Íñigo Salvador, procurador General del Estado, enfrenta un pedido de juicio político en su contra por presunto incumplimiento de funciones. 

Después de que no hubo los votos suficientes en la Comisión de Fiscalización para avocar conocimiento de la solicitud, el proceso será enviado al pleno de la Asamblea para que decidan si el juicio avanza o no. 

Esta es una breve explicación del pedido de juicio político contra el Procurador General del Estado. 

¿Por qué se presentó el pedido de juicio político?

El pedido de juicio político contra Salvador fue presentado por el asambleísta Ferdinan Álvarez, en representación del movimiento Unión por la Esperanza (UNES) el 4 de octubre de 2021. 

Al presentar la solicitud, Álvarez dijo que el pedido lo hacía por dos demandas presentadas en contra del Estado ecuatoriano por multas que debe pagar el Estado a empresas internacionales, entre esas a la empresa petrolera Perenco. 

Según un comunicado de la Asamblea de octubre del año pasado, Álvarez dijo que eso ha “repercutido negativamente en la disponibilidad de recursos que pudieron servir para construir escuelas, hospitales y generar empleo”. 

Un ejemplo de eso, según el asambleísta era que el procurador Íñigo Salvador remitió cartas al ex presidente Lenín Moreno para pagar anticipadamente la deuda externa “en lugar de atender a miles de familias cuyos miembros morían por causa del covid-19”. Ese, aseguró, era otro de los motivos para solicitar el juicio político por incumplimiento de funciones. 

Otra de las razones para el pedido del juicio político, según Álvarez, era que el Procurador General del Estado “utiliza su cargo para presionar en un concurso de méritos y oposición para designar a una autoridad de su interés”, pero no dio más detalles sobre a qué se refería.

El atropellado tratamiento del pedido en la Asamblea

El pedido del juicio político contra Salvador fue calificado a trámite por el Consejo de Administración Legislativa (CAL) en noviembre de 2021. 

La solicitud fue enviada a la Comisión de Fiscalización y Control Político para que continúe con el trámite, como lo establece la Ley Orgánica de la Función Legislativa. 

El 17 de marzo de 2022 el proponente del juicio, el asambleísta Ferdinan Álvarez, anunció que quería desistir del pedido de juicio político, pese a que ya había sido calificado a trámite por el CAL y enviado a la Comisión de Fiscalización. 

Según Álvarez, tomó esa decisión para que se priorice el juicio político contra los vocales de la nueva mayoría del Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS) que decidieron remover a la Presidenta y Vicepresidente de la institución en febrero de este año. 

Sin embargo, la Comisión de Fiscalización consideró que no tiene la potestad de que se retire un proceso que ya fue admitido a trámite por el CAL. Fernando Villavicencio, presidente de la Comisión, pidió a la Presidencia de la Asamblea un criterio jurídico sobre el pedido de Álvarez de retirar la solicitud de juicio político contra Íñigo Salvador. “El juicio político no debe ser utilizado como un instrumento politiquero de desestabilización”, argumentó Villavicencio en su cuenta de Twitter.

Íñigo Salvador pidió a la Comisión de Fiscalización que archive el proceso. Según el comunicado de la Asamblea de ayer, Salvador envió una carta a la Comisión haciendo ese pedido “más aún luego que el interpelante decidiera el retiro de su pedido de juicio político”. En esa carta, Salvador también cuestionó la calificación del pedido porque las firmas de respaldo se habrían presentado tarde. 

Además, el Procurador dijo que algunas pruebas carecen de validez jurídica. Una de esas, según Salvador, es un oficio de carácter reservado que el asambleísta difundió. En enero de 2022, Salvador denunció a Álvarez en la Fiscalía por el presunto delito de difusión de información de circulación restringida. Según un comunicado de la Procuraduría, en el pedido de juicio político, Álvarez difundió un oficio reservado que fue remitido por Salvador al presidente Guillermo Lasso sobre la ejecución del laudo en el caso Perenco. 

El 21 de marzo de 2022, la Comisión de Fiscalización se reunió para avocar conocimiento del pedido de juicio político contra Salvador. Sin embargo, la moción para hacerlo no obtuvo los votos suficientes para avocar conocimiento. Por eso, Fernando Villavicencio, presidente de la Comisión, decidió que el expediente del pedido se envíe a Guadalupe Llori, presidenta de la Asamblea Nacional, para que lo incluya en la agenda del pleno y se tome una decisión. 

Un comunicado de la Asamblea del 21 de marzo  dice que la resolución de ayer “se enmarca” en lo establecido en el artículo 142 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Esa parte de la ley dice que “si en las comisiones especializadas permanentes y ocasionales no se alcanza la votación requerida en el trámite de proyectos de ley y procedimientos de fiscalización, fenecido el plazo de ley, estos pasarán a conocimiento del Pleno de la Asamblea Nacional para la correspondiente resolución”. 

Sin embargo, Libia Rivas, presidenta del Instituto Ecuatoriano de Estudios Legislativos y exsecretaria de la Asamblea Nacional, dice que el artículo 142 hace referencia a los informes en los procesos de juicio político dentro de las comisiones especializadas, como la de Fiscalización. En este caso, el informe todavía no se ha hecho en la Comisión porque recién se iba a avocar conocimiento del pedido. 

Rivas asegura que no hay un artículo en la Ley Orgánica de la Función Legislativa que habilite a que se envíe al pleno una moción que no fue aprobada en una de las comisiones. “Las mociones o se aprueban o no se aprueban, o se obtienen o no los votos”, dice Rivas. Por eso, asegura, todavía no se sabe qué decidirá el pleno sobre el pedido de Villavicencio ni cómo lo va a interpretar.