Desde que escribo sobre política, siento más simpatía que antes hacia los árbitros de fútbol. No tanto por los de ahora, que cuentan con la objetividad milimétrica del VAR, sino por los de hace años: esos jueces poco reconocidos que debían confiar en sus cinco sentidos para sacar tarjetas amarillas y rojas, llamar a penales o expulsar jugadores mientras la hinchada del equipo penalizado se dedicaba a insultar. El árbitro difícilmente ganaba. 

Guardando las distancias, la prensa enfrenta situaciones parecidas al analizar y criticar la política mientras las noticias se desarrollan: hinchadas tan apasionadas como las futbolísticas haciendo drama cuando la crítica se dirige a su bancada, acusaciones de trampa y barras bravas repitiendo arengas furibundas. 

Cada hinchada espera de la prensa —como de un árbitro— su afiliación; que dictamine lo que conviene a un equipo y que contradiga al rival. Pero una prensa responsable debe ser capaz de distanciarse lo suficiente para criticar y de ser necesario —como en el caso de la creación de una nueva reserva marina en Galápagos— para reconocer los aciertos. 

La noticia sobre la nueva reserva marina en las Islas Galápagos es un excelente ejemplo del reto de la prensa y, en especial del periodismo de opinión, de reconocer los logros institucionales o gubernamentales sin dejar de lado la criticidad hacia el poder de turno. O, más que de hacerlo, de hacerlo bien. 

Se trata, como explica Doménica Montaño, de una excelente noticia, cuyo financiamiento precisa ser explicado con claridad. Ese es un ejercicio válido y necesario de análisis: destaca lo positivo y pregunta por lo que falta. 

Yo viví en Galápagos: vi de cerca la fragilidad de ese ecosistema, así como todo lo que amenaza a diario a su fauna y flora únicas. A pesar de la atención que reciben del mundo entero, las islas habían sido relegadas por años. 

La creación de Hermandad —como bautizaron a la nueva reserva— es un logro histórico. El proyecto fue anunciado durante la COP26 (la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2021), imponiéndole al Ecuador un rol protagónico en la lucha mundial en contra del cambio climático. Las Islas Galápagos son, después de todo, patrimonio natural de la humanidad y uno de los destinos naturales y turísticos más icónicos del planeta.

Durante el anuncio, Lasso asumió un papel poco visto en él. Dijo que Ecuador era “el primer país de América Latina que adoptaba la política pública de transición ecológica hacia una economía circular, resiliente y baja en emisiones”. También estableció la meta de reducir el 22,5% de las emisiones de carbono hasta el 2025 como parte del ambicioso Plan Nacional de Transición hacia la Descarbonización de la Economía para 2050 que incluiría proyectos de energía renovable, movilidad eléctrica y economía circular. 

Su anuncio incluyó un elemento que en los últimos días ha quedado en veremos: el financiamiento de la nueva reserva. Hace pocos meses, el presidente proponía hacerlo mediante un canje de deuda por naturaleza; el más alto de la historia, de hecho. Su ofrecimiento era un  punto medio entre lo propuesto por el colectivo Más Galápagos, que sugería la compra de 1000 millones de dólares en bonos de deuda externa por una nueva reserva de 435 mil kilómetros cuadrados, mediante una alianza público-privada con la Ocean Financial Company. Parecía un triunfazo. 

Ahora, meses después, ese elemento clave ya no es tan clave. En una conferencia de prensa después de la firma del decreto para la creación de Hermandad, el ministro de Economía, Simón Cueva, fue menos contundente que el presidente en la COP26 y, según lo reportado por Doménica Montaño, dijo que el canje “no era tan simple”. 

Es decir, la noticia es buena, pero cuestionable. Una prensa responsable debería ser capaz de conciliar y explicar esa compleja realidad. 

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Uno de los ataques más recurrentes de los últimos catorce años contra la prensa ha sido la acusación de corrupción: el supuesto “cuarto poder” debía ser combatido desde el Estado en el Ecuador y en otras partes del mundo —como en los Estados Unidos decía Donald Trump. 

Han pasado los años, pero no ese legado de antagonía a los medios en el continente. Perdura la obsesión paranoica y maniquea de mostrarlos a la ciudadanía entre los dizque “honestos” y los “corruptos” (en realidad, los que simpatizaban al poder de turno y los que no). Entonces, muchos gobiernos  convirtieron a los medios públicos de sus países en voceros estatales y promulgadores de la versión oficial. 

Esa polarización puede tener un efecto nocivo ahora. Podría estar impidiendo que las coberturas maticen o que ignoren los gritos de las barras bravas. Y en el complejo mundo actual, lo que más importa son los matices. 

Una crítica a las falsas declaraciones de la asambleísta Mónica Palacios, por ejemplo, hace una semana me valió acusaciones de “trabajar para el gobierno”, como si este no hubiera nunca sido objeto de crítica —algo que en esta columna ha sido mayoritario. Pero así es la perniciosa lógica del “a favor” o “en contra” por sobre el imperativo de analizar la política con distanciamiento y mirada crítica. Porque aunque la objetividad periodística no existe, sí existen la responsabilidad y la ética. 

Hay formas de reconocer los logros de un gobierno, de desafiarlo a la vez,  y —como lo hace Doménica Montaño— de recordarle compromisos anteriores. Eso no significa ni bajar la cabeza, ni mirar a otro lado. 

La prensa, como filtro decodificador de la realidad, tiene la obligación de despolarizarse y de cubrir cada noticia con cuidado. Incluso las buenas. Es un trabajo necesario y difícil; a diferencia de los árbitros, no existe VAR alguno de respaldo.