El 12 de septiembre, el presidente Guillermo Lasso y su gabinete presentaron las 8 preguntas para ir a una nueva consulta popular a nivel nacional. Según el presidente Lasso, la “consulta ciudadana enfrentará problemas que el Ecuador no ha podido resolver en su pasado y que actualmente no nos permite desarrollarnos cómo y hacia dónde queremos”. 

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Sin embargo, presentar las preguntas es apenas el comienzo de este proceso democrático que ha sido usado por varios otros gobiernos. Las consultas más recientes se han dado en los períodos de  Lenín Moreno y Rafael Correa. 

Así será el proceso 

Esteban Ron, abogado constitucionalista y director de la Escuela de Derecho de la Universidad Internacional del Ecuador, UIDE, explica que la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y el Reglamento de Sustanciación de Procesos es el marco referencial para que se lleve a cabo una consulta popular o se descarte la misma.

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El experto explica que una vez que el presidente Guillermo Lasso ha presentado a la Corte Constitucional las preguntas, los anexos y los considerandos se realizará un sorteo para que un juez de la Corte Constitucional lleve este caso. La tarde del 12 de septiembre, la CC realizó el sorteo y fue la jueza Alexandra Cárdenas quien salió seleccionada.

Tras este proceso, la jueza debe avocar conocimiento, es decir que Cárdenas debe informar a la Corte que ha sido notificada, confirmar que tiene las capacidades institucionales y la obligación de resolver el trámite.

“Este avocamiento de conocimiento es lo que va a marcar todos los tiempos al interior”, explica Ron. Una vez que la jueza se haya pronunciado tiene que hacer un dictamen de constitucionalidad —es decir, argumentar si las preguntas son o no constitucionales. Para eso, tiene 10 días término — laborables— para presentar su argumentación al pleno de la Corte. Una vez que esta envíe dicho dictamen de constitucionalidad, el documento entrará a la Secretaría de la Corte, despacho que tendrá la obligación de poner en consideración del resto de jueces el proyecto, explica el abogado. 

“Los 9 jueces restantes tendrán un plazo de 10 días término para que se pronuncien y den un dictamen”, dice Ron. Es decir, los jueces de la Corte Constitucional tendrán aproximadamente 35 días laborales para dar una respuesta, por lo que Ecuador sabrá si hay o no consulta popular alrededor de la tercera semana de octubre.

¿Cuáles son los posibles escenarios?

Esteban Ron explica que se pueden presentar 3 escenarios. Estos son:

  1. Que la Corte diga que las preguntas presentadas son plenamente constitucionales.
  2. Que se module. Es decir que la Corte dictamine que las preguntas son constitucionales pero se debe cambiar la redacción de una o varias preguntas o se modifique el texto. Ron explica que en algunos casos las preguntas pueden inducir a que la votación sea a favor o en contra y eso debe observar la Corte. 
  3. Las preguntas pueden ser declaradas inconstitucionales. El experto asegura que en este caso las preguntas irían en contra del ordenamiento ecuatoriano y la Constitución y por ende el trámite terminaPara que ambas votaciones coincidan, “el proceso de la consulta popular debería entrar a mediados de octubre y la convocatoria del CNE debería ser el 6 de diciembre”.

 

En caso de que una o varias de las preguntas sean calificadas como inconstitucionales el gobierno tendrá la opción de reformularlas o quitarlas del cuestionario.  

En caso de que la Corte se decida por una de las dos primeras opciones, esta institución deberá notificar su decisión al Consejo Nacional Electoral para que continúe con el proceso de consulta popular. Una vez que el CNE sea notificado tiene 15 días — calendario— para convocar a la ciudadanía a elecciones. Tras estas dos semanas, deberá comenzar el proceso electoral en un plazo de 45 días. Es decir, las votaciones se realizarán en un plazo de 60 días desde que el CNE convoque a elecciones.

Por lo que es factible que “las elecciones a la consulta popular se realizaría la segunda semana de enero”, explica Ron, es decir antes de las elecciones seccionales que se realizarán el 5 de febrero de 2022.  Para que ambas votaciones coincidan, “el proceso de la consulta popular debería entrar a mediados de octubre y la convocatoria del CNE debería ser el 6 de diciembre”.

En el plano político, el experto asegura que “el gobierno está intentado que en las seccionales no les arrastren y no arrastre la consulta popular por el alto nivel de desaprobación que tiene”, por lo que hacer la consulta popular podría ser un mecanismo de protección, dice Ron.

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Liz Briceño Pazmiño
(Ecuador, 1989). Periodista. Ha cubierto temas de economía y consumo en la Unión Europea. Cubre temas de menores migrantes no acompañados y de desplazados en Ecuador.
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