018. Es uno de los países con mayor narcoviolencia en América Latina. Fotografía tomada de la cuenta de Flickr de la Policía de Colombia.
Además, esta investigación concluye que se deben solucionar otros problemas internos como el desempleo y la corrupción. Especialmente la que se da en las instituciones de seguridad, policiales y las encargadas de la justicia. “La militarización de la guerra contra las drogas no resuelve problemas subyacentes como los socioeconómicos”, dice el estudio. Lo mismo dice el doctor Altamirano sobre la situación de Ecuador.
Ecuador también tiene problemas similares. Hasta 2022, solo 3 de cada 10 ecuatorianos tenían un pleno pleno. Además, el porcentaje de trabajadores informales ha ido aumentando en los últimos años, lo que significa que cada vez hay más trabajadores que están en condiciones de vulnerabilidad y que son más afectados por las crisis sociales y económicas.
Ecuador también es un país con altos niveles de corrupción. En 2022, la Fundación Ciudadanía y Desarrollo — representantes de Transparencia Internacional en Ecuador— presentó el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de 2021 para el país y concluyó que Ecuador tenía una puntuación de 36/100. Su calificación se redujo 3 puntos en comparación con la de 2020.
En México pasa algo similar al lo de Colombia y Ecuador. Desde el 2000, los grupos de crimen organizado —especialmente los cárteles de narcotráfico— incrementaron su poder y penetraron las instituciones gubernamentales por la corrupción de los funcionarios del país norteamericano.
Al igual que otros de la región, México recurrió a una estrategia de militarización y le encargó al Ejército que se hiciera cargo de la seguridad pública en algunas zonas del país.
Ese modelo se ha mantenido por años, pese a las críticas de expertos y los reclamos de los ciudadanos que exigían un cambio en la estrategia de seguridad que había cobrado la vida de muchas personas inocentes. Además, de que causó otras múltiples vulneraciones a los derechos humanos de los ciudadanos.
Entre 2006 y 2012 hubo alrededor de 70 mil ejecuciones relacionadas al narcotráfico. Desde entonces se ha comprobado que al menos el 10% de las víctimas no eran miembros del crímen organizado, eran funcionarios, periodistas y otras personas inocentes. En ese periodo, tampoco se consiguió desestabilizar a los cárteles ni reducir los índices de violencia del país.
En el caso de México, los expertos tienen conclusiones similares a las que se obtuvieron de Colombia. Ellos dicen que mientras no se solucionen los problemas de corrupción, se reforme el sistema penitenciario y judicial y se fortalezcan las instituciones, es probable que la situación continúe agravándose en México.
Lo mismo podría pasar en otros países con problemas similares, como Ecuador en la actualidad.
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