El 23 de junio de 2016, Valentina Cosíos, una pequeña flautista de 11 años, salió de su casa rumbo a su escuela, la Unidad Educativa Global del Ecuador. Aquel día, después de clases, debía ir al Conservatorio Nacional para recibir clases y encontrarse con su madre, Ruth Montenegro. Pero Valentina nunca llegó al conservatorio.

Un día después, el 24 de junio, su cuerpo sin vida fue hallado a pocos metros de la entrada de su escuela, junto a las barras metálicas del patio del colegio. Las autoridades de la institución educativa dijeron que no sabían nada sobre la muerte de Valentina.

Pero en los últimos años la investigación de la Fiscalía ecuatoriana evidenció que no solo hubo negligencias en el cuidado de Valentina Cosíos sino que la niña habría sido agredida sexualmente y luego ahorcada. Sin embargo, por fallas en el debido proceso el caso prescribió y no hay culpables sentenciados. 

Desde el día de la muerte de su hija, Ruth Montenegro ha exigido que se identifique a los responsables. 

flecha celesteOTRAS NOTICIAS

La búsqueda de justicia acercó a Montenegro a los grupos feministas del país. En 2018 se convirtió en una de las fundadoras de la plataforma Vivas Nos Queremos, que elevó la denuncia de decenas de mujeres que buscaban acceder a la justicia por el femicidio de sus hijas, amigas, hermanas y sobrinas. 

Negligencias denunciadas por la familia 

Para la abogada Ana Vera, defensora de la familia de Valentina Cosíos, las fallas en las investigaciones comenzaron el día de la muerte de la niña. Las principales negligencias denunciadas son: 

  • Desaparición: Cuando Ruth Montenegro no logró encontrar a su hija Valentina Cosíos en una sala de audiciones del Conservatorio Nacional de Música la buscó por toda la ciudad, incluida en la escuela Global del Ecuador. Luego, volvió a su barrio, en el sur de Quito, para seguir la búsqueda y denunció su desaparición en la Unidad de Policía Comunitaria. Los policías preguntaron: “¿no tuvo un problema en casa?, ¿no se iría con su novio?, ¿No perdería su instrumento y por eso estaba escondida?, no podemos receptar la denuncia. Tienen que pasar 24 horas. Tenemos tantas alertas innecesarias, esperen mejor a que regrese”. Pese a las preguntas, que le parecieron absurdas, insistió en que, por lo menos, asignaran una patrulla. El equipo policial le dijo que “iban a coordinarlo”. Pero los agentes nunca respondieron. Meses después, Montenegro supo que ni siquiera la radiopatrulla de la unidad policial funcionaba. 
  • Escena del crimen: El cadáver de la pequeña Valentina Cosíos fue hallado a las seis de la mañana del 24 de junio. Ruth Montenegro recibió una llamada por parte de una de las profesoras de la escuela quien no le dijo que estaba muerta. Su madre llegó, y pensaba que su hija estaba viva. Pero la encontró tendida en el suelo, cubierta, bajo unas barras metálicas. 

Los agentes de la Policía Judicial cercaron el área de la barra de juegos como escena del crimen, pero no exploraron otras zonas. “Tenían que haber tomado todos los indicios posibles. Tenían que haber sacado a la gente que estuvo ahí y mandado a los niños a sus casas”, cuestiona la abogada Ana Vera. En su lugar, los agentes creyeron la primera versión de las autoridades de la escuela Global del Ecuador —que dijeron que habría sido un accidente— y las clases continuaron normalmente pese a que aquella mañana una niña fue encontrada sin vida dentro de la escuela. 

  • Autopsia: Ruth Montenegro y un representante del Ministerio de Educación fueron a la oficina de una médico perito legal de la Policía Judicial que le informaría sobre los resultados de la autopsia la tarde del 24 de junio de ese año. “No señora, ¿cómo le digo? No fue accidental”, le afirmó la legista. “Ella me dijo: a su niña la agredieron sexualmente y luego la estrangularon. Hemos tomado varias evidencias del cuerpo de la niña para que pueda hacer la denuncia porque a su niña la mataron”, recuerda. Sin embargo, diez minutos después de recibir esa llamada, la doctora se retractó. Dijo que un colega le había avisado que encontraron una bufanda en el cuerpo de la niña y que era un accidente. 

Ruth Montenegro exigió una nueva autopsia, pero pidió que se realizara en Tungurahua y no en Quito, pues no confiaba en los peritajes realizados por la Policía Judicial en la ciudad. Pero el fiscal Darwin Jaramillo, quien estaba a cargo del caso, no lo permitió. El resultado de esa segunda autopsia fue el mismo: que había sido un accidente. 

Meses después, en el 2016, la fiscal Mayra Soria asumió la investigación. Ordenó la exhumación del cuerpo, que se realizó en Tungurahua, y los resultados revelaron que Valentina había sido ahorcada y agredida sexualmente. 

  • Falta de sanciones: Luego del tercer resultado de la autopsia, que develó que Valentina había sido asesinada, se hizo una auditoría para determinar quiénes fueron las personas que cometieron errores durante las autopsias realizadas. Aunque la actuación del fiscal Datwin Jaramillo y de los dos médicos peritos —autores de los primeros dos informes de autopsia— son cuestionables, “no se ha iniciado ninguna acción legal ni administrativa en su contra”, sostiene la abogada Vera. 

 

  • Ministerio de Educación: Ruth Montenegro denunció a la escuela Global del Ecuador luego del asesinato de Valentina para exigir el cierre de la institución. Ella relató que el entonces ministro Augusto Espinosa le dijo, durante una reunión, aduce Ruth, “que no podía intervenir porque era un colegio privado”. Recién en septiembre de 2016, tres meses después del femicidio de Valentina Cosíos, el Ministerio de Educación abrió un sumario administrativo contra la escuela Global del Ecuador. La investigación reveló que la institución no contaba con los permisos legales para funcionar, ni con protocolos de seguridad, y que sus cámaras de seguridad eran obsoletas. En febrero del 2017, se ordenó el cierre definitivo del centro, sin embargo, la disposición se cumplió al año siguiente, en 2018. 

Más de cinco años sin respuestas, y sin sentencias 

Debido a la falta de evidencias recogidas en la escena del crimen en la escuela, y pericias en el caso, el único proceso penal que se abrió por la muerte de Valentina Cosíos es por homicidio culposo. Según el Código Orgánico Integral Penal se sanciona a una “persona que por culpa mate a otra” —la culpa es, en sentido legal, la ausencia de dolo, que es el ánimo de causar daño.

Esa fue la figura que la Fiscalía eligió para el caso de una niña de 11 años que fue hallada con signos de violencia física y sexual en su propia escuela. 

El caso se mantuvo cinco años en indagación previa, la primera etapa de investigación. El 10 de junio de 2021 se formuló cargos contra Daiana Muños, la profesora que, según las indagaciones, fue la última persona que vio a la pequeña Valentina viva, después del horario escolar.

La maestra fue procesada por ese delito, pues, según la fiscal Mayra Soria, infringió su deber objetivo de cuidado. Es decir, la responsabilidad que tiene un profesional —en este caso, un docente— de evitar que quienes están a su cargo sufran daños.

De lunes a jueves, las noticias más improtantes en tu bandeja de entrada.
Suscríbete a La Diaria

De lunes a jueves, las noticias más improtantes en tu bandeja de entrada.
Suscríbete a La Diaria

De lunes a jueves, las noticias más improtantes en tu bandeja de entrada.
Suscríbete a La Diaria

En septiembre de ese año, fueron vinculadas cinco personas más por el mismo delito: 

  1. Carlos de la Bastida, director de la Unidad Educativa Global del Ecuador, donde Valentina Cosíos fue hallada muerta, y
  2. Las docentes Katherine Jiménez, Vielka Ponce, Gabriela Cevallos y Lucía Chalá. 

La audiencia preparatoria de juicio, en la que se conocería si los acusados enfrentarían el juicio, estaba fijada para el 7 de diciembre. Sin embargo, fue suspendida y se reinstaló el 9 de diciembre. La tarde de ese día, el juez Máximo Ortega declaró la prescripción del homicidio culposo de Valentina Cosíos

La prescripción, que es una de las formas de terminar un proceso penal. Se produce cuando, a criterio del juez, ha pasado el tiempo establecido en la ley para que se inicie la acción judicial contra los presuntos responsables. 

El juez Ortega dijo, pese a los cuestionamientos de la familia de Valentina Cosíos, que se cumplieron los cinco años desde que el caso comenzó a investigarse, lo que implicaría que prescribió, amparado en el artículo 417 del COIP. Por ello, decidió no llamar a juicio a los acusados. 

Sin embargo, la profesora Daiana Muñoz sí podría ir a juicio porque fue la primera vinculada en el caso, en junio de 2021. Sin embargo, el juez Ortega decidió no dar una resolución sobre ella. Aseveró que debe esperar a la resolución de la apelación de la familia Montenegro en la Corte Provincial. 

El artículo 417 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) dice que en los casos en que se ha iniciado el proceso penal, la acción prescribirá en “el mismo tiempo del máximo de la pena de privación de libertad”. Ese tiempo se deberá contar desde la fecha de inicio de la respectiva instrucción. En ningún caso, el ejercicio público de la acción prescribirá en menos de cinco años. En este caso, el homicidio culposo es sancionado con una pena de tres a cinco años de prisión. 

La fiscal Mayra Soria, quien impulsa la investigación, apeló la decisión de primera instancia. Lo mismo hizo Ruth Montenegro a través de  su abogada, Ana Vera. Ahora, será la Corte Provincial de Pichincha la que fijará la fecha para la audiencia de apelación, en la que se conocerá si la decisión es revocada o queda en firme. 

Vera cuestionó la interpretación del juez Ortega. “Existe una acción penal única y el proceso inicia cuando comienza la instrucción fiscal”, dice Vera. Según su argumento, el caso no podría prescribir porque la ley ordena que el plazo se cuente desde que empezó la instrucción fiscal, que en este caso arrancó el 10 de junio de 2021 para una de las procesadas.

Karol E. Noroña
Quito, 1994. Periodista y cronista ecuatoriana. Cuenta historias sobre los derechos de las mujeres, los efectos de las redes de delincuencia organizada en el país, el sistema carcelario y cubre permanentemente la lucha de las familias que buscan sus desaparecidos en el país. Ha escrito en medios tradicionales e independientes, nacionales e internacionales. Segundo lugar del premio Periodistas por tus derechos 2021, de la Unión Europea en Ecuador. Coautora del libro 'Periferias: Crónicas del Ecuador invisible'. Forma parte de la organización Chicas Poderosas Ecuador.