El Estado perdió la apelación que presentó la Procuraduría General (PGE) para evitar entregar los bienes de los hermanos Isaías que están en manos del Estado desde 2008, cuando la desaparecida Agencia de Garantía de Depósitos (AGD) se los confiscó.  Ahora, el Estado deberá devolver los bienes— que no hayan sido vendidos— a los hermanos Isaías, expropietarios de Filanbanco, una de las entidades financieras en la década de los 90 y que protagonizó el feriado bancario en 1999.

Esto llevó a los Isaías, el 22 de septiembre de 2022, a desistir de su demanda contra el Estado. Una demanda por la que pedían dos mil millones de dólares, por el perjuicio causado por la incautación de sus bienes y empresas.

Un poco antes, el 12 de septiembre de 2022,  través de una sentencia, la Corte Provincial de Justicia del Guayas negó la apelación presentada por el Estado —a través de la PGE, el Banco Central del Ecuador, la Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector Público (Inmobiliar), el Ministerio de Agricultura, y la Unidad de Gestión y Regularización de la Presidencia—  y confirmó lo sentenciado por el juez de instancia inferior, Johnny Lituma, de la Unidad Judicial Norte de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia. Este juez fundamentó su dictamen con base en una resolución del Comité de Derechos Humanos de la ONU, que es vinculante. Sin embargo, la Procuraduría menciona que la ONU había observado que la conducta ya imputada a los hermanos Isaías estaba tipificada en el Código Penal y que las incautaciones fueron legales. 

Para Ricardo Noboa, abogado de los hermanos William y Roberto Isaías que ha llevado la causa penal, el Estado ya no puede apelar esta sentencia y que se la debe ejecutar de inmediato, siguiendo el procedimiento del artículo 19 de la Ley de Garantías Jurisdiccionales. 

Sin embargo, en un comunicado de prensa, la Procuraduría General informó que “Ante esa resolución, la Procuraduría ejercerá su derecho de impugnación e interpondrá los recursos horizontales que correspondan. Además, planteará la acción extraordinaria de protección con el objeto de que se revise dicho fallo, emitido en uno de los varios procesos judiciales que involucran a los hermanos Isaías”.

El abogado Pablo Encalada coincide que esta sentencia es de última instancia, por lo que el Estado debe devolver los bienes de los hermanos Isaías. De todas maneras indica que el Estado puede ir a la Corte Constitucional a presentar alguna acción que impida la devolución, pero la sentencia está en firme. 

El dictamen afirma que las incautaciones fueron ilegales y anula ese proceso, por lo cual el Estado debe devolver lo que incautó y no vendió y hacer una valoración de los bienes que ya vendió y no se pueden restituir. 

Entre los bienes que el Estado debe devolver se encuentran terrenos, edificios y, quizás lo más emblemático, la infraestructura de los medios de comunicación TC Televisión y GamaTv —las frecuencias son propiedad del Estado—.

Noboa afirma que cabe el recurso de repetición contra los funcionarios del Estado que han actuado mal, desde el gobierno de Rafael Correa. Es decir que el Estado debería demandar a los funcionarios que actuaron mal en ese caso para que sean ellos quienes paguen los montos de devolución y reparación.

Según explica Encalada, los hermanos Isaías presentaron esta acción constitucional a nivel internacional porque la Asamblea Constituyente, el 9 de julio de 2008, violentó su derecho a la defensa, ya que estableció que ellos no podían apelar ni impugnar las incautaciones. 

Sobre el juicio penal, la Corte Nacional de Justicia, de manera sorpresiva, revocó la sentencia condenatoria por peculado que había sido emitida por el juez Wilson Merino el 10 de abril de 2012. El 19 de mayo de 2021, ratificó la inocencia de los Isaías al no encontrarse pruebas de la existencia del delito de peculado por uso de fondos públicos.  En 2008, la desaparecida AGD incautó los bienes de los hermanos Isaías. 

La demanda retirada por los Isaías

El retiro de la demanda de Roberto y William Isaías contra el Estado se justifica, de acuerdo a un escrito presentado en el Tribunal Contencioso del Guayas por los abogados de los Isaías, Ricardo Noboa Bejarano y Esteban Noboa Carrión, por la devolución de los bienes que ya fue sentenciada.

En el texto se lee que “a fin de evitar, al momento en que se liquiden los daños, una eventual duplicación de valores, es necesario esperar la liquidación exacta de los mismos a fin de volver a establecer, con exactitud, el monto de lo que corresponde al Estado por su responsabilidad objetiva si la hubiere”. Es decir, no se puede reclamar dos veces por lo mismo.

¿Qué pasó antes?

El 11 de mayo de 2022, un juez de la Unidad de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de Guayaquil ya ordenó la devolución de los bienes incautados, aquellos no vendidos, donados o transferidos. 

El magistrado aceptó la acción de protección interpuesta por el procurador de los hermanos Isaías, Jorge Zavala Egas. Esta acción comenzó como medida cautelar hace cuatro años, pero que —en mayo de 2022— culminó con la nulidad de la resolución que disponía el decomiso de sus propiedades, y por lo tanto, estos debían ser devueltos. Así lo informó la Procuraduría General del Estado el miércoles 11 de mayo de 2022.  

La Procuraduría buscó que se revierta el dictamen que beneficiaba, de nuevo, a los hermanos Isaías, en un tribunal de primera instancia.

📌#ATENCIÓN| Caso #Isaías: Procuraduría apeló el fallo de la justicia ecuatoriana que benefició a los hermanos Isaías en acción de medidas cautelares.

El comunicado ⬇️ pic.twitter.com/tRyTQT2D7j

— Procuraduría Ecuador (@PGEcuador) May 10, 2022

La denuncia de los hermanos Isaías contra el Estado ecuatoriano

Ecuador enfrenta una exorbitante demanda de 2 mil millones de dólares de los hermanos  William y Roberto Isaías Dassum, sentenciados en 2012 por el delito de peculado, pero absueltos definitivamente en 2021. Los hermanos argumentan que tienen derecho a esa reparación porque 3 juicios en su contra por presunta insolvencia fueron desestimados por jueces ecuatorianos. 

Los hermanos Isaías eran dueños de Filanbanco, uno de los bancos que quebró en la crisis de finales del siglo XX conocida como el feriado bancario. En su demanda, ellos alegaron que el daño nace de esos tres juicios de insolvencia que fueron iniciados en 2014 por el Estado contra William Isaías, Roberto Isaías y el último contra Juan Franco Porras, quien fue gerente de Filanbanco, durante la crisis. 

Durante 20 años, los Isaías se han encarnado en una larga batalla judicial contra el Estado, que incluyó procesos en el Ecuador y Estados Unidos. Ellos alegaban que había sido el Estado quien realmente había quebrado Filanbanco. En 2008, el gobierno del Ecuador incautó 195 empresas que pertenecían al grupo Isaías —entre ellas, los medios Gama TV y TC. 

Esa incautación recrudeció aún más la confrontación entre los Isaías y el Estado ecuatoriano.  La demanda que presentaron en marzo de este año fue el más reciente episodio de la disputa entre ambos. 

La millonaria demanda que presentaron es el más reciente episodio de la disputa entre ambos y es una acción de responsabilidad objetiva del Estado, un proceso legal que se inicia por acciones u omisiones de funcionarios públicos que ocasionen daños y perjuicios a una persona.

En los 3 juicios de insolvencia que fueron resueltos a su favor, aducen los Isaías, se hizo un balance contable para determinar si los bienes incautados en 2008 eran suficientes para cubrir el hueco patrimonial por el que quebró Filanbanco. Según sus ex dueños, se determinó que la incautación sumaba más del monto establecido: 663 millones de dólares.  

Ahora, los hermanos Isaías piden que se les devuelva lo que ellos consideran se incautó “en exceso”, además de la cartera de lo que históricamente se conoce como “el vuelto de Filanbanco”. Para comprender qué es ese vuelto, hay que recordar que Filanbanco pasó a manos del Estado en 1998 y paralizó sus operaciones definitivamente en 2001. Los hermanos Isaías aducen que entregaron el banco en saneamiento y no en liquidación. Es decir, que estaba en proceso de recuperación y no en proceso de cierre. 

Ese año, la empresa consultora Deloitte entregó un informe, citado por la Procuraduría General del Estado, al Superintendente Nacional de Instituciones Financieras en el que calculó pérdidas de los depositantes de cerca de 661,5 millones de dólares. 

El banco, ya en liquidación —es decir, ya cerrado y en manos del gobierno de ese entonces— continuó intentando cobrar las acreencias que tenía a su favor, mediante la Agencia de Garantía de Depósitos, un organismo (que ya no existe) creado para garantizar los depósitos del sistema bancario y administrar los patrimonios de los bancos quebrados. Los Isaías alegan que todo lo que el banco cobró después de su administración, debía contabilizarse e imputarse al monto total que el Estado consideraba ellos habían perdido. 

El Estado concluyó que los hermanos Isaías habían drenado los fondos del banco antes de su incautación. Se determinó la responsabilidad civil solidaria entre los hermanos Isaías, Juan Franco Porras, gerente general y representante legal, Gastón García González, auditor interno, Leonardo Navas Banchón y Antonio Arenas, contadores. Desde el 2000, los hermanos Isaías viven en Estados Unidos.

Pero, con los juicios de insolvencia resueltos en 2018, los hermanos Isaías creen tener derecho a una reparación de: 

• 1.548 millones de dólares por los activos incautados “en exceso” 
• 15 millones de dólares pagados en gastos y honorarios profesionales por el proceso comenzado en Estados Unidos
• El pago de los intereses producidos de los daños que se causaron a los hermanos Isaías desde el 8 de julio de 2008 hasta la fecha.