2022 es un parteaguas para el mayor tribunal del Ecuador, la Corte Constitucional. Tras semanas de evaluaciones, impugnaciones, exámenes escritos y comparecencias orales, en los próximos días, se sabrá los nombres oficiales de los tres nuevos jueces que la integrarán. El proceso de renovación de la Corte Constitucional ha estado marcado por los escollos que soportó, y estuvo tapizado de  renuncias, críticas, y polémicas. 

Ahora, a pocas horas del sorteo que decidirá qué jueces permanecen en el alto tribunal, la Corte encontró tres altos perfiles que completarán el pleno de 9 magistrados: Alejandra Cárdenas, Jhoel Escudero y Richard Ortiz. “Son brillantes y excelentes profesionales”, dice Mauricio Alarcón, director ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, una organización que promueve la democracia y transparencia. Efrén Guerrero, abogado constitucionalista, coincide. “Son abogados muy solventes, muy serios”, dice Guerrero. Sin embargo, dice Alarcón, no por eso se puede pasar por alto que el concurso fue cuestionado. “Ha dejado mucho que desear”, dice Mauricio Alarcón. Incluso, afirma, hubo candidatos que no estaban adecuadamente calificados para el concurso. 

Es verdad que en ciertos momentos el concurso parecía a la deriva, revelando las tensiones —e intereses— que hay sobre una Corte que desde que se posesionó, en 2019, ha dado importantes fallos y ha logrado una imagen institucional de independencia y solvencia jurídica. 

La renovación de los jueces constitucionales

La Corte Constitucional está integrada por nueve jueces que deben cumplir sus funciones durante nueve años. 

Sin embargo, cada tres, un tercio de sus integrantes —es decir tres jueces— deben ser reemplazados. Esta renovación parcial es una norma que fue establecida en la Constitución del 2008 y que se ha cumplido desde entonces. El 2022 era, por ley, un año de renovación. 

La Constitución dice que para la renovación parcial de los jueces de la Corte se debe hacer un concurso público que será liderado por una Comisión Calificadora. La Comisión tiene seis integrantes que son delegados de la Función Ejecutiva (el Presidente), la Función Legislativa (la Asamblea), y la Función de Transparencia y Control Social. Hay dos delegados por cada función y su trabajo será seleccionar a los nuevos jueces constitucionales. 

En el concurso público deben participar nueve candidatos que son propuestos por la Función Ejecutiva, Legislativa y de Transparencia y Control Social. Cada función debe proponer tres, pero no se puede postular a cualquier persona. 

Los candidatos deben cumplir varios requisitos. En primer lugar, deben ser ecuatorianos y tener todos sus derechos de participación política. Pero además, deben tener un título de tercer nivel en derecho, haber ejercido el derecho al menos 10 años, y deben también demostrar probidad y ética.

Además, el concurso tendrá un veedor oficial y los ciudadanos pueden presentar impugnaciones contra cualquiera de los candidatos para asegurar que sea un proceso transparente y participativo. 

El concurso desierto

A finales de agosto de 2021, se posesionó oficialmente a los seis integrantes de la Comisión Calificadora del concurso. Eran Édgar Neira y Dunia Martínez, delegados del Ejecutivo, Luis Fernández y Medardo Oleas, delegados del Legislativo, y Vanessa Aguirre y Rafael Oyarte, de la Función de Transparencia y Control Social.

Con la Comisión ya posesionada, se abrió la convocatoria para el concurso y los primeros días de octubre, las funciones Legislativa, Ejecutiva y de Transparencia escogieron a sus candidatos. 

El Ejecutivo propuso como candidatos a los abogados Andres Martínez Moscoso, Bárbara Terán y Jhoel Escudero Soliz. 

La Asamblea Nacional postuló a Milton Velásquez, Pamela Aguirre y Luis Sarango. 

La Función de Transparencia y Control Social envió una terna conformada por Jorge Benavides Ordóñez, Mauricio Guim Alfago y María Fernanda Álvarez.

Pero no pasó mucho tiempo hasta que las ternas fueron rechazadas. El 18 de octubre, la Comisión Calificadora declaró desierto el concurso. Según los miembros de la comisión, las ternas enviadas no cumplían con los requisitos establecidos por la Constitución. En estricto sentido, no lo declararon desierto”, dice Alarcón Salvador. Explica que para hacerlo, ninguno de los nueve candidatos debía haber cumplido los parámetros. Eso habría significado que las funciones nominadoras elijan candidatos completamente nuevos.

No fue así. 

Tres de los nueve candidatos iniciales —Jhoel Escudero, Bárbara Terán y Luis Sarango— fueron propuestos una segunda vez, sin ningún problema. En la segunda postulación, la Comisión Calificadora dijo que Bárbara Terán y Jhoel Escudero cumplían “con los requisitos formales de acceso al cargo”. Luis Sarango tuvo que subsanar su candidatura y presentar documentación adicional. Pero finalmente su candidatura fue aceptada. 

Perfiles insuficientes

Después, las tres funciones del Estado presentaron nuevas ternas.

El Ejecutivo volvió a postular a Bárbara Terán y Jhoel Escudero, y como nuevo candidato presentó al abogado Richard Ortiz. La Función de Transparencia postuló a Mauricio Guim, Cárlos Vásquez y  María Fernanda Álvarez. La Asamblea a Alejandra Cárdenas, Salim Zaidán y, de nuevo, a Luis Sarango. 

De los nueve candidatos postulados, esta vez solo dos no cumplieron con los requisitos: María Fernanda Álvarez y Mauricio Guim. Los dos candidatos de la Función de Transparencia fueron reemplazados por los abogados Ana Donoso y Jorge Sosa, cuyas candidaturas sí fueron aceptadas. 

Pero que los candidatos hayan cumplido con los requisitos iniciales no significa que todos eran “candidatos ganadores”, asegura Mauricio Alarcón asegura. Ese, para él, es un requisito fundamental para ser juez del máximo tribunal del Ecuador. 

En la etapa de valoración de méritos, solo dos candidatos alcanzaron el máximo de 20 puntos establecido por la Comisión Calificadora. Ellos fueron Ana Donoso y Jhoel Escudero. 

La etapa del examen escrito fue la que peores calificaciones tuvo. Ninguno de los postulantes alcanzó la nota perfecta de 40. Además, según la publicación de puntajes presentados por la Función de Transparencia y Control Social en su página web, hubo candidatos que no alcanzaron ni siquiera la mitad. La publicación no tiene nombres, pero hay, por ejemplo, puntajes de 8, 10 y 15 sobre 40. 

En la prueba o comparecencia oral, sucedió algo parecido. Ningún candidato obtuvo 40 puntos, pero al menos esta vez todas las calificaciones estuvieron sobre los 25. Después de que el concurso pasó por todas las etapas, los tres ganadores del concurso fueron Cárdenas, Escudero y Ortiz. 

Alarcón dice que en un concurso sí pueden haber notas bajas, pero que “hay una gran responsabilidad” por parte de los nominadores, o sea —las tres funciones del Estado— de presentar candidatos fuertes. “Parece algunos nombres se presentaron por presentar”, dice. “Ahí se comete el error de creer que este asunto es de mero trámite y no se le da la importancia que le corresponde”. 

Alarcón, quien ha seguido el concurso de cerca, dice que “hay fallas definitivas” de las tres funciones del Estado nominadoras —Legislativa, Ejecutiva y de Transparencia y Control Social— al no escoger bien a los candidatos. Según él, este proceso demuestra que no se revisó bien los antecedentes de los postulantes para ver si cumplían o no con los mínimos de integridad, trayectoria y transparencia que se necesitan para ir a la Corte Constitucional. 

Es cierto que las funciones del Estado deben hacer un mejor trabajo al elegir terna, pero no son las únicas responsables de que los candidatos no estén lo suficientemente preparados. La abogada constitucionalista Ximena Ron dice que hay una corresponsabilidad. Esto significa, según ella, que si una persona sabe que no cumple con los requisitos o que no tiene la experiencia que se necesita para ser un juez constitucional, debería declinar la nominación. 

Impugnaciones y cuestionamientos 

Algunos de los candidatos no solo no alcanzaron los puntajes mínimos en las pruebas que califican su preparación, sino que fueron cuestionados por su trayectoria profesional personal. 

El concurso de renovación parcial de jueces constitucionales tiene una fase de impugnaciones ciudadanas. En ella, se presentaron contra tres de los nueve candidatos.

La primera fue contra Jorge Sosa. La activista por los derechos de las mujeres Natalia Roca dijo que Sosa no cumplía con el requisito de no pertenecer a una organización política. Sosa habría sido militante del partido de Dalo Bucaram, Fuerza Ecuador (FE). Además, aunque no estuvo en la impugnación, la candidatura de Sosa fue cuestionada porque habría pruebas de que formó parte del equipo jurídico de alias Gerald, quien llegó a ser el más poderoso narcotraficante ecuatoriano. 

Otra impugnación fue contra Bárbara Terán. La abogada Rocío Delgado Vásconez impugnó la candidatura de Terán por supuesta “falta de probidad e idoneidad”. Según Delgado, Terán faltó a sus deberes en algunos trámites que patrocinaba. No se especificó cuáles. Terán es conocida porque en diciembre de 2020, publicó una columna de opinión en el portal 4Pelagatos en la que cuestionaba lo que llamó “privilegios” de las mujeres en Ecuador, como la licencia de maternidad, que según ella, no deberían tener. 

Finalmente, contra Salim Zaidán, candidato de la Asamblea Nacional, se presentaron no una sino dos impugnaciones. Una, la presentó la abogada constitucionalista Sylvia Bonilla porque, según ella, Zaidán no tenía lo que llamó “ética pluralista” y había hecho declaraciones en descrédito del movimiento feminista. La segunda la presentó la abogada María Gracias Espinosa. Según Espinosa, en 2013, Zaidán habría ejercido violencia psicológica contra una de sus compañeras y además no cumplió con las medidas de reparación que le impusieron. 

Zaidan le dijo a GK que las impugnaciones se hicieron por acusaciones —a las que describió como “sin sustentos”— hechas con la “intención de obstruir vínculos parentales” para impedir que se relacione con su hija. Por eso, dijo, “no merecían ni una respuesta para ser parte de un show en el que buscaban desacreditarme”.

Zaidán renunció antes de que la Comisión Calificadora pudiera aceptar o rechazar las impugnaciones en su contra. Sin embargo, Zaidán le dijo a GK que las impugnaciones no fueron su principal motivo para renunciar. Según él, “veía como un desgaste innecesario que participara en un concurso que ya tenía ganadores”, haciendo referencia a las presuntas relaciones de amistad entre funcionarios del gobierno y miembros de la comisión calificadora y entre comisionados y candidatos.

 Las impugnaciones contra Terán y Sosa sí fueron rechazadas y el proceso siguió adelante con ocho candidatos. 

Otras renuncias

Salim Zaidán no fue el primer involucrado en salir del concurso. El 29 de noviembre de 2021, Rafael Oyarte, secretario de la Comisión Calificadora, dimitió. 

En una, dijo que  su salida tenía múltiples razones. Una de ellas era que la “actuación de las funciones del Estado encargadas de proponer los candidatos, no ha sido en lo absoluto, coherente con ese deber”. Según Oyarte, varios de los candidatos incumplían los requisitos para participar en el concurso. Oyarte no fue reemplazado. La Comisión Calificadora se quedó con tan solo cinco miembros. 

Un mes después de la salida de Oyarte, Zaidán renunció. Al igual que Oyarte, Zaidán se refirió a la falta de aptitud y preparación de los candidatos. En una carta dijo que las funciones del Estado presentaron candidatos “que no cumplían el más elemental requisito de la experiencia profesional”. Además, dijo que le preocupaba la forma en la que se había llevado a cabo el concurso y la escasa cobertura mediática que había tenido.

Zaidán dijo también que Luis Fernández, uno de los miembros de la Comisión Calificadora, era pariente de una de las personas involucradas en una impugnación. Dijo, además, que en una de las impugnaciones se había involucrado a su hija, y que no permitiría tal cosa. 

Las renuncias continuaron. La siguiente fue la de la candidata del Ejecutivo, Bárbara Terán. El 17 de enero de 2022, Terán se retiró del concurso porque dio positivo para covid-19. La candidata habría presentado su renuncia directamente a la Presidencia de la República tan solo tres días antes de rendir el examen escrito. 

Después de Terán, renunciaron dos candidatos más: Carlos Vásquez y Jorge Sosa. 

Vásquez renunció el 25 de enero, justo antes de su comparecencia oral —y evaluación final del concurso.  “Encontré que el concurso estaba viciado de nulidades, lleno de irregularidades y cosas sorprendentes”, dijo Vásquez a los medios de comunicación. No especificó a qué se refería. Lo que sí citó como un motivo para salir es que no hubo un banco de preguntas para el examen escrito. 

Tan solo un día después, el 26 de enero, renunció Jorge Sosa, otro de los candidatos impugnados. Tres días antes, él había presentado una recusación contra Vanesa Aguirre y Dunia Martínez, de la Comisión Calificadora. Además pidió que se aplace su comparecencia oral. La recusación fue negada, pero sí se aceptó postergar su aparición. Ese día, sin embargo, dimitió. Según Sosa, las condiciones“no están ya para yo poder seguir en este concurso”. 

Al igual que Vásquez, Sosa también se quejó del examen escrito. Por descarte y de acuerdo a la publicación final de las calificaciones obtenidas por los cinco candidatos restantes, Vásquez  y Sosa fueron los dueños de las notas más bajas en el examen escrito: 8 y 10. 

Con todos esos cambios, a la etapa final llegaron solo 5 candidatos. Efrén Guerrero dice que “los frecuentes abandonos generaron una situación generalizada de desconfianza al concurso”, pero que eso no cambia que los tres candidatos sean “importantes para un recambio en la Corte”.

Lo que vendrá ahora

Todo dependerá de lo que pase en unas horas cuando los 3 jueces a los que los nuevos magistrados reemplazarán se escojan por sorteo, como lo dice la legislación, hoy a las 11 de la mañana. Esa salida “va a cambiar el equilibrio de fuerzas entre un grupo de perfil más conservador y aquel que tiene un perfil mucho más liberal, por poner dos palabras incompletas para analizar la riqueza de pensamiento que tiene la actual formación de la Corte”, dice Guerrero.

Según Guerrero, una vez que se sepa cómo se construye la nueva corte se tendrá que analizar la calidad de los fallos y hacer conjeturas sobre “cómo se comportará en función de los retos se vienen”. 

Guerrero dice que en los próximos tres años, hasta el próximo proceso de renovación, los jueces constitucionales tendrán que tomar decisiones sobre los derechos sociales, interpretarán cosas que pasen con la ley de interrupción del embarazo en casos de violación y el ejercicio de derechos ciudadanos. Habrán muchos casos, dice Guerrero, relativos a la privacidad, defensa de datos personales, protección de datos personales y el futuro del sistema carcelario.  

Una de las candidatas que no renunció, Ana Donoso, dijo en una entrevista que el proceso fue transparente. “No tengo ninguna duda de que los comisionados están realizando una tarea cívica importante para el país”, dijo Donoso. Ella anunció que pediría una revisión de su examen escrito porque hay respuestas que podrían verse desde otra perspectiva que difiere de las evaluaciones de la Comisión. Pero aseguró que no había notado irregularidades. 

Por otro lado, Fernando Bastias, secretario de la veeduría ciudadana del proceso, aseguró que durante todo el concurso solo se ha presentado una denuncia ante los veedores. Es la de Carlos Vásquez, que la veeduría no ha resuelto aún. 

Pero ninguna de las otras acusaciones de supuestas irregularidades hechas por los candidatos que se fueron han llegado a esta instancia ni han sido corroboradas. Al contrario, los reclamos y críticas del proceso han quedado en publicaciones en Twitter, entrevistas, y en detalles vagos en cartas.“No se puede hablar de irregularidades” dice la abogada constitucionalista Ximena Ron. Sí le llama la atención la forma en la que se dio el proceso. Según Ron, el concurso desierto al principio del proceso, la renuncia del comisionado Rafael Oyarte, y la renuncia de los cuatro candidatos son hechos que llaman la atención en un “proceso tan importante como este que debe ser transparente”. 

Ron dice que “la Corte Constitucional es el órgano de cierre del sistema de justicia constitucional y del sistema de justicia nacional”. Eso significa, explica Ron, que las decisiones que se toman en la Corte tienen una influencia muy grande en la vida jurídica, política y social del país. Por eso, considera que el concurso debía manejarse con transparencia y con una rendición de cuentas. 

“No es cualquier tribunal”, dice Guerrero. Antes de la actual, dice, las formaciones anteriores de la Corte tuvieron problemas “en su legitimidad ante la población”. Para él, la corte actual “ha tenido la sabiduría de demostrar su propia valía al hacer entender por qué es importante. Se está volviendo  un espacio de mediación de grandes conflictos sociales”. 

De este proceso, coinciden los analistas consultados, lo único que se puede hacer ahora es aprender. El concurso, dicen, ha sido evidentemente desordenado, ha estado lleno de renuncias y ha sido fuertemente criticado, deja una lección para todos los ecuatorianos. Si queremos que la Corte Constitucional y otros organismos del Estado cumplan sus labores a nuestro favor, debemos estar pendientes de cómo se eligen sus miembros.

Mauricio Alarcón dice que, por ejemplo, ahora debemos estar pendientes de la elección del nuevo Contralor y Defensor del Pueblo, y de la renovación parcial de los miembros del Consejo Nacional Electoral. Guerrero dice que seguramente esos concursos “no estarán exentos de polémica”, así que se tendrá que ver cómo se van a manejar esos concursos para analizar su efectividad. 

En 2025, cuando haya una nueva renovación de jueces constitucionales, deberemos seguir de cerca el proceso y cerciorarse de que las autoridades rindan cuentas y que haya transparencia para que el proceso no sea tan desordenado y cuestionado como el de este año. Pero por ahora lo principal es ver qué pasará en el sorteo de las 11 de la mañana de hoy, que definirá cómo se organizará el principal tribunal del país.