La Corte Provincial de Justicia del Azuay negó categóricamente las declaraciones del general Pablo Ramírez, director del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI), quien aseguró que “las decisiones judiciales no permiten tener gobernanza en los centros de reclusión”.
Ramírez anunció que jueces habían concedido al menos 224 hábeas corpus a presos desde la prisión de Turi, en Cuenca, donde el 3 de abril murieron al menos 20 internos. El general dijo que 124 de ellos habían sido trasladados a la cárcel de Santo Domingo, el epicentro de la sexta masacre carcelaria que, según la versión oficial, dejó 44 personas asesinadas.
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El ministro del Interior, Patricio Carrillo, también cuestionó a la función judicial, sobre todo, al juez que dispuso el traslado de Freddy Anchundia, conocido como alias Anchundia, de la cárcel de máxima seguridad La Roca a la de Santo Domingo, el 28 de abril pasado.
En un comunicado, firmado por la presidenta Alexandra Vallejo Bazante, la Corte dijo que es “lógico el temor que las personas privadas de la libertad tienen a ser la próxima víctima y en algunos casos ya han sido amenazados”. Aquel miedo a ser asesinados en medio de las masacres carcelarias, es “real, inminente y objetivo, razón por la que se interponen hábeas corpus a su favor”, respondió la institución judicial.
El temor a ser asesinado fue el principal argumento de Freddy Anchundia en una acción de protección que interpuso en abril de este año. “Tengo miedo hasta de comer ya que pienso que me pueden envenenar. Por esa razón, me rehúso mucho a la comida y la pruebo antes de comerla. Sufro amenazas que si digo algo de lo que he detallado, subirían los maltratos hasta el punto de matarme y que parezca un suicidio”, declaró Anchundia, según consta en registros judiciales.
Anchundia dijo que era padre de familia, que incluso tiene una hija que es recién nacida y vive en Santo Domingo de los Tsáchilas. Luego de escuchar sus razones, Aquiles Dávila Gómez, juez de la Unidad Judicial Penal Sur con Competencia en Delitos Flagrantes de Guayaquil, dictó —como medida cautelar— su traspaso a la prisión de aquella provincia.
Los centenares de hábeas corpus otorgados, dijo la Corte, están sustentados en denuncias similares a las realizadas por Anchundia. Por eso, le recordó al general Ramírez que ese tipo de acciones son garantías constitucionales que, dentro de las cárceles, se aplica para garantizar la “integridad psíquica, moral y sexual, y su derecho a no ser torturados, tratados de forma inhumana, cruel y degradante”, escribió la entidad.
La Corte desbanca afirmación de general Ramírez
La Corte contradijo la afirmación de Pablo Ramírez. Aclaró que desde el 1 de abril hasta el 9 de mayo —día en el que estalló la sexta masacre carcelaria— ingresaron 123 acciones de hábeas corpus a la Unidad Judicial de Garantías Penitenciarias de Cuenca, conformada por tres magistrados.
Los jueces cumplen con al menos ocho audiencias diarias y, luego de tramitar las acciones, dispusieron el traslado de presos a estas cárceles:
- Machala: 4
- Cañar: 14
- Loja: 6
- Archidona: 2
- Lago Agrio: 12
- Tulcán: 6
- Ibarra: 4
- Macas: 6
- Latacunga: 1
“El SNAI es el único responsable de la crisis carcelaria”, dice la Corte
La jueza Alexandra Vallejo Bazante dice, en el comunicado, que tanto jueces como juezas “no dictamos leyes, las aplicamos. No garantizamos la seguridad al interior de los centros de rehabilitación, ni controlamos el ingreso de armas”, afirmó, señalando al SNAI cómo institución responsable de la violencia en los recintos carcelarios.
Recordó, además, que durante el trámite de acciones y recursos judiciales, es el SNAI quien tiene la carga de prueba y quien debería demostrar que la vida de los presos no está en riesgo. “Sin embargo, al llegar a las audiencias, los funcionarios [del SNAI] tienen un papel pasivo y su defensa es nula”, dijo.
La Corte también cuestionó que la institución que rige las cárceles ni siquiera “se interponen recursos de apelación” en la mayoría de los casos.
¿Qué es un hábeas corpus?
El hábeas corpus es una acción constitucional destinada a detener una detención ilegítima o proteger a la persona cuya vida corra peligro en la cárcel. Este último, fue el argumento que dio la defensa de Jorge Glas, ex vicepresidente del Ecuador que cumplía dos sentencias ejecutoriadas por casos de corrupción, y que salió en libertad el 10 de abril después de que un juez aceptó su hábeas corpus.
Lo mismo ocurrió con el polémico hábeas corpus que el ex juez Pedro Moreira otorgó a Junior Roldán, alias JR, uno de los líderes de Los Choneros, con su sub célula, Los Águilas. El 22 de abril pasado, Moreira dispuso el traslado domiciliario del líder delictivo, pero, luego de una ola de indignación, la Corte Provincial del Guayas finalmente revocó la medida.
¿Cuándo se puede solicitar un hábeas corpus?
La abogada constitucionalista Ximena Ron dijo a GK que el hábeas corpus “es la garantía constitucional más antigua que tenemos para proteger la libertad de una persona, su vida o su integridad”.
Se puede pedir en dos escenarios, explica Ron:
- Cuando se ha dado una detención ilegítima, arbitraria o ilegal. Ron explica que es:
- Ilegítima cuando lo hizo una autoridad que no es competente para hacerlo,
- Arbitraria, cuando es una decisión unilateral y no fundamentada por parte de quien la realiza, e
- Ilegal, cuando no cumple con lo establecido en la ley.
- Cuando una persona fue privada de la libertad de forma legal y legítima, pero está en riesgo su vida y su integridad. Ya sea por temas de salud, alimentación, violencia, entre otros.
