Durante los 16 días del paro nacional las denuncias de represión a los manifestantes por las Fuerzas Armadas y Policía Nacional ha sido una constante. A las denuncias de algunas organizaciones de derechos humanos, se suma la del Comité de Derechos del Niño de la Organización de Naciones Unidas que dijo que militares y policías antidisturbios dispararon gases lacrimógenos y perdigones contra varios grupos de manifestantes indígenas entre los que había niños y adolescentes.
Este Comité aseguró que cuenta con información proveniente de “fuentes confiables” que han asegurado que en las protestas las autoridades han autorizado el uso “de munición potencialmente letal, como perdigones, para reprimir las protestas”. Además, dice que existen reportes de que menores de edad han sido expuestos a “los graves efectos secundarios causados por el uso indiscriminado y desproporcionado de gases lacrimógenos”, dice el comunicado. El Comité de los derechos del niño aseguró que le preocupa el “alto número de adolescentes lesionados”, que se han contabilizado hasta el momento, sin ofrecer más detalles.
Esta organización mencionó que le preocupa que niños estén “deambulando solos por la capital del país, sin protección y sin contacto con sus cuidadores o referentes familiares adultos, como consecuencia de las acciones represivas del Estado”.
Tras el comunicado del Comité, GK habló con Sara Oviedo, experta en derechos de niños y adolescentes. La experta explicó que el Comité de Derechos del Niño de la ONU, hizo este pronunciamiento porque le preocupa la “violencia que ha recaído directamente en los niños, niñas y adolescentes indígenas que acompañan a sus padres en las movilizaciones”. Y aclara que la represión ha sido “fuerte” de parte del gobierno y “que no ha respetado las Zonas de Paz” ubicadas en la avenida 12 de Octubre.
Oviedo enfatiza que la niñez tiene derecho a participar en las movilizaciones, porque “si participa puede hacer valer este y otros derechos que tienen”. También aclara que los niños son defensores de los derechos humanos y el Estado debe garantizar que sea una movilización pacífica, que no atente contra la integridad y seguridad de los menores. El Estado no debería reprimir las movilizaciones porque la niñez es más vulnerable en los contextos de manifestaciones a nivel físico y psicológico a corto y largo plazo. “El ambiente de incertidumbre y desorden que existe en una manifestación causa complicaciones a nivel emocional de forma inmediata”, asegura Oviedo.
La experta dijo que el gobierno de Guillermo Lasso debería establecer sitios seguros para menores de edad donde garantice la asistencia necesaria, servicios básicos y vida digna mientras están en Quito.
