La narcoviolencia en América Latina: datos, hechos y estrategias

La violencia relacionada al crimen organizado y al narcotráfico está escalando en Ecuador. Es un escenario que otros países han vivido. La narcoviolencia en América Latina ha sido un problema recurrente y estructural, pero que nuestro país había experimentado brevemente, y nunca a los niveles actuales. 

En los últimos dos años las masacres carcelarias por los enfrentamientos entre bandas han aumentado, los asesinatos a fiscales y jueces se han intensificado y la violencia en las calles también. Uno de los estallidos más importantes sucedió a inicios de noviembre de 2022, después de que se anunciaron traslados de presos de la Penitenciaría del Litoral. El aviso terminaría causando múltiples atentados en Esmeraldas, Guayas y Santo Domingo. En las tres provincias rige un estado de excepción para tratar de paliar los efectos de la violencia. 

La presencia del narcotráfico en Ecuador no es reciente. En 2011 Jay Bergman, director de la Agencia Antidrogas estadounidense (DEA por su sigla en inglés) para la región dijo que Ecuador se estaba convirtiendo en una especie de “Naciones Unidas” del crimen organizado. 

Según él, traficantes de drogas de Albania y China usaban al país como una plataforma para conseguir droga y distribuirlos en sus países. Un reportaje de The Economist de noviembre de 2022 dice que un narcotraficante albanés Dritan Rexhepi “es el modelo exitoso del criminal balcánico emisario de la cocaína en América Latina”. 

Se cree que Rexhepi llegó a Ecuador en 2011 después de escapar de una prisión de Bélgica. Rexhepi fue encarcelado en Ecuador en 2014, pero desde la cárcel, asegura el medio británico dirigió un exitoso negocio de tráfico de drogas. Actualmente, Rexhepi sigue preso en Ecuador y es investigado también en Italia, Bélgica y Albania. 

Además, ya se hablaba de las conexiones entre las bandas criminales del Ecuador con los poderosos cárteles de México, como el de Sinaloa. 

Sin embargo, hasta 2017, las cifras de violencia no eran tan elevadas ni las disputas de territorios eran tan frecuentes. Algunos han acusado al gobierno de ese entonces de permitir la operación del narco en el país a cambio de paz interna. Una investigación de Plan V de 2018, señalaba, además, que los nexos de las estructuras de la narcoviolencia eran con los más altos estratos del Estado y el gobierno. 

Ahora, que la violencia se ha desatado de una forma nunca antes vista, la situación de Ecuador ha sido comparada con la de Colombia en la década de 1990 o la de México desde comienzos de este siglo. 

Incluso, las autoridades han propuesto planes similares a los que se manejaron —sin éxito— en estos países cuando se incrementó la narcoviolencia. La oposición política del régimen actual ha propuesto la muerte cruzada para destituir al Presidente como una de las posibles medidas para controlar la violencia en el país. 

Esta es una compilación de las estrategias que se han aplicado en otros países de América Latina ante el estallido de la narcoviolencia, los resultados que han tenido y qué lecciones dejan para Ecuador. 

Colombia

Colombia en la década de 1990

Desde finales de la década de 1980 y principios de la de 1990, Colombia tuvo una escalada de violencia relacionada con el narcotráfico. Aunque ya había grupos de narcotraficantes en el país desde mediados de la década de 1970, es en esta época cuando surgen y se fortalecen las organizaciones lideradas por personas como Pablo Escobar, quien fundó el cártel de Medellín. 

Desde entonces no solo aumentó la producción de droga. Entre 1980 y 1998 la producción de coca pasó de 33.900 toneladas a 81.400 toneladas, un aumento del 140%. También se incrementó la violencia, hubo secuestros a políticos y periodistas, asesinatos y balaceras. Especialmente en la zonas de Medellín y Cali, donde operaban los principales cárteles. 

En 1992, el gobierno Colombiano con apoyo del de Estados Unidos aplicó una estrategia denominada Kingpin strategy. 

Consistía en capturar o eliminar a  los líderes de las bandas criminales. El argumento era que los cárteles no podrían funcionar sin sus líderes. En 1993, mataron a Pablo Escobar y el cártel de Medellín se comenzó a debilitar, lo que parecía probar su teoría. 

Sin embargo, al mismo tiempo, el cártel de Cali comenzó a ganar poder aunque luego fue desintegrado por el gobierno. Además, aunque los dos principales cárteles de droga ya no existían, Colombia seguía —y sigue— teniendo problemas por el crimen organizado y el narcotráfico. 

La Kingpin strategy en realidad no eliminó a los carteles por completo: los fragmentó. Se estimaba que en 2002 había alrededor de 300 “cartelitos” en Colombia. Estos tomaron el control del negocio y las rutas de las drogas. Además, eso hizo que las guerrillas históricas, como las Fuerza Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), incrementen su participación en el narcotráfico. 

De hecho, tras el acuerdo de paz de 2016, con el que se desmovilizaron gran parte de las FARC, muchas de sus disidencias,  que continúan operando en Colombia, están financiadas por el narco. La narcodisidencia Oliver Sinisterra fue la responsable del secuestro y asesinato de tres periodistas ecuatorianos en 2018.

El Plan Colombia

El Plan Colombia fue la principal estrategia del gobierno de ese país para combatir el narcotráfico. Fue aprobado en el 2000, en una acción conjunta entre los gobiernos de Colombia y Estados Unidos, encabezados entonces por Andrés Pastrana y Bill Clinton. Tuvo el respaldo financiero y militar del gobierno de los Estados Unidos. Estuvo vigente por 15 años, hasta que fue reemplazado por otro programa llamado Paz Colombia.

Según la definición del gobierno colombiano, el plan fue una “estrategia para luchar contra el narcotráfico, fortalecer la institucionalidad, recuperar la seguridad, consolidar el desarrollo social”. Sin embargo, mientras estuvo activo no logró reducir las plantaciones de coca y aumentaron las denuncias de violaciones a los derechos humanos.

En los 15 años que duró, dice el gobierno colombiano, el plan “contó con la aprobación de Estados Unidos” para aprobar planes y destinar recursos para fortalecer el sector de defensa de Colombia. En 2016, el gobierno de Colombia reveló que se invirtieron 141 mil millones de dólares en este plan. De esos, 10 mil fueron entregados por Estados Unidos y 131 mil por Colombia. 

Plantaciones de coca en Colombia en 2019. Fotografía tomada de la cuenta de Twitter de los Carabineros de Colombia.

Según el gobierno colombiano, el plan “logró el fortalecimiento de las capacidades de inteligencia e investigación criminal de las fuerzas armadas que permitieron el debilitamiento de las redes de narcotráfico como de los grupos al margen de la ley”. Sin embargo, el Plan Colombia ha sido cuestionado por organizaciones internacionales de derechos humanos. 

Amnistía Internacional criticó la implementación del Plan Colombia, asegurando que aumentaron las violaciones a los derechos humanos y la minería ilegal. 

Gimena Sánchez, directora de los Andes de la Oficina en Washington sobre América Latina (WOLA, por sus siglas en inglés), que se dedica a defender los derechos humanos,  le dijo a GK en noviembre de 2021 que el Plan Colombia fue establecido como antinarcóticos. Sin embargo, dice Sánchez, se basó en “una teoría muy errada”: si se arrancaban los cultivos de coca de raíz, iba a ser mucho más caro traficar la droga y eso iba a reducir la demanda en Estados Unidos y el problema de salud pública en Colombia. 

Por eso, dice la directora de WOLA, se concentraron en fumigar las plantaciones —porque era la forma más rápida de deshacerse de ellas, establecer presencia militar y policial en las zonas generalmente ocupadas por la guerrilla. Sánchez dice que eso no paró el tráfico en Colombia ni afectó la demanda en Estados Unidos. 

Uno de los propósitos principales del Plan Colombia era reducir en un 50% las plantaciones de coca, que se usa para producir la cocaína. Sin embargo, un reporte de cultivos ilegales en Colombia, hecho por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) dice que los niveles de cultivos de 2020 eran similares a los de 2001. En los primeros 6 años del plan, los cultivos y la producción de cocaína aumentaron en 15 y 4%, respectivamente.

Otra de esas consecuencias fue que las plantaciones de coca se extendieron por más regiones del país, en vez de concentrarse solo en algunas como era antes del plan. Gimena Sánchez le dijo a GK que eso pasó porque los narcotraficantes se mudaban a diferentes lugares para hacer sembríos más pequeños cuando llegaba la fumigación a la zona en la que estaban. 

Uno de los aspectos más cuestionados del Plan Colombia fue la aspersión de glifosato para erradicar los cultivos de coca. El glifosato es una sustancia clasificada como cancerígena por la Organización Mundial de la Salud desde 2015, el mismo año en el que Colombia dejó de usarlo para fumigar plantaciones de coca.

Un estudio de WOLA dice que se fumigaron con glifosato 1,6 millones de hectáreas de plantaciones de coca para eliminarlas. Según WOLA, las fumigaciones pusieron en riesgo la salud de miles de personas y no funcionaron para eliminar la droga.

Esta es una de las estrategias que se han propuesto para Ecuador. El 8 de junio de 2022, en uno de los eventos de la IX Cumbre de Las Américas, el presidente Guillermo Lasso dijo que “así como en su momento Colombia planteó un Plan Colombia a Estados Unidos, mi intención es plantear un Plan Ecuador”, en referencia a la cuestionada estrategia del país vecino para combatir el narcotráfico. 

Lasso dijo que “Ecuador está amenazado por el crimen organizado, el narcotráfico” porque en los últimos 15 años “por decirlo suave, hubo gobiernos permisivos con esta actividad ilegal del tráfico de droga”. 

El narcotráfico, según Lasso, es un problema compartido con Estados Unidos y con la Unión Europea, donde el consumo de drogas es altamente popular, en algunos casos legal y generalmente pacífica. Sin embargo, la violencia del narco se queda en los territorios productores y de tránsito —como América del Sur.

Sin embargo, todavía no se ha concretado el Plan Ecuador ni lo que involucraría. 

Las política y el narcotráfico

En Colombia, la principal discusión de su legislativo no fue la destitución presidencial como estrategia para combatir el narcotráfico, como algunos grupos han intentado hacerlo en Ecuador. 

Por años, los legisladores colombianos discutieron reformar su Constitución para decidir si se permitía la extradición de los criminales del narcotráfico a Estados Unidos. 

La discusión de estas modificaciones, desde finales de la década de 1980, fue uno de los motivos por los que aumentaron los secuestros y asesinatos a políticos, periodistas y otras figuras importantes de la sociedad colombiana. Los ataques fueron causados en su mayoría por el cártel de Medellín, dirigido por Pablo Escobar, cuyos miembros se apodaron “los Extraditables”.

Finalmente, la extradición no fue aprobada en junio de 1991. Ese mismo día, Pablo Escobar se entregó a la justicia e ingresó a la prisión en la que viviría con lujos y de la que escaparía un año después. En 1993, después de 17 meses de búsqueda, Escobar fue encontrado y ultimado a tiros en Medellín, mientras intentaba escapar. La extradición fue restablecida en 1997 con una reforma aprobada por el Congreso.

Los nexos entre la política colombiana y el narcotráfico han mostrado sus oscuros eslabones en varias ocasiones. Por ejemplo, las autoridades colombianas estiman que en las últimas etapas de la búsqueda de Escobar, el cartel de Cali invirtió 120 millones de dólares para comprar tecnología, pagar informantes y sobornar a los miembros de la Fiscalía, el Departamento Administrativo de Seguridad, la Procuraduría, la Policía y el Ejército. 

Otro ejemplo de estos nexos es el financiamiento a la campaña del presidente Ernesto Samper. 

En 1995 se abrió el proceso judicial —conocido como proceso 8000— para investigar al entonces presidente Samper, acusado de usar financiamiento del narcotráfico para su campaña presidencial. Las acusaciones surgieron después de que se filtraron audios en los que los jefes del cártel de Cali admitían haber entregado dinero para la campaña de Samper. 

Después de meses, el proceso fue archivado por falta de pruebas. Sin embargo, en 1998 Samper admitió ser “víctima de esta invasión en la campaña que me llevó a la Presidencia”. Samper dijo que hubo un complot en su contra por una “poderosa alianza de puertas oscuras” nacionales e internacionales. Según él, no estaba al tanto de “esa desafortunada circunstancia”.

Un artículo de Diana Gómez, investigadora del Instituto para la Pedagogía, la Paz y el Conflicto Urbano de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, dice que “el narcotráfico como proyecto ilícito sí logra asaltar por completo a la institucionalidad colombiana” desde hace décadas. Añade que además de conquistar la institucionalidad, “logra imponerse como poder político”. 

Eso, dice Gómez, ha hecho que pueda incidir en las agendas gubernamentales, garantice condiciones a su favor y logre imponer sus propias reglas para controlar a la sociedad a nivel económico, político y social. 

¿Qué podemos aprender de Colombia?

Tanto el Plan Colombia como la Kingpin Strategy han sido considerados como fallidos en los años siguientes a su implementación. Ninguno de los dos logró resolver el problema de narcotráfico ni la violencia del país. 

Un estudio publicado por la Universidad Autónoma de Manizales de Colombia en 2014, concluye que las estrategias —especialmente el Plan Colombia— demostraron que el ejército no puede contrarrestar el problema de la demanda. “Los cárteles de la droga van a existir siempre y cuando exista una demanda y haya un mercado para el consumo de drogas ilícitas”, dice. 

Además, concluye que se deben solucionar otros problemas internos como el desempleo y la corrupción. Especialmente la que se da en las instituciones de seguridad, policiales y las encargadas de la justicia. “La militarización de la guerra contra las drogas no resuelve problemas subyacentes como los socioeconómicos”, dice el estudio. 

Algo similar sucede en México. Los dos países tienen problemas relacionados al desarrollo económico, social y a la desigualdad. Lo que ha hecho que los jóvenes de las zonas más vulnerables no tengan alternativas de trabajo y sean reclutados por organizaciones de narcotráfico y crimen organizado. 

El estudio también concluye que el destinar altas cantidades de dinero al Ejército “no resuelve los problemas estructurales de la sociedad que a su vez incuban otros problemas sociales y de seguridad”. El Plan Colombia, dice el  estudio publicado por la Universidad Autónoma de Manizales de Colombia, no ayudó a que se consoliden las instituciones gubernamentales en Colombia, por lo que la larga historia de corrupción e instituciones débiles ha contribuido a que la narcoviolencia continúe. 

México

El fortalecimiento de los cárteles

Desde el 2000, los grupos de crimen organizado —especialmente los cárteles de narcotráfico— incrementaron su poder y penetraron las instituciones gubernamentales por la corrupción de sus funcionarios. Lo hicieron durante el gobierno de Vicente Fox. 

En el gobierno de Fox, denunciaron sus críticos, aumentó la corrupción y hubo fuertes enfrentamientos entre los principales partidos políticos. Esas instituciones debilitadas, al igual que en Colombia, permitieron que el crimen organizado y el narcotráfico avancen. 

En el gobierno de Fox, que duró del 2000 al 2006, se fugó por primera vez Joaquín “El Chapo” Guzmán, el líder del cártel de Sinaloa, de una cárcel de máxima seguridad. En los 13 años que estuvo prófugo se consolidó como uno de los capos de las drogas más importantes del mundo. Guzmán fue capturado una vez más en 2014 y en 2015 se fugó una vez más. En 2016 fue detenido y sentenciado a cadena perpetua. 

Joaquín Guzmán Loera alias “El Chapo”, de 63 años de edad, el líder más famoso del Cartel de Sinaloa. Fotografía tomada de la cuenta de Flickr de Jeso Carneiro.

Además, en el gobierno de Fox se fortalecieron otros carteles como Los Zetas y La Familia Michoacana. En esos seis años el crimen se incrementó y las disputas por el control de las rutas del tráfico de drogas elevó la violencia a niveles que no se habían visto en el país hasta ese momento. 

La Iniciativa Mérida

La situación no mejoró en los siguientes seis años, en el gobierno de Felipe Calderón. Además, en 2007 Calderón llegó a un acuerdo con George W. Bush, entonces presidente de Estados Unidos, para hacer un Plan México. El nombre cambió a la Iniciativa Mérida, pero también se apoyó en la militarización.  Entre 2006 y 2012, alrededor de 50 mil efectivos militares se distribuyeron en varias zonas de México para combatir el narcotráfico. 

Al igual que en Colombia, la Iniciativa Mérida no tomó en cuenta temas como el desarrollo, la reducción del consumo y la demanda de drogas ni los problemas socioeconómicos del país. Por eso, un estudio de la Universidad Autónoma de Manizales de Colombia dice que la Iniciativa Mérida solo tuvo “victorias limitadas”. Desde su implementación, la violencia se ha mantenido y la inseguridad se ha incrementado en estados como Chihuahua, Sinaloa, Nuevo León, Michoacán, entre otros. 

Entre 2006 y 2012 hubo alrededor de 70 mil ejecuciones relacionadas al narcotráfico. Desde entonces se ha comprobado que al menos el 10% de las víctimas no eran miembros del crímen organizado. Sino que eran funcionarios, periodistas y otras personas inocentes. 

Tampoco se consiguió desestabilizar a los cárteles. Cuando se capturaba a los líderes, las organizaciones criminales se reestructuraban y reorganizaban para seguir operando. Además, transformaron su modus operandi y diversificaron sus actividades delictivas para evitar a las autoridades. 

Al comienzo del gobierno de Calderón, en 2006, había 6 cárteles de narcotráfico, para 2012, cuando terminó su administración, 14. En los años siguientes, esas organizaciones han formado alianzas con otros grupos de Centro América y América del Sur para ir expandiéndose. 

La política y el narcotráfico

En México —al igual que Colombia y Ecuador— también hay acusaciones de presuntos nexos de la política y el narcotráfico. 

Desde la década de 1980, la corrupción se había esparcido por varios de los partidos mexicanos. Eso contribuyó a que no se ataque a los negocios ilegales y estos puedan crecer, lo que ha sido llamado como “un boom de la economía de la droga” en México. 

Eso incrementó la desconfianza en la política mexicana. En esa época, los acusados de corrupción se limitaron a acusar a sus competidores de corrupción y afirmaron su inocencia. En vez de trabajar conjuntamente para combatir el creciente problema del narcotráfico en México. 

Esa falta de soluciones, la creciente presencia de la corrupción y la crisis institucional que comenzó en el 2000 ha hecho que en México sea fácil producir, transportar y exportar droga. Pues los nexos entre el narcotráfico y la Policía, el Ejército, las aduanas y otras instituciones lo permiten.  

¿Qué podemos aprender de México?

Ya en el 2000, las instituciones del país eran débiles y el país tenía graves problemas de corrupción. Uno de los principales, eran los sobornos de los narcotraficantes a los policías, lo que habría facilitado la expansión de las actividades ilícitas y la violencia. 

Otro de los problemas de México que necesita ser reformado es el sistema penitenciario. Además de no cumplir con el objetivo de rehabilitar a los presos, las cárceles no contienen el crimen organizado. El estudio de la Universidad Autónoma de Manizales de Colombia dice que los líderes de los cárteles que están presos controlan desde su interior las actividades delictivas como tráfico de drogas, secuestro y extorsión. Eso, dice, demuestra que el gobierno no puede combatir el crimen organizado a pesar de tener en la cárcel a los criminales catalogados como más peligrosos. 

En los años siguientes a los gobiernos de Fox y Calderón, la situación tampoco ha mejorado. En el gobierno de Enrique Peña Nieto hubo más de 75 mil homicidios en investigación, 20% más que en el gobierno de Calderón. 

El gobierno del actual presidente, Andrés Manuel López Obrador, es considerado el más violento hasta el momento, según las cifras de asesinatos e investigaciones por violencia. Solo en agosto de 2022 hubo 200 muertos por enfrentamientos entre bandas armadas en el país norteamericano. En 2021, 45 mil mexicanos salieron de sus casas por miedo a la violencia. Se estima que para 2024, cuando López Obrador deje el poder habrá más de 190 mil muertos en su gobierno. 

Esta cifra aumentó 5 veces desde 2020. El medio Bloomberg citó a una estimación militar de Estados Unidos que dice que hasta un tercio de México es un “espacio sin gobierno” y que está controlado por las organizaciones criminales.

Mientras no se solucionen los problemas de corrupción, se reforme el sistema penitenciario y judicial y se fortalezcan las instituciones, es probable que la situación continúe agravándose en México. Lo mismo podría pasar en otros países con problemas similares, como Ecuador en la actualidad. 

Perú

Perú es uno de los países que más droga produce en América Latina. Sin embargo, sus niveles de violencia tienden a ser más bajos que los de otros países. En 2010, la Oficina de las Naciones Unidas contra la droga y el delito (UNODC) publicó un reporte en el que Perú superaba a Colombia en la producción de hoja de coca. 

Pese a esta cifra, los dos países tenían índices de violencia muy distintos. En 2010, en Perú había 10 homicidios por cien mil habitantes. Mientras que en Colombia hubo 30 por cada cien mil habitantes. Eso no quiere decir que no haya violencia. En esa misma época, los enfrentamientos entre bandas causaron varios episodios violentos en las calles peruanas, especialmente en las zonas de producción y en las rutas de salida de la droga. 

Aunque en los años siguientes, Colombia volvió a superar a Perú en niveles de producción, los cultivos de cocaína en Perú se han incrementado desde 2015. Solo entre 2019 y 2020, esa producción aumentó en un 13%. 

Eso también ha hecho que la violencia continúe. En julio de 2022, los indígenas de la selva central de Perú denunciaron que el acoso, las amenazas y las intimidaciones de los narcotraficantes hacia sus líderes había aumentado. Al menos 4 de los líderes habían sido asesinados y otros sufrieron ataques violentos. 

La Federación Nativa de Comunidades Kakataibos (Fenacoka) dijo en un comunicado que los operativos policiales y militares “han generado acciones de represalia inmediata de parte de los narcotraficantes instalados en la zona la selva central peruana”. Sin embargo, la organización dijo que era “un hito importante y el primer golpe real que se le da al narcotráfico” y que les traía esperanza después de un “largo proceso de denuncias constantes del movimiento indígena”.

Desde 2021, el gobierno peruano anunció que tendría un “combate frontal” contra la delincuencia y el crimen organizado. El entonces Ministro del Interior, Avelino Guillén, dijo que se planeaba erradicar los cultivos ilícitos de hoja de coca. Además, dijo que iban a mejorar los equipos de la Policía y combatir el tráfico de armas y la extorsión. Todavía no hay un plan similar a los que se han manejado en Colombia o en México.

En septiembre de 2022, Ecuador y Perú comenzaron acciones conjuntas para combatir el narcotráfico. Hicieron pruebas para monitorear aeronaves no identificadas que transitan entre los dos países. Sin embargo, todavía se debe firmar un convenio para que el trabajo entre los dos países se haga de forma permanente. 

¿Qué lecciones quedan?

El combate del narcotráfico y la violencia que origina en América Latina todavía no tiene un modelo exitoso que resuelva todas las causas y consecuencias. Los casos de Colombia, Perú y México son un ejemplo de eso. Sin embargo, los intentos de los últimos 30 años han demostrado que no se puede atacar solo a la producción de droga y que la militarización no es la solución completa. 

La debilitación de la institucionalidad, el nexo político de los cárteles, la corrupción extendida, son un factor común en los países de la región a los cuales el Ecuador puede regresar a ver para intentar comprender lo que está ocurriendo. 

Por supuesto, la demanda de los consumidores en mercados como el estadounidense y el europeo permiten que este negocio continúe prosperando. La rigidez de las legislaciones que insisten en mantener la criminalización del consumo, han hecho que sea una de las industrias más lucrativas del mundo, que mueve miles de millones de dólares al año, y que ha visto un aumento en la producción, venta y, también, decomiso de cargamentos. 

En ese escenario, los países que han despenalizado ciertos consumos de forma estratégica, bien regulada y como parte de una acción integral, como Portugal, han dado resultados claramente positivos. 

Pero, por sobre todas las cosas, si en América Latina no se solucionan otros problemas socioeconómicos como la falta de empleo, corrupción, crisis carcelaria, entre otros, que abundan en Ecuador, Colombia, Perú, México, no se podrá combatir ni solucionar la violencia ocasionada por el narcotráfico y el crimen organizado, al que muchos jóvenes ven ahora como una salida financiera de cortísimo plazo.