Cada vez son más los sectores que buscan el fin del paro nacional. Esta vez representantes de 11 instituciones de educación superior, a través de un comunicado, hacen un llamado al diálogo en el noveno día del paro nacional. En el texto, los rectores universitarios piden que los “actores involucrados” busquen la salida de esta crisis “en el marco de la democracia”.

Además, los representantes se solidarizaron con Escuela Politécnica Nacional (EPN), con la Universidad de Cuenca y la Universidad Politécnica Salesiana por la “vulneración de su autonomía”. Esto luego de enfrentamientos de estos días entre manifestantes y policías en las proximidades de los campus de estas instituciones, así como de la presencia de la Policía en la EPN desde la noche del 20 de junio.

En su llamado al diálogo, las universidades piden que tanto el gobierno como la Asamblea Nacional “planteen salidas constitucionales, políticas y democráticas” a este momento de crisis en el país. Asimismo, el comunicado dice que las fuerzas políticas deben dar respuestas a las demandas de los sectores más golpeados y vulnerados.

El documento está firmado por los rectores de las siguientes universidades:

• Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE)

• Universidad de Cuenca

• Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO)

• Universidad de Santa Elena

• Universidad Técnica Equinoccial

• Universidad Nacional de Chimborazo

• Universidad de las Artes

• Universidad de Bolívar

• Escuela Politécnica Nacional

• Universidad Nacional de Educación

• Universidad Técnica de Babahoyo.

El llamado al diálogo del 20 de junio

Un día antes, representantes de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE), la Universidad Politécnica Salesiana (UPS) y la Cámara de Comercio de Quito (CCQ) llamaron al diálogo en el octavo día del paro nacional. En la misma reunión, la PUCE dijo que no acogerá a comunidades indígenas que lleguen a Quito, a diferencia de lo que sucedió en el paro de octubre de 2019. 

La mañana del 20 de junio de 2022, Carlos Loaiza, presidente de la CCQ, Fernando Ponce León, rector de la PUCE, y María Sol Villagómez, vicerrectora de la UPS, se reunieron en Quito para hablar sobre el paro. 

En una rueda de prensa, dijeron que creían que “la única herramienta posible para encontrar la solución es el diálogo”. Además, exhortaron a las partes a dejar de lado cualquier posición personal para buscar alternativas de acercamiento que hagan posible “construir una solución en el menor tiempo posible”.  

Condiciones para el diálogo, según las universidades

Para que el diálogo se pueda llevar a cabo “de manera inmediata”, los tres representantes plantearon “cuatro condiciones”. Estas son:

1. Pedirle a la Cruz Roja y a las Naciones Unidas que busquen espacios de acogida humanitaria que cumplan con las condiciones técnicas de salud y de seguridad que eviten enfrentamientos entre los ciudadanos.
2. Que se permita el ingreso de una delegación de los representantes de las comunidades indígenas y campesinas para el inicio del diálogo, ofreciéndoles las respectivas condiciones de seguridad. 
3. Poner a disposición del Gobierno y de los representantes del movimiento indígena un espacio en la PUCE para que se lleve adelante este diálogo y se concrete de la manera más efectiva y urgente. 
4. Invitar a la sociedad civil para que contribuya “con su apoyo, con insumos médicos y alimentos, en los espacios de acogida” que sean definidos por las Naciones Unidas y la Cruz Roja. 

Al ser cuestionados sobre cuándo debería llevarse a cabo este diálogo, los representantes respondieron que “si fuera posible, hoy mismo”. Sin embargo, hicieron énfasis en que esa no es su decisión y que eso lo tendrán que decidir el Gobierno y los indígenas y campesinos que están en paro. 

Los tres representantes dijeron que consideran que el diálogo es la mejor herramienta para evitar la violencia y pidieron al gobierno que establezca medidas concretas en el eje social. Según ellos, Ecuador “gana con la paz y la estabilidad democrática”. 

Las universidades, ¿albergues para los manifestantes?

En el paro de octubre de 2019, la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE) y la Universidad Politécnica Salesiana fueron espacios de acogida para cientos de manifestantes que habían llegado de otros lugares del país a protestar contra el gobierno del entonces presidente Lenín Moreno. 

La noche del 19 de junio de 2022, Leonidas Iza, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), pidió a las universidades que albergaran a los manifestantes que llegaran a Quito. 

Sin embargo, en el paro de 2022 algunas de las universidades proponen que esos espacios de acogida sean escogidos por la Cruz Roja y las Naciones Unidas. 

El rector de la PUCE, Fernando Ponce León, dijo en la rueda de prensa del 20 de junio que el Consejo Superior, que es el máximo organismo de la Universidad, “resolvió que no podemos acoger a las comunidades indígenas en estas circunstancias actuales”. Según Ponce León, “las condiciones son distintas” a las de 2019. El rector de la universidad aseguró que “hoy preferimos evitar una crisis humanitaria y no actuar cuando se está produciendo”. 

A las 5:30 de la tarde, después de varias horas de incertidumbre, la Universidad Salesiana finalmente anunció que sí abrirá las puertas de su campus El Girón para acoger a manifestantes que lleguen de otras provincias. En su cuenta de Twitter, la institución dijo que el campus será una “zona de paz y acogida humanitaria para mujeres, niños y adultos mayores de sectores indígenas” que estén en Quito. 

La universidad reiteró su posición de “hacer prevalecer el diálogo como el principal mecanismo para resolver los conflictos” actuales. 

La tarde del 20 de junio, la Universidad Central emitió un comunicado en el que anunció que ponía el Coliseo Universitario a disposición de la “población vulnerable (mujeres, niños y adultos mayores) de los pueblos indígenas que han llegado a Quito”. La Universidad también habilitará el Hospital del Día Universitario para “brindar atención médica” a quien requiera. 

Al igual que otras instituciones de educación superior, la Universidad Central dijo que “demanda el diálogo urgente entre los protagonistas del paro y el gobierno”. 

Ingreso policial a las universidades

Pasadas las 10 de la noche del 20 de junio, la Escuela Politécnica Nacional publicó un comunicado en su cuenta de Twitter en el que denuncia la “la irrupción inconstitucional e ilegal a sus predios, por parte de miembros de la Policía Nacional, quienes, con amenazas y mentiras, lograron amedrentar al personal de guardianía”.

En el comunicado, la universidad cita el artículo 355 de la Constitución y el 19 de Ley Orgánica de Educación Superior en el que establece que las universidades y escuelas politécnicas “sus recintos son inviolables, no podrán ser allanados, sino en los casos y términos en que pueda serlo el domicilio de una persona”. Por eso, dice la Politécnica en el comunicado, “exigimos el respeto a la autonomía universitaria y la inviolabilidad de sus predios”.

Este 21 de junio, la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE) denunció la incursión de policías en el campus de su sede matriz, en Quito. A través de un comunicado y un tuit, la PUCE también dijo que manifestantes atacaron sus instalaciones, entre ellas la puerta de ingreso al campus, en la avenida 12 de Octubre. 

“La PUCE hará una evaluación de los daños ocasionados y tomará las acciones correspondientes”, dijo la institución ante el ataque recibido.

El paro nacional, explicado brevemente

El paro nacional comenzó la madrugada del 13 de junio de 2022 por una convocatoria de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie). 

Organizaciones sociales e indígenas salieron a las calles de varias ciudades del país a protestar. Exigen que se cumplan 10 demandas principales, entre ellas el congelamiento del precio del petróleo, el mejoramiento del empleo y los derechos laborales, y precios justos en los productos del campo. 

En el primer día, las autoridades del gobierno insistieron en que la magnitud de las movilizaciones fue mucho menor que la que se había esperado. También dijeron que los incidentes —como los cierres de vías y aglomeraciones— se concentran en tres provincias: Pichincha, Cotopaxi y Pastaza.

El segundo día, la Policía arrestó al presidente de la Conaie, Leonidas Iza, y la violencia del paro aumentó. Además de la detención de Iza, que fue señalada como arbitraria por sus simpatizantes, a lo largo del día, hubo intentos de saqueos, presuntas agresiones de la Policía, e incluso policías y agentes penitenciarios retenidos. 

En el tercer día de paro, el Ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, dijo que “hoy ha sido un buen día”. Según Jiménez, en comparación al segundo día del paro, la “beligerancia de los grupos disminuyó”. Sin embargo, hubo varios incidentes en la plaza de Santo Domingo, en el Centro Histórico. Un equipo de GK que estuvo en el lugar dijo que un grupo de manifestantes derribó un semáforo y los policías respondieron con violencia. El equipo también vio a dos personas heridas con perdigones. 

En el cuarto día del paro, gremios de estudiantes, docentes, profesionales de la salud, colectivos feministas, y grupos de algunas comunidades indígenas continuaron en paro exigiendo que se cumplan las diez demandas planteadas por la Conaie. Ese día, el presidente Lasso llamó al diálogo y advirtió que “estamos listos para impedir que las movilizaciones se vuelvan más violentas”. Según Lasso, en caso de ser necesario se aplicará el uso progresivo de la fuerza. 

El quinto día del paro fue más violento. Además, hubo más vías cerradas y manifestaciones en el país. La tarde de ese día, un grupo de aproximadamente 700 personas llegó a la Plaza de Santo Domingo, en el centro histórico de la capital. 

La protesta era pacífica hasta que cerca de las  6:30 de la tarde, un grupo de manifestantes se empezó a enfrentar con policías. Un equipo de GK que estuvo en el lugar dijo que estos habrían comenzado porque un grupo de manifestantes les lanzaron ladrillos a los policías. La respuesta fue lanzar gas lacrimógeno. El equipo de GK dijo que la Policía habría lanzado al menos unas 15 bombas lacrimógenas, a pesar de que la mayoría de la gente se había dispersado con la tercera. 

La noche de ese día, el 17 de junio, el presidente Guillermo Lasso decretó estado de excepción en Pichincha, Imbabura y Cotopaxi como medida frente al paro nacional. 

El estado de excepción se decretó, según el documento, porque el paro ha alterado el orden público y ha provocado situaciones de “violencia manifiesta” que ponen en riesgo la “seguridad de los ciudadanos y amenazan el correcto funcionamiento de los sectores estratégicos vitales para la economía del país”.  

El pleno de la Asamblea Nacional se reunirá la tarde del lunes 20 de junio para tratar la revocatoria del estado de excepción. Se prevé que en esa misma sesión, el pleno resuelva convocar “de manera inmediata a los actores sociales y dirigentes de la Conaie movilizados”. El objetivo es que haya un diálogo entre el gobierno y la Conaie para llegar a acuerdos y ponerle fin al paro nacional.