En febrero de 2022, la Corte Constitucional renovará a tres de sus nueve miembros. Los nuevos jueces serán seleccionados entre los candidatos presentados por la Asamblea, el gobierno y el Consejo de Participación y Control Social (CPCCS).
El máximo tribunal del país está conformado por 9 jueces que ocupan el cargo por un periodo de 9 años. Cada 3 años, hay una renovación parcial en la que se cambia un tercio de los jueces. Sus miembros no podrán tener reelección inmediata después de cumplir su periodo.
La próxima renovación parcial está planificada para febrero de 2025 y habrá otra en 2028. Los jueces que serán reemplazados el próximo año todavía no han sido confirmados. Serán escogidos en un sorteo público antes de la selección de los nuevos integrantes del país. Los jueces también pueden renunciar a su cargo.
¿Cómo se escogen a los nuevos jueces?
La Constitución establece que la designación de los jueces se hace por una comisión calificadora integrada por seis personas. Ese organismo estará conformado por dos representantes seleccionados por las funciones Legislativa, Ejecutiva y de Transparencia y Control Social. Es decir por la Asamblea, el Gobierno y el CPCCS.
Los nuevos jueces serán seleccionados de entre las candidaturas que presenten cada una de esas funciones. Cada una de ellas deberá presentar 9 candidatos. Por eso el 11 de octubre, la Asamblea seleccionó tres de los nombres que va a proponer: Pamela Aguirre Castro, Milton Velásquez Díaz y a Luis Sarango Macas.
¿Quiénes pueden ser parte de la Corte?
Uno de esos requisitos para los jueces de la Corte Constitucional es que se procure “la paridad entre hombres y mujeres”, según la Constitución.
Otros de los requisitos para ser juez de la Corte Constitucional son:
- Ser ecuatoriano o ecuatoriana y tener sus derechos de participación política.
- Tener un título de tercer nivel de derecho que sea legalmente reconocido en el país.
- Haber ejercido la profesión de abogado, la judicatura o la docencia en ciencias jurídicas por al menos 10 años.
- “Demostrar probidad y ética” que se valorará en un concurso público.
No pueden ser designados jueces de la Corte Constitucional quienes:
- Hayan pertenecido a la directiva de un partido o movimiento político en los 10 años anteriores a su postulación.
- Tengan contratos con el Estado.
- Estén en mora de pago de pensiones alimenticias.
- Sean miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional en servicio activo.
- Estén suspendidos en el ejercicio de su profesión.
- Sean cónyuges, convivientes o parientes hasta cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad con un miembro de la Corte Constitucional o de uno de los miembros de la comisión calificadora.
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Así es el concurso
El concurso tiene dos fases principales: méritos y oposición. Esteban Ron, abogado constitucionalista y director de la Escuela de Derecho de la Universidad Internacional del Ecuador (UIDE) le dijo a GK en una entrevista que en la de méritos serán calificados por la comisión que evaluará los requisitos y sus méritos, tal como lo dice el nombre de esta parte.
En cambio, en la parte de oposición, hay una prueba. Ron le dijo a GK que los exámenes con los que se escogió a la Corte Constitucional actual en 2019 “fue uno de los más difíciles que hemos visto en la historia del país”. La Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Social dice que esa prueba se hace en una comparecencia pública en la que se les hará preguntas escogidas al azar a los candidatos. El objetivo, dice la ley, es que privilegien la argumentación y no la memoria para responderlas.
Una vez que se termine esta fase, la Comisión Calificadora hará una lista con los puntajes que obtuvo cada uno de los candidatos y escogerá a los tres con el mayor puntaje. Cuando los nuevos jueces sean seleccionados, serán posesionados ante el pleno de la Asamblea Nacional.
Los candidatos que no sean escogidos pasarán a ser parte de la lista de elegibles, que serán los reemplazos de los jueces cuando tengan que ausentarse de forma temporal o definitiva.
La Corte Constitucional es el máximo tribunal más alto del país y el principal órgano de control, interpretación y de administración de la justicia constitucional. Entre sus funciones está garantizar que los derechos constitucionales de los ecuatorianos se cumplan.
Además, es la encargada de decidir si los actos normativos y administrativos —como reglamentos y las leyes— de las autoridades del Estado se apegan al marco jurídico establecido por la Constitución. La Corte también debe resolver las objeciones de inconstitucionalidad presentadas por el Presidente de la República cuando vete una ley y evaluar la constitucionalidad de las declaratorias de estados de excepción.