Esmeraldas, acorralada por el miedo y la violencia

“No me mandes a la escuela, mami, por favor”, le suplicaba Mariela*, una niña afroecuatoriana de 11 años, a su madre, María*, el 20 de octubre de 2022. A Mariela y a sus compañeros de clase, que viven en un barrio del sur de la ciudad de Esmeraldas junto a sus padres, les asustan las ráfagas de las balas que, dice María, retumban a diario, en medio de los enfrentamientos de bandas criminales. 

Que los niños y niñas vayan a sus escuelas y colegios, alerta María, una madre de casi cuarenta años, se ha convertido en una “carrera” para llegar vivos a sus aulas. “En Esmeraldas estamos luchando no por vivir porque la situación no da para eso. Estamos sobreviviendo con lo que podemos. A mi niña le da miedo ir porque las extorsiones ya no llegan solo a los locales de comercio, también a las escuelas, los colegios”, dice María.

Al temor de Mariela y María se suma la falta de ingresos: María solo abre su local —prefiere no especificar de qué por miedo a represalias— cinco horas al día. Cuando los días parecen más seguros, cierra una hora más tarde. “Si le digo que genero cinco dólares al día, es mucho. En los días medio buenos, diez, como mucho, antes de que vengan los ‘vacunadores’ con sus fierros”. Cuando dice ‘vacunadores’ se refiere a los integrantes de bandas narcodelictivas que se dedican al cobro extorsivo de dinero para, según dice María, “permitirnos, primero, vivir porque si no pagas te matan”. Las vacunas, dice María, también son “para dejarnos trabajar y nos dicen que supuestamente nos protegen; te toca pagar porque no te perdonan. O pagas o te mueres”. 

Desde marzo de 2022, a María le exigían que pague cincuenta dólares semanales. Pero sus ingresos antes de marzo de 2022 eran menores a 350 dólares. “Y en comparación a otras personas, [50] es poco”, cuenta. 

A José*, un comerciante esmeraldeño, que pidió también la reserva de su nombre, lo amenazaron con asesinarlo si él y su padre no pagaban 6 mil dólares. “¿De dónde vamos a sacar? Ellos no entienden. Nos ha tocado pedir a nuestras familias en otras provincias. A nosotros nos han amenazado los dos grupos. Hemos pensado en dejar la provincia, por más que nos duela”, dice José, con la voz entrecortada, en un mensaje de voz, desde el centro de Esmeraldas. 

Pedir apoyo a la Policía Nacional, dice María, no ha solucionado las cosas. “No pueden hacer nada. A veces ellos mismos les apoyan. Otros viven amenazados. Le cuento porque también tenemos familiares policías. Todos estamos abandonados a las mafias”, lamenta. William Calle, comandante de la Policía en Esmeraldas, admitió en una entrevista radial del 19 de octubre, que el control de las prisiones y las calles lo tienen dos bandas: Los Tiguerones y Los Gángsters, alineados a Los Choneros. 

Por la violencia entre las dos bandas, y sus extorsiones, el 24 de mayo de 2022, María y otras trescientas personas se unieron a la marcha contra la inseguridad en Esmeraldas para exigir la intervención del Estado ecuatoriano. Desde el 3 de junio, la Fuerza de Tarea Conjunta —un grupo conformado por personal del Ejército, la Marina, la Aviación y la Policía Nacional— se instaló en la ciudad. El objetivo, dijo el gobierno nacional, era “lograr la paz”. 

Pero en estos cuatro meses la situación no ha mejorado. Empeora, lamenta María. Ahora, María reúne menos de 250 dólares mensuales pero el grupo delictivo que la extorsiona le pide 100 dólares a la semana. Y el temor crece: el 19 de octubre, un agente municipal le dijo a ella y a decenas de comerciantes que cerraran su local. Todos lo hicieron. No había vendido nada ese día. “Salimos como pudimos porque iban a velar a un líder de esa banda. Estamos cada vez más pobres, más solos”, dice, entre sollozos, mientras abraza a Mariela. Su hija besa la frente de María, mientras intenta secarle las lágrimas.

Fuegos pirotécnicos en el cementerio de Esmeraldas hoy.

Los propios agentes metropolitanos, dicen los comerciantes, les alertaron sobre el traslado de uno de los líderes de Los Tiguerones en Esmeraldas.

Una población que ha sido abandonada al silencio y a la violencia. pic.twitter.com/xwXrnwcUDk

— Karol E. Noroña (@KarolNorona) October 19, 2022

Esmeraldas, la capital de la provincia con el mismo nombre, no solo vive la escalada de violencia sino también de la pobreza: la tasa por ingresos en la provincia llega casi al 53%, un porcentaje que se ha mantenido desde hace más de una década con leves variaciones, de acuerdo con datos de 2021 del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC). 

El porcentaje de la pobreza extrema tiene la misma tendencia: más del 25% de la población esmeraldeña percibe un ingreso familiar de 48,24 dólares mensuales. 

“Nos matan, ¿y a alguien le importa?”: el reclamo de los esmeraldeños

En enero de 2010 Manuel*, con entonces 32 años, vio cómo dos personas fueron asesinadas en el barrio Santa Martha 2, en las riberas del río Esmeraldas. “Las alarmas, la bulla. De todo me acuerdo. Uno de ellos era ‘peladito’. No tenía más de 17 años. Pero igual lo mataron. En esos años muchos robaban los carros y sí había matanzas aquí”, relata. Doce años después, Santa Martha 2 sigue siendo una de las zonas críticas de la ciudad, también de la provincia costera. 

Manuel  ya no vive en el barrio poblado de casas de cemento, de caña y madera; ahora vive, junto a su familia, en otro barrio igual de peligroso. “La violencia no es pasado. Pero ahora está descontrolada. Yo ya ni salgo. Nadie sale después de las cinco de la tarde”. 

Las cifras respaldan el testimonio de Manuel: hasta agosto de 2022, en Esmeraldas, la tasa de homicidios era de 44 por cada 100 mil habitantes —la más alta del país. Para octubre de este año, con más de 416 muertes, la tasa superó los 63 por cada 100 mil, la peor documentada en el país —el promedio nacional es de 17 cada 100 mil— y una de las más altas de la región. 

Esmeraldas tiene índices de violencia similares a ciudades mexicanas como Zacatecas, que mantiene la misma tasa de homicidios. La revista especializada Proceso describe la realidad de la ciudad como una zona abandonada a un control “político y criminal” de dos cárteles internacionales: el de Sinaloa y el Jalisco Nueva Generación. 

Para Manuel, la violencia comenzó a escalar más a partir del 2018. Ese año fueron los primeros atentados contra cuarteles policiales, y el Frente Óliver Sinisterra, la disidencia de las FARC liderada en ese entonces por alias Guacho, secuestró y asesinó a al menos siete personas. Entre ellas, Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra, equipo de Diario El Comercio. 

“Ahora todo se pone peor porque esas bandas están comenzando a reclutar a los muchachos cada vez más jovencitos”, dice Manuel. A su hijo de 15 años también le ofrecieron sumarse a una banda. “Pero aquí todos le estamos protegiendo, usted debe aprender a caminar, a convivir, cuando pasa esto. Sabe por qué, porque aquí nos matan, ¿y a alguien le importa? No, nos hemos dado cuenta de que no”. 

Proteger a los adolescentes, como el hijo de Manuel, es lo que intentan hacer las familias de decenas de barrios como La Primavera, La Guacharaca, La 22, Puerto Limón, Las Américas, Santa Martha, Casa Bonita, Valle Hermoso, Voluntad de Dios, Isla Luis Vargas Torres, entre muchos otros. Pero “salvar juventudes”, dice Manuel, parece difícil. “Toditos los días hay balaceras, incluso en las escuelas”. 

La mañana del 20 de octubre hubo un cruce de balas en las inmediaciones de dos colegios en Quinindé, según el medio local La Calle Habla. Las clases en los centros educativos continúan suspendidas el viernes 21 de octubre. 

Que se conozca la situación, un reclamo constante en Esmeraldas

María se arriesga a dar su testimonio porque  —asegura— cree que aún puede haber un cambio: “más que por mí, por mi niña. Yo no quiero que ella crezca con la bala en el oído. Si yo hablo es porque quiero que la gente lea, que nos escuche, porque yo no le deseo esto a nadie”, dice. 

María critica que “ni las autoridades de aquí [la alcaldesa, la prefectura], ni el gobierno se interesan. Yo no he visto que digan algo por lo que estamos pasando, ¿o sí?”. Dos días después del cierre abrupto de los locales —varios aún continúan cerrados— el presidente Guillermo Lasso no se ha pronunciado sobre la situación en Esmeraldas.

Para María, el silencio no solo es del gobierno sino también desde la sociedad. “¿Porque somos negras nuestra vida no les importa?, ¿por eso es que solo hablan de nosotros cuando hay balaceras?”, “¿por qué?”, se pregunta. Más que pregunta, es un reclamo. María y su hija Mariela son parte del más del 43% de personas afrodescendientes que forman la población esmeraldeña. 

A través de la pantalla de la computadora, María me muestra una fotografía de ella y sus dos hermanos en el centro de Esmeraldas, hace 14 años. María aparece con el ceño fruncido mientras ellos, riendo, la abrazan. Uno de los hermanos de María que aparece en la foto fue asesinado en 2012. “Siempre fuimos pobres, pero veo esto, nuestros juegos, y no me hubiese imaginado cómo iba a ser la vida, si esto que pasamos puede llamarse vida”. 

*Nombres protegidos.