“El exilio fue el último recurso para permanecer vivo” es una de las frases recogidas en el informe de la Comisión de la Verdad de Colombia. Fue dicha por Alfredo Molano, un exiliado colombiano que murió en 2019, mientras trabajaba en la Comisión creada, como su nombre lo sugiere, para encontrar la verdad sobre el conflicto interno en Colombia, que ha durado más de 60 años. Para lograrlo, entrevistaron a 30 mil colombianos exiliados, muchos de ellos residentes en Ecuador. 

El informe que fue publicado el 28 de junio de 2022 tiene 500  páginas y fue el resultado de más de tres años de trabajo. La Comisión tenía el objetivo de esclarecer la verdad, la convivencia y la no repetición del conflicto armado colombiano. El documento intentó explicar de forma amplia y detallada lo que ocurrió en un país cooptado por los grupos armados, y otras agrupaciones también armadas asociadas al narcotráfico que, con violencia, formaron un poder paralelo y aterrorizaron a la ciudadanía. Por décadas la normalidad fue las extorsiones, coches bombas, secuestros, “vacunas”, expropiación de territorios y reclutamiento forzado de niños. 

Uno de los cinco capítulos del informe revela cómo, por décadas, al interior de Colombia —un país que hoy tiene más de 50 millones de habitantes— se hablaba de “los que se fueron”. Pero aunque adentro se lo quería obviar, era una realidad evidente para los más de 24 países que recibían a diario centenares de colombianos en sus fronteras que buscaban salvar su vida y dejar atrás la atrocidad de una guerra en la que nunca pidieron vivir.  

Muchos colombianos en Ecuador llegaron al país huyendo del conflicto armado en su país. Fotografía cortesía del nodo Ecuador de la Comisión de la Verdad.

Desde la década de 1990 hasta 2005, cuenta  Juan Carlos Villamizar, experto en paz y conflicto, Colombia vivió los momentos más álgidos de la guerra como consecuencia de la implementación del Plan Colombia —el acuerdo bilateral entre Colombia y Estados Unidos para supuestamente acabar con la guerra interna, y que fue cuestionado por la violencia para acabar con las guerrillas. En Colombia no solo no se hablaba de los que se iban porque eran “invisibles”, dice Villamizar, sino que cuando lo hacían, cuando hablaban de ellos, eran mal vistos. “Había la sensación de que estaban abandonando el barco”, dice el especialista, y aclara que los que se quedaban en Colombia no entendían lo que atravesaban los que decidieron salir del país. 

Uno de los mayores logros de este informe ha sido “darle voz a todos los que se fueron, y visibilizarlos” y que el exilio puede ser considerado como una de las mayores muestras de violacón de los derechos humanos, dijo Carlos Martín Beristain, comisionado de la Verdad en Colombia, el 27 de julio de 2022, durante el evento de lanzamiento del informe en Quito, Ecuador. 

Ecuador es el país que más ciudadanos colombianos ha recibido en el mundo. Las cifras extraoficiales dicen que viven cerca de medio millón de colombianos pero que apenas una fracción de ellos —54.400— tienen el estatus de refugiado hasta 2021, según Acnur —la agencia de la ONU para los refugiados. 

El informe de la Comisión explica que las personas que viven en los países de acogida casi no tienen el estatus de refugiado o exiliado sino visas humanitarias Mercosur, o viven en calidad de residentes, se han naturalizado, son estudiantes, o sus visas son de negocios o comercio. Hay otro grupo que está de forma irregular o tiene visas de amparo, como Diana Mesa. 

Diana Mesa fue una de las cientos de miles de mujeres que salió de su país para asentarse en Ecuador, sin esperar que sus compatriotas entendieran sus razones. A inicios del 2000 , la mujer alta y afrodescendiente llegó desde Medellín, Colombia, a Quito con una maleta que tenía ropa y otros objetos indispensables para sobrevivir un tiempo en Ecuador “hasta que la situación mejorara” en su país. Atrás dejó a sus padres, a su sobrina, sus amigos, su profesión y la ciudad que le había visto crecer. 

Después de siete años de vivir en Ecuador pudo regularizarse luego de tener una hija, que al nacer en territorio ecuatoriano obtuvo la nacionalidad. Esto le  permitió a Diana Mesa ampararse en su figura para residir en el país legalmente porque nunca fue reconocida como refugiada.

§

Cuando llegó a Quito, en el año 2000, se suponía que un conocido de Diana Mesa la ayudaría a instalarse. Pero cuando pisó la ciudad, ese contacto nunca apareció. Mesa, de entonces 22 años, buscó la forma de sobrevivir en una ciudad y un país que le eran ajenos, “pero que de momento era donde debía estar”, dice, para evitar que su vida y la de sus familiares corrieran peligro.

En el informe de la Comisión se explica que al momento que una persona sale exiliada de su país —independientemente del tiempo que esté fuera— pierde su identidad porque “somos en un territorio, en una comunidad, en una familia”. La identidad le es arrebatada cuando tiene que dejar de un día a otro todo lo que conformaba su vida. Con base a las más de 2 mil entrevistas a personas exiliadas —varias de ellas hechas por el nodo de la Comisión en Ecuador—, el informe concluye que para ellos, el exilio es “un destierro, la vida sacada de su cauce natural y una pequeña muerte en medio de tantas ajenidades”.

En 1999, Diana Mesa trabajaba en una entidad financiera como subgerente de oficina, en Medellín. Entre sus funciones tenía que abrir nuevas cuentas bancarias y realizar el análisis de los clientes que las requerían. Un día, llegaron unos clientes que habían sido referidos para abrir nuevas cuentas.

“Hice el análisis de las carpetas de estas personas y  noté situaciones medio raras que no estaban dentro del perfil de aceptación para que fueran clientes”, cuenta. Diana Mesa dice que en las instituciones financieras en Colombia se aplican ciertos protocolos para aceptar o rechazar un cliente, para así evitar caer en lavado de dinero. “Como no estaba claro de dónde salían los recursos económicos de estas personas, me negué a hacer la apertura de estas cuentas bancarias”. Esta fue la decisión que trastocó su vida.

A los pocos días, a su casa le comenzaron a llegar amenazas en formas de panfletos, cartas de condolencias y aunque no podía evitar sentir miedo, intentó seguir con su vida. “A veces se escuchaban disparos fuera de mi casa o gritaban amenazas”, recuerda. Pero las cosas comenzaron a escalar. Estos panfletos le comenzaron a llegar a su trabajo con mensajes más amedrentadores que decían: “los sapos mueren estripados”. Un viernes tras terminar su jornada laboral, Diana Mesa salió a comer con amigos del trabajo. Cuando salieron del restaurante, un auto llegó, se subió a la vereda y la arrolló; algunos de sus compañeros resultaron lesionados. 

Como las contusiones del accidente eran graves, Diana Mesa necesitó un mes de reposo, y el banco la despidió bajo el argumento de que su tiempo de recuperación era muy largo y no podían esperarla. Sin embargo, ella sospechaba que el accidente y el despido estaban relacionados con las cuentas que rechazó abrir.

“Yo pensé que todo quedaría ahí, al final ya me habían sacado de mi trabajo”. Pero se equivocó. A su casa comenzaron a llegar amenazas contra una sobrina suya. Por eso, la cuñada de Diana le pidió a la empresa en la que trabajaba que la trasladaran al exterior junto a su familia. Una parte de la familia de Diana se fue, pero las amenazas no se detuvieron. 

Ella denunció los hechos ante la Fiscalía, pero nunca sintió que la protegieran. 

Diana Mesa llegó a Ecuador en 2000 huyendo de amenazas de muerte. Fotografía cortesía de Diana Mesa.

La responsabilidad del Estado colombiano es un tema que el informe de la Comisión de la Verdad menciona. Durante la presentación del informe en Quito, el comisionado Carlos Beristain, dijo que el Estado Colombiano tiene una responsabilidad frente al exilio por el “incumplimiento de sus obligaciones de protección a la población” y por la falta de investigación de la mayor parte de los hechos que fueron denunciados. 

En el informe se destaca también que incluso funcionarios de la Fiscalía recomendaban a las víctimas salir del país “aludiendo a su imposibilidad de garantizarles seguridad”. Entre suspiros, Diana Mesa recuerda su situación y dice: “al final a quién le iban a creer a un banquero o a una empleada”. 

Uno de los hallazgos más importantes de este informe, opina la experta en derechos humanos ecuatoriana y ex defensora del Pueblo, Gina Benavides, es mostrar que el exilio es una violación a los derechos humanos no solo porque una persona debe dejar de forma forzada su país, sino también porque en el país de acogida, en este caso Ecuador, se vulneran sus derechos. 

§

En medio de la angustia de no saber lo que pasaba, en 1999, aún en Medellín, Diana recibió una llamada en la que le preguntaron “si quería que me mataran”. Pocos meses después recibió otra llamada en la que le advertían que tenía que irse del país. Después de casi un año de vivir bajo estas amenazas, se dio cuenta que las personas que pidieron abrir esas cuentas estaban relacionadas con un conocido suyo, y que podrían estar relacionados al paramilitarismo. Recuerda que como parte de las amenazas, sus victimarios “se mudaron cerca de mi casa y la tenían rodeada”. 

Aunque han pasado ya más de dos décadas de ese mal rato, los ojos de Diana Mesa se humedecen al recordar el momento que se subió a un bus para cruzar la línea que le alejaría de lo que fue su vida hasta inicios del año 2000. Diana recuerda que el detonante para irse fue que balearon las casa de sus padres. “Supe que tenía que alejarme de la situación de peligro que no podía seguir arrastrado a mi familia, porque si seguía junto a mis padres o a la casa de un familiar era como contaminarlos”, recuerda Diana.

Salir del país fue la última opción de la mayoría de exiliados, dijo Beristain, durante el lanzamiento del informe en Quito. El comisionado de la verdad explicó que casi todos los testimonios que escuchó durante los tres años que tomó hacer las entrevistas para el informe, repetían esa idea y que, previo al exilio, también vivieron desplazamientos internos para intentar alejarse de los riesgos pero dentro del mismo país. El asedio, sin embargo, “los expulsó del país”, dijo Beristain. 

Durante el lanzamiento del informe en Quito, Ecuador, el jesuita Fernando López invitó a los asistentes a cantar una canción conmemorativa.

§

Hasta que Diana Mesa pisó Ecuador no sabía casi nada de cómo sería su situación migratoria; “llegué como una turista más”. En el hostal al que llegó conoció a una compatriota a quien le contó su historia; ella tenía una historia muy parecida y le comentó que iba a pedir refugio. Esa fue la primera vez que Diana Mesa escuchó que podía ser una refugiada y se identificó con su nueva realidad.  

El informe de la Comisión destaca que muchas veces “las personas que se ven obligadas a salir del país desconocen que son sujetos de derechos, y pueden pasar mucho tiempo en el exilio sin solicitar protección ni acudir a una entidad pública”.

Los exiliados colombianos en Ecuador fueron parte de talleres y actividades como parte de la elaboración del informe de la Comisión de la Verdad. Fotografías cortesía del nodo Ecuador de la Comisión de la Verdad.

El primer capítulo del informe dice que solo una pequeña parte de las víctimas que huyeron de Colombia lograron un estatus de refugiados “amparados en la Convención de Ginebra de 1951 o por la Declaración de Cartagena sobre Refugiados de 1984”. El documento también explica que “otras personas salieron sin papeles, no tuvieron acceso efectivo al procedimiento de asilo o no lo solicitaron al cruzar las fronteras”. Por todas estas dificultades, la Comisión de la Verdad dijo que “las víctimas afectadas por el exilio son aquellas que, independientemente de su estatus, han tenido que cruzar las fronteras como consecuencia de la persecución, el impacto de la violencia, la desprotección y el miedo”. Como es el caso de Diana.

La mujer que lleva más de dos décadas en Ecuador dice que después de un tiempo de llegar, se acercó a la Pastoral Social, en el Seminario Mayor, donde se registraban quienes buscaban asilo. Allí fue entrevistada varias semanas después. “Pero esto no prosperó, porque en aquel entonces no se reconocía que los paramilitares fueran parte del problema que vivía Colombia” y eso dificultaba acceder al estatus. 

El informe reconoce que un obstáculo para que los exiliados hayan accedido a refugio es la percepción de los países de acogida sobre el contexto político colombiano. Este factor precisamente es el que permite que se admita a las personas exiliadas acceder a trámites para protección internacional. Además, el informe destaca que durante años, la negación del Gobierno colombiano de la existencia del conflicto armado interno conllevó que se denegara el derecho a buscar y recibir asilo en muchos países. 

A este complejo escenario, detalla el Informe, se sumó la narrativa de los medios de comunicación que ayudaron a invisibilizar las expulsiones forzadas porque nunca mostraron qué impulsaba a los colombianos a huir y dejar su vida atrás. 

Karina Sarmiento, experta en migración, explica que Ecuador no estuvo listo para recibir una migración tan grande como la colombiana que, además, ingresaba de forma paulatina. Por eso, asegura Sarmiento, al comienzo era imperceptible pero fue después de la implementación del Plan Colombia que empezaron a llegar más. 

Por siete años, Diana Mesa estuvo en el país de forma irregular. Esto le impidió acceder a un trabajo formal por lo que vendía comida en las calles y luego en ferias. “Cuando empecé a buscar empleo había rechazo hacia la población colombiana y ahí quise regresar a mi país pero ya no podía”. Recuerda que la situación en su ciudad natal empeoró y a su familia les cobraban “vacunas” —una cantidad de dinero exigida por un grupo armado, a cambio de que su bienestar y el de su familia no corra riesgo— y no tenía garantías de que su vida iba a estar a salvo.

En Ecuador también fue engañada por una empresa que le contrató para vender insumos médicos, y nunca le pagó. Pese a las malas experiencias, Diana Mesa asegura que esto le sirvió para “canalizar sus energías” y comenzar a participar en proyectos para ayudar a otras personas migrantes. Ya lleva una década liderando varios proyectos en ONG relacionadas a personas migrantes en Ecuador.

Diana Mesa reconoce que el Estado colombiano tiene que reparar a las víctimas, como recomienda el informe, porque “uno sale de Colombia por un conflicto porque su país no lo cumple, pero cuando llega a otro país solo es para vivir otro tipo de violencias. Uno no ha sanado en una violencia y entras en otras violencias y no puede establecerse sanamente”. 

Aunque todos los expertos consultados para este reportaje coinciden que visibilizar y nombrar a los exiliados es una reparación, Diana considera que las leyes en Colombia deben dar los mismos beneficios a las víctimas de la guerra tanto para los que sufrieron desplazamientos internos, como al exterior, porque  “todos hemos sido víctimas”. 

Nada reparará a Diana que piensa que su hija se crió “acá solita” sin primos, tíos y abuelos, alejada de una vida familiar que merecía tener pero que le fue arrebatada por el conflicto. Aunque su hija nació en Ecuador “siempre me cuestiona por qué no estamos con nuestra familia” .También añora los pocos momentos familiares que ha podido tener cuando sus familiares han venido a visitarlas a Ecuador. Al igual que cientos de segundas y terceras generaciones que nacieron en el exilio, la hija de Diana, hoy de 16 años, exige saber qué pasó para conocer sus orígenes.

El informe dice que un regreso voluntario para los exiliados sería una forma de reparación, siempre que el Estado colombiano les de garantías de que sus vidas no correrán peligro. En 22 años de exilio,  Diana ha regresado solo dos veces a Colombia. La primera fue en 2007, cuando regularizó su estatus. “Volví a una reunión familiar que fue en  Cali, pero siempre tenía la zozobra de que algo podía pasarme”. La segunda vez que volvió, fue a su ciudad natal cuando murió su papá. 

Aunque estuvo en el lugar que tanto había añorado, su ciudad, tenía cuidado de no salir mucho. “Siempre tuve miedo que me pasara algo”. 

Este reportaje se realizó con el apoyo del Nodo Ecuador de la Comisión de la Verdad de Colombia y forma parte del proceso de socialización en Ecuador del Informe Final que se realiza con el apoyo del Programa SI Frontera de la GIZ (Cooperación Alemana en Ecuador).