La Constitución del Ecuador garantiza el derecho a la participación de sus ciudadanos a través de la democracia directa. Uno de los mecanismos para hacerlo es la consulta popular o el referéndum, que permiten a los ecuatorianos tomar acciones directas sobre el futuro del Estado y que abren también la posibilidad de cambiar algún artículo de la Constitución.
Las preguntas para impulsar una consulta popular en el gobierno de Guillermo Lasso fueron hechas públicas el 12 de septiembre. Son 8 preguntas para hacer una consulta popular relacionada con temas ecológicos, extradiciones, el rol de las Fuerzas Armadas, número de asambleístas, entre otras.
Aunque ya conocemos las preguntas que quisiera hacer el Ejecutivo, es la Corte Constitucional la que debe de revisar si las preguntas son constitucionales o no —si no lo son, no pueden ser incluidas en la consulta popular—. En caso de que el trámite cumpla con el marco legal, el Consejo Nacional Electoral deberá llamar a elecciones para votar en favor o en contra de las preguntas. Si las preguntas no son admitidas como constitucionales, el proceso se dará por terminado y el Ejecutivo tendría que proponer un nuevo proceso.
En la consulta que se planea en 2022, el caballo de batalla será el tema de seguridad porque Ecuador ha llegado a niveles muy altos de violencia. Balda asegura que una de las preguntas más polémicas y que puede ser rechazada por la Corte Constitucional es la participación de las Fuerzas Armadas en las funciones de Policía Nacional para el combate del crimen organizado. Dice que esta pregunta podría ser rechazada porque la salida de los militares a las calles debe realizarse solo en casos excepcionales, ya que su formación no está enfocada en apoyar en seguridad ciudadana, sino en tácticas de guerra.
Otras consultas populares
El mecanismo de las consultas populares ha sido utilizado en el país desde 1978 por 11 mandatarios ecuatorianos. El abogado Rafael Balda explica que este método de democracia directa ha sido usado comúnmente para acelerar la aprobación de medidas legales y para medir la popularidad de un gobierno.
La Junta Militar de 1978 fue la primera en usar este mecanismo para volver a la democracia y retomar el orden constitucional. Y después, ya en democracia, presidentes como León Febres Cordero, Sixto Durán Ballén, Fabián Alarcón y Alfredo Palacio han buscado legitimar sus propuestas por medio de este mecanismo; sin embargo, la mayor parte de sus propuestas no tuvieron el apoyo que esperaban y perdieron.
En 2007, Rafael Correa llegó al poder y durante 12 años usó cuatro veces el mecanismo de consulta popular para acelerar sus propuestas políticas y legitimarse en sus funciones. Tres de estas fueron trascendentales para sus mandatos. Estas son:
- 2007: tras ganar las elecciones presidenciales, Rafael Correa logró que se realice un referéndum denominado “Asamblea Constituyente del 2007”, en el que se buscaba sustituir a la vieja Constitución de 1998 por una nueva. Preguntó entonces a los ciudadanos si estaban de acuerdo en convocar a una asamblea constituyente para redactar la nueva Constitución, fue muy exitosa: más del 80% de los ciudadanos votó a favor de la propuesta presidencial.
- 2008: este fue un referéndum que buscaba que los ecuatorianos voten a favor o en contra del proyecto constitucional que había sido redactado por la Asamblea Nacional Constituyente. Tuvo un apoyo de alrededor del 50% , por lo tanto, la Constitución de 1998 fue reemplazada por la Constitución de Montecristi, impulsada por Rafael Correa.
- 2011: en ese año, Correa volvió a convocar a los ciudadanos a las urnas. En esta ocasión propuso reformar la Constitución de 2008 y hacer reformas en el Código Penal. El 53% de los votantes apoyó de forma favorable a las reformas. En esta consulta se hicieron también preguntas relacionadas a seguridad —cambios en la caducidad de la prisión prevenvita y no otorgar medidas cautelares en la comisión de ciertos delitos— pero los mayores cuestionamientos se hicieron por la llamada“metida de manos en la justicia”. Esto se refería porque se planteaban reformas que, para muchos analistas, iban a permitir la injerencia del Ejecutivo en la justicia. Una de las reformas implicaba nombrar un Consejo de la Judicatura de Transición que debía reestructurar la Función Judicial. “Dirán que queremos meter mano en las cortes; sí, queremos meter manos: para bien del pueblo ecuatoriano… Tenemos que cambiar el sistema de justicia, compatriotas”, había dicho Correa unos meses antes de vencer en la consulta.
En 2018, Lenín Moreno también usó este mecanismo bajo el eslogan “siete veces sí”, es decir, buscaba la aprobación de las siete preguntas que había planteado. La convocatoria a la consulta popular se dio tras la ruptura política con Rafael Correa y la división de Alianza País, organización que llevó a ambos a la victoria presidencial pero que se fragmentó tras la disputa entre Moreno y Correa.
Los temas que Moreno consultó estaban relacionados a la revocatoria de mandato de funcionarios públicos que sean encontrados culpables en actos de corrupción —poco tiempo después de que su vicepresidente y antiguo coideario, Jorge Glas, fuera sentenciado por corrupción en el caso Odebrecht.
Moreno también incluyó la remoción y nombramiento de integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) de ese momento —considerados afines al correísmo— y su reemplazo por un CPCCS de Transición, que sería, posteriormente liderado por Julio César Trujillo. Se consultó, además sobre, la reelección indefinida, explotación petrolera en el parque Yasuní, límites a la minería metálica. Además de la derogación de la Ley de Plusvalía y la no prescripción de los delitos sexuales contra niños y adolescentes.
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