Otra vez el CPCCS, botín político disfrazado de participación ciudadana

En las últimas semanas han ocurrido algunos hechos que grafican dolorosamente el estado catastrófico de nuestra institucionalidad. Casi podemos elegir al azar una institución en el país y de ella saldrá pus. Pero quizás la de menor legitimidad es el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).

Esa institución que, supuestamente, debía promover la participación de los ciudadanos en la vida democrática del país pero que, en realidad, se ha convertido en el botín de todo el espectro político: lo quiere el Ejecutivo y la Asamblea de turno, la oposición y los que esperan ser gobierno en algún punto.

¿Por qué una institución tan cuestionada puede ser un botín? Por la simple razón de que esa institución, con todos sus defectos, es la que nombra a muchas autoridades del país en funciones independientes.

Elige, por ejemplo, al Contralor General de la Nación —el hombre o la mujer llamados a controlar el buen uso de los fondos públicos. Elige también a los vocales del Consejo de la Judicatura y del Consejo Nacional Electoral. Elige al Procurador General y a los superintendentes. Elige al Defensor del Pueblo.

Parece entonces inevitable que los poderes políticos de turno pretendan tener, por lo menos, algo de injerencia en esas elecciones que son determinantes para el equilibrio de las funciones del Estado. Ya sabemos que, en mayor o menor medida, a los gobernantes suele gustarles que la balanza más que equilibrada, se incline hacia su lado.

Por eso no sorprende, una vez más, que haya una pugna en esta institución dirigida por siete vocales que fueron electos, por primera vez desde el nacimiento del CPCCS, por votación popular.

María Fernanda Rivadeneira, Sofía Almeida, Victoria Desintonio, Rosa Chalá, José Carlos Tuárez, Walter Gómez y Christian Cruz fueron los candidatos más votados en 2019.

Debían mantenerse en sus cargos por un período de cuatro años. Pero eso no ocurrió.

De los siete, solamente Sofía Almeida y María Fernanda Rivadeneira siguen en funciones. Los otros cinco fueron destituidos.

Los cuatro primeros en dejar sus cargos por decisión de la Asamblea Nacional fueron Desintonio, Chalá, Tuárez y Gómez. En agosto de 2019, antes de  cumplir los tres meses en el cargo, fueron destituidos en un juicio político.

Apenas tres meses después de ser destituido, Tuárez —quien presidió el organismo— entró a la Cárcel 4 de Quito. Desde allí enfrentó un proceso penal que terminó cuando fue sentenciado a cinco años de prisión por asociación ilícita, en agosto de 2020.

La justicia determinó que había participado en venta de puestos públicos —en instituciones como el ministerio de Salud, la Dirección de Aviación civil, el Servicio de Aduanas y hasta en la petrolera estatal Petroecuador—mientras ocupaba el cargo de presidente del CPCCS. Los montos que Tuárez habría cobrado por los cargos públicos habrían variado, según la Fiscalía, entre 5 mil y 500 mil dólares.

Su reemplazo en la presidencia del CPCCS fue Christian Cruz.

De los otros tres consejeros destituidos, dos lograron ser asambleístas en las elecciones de 2021, respaldados por el correísmo: Victoria Desintonio y Walter Gómez.

Despejaron así, cualquier resquicio de duda sobre a quién representaban en el CPCCS, el organismo, supuestamente libre de políticos partidistas. Supuestamente.

Los cuatro consejeros destituidos fueron reemplazados por Juan Javier Dávalos, David Rosero, Ibeth Estupiñán y Francisco Bravo.

Cruz fue posesionado como presidente pero apenas duró 15 meses en el cargo. Nuevamente, en un juicio político, la Asamblea Nacional lo destituyó en octubre de 2020. Los meses anteriores a su destitución había sido señalado por haber obtenido de forma irregular su carnet de discapacidad.

Tras la salida de Cruz, fue posesionado Hernán Ulloa, como vocal del CPCCS. En 2017, Ulloa fue candidato a la Asamblea por CREO pero no fue el único con respaldo público de alguna organización política. La candidatura de Sofía Almeida fue respaldada por el Partido Social Cristiano, y la de Juan Javier Dávalos, por el correísmo.

Almeida presidió la nueva mayoría formada por Dávalos, Rosero y Estupiñán. Esta se tambaleó a inicios de 2022. En medio de cuestionamientos sobre la legalidad y la legitimidad de la sesión, en febrero pasado, se conformó una nueva mayoría —Estupiñán se pasó a ese bando— y la presidencia quedó en manos de Hernán Ulloa.

El gobierno de Guillermo Lasso respaldó a Ulloa. Para su opaca posesión hizo falta que la Policía custodie el edificio.

Ocho meses después, la Asamblea Nacional hizo nuevamente su aparición y destituyó a Ulloa y su mayoría: Rivadeneira, Bravo y Estupiñán. Y, nuevamente, una acción de protección —interpuesta en el pequeño cantón de La Concordia— los regresó a su puesto.

Todo este recuento es para recordar el caos ha sido esta institución solamente en el último período. ¿Qué ha significado esto? Opacidad en los concursos, retrasos en los nombramientos de autoridades —el Consejo Nacional Electoral debía ser parcialmente renovado hace meses—, debilitamiento institucional.

El CPCCS, organismo que ya ha sido cuestionado por años, parece esforzarse por autodestruirse. Uno de sus últimos actos dudosos fue la posesión al nuevo superintendente de Bancos, Roberto Romero, ocurrida en la madrugada del 3 de septiembre de 2022. En un acto sin precedentes, el CPCCS tomó juramento a Romero para posesionarlo en su cargo, olvidando que eso le corresponde a la Asamblea, no al Consejo.

Esta posesión ocurrió después del nombramiento fallido de Raúl González para la Superintendencia de Bancos. Su nombre surgió de una terna enviada por el Ejecutivo y tras ser nombrado por el CPCCS en junio pasado, no alcanzó a posesionarse porque —¡nuevamente!— una acción de protección declaró la nulidad del nombramiento.

La decisión judicial ocurrió después de que se hicieran públicas supuestas presiones del Ejecutivo (específicamente de Aparicio Caicedo, hombre de confianza de Guillermo Lasso) sobre el CPCCS, para evitar que González —quien fue propuesto por la Presidencia— fuese nombrado.

Sí, incomprensible. Su nombre fue enviado por el Ejecutivo para ser parte de una terna de la que debía salir el nuevo Superintendente, pero una vez seleccionado, el Ejecutivo se arrepintió del nombramiento y empezó una operación política para echar abajo su nombre.

¿Quién es autoridad legítima entonces? ¿El superintendente nombrado en la madrugada, cuyo nombramiento debe ser oficializado por una Asamblea que se niega a hacerlo? ¿El superintendente anterior, que nombraron pero no posesionaron? ¿El CPCCS con una mayoría destituida políticamente pero sostenida por la vía judicial?

Resulta difícil responder porque parece que, en este juego de arrancarse el poder,  las tres instituciones —CPCCS, Superintendencia y Asamblea— pierden legitimidad.

Lastimosamente, el tiempo nos ha demostrado que, de ciudadano, el CPCCS solamente tiene el nombre. En el fondo, no hay un verdadero interés de que sus vocales estén distanciados de las organizaciones políticas electorales. Tampoco parece interesarle a nadie que los otros poderes del Estado tomen distancia de las decisiones que allí se toman.

Es comprensible que en un organismo que toma decisiones relacionadas a la vida política sus miembros tengan posturas políticas también. Lo que no es comprensible es que disfracemos esa política de ciudadanía: no lo es.

Sería más transparente saber con claridad a quiénes representan los vocales y con qué intereses e intenciones políticas nombran autoridades.