A las 10:43 del 17 de enero, el ex asambleísta Fernando Balda publicó un controvertido anuncio en su cuenta de Twitter: “Lanzamiento oficial de la web depuracionec.com para ayudar al presidente Guillermo Lasso a depurar las instancias gubernamentales de infiltrados #CorreístasCorruptos en cargos de libre remoción que representan estancamiento y amenaza de desestabilización”.

Aunque Balda borró el tuit, los rastros quedaron en el caché de memoria de Google y casi cuatro horas después, volvió a publicarlo. 

La creación del sitio web desató una serie de cuestionamientos de expertos y abogados que consideran que su convocatoria es un “intento de persecución” e “incitación al odio”. También levantó reacciones del ex presidente Rafael Correa —a quien Balda denunció por, supuestamente, haber ordenado su secuestro en 2012, cuando Correa gobernaba el país. Además, la coalición Acción Jurídica Popular interpuso una acción de protección. 

¿Qué hace la plataforma? 

La “depuración” planteada por Balda es una recopilación de datos e información que debe ser ingresada en un formulario único colgado en la web. “Toda la información que ingreses será validada por un equipo técnico de perfiladores para evitar que se use esta página para intereses personales, que se discrimine o afecte a personas honestas”, dice un corto comunicado en el sitio web.

Dice también que la recabación de datos “no tiene como objetivo la persecución política (…) pero no por ello vamos a permitir ningún tipo de desestabilización ni que avivatos infiltrados leales a los prófugos, ladrones que han saqueado al país y terroristas sigan robando al Estado, y además, causando caos y desestabilización”.

Sin embargo, al inicio del formulario que está en la plataforma dice “¡Llegó la hora de enterrarlos!”, y además, solicita datos personales y confidenciales. Algunos datos son provincia, foto del “infiltrado”, institución en la que trabaja, cargo que ocupa, desde qué fecha ocupa el cargo, relación política o personal con la organización “criminal de los prófugos o sentenciados”, pruebas verificables de las relaciones, capturas de pantalla de las relaciones, infracciones delincuenciales, entre otros. 

Una práctica que viola la seguridad digital

Lo que plantea la plataforma tiene un nombre poco conocido en Ecuador, aunque común en el mundo de la seguridad digital: el doxxing. En concreto, es la revelación de información personal confidencial de una persona a través de su publicación en línea. El doxxing históricamente ha sido usado de forma maliciosa. 

Por ejemplo, en 1997, Neal Horsley, detractor del derecho al acceso del aborto en Estados Unidos, creó la plataforma web Nuremberg Files, que desencadenó un caso judicial muy sonado en ese país. El sitio web publicaba información personal de más de 200 proveedores de servicios de aborto, en su gran mayoría médicos, incluidos nombres de los involucrados, sus familias, fotografías y registros de demandas penales y civiles. En 2002, un tribunal estadounidense determinó que el sitio web incitaba al odio y ponía en peligro la seguridad de los médicos. Horsley tuvo que eliminarlo. 

En la plataforma de Balda, que aún se encuentra disponible, el creador y sus compañeros —que se denominan “activistas anticorrupción defensores de la democracia”— dicen que la información ingresada será entregada al Presidente de la República y en los casos que amerite, a la Fiscalía.

Al parecer, la idea empezó el año pasado. GK revisó la información de la plataforma web: el dominio del sitio fue comprado a las cuatro y once de la tarde del 1 de noviembre de 2021, en GoDaddy, una empresa de dominios de Internet y alojamiento web. 

Tras el primer anuncio de la llamada “depuración”, las publicaciones de Balda no cesaron. 

En una serie de tuits, Balda dice que “los correístas corruptos son la peor plaga que existe y deben ser depurados”. 

Reacciones y acciones legales

Hasta hoy, el presidente Guillermo Lasso no se ha pronunciado sobre la plataforma presentada ayer que, según Balda servirá para “ayudar” a Lasso a “depurar” su gobierno. Quien sí se pronunció fue el ex presidente Rafael Correa, sentenciado por la trama de corrupción del caso Sobornos —y el principal enemigo político de Balda. 

Correa escribió en su cuenta de Twitter: “Está cometiendo un delito. Les pido a todos los “correístas’ del MUNDO que hagamos un esfuerzo y demandemos penalmente a este sujeto en los países de residencia. Se puede pedir apoyo de grupos políticos afines o actividades DDHH”. 

Entonces, Balda le recordó, a través de otro tuit, que en su gobierno, Correa también lanzó el sitio web Somos +, creado en el 2015, para, según él, combatir campañas de difamación y desprestigio en las redes sociales. 

En ese año, Correa había anunciado que, a través de Somos +, “mandaremos la cuenta que está difamando para que le lleguen 10.000 tuits de los seguidores de la Revolución Ciudadana diciendo la verdad”.  

Las personas registradas en el sitio recibían información de las personas que, según Correa, formaban parte de la campaña de desprestigio. Así, eran los usuarios de la plataforma quienes respondían directamente a través de redes sociales responder a quienes, según Correa, lo desprestigiaban a él y su gobierno. Además, Correa afirmó, en aquel año, que las identidades de sus opositores internautas iban a ser reveladas durante los enlaces sabatinos. 

Durante el enlace sabatino 408 —el espacio televisado en el que contaba sus actividades de la semana y arremetía contra sus adversarios políticos, periodistas y opositores— dijo, refiriéndose a la plataforma que creó: “no permitiremos que unos cuantos mentirosos malquerientes, deshonestos, nos dominen. Si ustedes saben la identidad del que está insultando, difamando, lo traemos al enlace o lo presentamos en redes para ver si cuando salga del anonimato sigue insultando y sigue siendo tan valiente y tan jocoso”. 

Marcela Aguiñaga, presidenta del movimiento correísta Revolución Ciudadana, citó el tuit de Balda y dijo: “la discriminación es un delito tipificado en el COIP, art. 176, y se sanciona con pena privativa de libertad de tres a cinco años”. Balda le respondió que si cree que él está cometiendo un delito, lo denuncie ante la Fiscalía. 

Los cuestionamientos contra Balda no se quedaron en redes sociales. La organización ciudadana Acción Jurídica Popular interpuso una acción de protección en Quito. En el documento, los abogados dicen que las publicaciones realizadas por Fernando Balda son una “apología de  discriminación, odio político y pueden poner en riesgo hasta la integridad física de cualquier persona. ”. 

En la demanda se solicita que el juez dicte como medida cautelar la eliminación de los mensajes que anunciaron el lanzamiento de la plataforma de sus redes sociales, así como de la página web. 

\