José Esach es sigiloso como un jaguar. Habla despacio, en tono bajo y algo dulce, pero sus amigos lo respetan y sus adversarios le temen. En la provincia de Morona Santiago, en el sur de la Amazonía ecuatoriana, se ha creado un mito alrededor de este hombre corpulento y de 1,75 de estatura: que es bravo, que está armado hasta los dientes y que no teme apretar el gatillo. Nelly Wampash, su esposa, se ríe y aclara que el mito fue alimentado por familiares y amigos para ahuyentar a quienes buscaban una recompensa por capturarlo después de que la Fiscalía del Municipio de Gualaquiza señalara a Esach como uno de los más buscados por su participación en el caso Nankints, cuando en 2016 un grupo de indígenas shuar se tomó, en un acto de resistencia, el campamento del proyecto minero San Carlos Panantza, concesionado a la empresa china Explorcobres S.A. (EXSA). A pesar de que estos hechos sucedieron hace seis años, las amenazas en contra de su vida continúan.


Este reportaje fue publicado originalmente en Mongabay Latam


“Yo he sido hombre de la selva desde pequeño”, cuenta Esach desde su casa en una mañana de mayo de 2022. Su vivienda es una construcción de madera levantada en la comunidad Yaap, a 20 kilómetros de la frontera con Perú y donde el calor parece haber hallado refugio. Este es el poblado más oriental en Morona Santiago. Está a unas 12 horas en carro desde Quito y muy cerca del límite fronterizo. Esach, que cumplirá 46 años este mes, aprendió a cazar y a pescar desde su infancia, sabe hacer cerbatanas y lanzas, ha caminado por la cordillera del Kutukú y del Cóndor. Es un hombre “muy enraizado en las costumbres”, asegura su esposa.

Además, es el primer presidente del Comité de Defensa Territorial del Bosque Protector Kutukú Shaimi, creado el 17 de mayo de 2021. Este bosque ocupa 311 500 hectáreas en la cordillera Kutukú, un ramal de la cordillera de los Andes. “Estamos hablando de una de las zonas más biodiversas del Ecuador, uno de los hotspots de biodiversidad en el mundo”, dice Paola Maldonado, geógrafa de Fundación Aldea y parte del Consorcio Ticca en Ecuador, una organización no gubernamental que apoya a pueblos indígenas y comunidades locales. Aquí se han registrado 480 especies de aves, 51 especies de mamíferos, 81 especies de anfibios y 41 de reptiles. Por eso, el Estado ecuatoriano lo declaró bosque protector en 1990.

Nelly Wampash

Nelly Wampash, esposa de José Esach fue uno de sus principales apoyos durante los dos años de persecución. Fotografía de Armando Prado.

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Sin embargo, el mismo Estado ha delineado más de 50 concesiones mineras que se sobreponen al 58 % de la superficie del bosque, de acuerdo con datos de Carlos Mazabanda, coordinador del Programa Todos los Ojos en la Amazonía, una iniciativa que busca detener la deforestación y degradación del bosque amazónico mediante la defensa de los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades locales. Según dice, ninguna de estas concesiones cumplió con el mandato constitucional de la consulta previa, libre e informada. “Estas concesiones prevén el desarrollo de proyectos mineros a gran escala, al momento operados por la empresa minera Ecuasolidus S.A., subsidiaria de la canadiense Aurania Resources, que se encuentran en fase de exploración avanzada”, se lee en un informe de uso interno del programa. Los indígenas shuar crearon el Comité con el fin de contrarrestar el avance minero en el bosque que han conservado desde hace unos siete mil años. Esta es, precisamente, la principal bandera de lucha de José Esach.

José Esach, uno de los más buscados

En 2016, la resistencia antiminera convirtió a Esach en uno de los más buscados por la Fiscalía del Municipio de Gualaquiza, donde se encontraba la comunidad shuar Nankints, obligándolo a caminar sin comida y sin provisiones por varias semanas por los bosques de las cordilleras de Kutukú y del Cóndor. Después, tendría que vivir escondido en la selva durante dos años. Alejandra Yépez, coordinadora de Comunicación de la ONG Amazon Watch Ecuador, reconoce la fortaleza espiritual que tuvo Esach para afrontar esta persecución y también le da crédito a su esposa, que lo apoyó a pesar de que ella también fue perseguida.

Todo empezó así. El 11 de agosto de ese año, Nankints, una comunidad de 11 familias de indígenas shuar fue desalojada de manera violenta para dar paso a la minera de capital chino Explorcobres S.A. (EXSA). “En Nankints enterraron casas de familias, [las] desaparecieron, pasaron rodillo, y encima armaron campamentos, en este caso [para] la empresa”, cuenta Esach. Líderes shuar denunciaron el atropello en diferentes instancias, incluso ante la ONU, pero nadie ofreció solución alguna al drama social que vivían. “Me invitaron a hacer fuerza, analizar, dialogar, dar plazos para que se retiraran, pero nunca nos hicieron caso”, recuerda el líder quien, desde los 19 años, ha ocupado diferentes cargos dirigenciales a nivel comunitario y como parte de organizaciones de la sociedad civil. El 20 de noviembre de 2016, varias decenas de shuar tomaron el control de La Esperanza, el campamento de la empresa minera en Nankints. Sin embargo, en la madrugada, fueron sorprendidos por policías y militares que los expulsaron.

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“El campamento se encuentra en terrenos adquiridos por la compañía hace varios años, y sus actividades fueron recientemente reiniciadas, después que acciones legales de la compañía que tomaron varios años permitieron que las autoridades competentes ordenen legalmente el desalojo de invasores ilegales que se encontraban allí”, le dijo EXSA en ese momento a la agencia de noticias AFP través de un comunicado. No obstante, el pueblo shuar reclama la propiedad ancestral sobre esas tierras que, según dicen, han sido arrebatadas a través de diferentes procesos colonizadores como la Reforma Agraria de 1950.

El 14 de diciembre de ese mismo año, los shuar volvieron a La Esperanza, pero en esta ocasión se encontraron con decenas de policías y militares armados. “Ahí fue la peor parte. Se perdieron vidas”, dice Esach. En ese enfrentamiento murió un policía y ante el ataque de la fuerza pública, los shuar huyeron.

cascada Morona Santiago

Fuente de agua en el bosque amazónico de la provincia de Morona Santiago. Fotografía de Armando Prado.

Esach se lanzó al río Zamora con la ayuda de una cuerda que utilizó como arnés. “Las cosas se pusieron mal. El Gobierno [de Rafael Correa] declaró 60 días de Estado de Excepción y nos pusieron [entre] las personas más buscadas, teníamos recompensa [por la captura]”, relata.

En esa misma época, Esach fue llamado a declarar por la muerte del policía. “La curiosa actuación de la Fiscalía fue que no aparecían procesos abiertos en contra de personas determinadas, solo las llamaban a declarar”, explica Tarquino Cajamarca, exdefensor del Pueblo de Morona Santiago y ahora abogado de Esach. Es decir, cuando los llamados a declarar asistían, se usaba su declaración para abrir un proceso legal y pedir su detención.

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En total, se abrieron 31 expedientes por el caso Nankints pero, de acuerdo con Cajamarca, la Fiscalía no pudo recabar pruebas y los procesos fueron extinguiéndose. Actualmente queda un juicio activo por el caso, en el cual 11 personas, entre ellas el también líder shuar Luis Tiwiriam, fueron acusadas de ataque y resistencia. El abogado realizó los trámites para que los procesados reciban amnistías con el argumento de que sus acciones respondieron a una necesidad de resistir y rechazar las operaciones mineras sin consulta previa, pero las amnistías aún están a la espera de la decisión de un juez. José Esach cree que el riesgo que enfrenta no se extinguirá mientras las empresas mineras permanezcan en su territorio y mientras el Estado actúe defendiéndolas en perjuicio de su comunidad.

Un líder indígena shuar perseguido durante dos años

Después de que José Esach entrara a la lista de los más buscados, se adentró en la selva de la Cordillera del Cóndor. Caminó durante dos semanas por las montañas y cuenta que sobrevivió tomando el agua pura que nace de la cordillera. “Él por eso dice que el agua es vida. Tú puedes no comer, tú puedes no tener cama, pero si tienes agua, puedes vivir”, asegura su esposa Nelly Wampash. Luego de esos días de travesía llegó a la comunidad shuar Maikiuants, donde le ayudaron y le alimentaron, para luego seguir con su improvisado viaje.

En esa época, Nelly Wampash y Alejandro, el hijo de ambos que ahora tiene 12 años, vivían en Sevilla Don Bosco, una comunidad a las afueras de Macas, la capital de la provincia de Morona Santiago. Wampash, quien hace artesanías shuar, empezó a recibir visitas de personas que se hacían pasar por clientes y que preguntaban por su esposo. Ella trataba de actuar con calma, pero la tensión era cada vez mayor.

Esach fue criminalizado

En el 2021 José Esach fue criminalizado nuevamente por oponerse a la minería. Fotografía de Armando Prado.

Una noche, a finales de 2016, Esach llegó al bosque que está a unos 200 metros de esa casa para estar cerca de su familia. “Casi me muero yo, porque sentía que todos iban a enterarse, sentía que todos miraban, como si tuviera siempre una cámara siguiéndome”, cuenta la mujer. El líder se instaló en ese bosque bajo un plástico y durmió en una hamaca durante cuatro días. Wampash le dejaba comida solo en las noches y mantuvo el secreto hasta cuando Esach tuvo que partir de nuevo.

La última noche, Alejandro se acercó para despedirse de su papá, quien inició un largo camino, pero ahora atravesando la cordillera de Kutukú. “Mis hijos son la razón de mi lucha. Por ellos puedo dar la vida y por ellos me voy a ir de este mundo. Pero ellos se quedarán en nuestro territorio, sin ellos no hay existencia”, dice Esach quien tiene otros cinco hijos ya adultos.

Después de caminar cinco días selva adentro, el líder shuar llegó a Yaap, su comunidad natal y se mantuvo escondido durante dos años en una cabaña en medio del bosque. Durante ese tiempo Nelly Wampash vivió acoso y persecución por parte de quienes querían dar con el paradero de su esposo. Sin embargo, no dio el brazo a torcer porque temía que nunca más volvería a verlo, como pasó con la familia de José Tendetza. Este líder shuar fue asesinado en 2014 por luchar en contra de la minería en Tundayme, a 100 km en línea recta al sur de Yaap.

La persecución se fue adormeciendo paulatinamente. Tarquino Cajamarca explica que esto se debió a los cambios de gobierno. Según dice, cuando Rafael Correa dejó el poder, en mayo de 2017, la persecución en contra de los defensores ambientales disminuyó y también se redujo el resguardo policial y militar con el que contaba la empresa. Al mismo tiempo, si bien es cierto que EXSA retomó el poder del campamento, sus operaciones están paralizadas desde el 2016 debido a los enfrentamientos constantes con los habitantes del sector.

Ahora José Esach vive en el centro de Yaap, junto a su familia, y ha vuelto a ser un líder activo y visible. “Pero no estoy libre de los problemas territoriales, siempre hay intentos de [extactivismo]”, asegura.

José Esach con su familia

José Esach con su familia. Fotografía de Armando Prado.

La amenaza minera se acerca de nuevo

En enero de 2021 Esach fue nuevamente criminalizado, pero esta vez por expulsar, apoyado por su comunidad, a la empresa minera Ecuasólidus. Y es que, en febrero de 2017, el Gobierno de Rafael Correa entregó 42 licencias de exploración minera a esta empresa y nuevamente los shuar argumentan que esto ocurrió sin cumplir con el mandato constitucional de la consulta previa.

El proyecto Ciudades Perdidas – Cutucú de Ecuasólidus “consiste en un bloque contiguo de 42 licencias de exploración minera que se extienden de Norte a Sur a lo largo de 92 km, y de Este a Oeste a lo largo de más de 45 km en su extensión más amplia. Cada licencia abarca un área de entre 4869 y 4950 hectáreas. En total, las propiedades tienen una superficie de 20 764 hectáreas”, se lee en el reporte técnico publicado en la página web de Aurania Resources. El reporte indica que la exploración se enfoca en yacimientos de oro, plata, cobre, molibdeno y pórfidos —un tipo de roca usada en la construcción—.

En el bosque protector Kutukú Shaimi habitan unas 8000 personas organizadas en tres asociaciones shuar y conformadas por 22 comunidades. Una de ellas es Yaap, la comunidad de Esach. En 2018, luego de que se oficializaran las concesiones, llegaron representantes de la empresa para hacer estudios y para ganarse a los comuneros a través de regalos y promesas, insiste Esac. “Nos dimos cuenta de que estaban ganando adherencia de muchos elementos [miembros de la comunidad] nuestros. Nos vimos amenazados y nos organizamos. Para nosotros, el territorio es nuestra casa común, es nuestro hábitat, es lo que nos provee todo”, dice el líder.

Desde hace unos dos años las tres asociaciones shuar han realizado asambleas y reuniones en las que rechazaron la minería y determinaron acciones para evitar el ingreso del personal de la empresa y una de ellas es el control de las vías de acceso. Las asociaciones emitieron resoluciones prohibiendo el ingreso de la empresa, pero no todos en la comunidad cumplieron con los compromisos, cuenta Esach y agrega que estos documentos eran difundidos a través de las redes sociales para que los trabajadores de Ecuasólidus se informaran.

José Esach, al ser uno de los personajes más visibles de esta resistencia, fue acusado en enero de 2021, junto a otras 15 personas, de paralizar servicios públicos debido al cierre de vías.

“Hay un interés de doblegar la lucha y la resistencia a través de criminalizar a los más visibles”, afirma el abogado Tarquino Cajamarca. El fundamento de la amnistía que se tramita en este momento, explica, fue demostrar que existía persecución a ciertas personas en un contexto de resistencia colectiva, “violando el artículo 57 de la Constitución que manda la consulta previa, libre e informada en casos de explotación de recursos no renovables en territorios indígenas.

El 17 de mayo de 2021, finalmente la comunidad de Yaap expulsó a Ecuasolidus de su territorio. Una avioneta aterrizó en la pista de la comunidad Yaap con una representante de la empresa, dos técnicos y Mesías Nayap, representante del cantón Logroño, al que pertenece la comunidad shuar.

La comunidad convocó a autoridades provinciales, entre esos a la entonces gobernadora de la provincia, Adriana Jaramillo, con el fin de que Ecuasolidus no regresara. Jaramillo, según comenta Esach, firmó un compromiso, al igual que un representante de la empresa comercial de aviación que llegó con los pasajeros de la minera también, el cual se comprometió a no trasladar personal o implementos de la empresa hasta el lugar. “Esperemos que se respete, aunque eso no es suficiente porque ellos regresarán cuando terminen un estudio que tienen pendiente, según una versión que tenemos ahora”, dice el líder.

comunidad de Yaap

Al fondo se aprecia la comunidad de Yaap, donde vive el líder shuar José Esach. Fotografía de Armando Prado.

Desde ese episodio, la empresa no ha vuelto al territorio, pero de acuerdo con experiencias anteriores, el temor ahora responde a las posibles represalias. Ecuasolidus decidió no pronunciarse sobre el desencuentro entre sus empleados y los comuneros pero Aurania Resources Ltda. continuó informado, a través de sus redes sociales, sobre los hallazgos en Kutukú. “Aurania informa de que se ha descubierto un elevado nivel de #plata-zinc en un afloramiento de 2,7 kilómetros en el objetivo Tiria-Shimpia”, publicó en su cuenta de Twitter  el 21 de mayo de 2021, cuatro días después del incidente.

Además, hace pocos días, el 6 de mayo, Aurania Resources replicó un tuit del Ministerio de la Producción de Ecuador donde se indicaba que: “El ministro @pradojj y la viceministra @lorenakonanz recibieron a Keith Barron, director ejecutivo de Aurania Resources, geólogo con más de 38 años de experiencia, quien presentó sus intenciones de inversión en el sector minero”. Este tipo de mensajes son los que aumentan el temor de Esach y la comunidad de Yaap respecto a la insistencia de hacer minería en su territorio.

A pesar de que el caso por el cierre de vías ya está archivado y los implicados en el caso de Nankints también podrían recibir amnistías, las amenazas siguen latentes. “En cualquier momento las personas defensoras siempre van a tener esa persecución por el gobierno, por las empresas, por las autoridades que defienden a las empresas”, asegura el abogado Cajamarca.


Este reportaje fue publicado originalmente en Mongabay Latam

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Ana Cristina Alvarado
Ana Cristina Alvarado es investigadora y redactora sobre extractivismos en las provincias de Sucumbíos, Orellana y Napo.