Un consorcio español presuntamente habría pagado sobornos de al menos 1,2 millones de dólares a funcionarios ecuatorianos para asegurar un contrato de asesoramiento de la construcción del Metro de Quito. Así lo reveló una investigación publicada en el medio español El Confidencial el 5 de abril de 2022.
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Según la investigación, la Fiscalía Anticorrupción española “lleva meses” investigando el caso. Los fiscales citaron a nueve personas —incluyendo a empresarios que habrían participado en el pago de sobornos— para que rindan su versión.
GK se comunicó con la Fiscalía española para aclarar si entre los convocados estaban personas ecuatorianas y si se estaba trabajando con autoridades locales pero hasta el cierre de edición de este texto no hubo respuesta. Las autoridades de la Fiscalía ecuatoriana tampoco han confirmado si se tomarán acciones en el país, ni si ya hay una investigación abierta sobre el caso, tampoco respondieron al pedido de información de GK.
El Metro de Quito es un proyecto que comenzó en 2009 durante la administración del entonces alcalde de la ciudad, Augusto Barrera. La fecha de su funcionamiento se ha pospuesto en varias ocasiones. El 23 de enero de 2022, el actual alcalde Santiago Guarderas aseguró que la apertura del Metro de Quito está planeada para el último semestre de 2022.
El Metro de Quito no se ha pronunciado públicamente sobre la investigación. GK se contactó con la empresa pública para saber si habrá un pronunciamiento oficial y solicitar una entrevista con Efraín Bastidas, su gerente, u otro funcionario. Sin embargo, nos dijeron que la agenda de hoy estaba llena y que tal vez podríamos concretar una entrevista para mañana. Hasta el cierre de este texto, la entrevista no ha sido confirmada.
¿Qué dice la investigación sobre el Metro de Quito?
La investigación de las autoridades españolas, según El Confidencial, comenzó con denuncias presentadas por personas que habrían participado “de forma directa en lo sucedido”.
El medio español dice que Jesús Miguel Trababa, responsable máximo de Bustren, la compañía que lidera el consorcio en un inicio, estaría en el centro de la operación. Trababa fue consejero del Metro de Madrid entre 2003 y 2011 y, según El Confidencial, ahí conoció los planes del Municipio de Quito de construir el Metro en la ciudad. Incluso, dice, en ese periodo se reunió con Augusto Barrera, el alcalde de Quito con el que comenzó el proyecto del Metro de la capital ecuatoriana.
En 2013, dice la publicación, la Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito —encargada de coordinar el proceso de construcción y manejo del proyecto— hizo una licitación para contratar al gerente del proyecto porque se necesitaba expertos que supervisen la obra, incluyendo los planos y la ingeniería necesarios para ponerlo en marcha.
Por eso, dice El Confidencial, Jesús Trababa firmó un contrato con los responsables de otras dos empresas —Printec y KV Consultores— para formar el Consorcio GMQ y presentar una oferta a esa licitación.
El Confidencial dice que en cuando el consorcio estuvo conformado ya no estaba incluida Bursten, la empresa de Trababa, porque no “no cumplía los requisitos mínimos de antigüedad”. Sin embargo, el medio asegura que en un contrato privado “quedó reflejado que la empresa de Trababa acumularía la participación principal, con un 80%, mientras que las otras dos disfrutarían de un 10% cada una”.
Sin embargo, en los documentos que constan la Superintendencia de Compañías ecuatoriana sobre la constitución del consorcio, no consta el nombre de Trababa ni de la empresa Bustren, pero sí se menciona a Printec y KV Consultores.
El Sistema Oficial de Contratación Pública de Ecuador dice que en junio de 2013 se le dio el contrato de asesoría en la construcción del Metro de Quito a la empresa KV Consultores —una de las empresas que conforma el consorcio— por un total de 15 millones de dólares.
Luis Rodríguez Sol, fiscal encargado de la investigación de este caso en España. le dijo a El Confidencial que el Consorcio GMQ influyó con presuntos sobornos “incluso en la fase previa de la licitación”. Rodríguez dijo que “hasta tal punto estaba todo pactado que los miembros de la comisión técnica de Quito fueron indicando cómo debía ser la oferta para que tuviera éxito”.
La investigación publicada por El Confidencial la mañana de hoy dice que según las confesiones de algunos participantes, los sobornos serían de al menos 1,2 millones de dólares que se camuflaron con pagos a otras empresas por presunta prestación de servicios. Asegura que los pagos se dividieron en partes más pequeñas para que pasen desapercibidos.
Según la investigación, hubo un abono inicial de 300 mil dólares y de ahí 24 pagos de 35 mil dólares cada uno. Uno de los beneficiarios de esos pagos, dice El Confidencial, habría sido uno de los hijos de Gonzalo Alonso Martínez, cónsul honorario de Ecuador en Madrid. GK se contactó con Alonso a través de correo electrónico, pero hasta el cierre de edición de esta nota no hubo respuesta.
