Guadalupe Llori, presidenta de la Asamblea Nacional, dijo que “la crisis política en la Asamblea Nacional es responsabilidad de los 137 asambleístas”. Llori hizo estas declaraciones el 24 de mayo de 2022 durante el informe a la nación del primer año del gobierno de Guillermo Lasso. En su discurso, Llori habló de los avances de la Asamblea en este primer año y también criticó a sus compañeros asambleístas por la crisis de la institución.
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Llori dio el discurso en medio de múltiples cuestionamientos sobre su gestión como presidenta de la Asamblea. Actualmente, una comisión multipartidista está analizando su trabajo en el cargo y, si encuentra las evidencias necesarias, podría sugerir al pleno la remoción de Llori de la presidencia. Frente a las acusaciones, Llori ha solicitado recursos como medidas cautelares y demandas en contra de los asambleístas para impedir que se evalúe su gestión.
En su discurso del 24 de mayo, Llori dijo que “no podemos negar que la crisis política de nuestra Asamblea no es responsabilidad de una persona, tampoco se va a solucionar con la renuncia de una sola persona”. Al argumentar que la crisis es culpa de los 137 asambleístas, Llori dijo que se refería especialmente a aquellos que no dan quórum en las sesiones y “retrasan el trabajo de la Asamblea. Es a ellos a quienes debemos evaluar, investigar el verdadero trabajo que realizan”.
Pese a la crisis del Legislativo, dijo Llori, “nunca la Asamblea ha dejado de trabajar con responsabilidad, siempre con mucha responsabilidad”. Estos son algunos de los logros de la Asamblea en este primer año en el cargo, según Llori:
- El pleno de la Asamblea aprobó 28 proyectos de ley.
- 24 de esos 28 proyectos ya fueron publicados en el registro oficial.
- El Consejo de Administración Legislativa (CAL) calificó a trámite 169 proyectos de ley que fueron enviados a las comisiones especializadas permanentes correspondientes.
- Se fiscalizó y se censuró en juicios políticos a 5 autoridades de instituciones públicas que incumplieron sus funciones.
Llori dijo que esto se logró “pese a esta crisis política que ha querido empañar el verdadero trabajo responsable legislativo y fiscalizador de cada uno de los asambleístas de las comisiones permanentes, del CAL y de la presidenta de la Asamblea”.
La criticada Asamblea
Llori afirmó en varios puntos de su discurso que en este año se ha respetado la institucionalidad y el debido proceso. Sin embargo, en estos últimos 12 meses, hubo fuertes críticas a los procesos de la Asamblea que generaron confusión.
Uno de esos fue la aprobación por el ministerio de la ley de la reforma tributaria presentada por el gobierno.
Este proyecto de ley económico urgente fue aprobado tal y como lo envió el presidente Lasso porque la Asamblea no aprobó ninguna de las mociones presentadas antes de que se cumplieran los 30 días que tenía para tratarlo.
El pleno de la Asamblea en el debate de la ley de Reformas Tributarias. Fotografía tomada de la cuenta de Twitter de la Asamblea Nacional.
El veto presidencial al proyecto de ley de interrupción del embarazo en casos de violación también entró en vigencia por el minsiterio de la ley con las objeciones presentadas en el veto de Lasso. Eso pasó porque porque la Asamblea Nacional no emitió una resolución en los 30 días de plazo que tenía para hacerlo.
Dos días antes de que se cumpliera el plazo, hubo una sesión en el pleno. Después de menos de una hora, Llori suspendió la sesión entre gritos y cuestionamientos de sus compañeros.
En esa sesión solo se votó por una moción que pedía allanarse al veto presidencial y que no fue aprobada. Después de esa votación, Llori suspendió la sesión y les deseó un buen feriado de Semana Santa a los asambleístas.
Horas después, el asambleísta Alejandro Jaramillo —quien fue expulsado de Izquierda Democrática en marzo— dijo en su cuenta de Twitter que Llori ignoró una moción presentada por él.
Jaramillo publicó un oficio en el que dice que ingresó el pedido de moción para ratificar el texto de la ley que fue aprobado por la Asamblea.
Guadalupe Llori publicó un video en el que dice que el veto a ley de aborto por violación siguió el proceso constitucional. Fotografía tomada de la cuenta de Flickr de la Asamblea bajo licencia CC BY-SA 2.0.
Otras denuncias contra Guadalupe Llori
El pasado 10 de mayo, la bancada de Unión por la Esperanza (UNES) —representada por los asambleístas Fausto Jarrín y Viviana Veloz— presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado por supuesto peculado. Los asambleístas de UNES aducen que Llori ha utilizado bienes y servicios públicos “pretendiendo aferrarse al cargo” como presidenta de la Asamblea Nacional.
Jarrín dijo que el delito existiría porque Llori “ha utilizado funcionarios de la Asamblea para su propio beneficio”. Por eso también denunciaron por el mismo delito a Santiago Salazar, abogado de la Asamblea, quien habría ayudado a Llori usando recursos de la Asamblea.
El Código Orgánico Integral Penal (COIP) dice que el peculado lo cometen los servidores públicos que actúen en beneficio propio o de terceros, abusen, se apropien, distraigan o dispongan arbitrariamente de bienes muebles o inmuebles, dineros públicos o privados. Según el COIP, el peculado se sanciona con diez a tres años de prisión.
Dos días después, el 12 de mayo, el asambleísta de Pachakutik Bruno Segovia denunció ante la Comisión de Ética del Legislativo a su coidearia Guadalupe Llori por presunto tráfico de influencias. Segovia acusa a Llori —los dos asambleístas de Pachakutik— de haber gestionado cargos públicos en la provincia amazónica de Orellana, de la que Llori es oriunda.
Segovia aseguró que Guadalupe Llori le contó “que puso hasta el último teniente político” de Orellana. Por eso, dijo, en su denuncia el asambleísta incluyó una lista de los tenientes, políticos, intendentes, comisarios, directores distritales y otras autoridades “de los que conocemos y tenemos documentación” que probaría que fueron puestos en el cargo por Guadalupe Llori.
“Es vox populi en la provincia que ha puesto todo, que ella tiene el control absoluto en la provincia de Orellana. Si esto no es tráfico de influencias. qué podemos llamarle”, dijo Segovia a varios medios de comunicación que lo entrevistaron después de poner la denuncia ante la Comisión de Ética de la Asamblea.
El asambleísta de Pachakutik dijo que en su denuncia ante el comité de ética incluyó varios documentos que probarían sus acusaciones. Para reforzarlas, dijo, habló con personas de Orellana y tuvo la colaboración de varias personas, incluyendo a un exasambleísta que no identificó.
Con esos documentos, dijo Segovia, espera que la Comisión de Ética recomiende la destitución de Llori en su resolución “por incurrir en las prohibiciones que establece la Constitución y la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL)”. El artículo 163 de la LOFL dice que entre las prohibiciones que tienen los asambleístas está “gestionar nombramientos de cargos públicos”. La ley dice que quien cometa esta y cualquier otra de las prohibiciones “perderá la calidad de asambleísta”.
La crisis de la Asamblea, explicada
El pasado 26 de abril de 2022 se conformó una comisión multipartidista para evaluar la gestión de Llori. Si existen los argumentos suficientes, la comisión podría recomendar la destitución del cargo por incumplimiento de funciones de Llori, según la Ley Orgánica de la Función Legislativa.
La comisión se creó después de que el CAL aprobara a trámite una denuncia por presunto incumplimiento de funciones presentada por Esteban Torres —coordinador de bancada del Partido Social Cristiano (PSC).
Los enfrentamientos entre Llori y otros asambleístas continuaron después de eso. El 14 de abril, Guadalupe Llori presentó una acción de protección en contra de cinco de los siete miembros del CAL que votaron para calificar la denuncia del asambleísta Esteban Torres en su contra. Además de ella, la otra asambleísta que no fue incluida fue Nathaly Arias de CREO, quien se ausentó en la sesión del CAL en la que calificaron a trámite la denuncia contra Llori.
El 10 de mayo, una jueza rechazó la acción de protección contra los miembros del CAL. Llori dijo que presentará una apelación para que se respeten sus derechos que “han sido vulnerados”.
También, Llori denunció a los 93 asambleístas que aprobaron que se conforme la Comisión Multipartidista Ad hoc, el 26 de abril de 2022. Llori presentó la denuncia por una supuesta violación de las medidas cautelares que fueron interpuestas el 4 de abril —que pidió para impir que se incluya un cambio de orden del día y se cree la comisión para evaluar su gestión. Llori aduce en la denuncia que se habría cometido el delito de “incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente”.
El 6 de mayo la Fiscalía notificó que comenzó una investigación previa contra los 93 asambleístas a raíz de la denuncia de Llori.
