Los pedidos de amnistía de 370 personas son evaluados en la Comisión de Garantías Constitucionales, Derechos Humanos, Derechos Colectivos y la Interculturalidad de la Asamblea Nacional. La Comisión está encargada de revisar las solicitudes y elaborar un informe que unifique cada una de ellas para luego ser debatidas por el Pleno de la Asamblea Nacional. 

Esta semana, la Comisión recibió a decenas de expertos, líderes sociales, y activistas. Ellos comparecieron sobre su posición respecto a los pedidos de amnistía a favor de 370 defensores de los derechos humanos y de la naturaleza que aseguran haber sido criminalizados injustamente.

La abogada Vivian Idrovo le explicó a GK, que los pedidos que ahora están en trámite incluyen casos de personas que han sido criminalizadas en los últimos 10 años por defender sus derechos, en distintos contextos. Además, algunas de las solicitudes de amnistía se presentaron a favor de personas que fueron penalizadas tras el paro nacional de octubre de 2019. 

Según Idrovo, si la Asamblea Nacional concede los pedidos de amnistía, significará que hay una voluntad de “actuar para defender los derechos de las personas defensoras”. Además, Idrovo dice que las amnistías serán una forma de “reconocer la importante labor que cumplen los defensores de derechos humanos y de la naturaleza en nuestra sociedad”. 

Según Fernando Cabascango, presidente de la Comisión y asambleísta por Pachakutik, el informe de la Comisión sobre las amnistías se preparará hasta el próximo 11 de febrero.

¿Qué han dicho los comparecientes?

La abogada Yuly Tenorio, del Observatorio Nacional Ciudadano para Vigilar el Cumplimiento de los Derechos Humanos y de la Naturaleza,  dijo que en Ecuador hay procesos contra defensores de derechos humanos “como si se tratara de delincuencia común”. 

Vivian Idrovo, representante de la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos, dijo que se ha pedido las amnistías porque no se ha respetado el derecho a la resistencia que está amparado por la Constitución. 

Idrovo además explicó que en los últimos años ha habido una persecución contra los defensores de derechos humanos —que luchan por los derechos colectivos— y los defensores de la naturaleza —que se oponen a proyectos mineros y petroleros en sus territorios.

Gabriela y Osvaldo Fraga comparecieron por el caso de los defensores de la naturaleza que han sido criminalizados en la comunidad de Buenos Aires, en la provincia andina de Imbabura. Gabriela Fraga pidió que se analicen las amnistías para los defensores del agua de su comunidad porque han sido “víctimas de persecución por parte de ciertas Instituciones del Estado”, dijo. Osvaldo Fraga hizo la misma solicitud. 

Por otro lado, Tarquino Cajamarca, abogado del pueblo Shuar Arutam en el caso contra el proyecto minero Warintza, dijo que las empresas mineras actúan con violencia en los territorios indígenas y obligan a las comunidades a desplazarse forzadamente. Sin embargo, dice Cajamarca, a pesar de que lo hacen por defender sus territorios, las comunidades indígenas son “criminalizadas por parte de las mineras y con el aval del Estado”. 

Josefina Tunki, presidenta del Pueblo Shuar Arutam, dice que son 17 los dirigentes de su pueblo que tienen demandas en su contra solo por defender sus tierras —que además fueron concesionadas sin consulta previa. 

La justicia indígena también ha sido criminalizada. Nancy Simba, presidenta de la Comunidad La Toglla —una comunidad ancestral del pueblo originario Kitu Kara— dijo que en su comunidad, las personas son perseguidas por aplicar la justicia indígena. En su territorio, hay al menos 56 personas procesadas por haber aplicado esta medida. 

Leonidas Iza, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), dijo que la justicia indígena está amparada por la Constitución. Iza rechazó que se haya criminalizado a personas por aplicar ese principio que, explicó, “es un derecho debidamente reconocido”.

Además, la investigadora social Diana Murcia compareció ante la Comisión y dijo que el Estado tiene la responsabilidad de “crear escenarios seguros para que los Defensores de la Naturaleza  puedan exigir su derechos”. Sin embargo, dijo Murcia, esto no se está aplicando en el país porque  hay una carencia institucional.

Los pedidos de amnistía

En septiembre de 2021, varias organizaciones no gubernamentales presentaron 370 pedidos de amnistía a la Asamblea Nacional. Los pedidos se hicieron porque supuestamente el Estado criminalizó a estas 370 personas —en su mayoría defensores de los derechos humanos y la naturaleza— de manera injusta. 

Las solicitudes fueron presentadas por representantes de grandes organizaciones de derechos humanos como Acción Ecológica, la Alianza por los Derechos Humanos, y Amazon Watch. 

El pedido de las organizaciones decía que “es de conocimiento público” que en Ecuador ha habido conflictos sociales y ambientales relacionados con la ejecución de proyectos extractivos en los que no se ha respetado los derechos de los pueblos a la consulta previa. Pero a pesar de que sus derechos han sido violentados, el Estado y las empresas, no solo no escuchan sus reclamos, sino que además los criminalizan. 

Según un comunicado sobre los pedidos de amnistía, la criminalización contra las 370 personas se dio “en un contexto de incumplimiento de tratados internacionales de derechos humanos”. Esos tratados exigen que el Estado les dé espacios seguros a los defensores para ejercer sus derechos. 

Según la abogada Vivian Idrovo, uno de los pedidos de amnistía era a favor de Víctor Guaillas, un defensor del agua que murió en la última masacre carcelaria en la Penitenciaría del Litoral, en noviembre de 2021. 

¿Qué es la amnistía?

Una amnistía es un recurso que involucra un perdón de penas que debe ser decretado por el Estado en casos excepcionales.

A diferencia de los indultos presidenciales, la amnistía puede ser concedida únicamente por la Asamblea Nacional. Para que se apruebe una amnistía, se necesitan los votos favorables de las dos terceras partes de sus integrantes, es decir 92 asambleístas. 

Pero antes de llegar al pleno, la solicitud para conceder la amnistía debe ser evaluada por el Consejo de Administración Legislativa (CAL) para que verifique que cumple con los requisitos, y si califica, luego se la envía a una Comisión de la Asamblea para que resuelva si se envía o no al Pleno. Una vez en el pleno, se da la votación.

La Constitución dice, no se pueden conceder amnistías a las personas que hayan cometido:

• Delitos contra la administración pública: peculado, enriquecimiento ilícito, cohecho, concusión, ruptura de sellos, tráfico de influencias, testaferrismo, entre otros. 
• Genocidio, tortura, desaparición forzada de personas, secuestro, homicidio.