Otro personaje del correísmo busca su libertad. Esta vez se trata de María de los Ángeles Duarte, ex ministra de Transporte y Obras Públicas y ex ministra de Desarrollo Urbano y Vivienda.

La mañana de hoy, 18 de abril de 2022, el estudio jurídico belga Ius Cogens —que representa a Duarte— anunció que un grupo de organizaciones de derechos humanos pidió al gobierno argentino que le conceda el asilo político a María de los Ángeles Duarte. 

En abril de 2020, Duarte fue sentenciada por el delito de cohecho a 8 años en prisión por el caso Sobornos 2012-2016. Pero no está cumpliendo esa sentencia. Desde agosto de 2020, Duarte está como “huésped” en la embajada de Argentina en Quito.

¿Cuáles son las organizaciones?

Algunas de las organizaciones que presentaron la solicitud al gobierno argentino son:

• El Foro Noruego para la Democracia y los Derechos en Ecuador (NOFEC).

• El Colectivo Europeo de la Diversidad Ecuatoriana (CEDE) de España.

• Sociedad por los Derechos Humanos Amnistía e Igualdad de Oportunidades (GRACIA), de Alemania. 

El comunicado del estudio jurídico que defiende a María de los Ángeles Duarte dice que las organizaciones están profundamente preocupadas “por la delicada situación de la asilada y de su hijo menor, cuyo padre es argentino”. El comunicado no explica a qué situación delicada se refieren las organizaciones, sin embargo, se hace referencia a “las condiciones médicas del niño y su madre [María de los Ángeles Duarte]”. 

Debido a esas condiciones, dicen las organizaciones, están pidiendo de manera urgente al presidente de Argentina, Alberto Fernández, que le conceda el asilo a la ex ministra del gobierno de Rafael Correa. 

El actual gobierno argentino está encabezado por Alberto Fernández y Cristina Fernández, ex presidenta de ese país; ambos pertenecen a la hoy apaciguada ola de gobiernos socialistas de América Latina, que formó un frente regional en la primera década del siglo XXI, y del que Correa y su gobierno eran parte. 

¿Qué es el caso Sobornos 2012-2016?

El caso Sobornos salió a la luz en abril de 2019, después de que el portal digital Mil Hojas publicara una investigación que decía que varios exfuncionarios del gobierno de Rafael Correa estaban involucrados en negociar, gestionar y recaudar dinero de aportes voluntarios al movimiento Alianza PAIS. Parte de los aportes habrían venido de empresas privadas, entre las que estaba también Odebrecht. 

Menos de un mes después de la publicación de Mil Hojas, la Fiscalía abrió una investigación sobre el caso. Aunque primero se llamaba caso Arroz Verde, se lo cambió a Sobornos 2012-2016 porque ese es el periodo en el que habrían sucedido los hechos investigados. 

Un año después, en abril de 2020, un tribunal penal de la Corte Nacional de Justicia del Ecuador sentenció al expresidente Correa y otros funcionarios—incluyendo a María de los Ángeles Duarte— a ocho años de prisión por el delito de cohecho. 

El Código Orgánico Integral Penal (COIP) dice que este delito se comete cuando un funcionario público acepta o solicita algo a cambio de “hacer, omitir, o condicionar” actos dentro de sus funciones. 

Meses más tarde, en julio de 2020, la Corte Nacional de Justicia negó un recurso de apelación que fue interpuesto por los sentenciados. Esa sentencia no quedó en firme porque los procesados presentaron un recurso de casación. 

Sin embargo, meses después, en septiembre, un tribunal de la Corte ratificó la sentencia al negar el recurso de casación. Con esa ratificación, la sentencia quedó ejecutoriada. Duarte no cumple con esa sentencia porque entró a la embajada argentina antes de que esta estuviera ejecutoriada. Viviana Bonilla, otra ex funcionaria de alto rango tampoco cumple sentencia por ese mismo caso, pues salió del país antes de que pudiera ser detenida. Alexis Mera es el único funcionario de alto rango que está en prisión por ese caso.