La justicia ecuatoriana continúa favoreciendo a los hermanos William y Roberto Isaías. Un juez de la Unidad de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de Guayaquil ordenó la devolución de los bienes incautados, aquellos no vendidos, donados o transferidos. 

El magistrado aceptó la acción de protección interpuesta por el procurador de los hermanos Isaías, Jorge Zavala Egas, que comenzó como medida cautelar hace cuatro años, pero que —en mayo de 2022— culminó con la nulidad de la resolución que disponía el decomiso de sus propiedades. Así lo informó la Procuraduría General del Estado hoy, miércoles 11 de mayo de 2022.  

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El juez, además, dispuso una reparación integral para los hermanos Isaías que el Tribunal Contencioso Administrativo deberá fijar. Asimismo, el juez declaró la nulidad del proceso de determinación de obligaciones civiles que se siguió en contra de los Isaías. Allí también están incluidas las resoluciones de la extinta Agencia de Garantía de Depósitos por las que se decidió la incautación de sus bienes, activos y acciones en 2008. 

La decisión del juez llega a un año del fallo favorable de un tribunal de la Corte Nacional de Justicia que, el 20 de mayo de 2022, restituyó el estado de inocencia de los hermanos Roberto y William Isaías Dassum, sentenciados en abril de 2012 por peculado.

¿Qué pasará ahora?

La Procuraduría busca que se revierta el nuevo dictamen que beneficia, de nuevo, a los hermanos Isaías, en un tribunal de primera instancia.

En un corto comunicado, la institución anunció que apeló a la decisión del juez de Guayaquil. Ahora, será la Corte Provincial de Justicia quien tendrá que conocer y resolver el recurso de apelación interpuesto por el Estado ecuatoriano. “Esta Procuraduría no cejará en la interposición de las acciones que correspondan en defensa de los derechos y el patrimonio del Estado ecuatoriano y sus ciudadanos”, escribió el organismo.

La denuncia de los hermanos Isaías contra el Estado ecuatoriano

Ecuador enfrenta una exorbitante demanda de 2 mil millones de dólares de los hermanos  William y Roberto Isaías Dassum, sentenciados en 2012 por el delito de peculado, pero absueltos definitivamente en 2021. Los hermanos argumentan que tienen derecho a esa reparación porque 3 juicios en su contra por presunta insolvencia fueron desestimados por jueces ecuatorianos. 

Los hermanos Isaías eran dueños de Filanbanco, uno de los bancos que quebró en la crisis de finales del siglo XX conocida como el feriado bancario. En su demanda, ellos alegaron que el daño nace de esos tres juicios de insolvencia que fueron iniciados en 2014 por el Estado contra William Isaías, Roberto Isaías y el último contra Juan Franco Porras, quien fue gerente de Filanbanco, durante la crisis. 

Durante 20 años, los Isaías se han encarnado en una larga batalla judicial contra el Estado, que incluyó procesos en el Ecuador y Estados Unidos. Ellos alegaban que había sido el Estado quien realmente había quebrado Filanbanco. En 2008, el gobierno del Ecuador incautó 195 empresas que pertenecían al grupo Isaías —entre ellas, los medios Gama TV, TC y El Telégrafo. 

Esa incautación recrudeció aún más la confrontación entre los Isaías y el Estado ecuatoriano.  La demanda que presentaron en marzo de este año fue el más reciente episodio de la disputa entre ambos. 

La millonaria demanda que presentaron es el más reciente episodio de la disputa entre ambos y es una acción de responsabilidad objetiva del Estado, un proceso legal que se inicia por acciones u omisiones de funcionarios públicos que ocasionen daños y perjuicios a una persona.

En los 3 juicios de insolvencia que fueron resueltos a su favor, aducen los Isaías, se hizo un balance contable para determinar si los bienes incautados en 2008 eran suficientes para cubrir el hueco patrimonial por el que quebró Filanbanco. Según sus ex dueños, se determinó que la incautación sumaba más del monto establecido: 663 millones de dólares.  

Ahora, los hermanos Isaías piden que se les devuelva lo que ellos consideran se incautó “en exceso”, además de la cartera de lo que históricamente se conoce como “el vuelto de Filanbanco”. Para comprender qué es ese vuelto, hay que recordar que Filanbanco pasó a manos del Estado en 1998 y paralizó sus operaciones definitivamente en 2001. Los hermanos Isaías aducen que entregaron el banco en saneamiento y no en liquidación. Es decir, que estaba en proceso de recuperación y no en proceso de cierre. 

Ese año, la empresa consultora Deloitte entregó un informe, citado por la Procuraduría General del Estado, al Superintendente Nacional de Instituciones Financieras en el que calculó pérdidas de los depositantes de cerca de 661,5 millones de dólares. 

El banco, ya en liquidación —es decir, ya cerrado y en manos del gobierno de ese entonces— continuó intentando cobrar las acreencias que tenía a su favor, mediante la Agencia de Garantía de Depósitos, un organismo (que ya no existe) creado para garantizar los depósitos del sistema bancario y administrar los patrimonios de los bancos quebrados. Los Isaías alegan que todo lo que el banco cobró después de su administración, debía contabilizarse e imputarse al monto total que el Estado consideraba ellos habían perdido. 

El Estado concluyó que los hermanos Isaías habían drenado los fondos del banco antes de su incautación. Se determinó la responsabilidad civil solidaria entre los hermanos Isaías, Juan Franco Porras, gerente general y representante legal, Gastón García González, auditor interno, Leonardo Navas Banchón y Antonio Arenas, contadores. Desde el 2000, los hermanos Isaías viven en Estados Unidos.

Pero, con los juicios de insolvencia resueltos en 2018, los hermanos Isaías creen tener derecho a una reparación de: 

  • 1.548 millones de dólares por los activos incautados “en exceso” 
  • 15 millones de dólares pagados en gastos y honorarios profesionales por el proceso comenzado en Estados Unidos
  • El pago de los intereses producidos de los daños que se causaron a los hermanos Isaías desde el 8 de julio de 2008 hasta la fecha. 
Karol E. Noroña
Quito, 1994. Periodista y cronista ecuatoriana. Cuenta historias sobre los derechos de las mujeres, los efectos de las redes de delincuencia organizada en el país, el sistema carcelario y cubre permanentemente la lucha de las familias que buscan sus desaparecidos en el país. Ha escrito en medios tradicionales e independientes, nacionales e internacionales. Segundo lugar del premio Periodistas por tus derechos 2021, de la Unión Europea en Ecuador. Coautora del libro 'Periferias: Crónicas del Ecuador invisible'. Forma parte de la organización Chicas Poderosas Ecuador.