El próximo viernes 14 de enero de 2022, la Fiscal General del Estado, Diana Salazar, y otros tres funcionarios públicos deberán rendir versión en la investigación por presunto fraude procesal en la detención del ex Defensor del Pueblo, Freddy Carrión. 

El Código Orgánico Integral Penal (COIP) dice que el delito de fraude procesal es cuando se engaña a un juez antes de un procedimiento penal, o cuando se oculta las pruebas, cambia el estado de las cosas, lugares o personas de una investigación. 

La investigación que es liderada por el fiscal Wilson Toainga, se abrió tras una denuncia presentada por la defensa de Freddy Carrión en septiembre de 2021. 

¿Quiénes deberán rendir versión?

Priscila Schettini, esposa del ex Defensor del Pueblo, Freddy Carrión, publicó en su cuenta de Twitter los nombres de las personas que deberán rendir versión en la investigación por presunto fraude procesal y las fechas en que tendrán que hacerlo. 

• Nataly Logroño, ex Comisaria de la Policía, deberá comparecer el lunes 10 de enero a las 2:45 de la tarde. 
• Juan Fernando Ramos, Mayor de la Policía Nacional, comparecerá el martes 11 de enero a las 3 de la tarde.
• Priscila Schettini, esposa de Freddy Carrión, quien presenció la detención de su esposo, deberá rendir su versión el miércoles 11 de enero a las 11 de la mañana. 
• El ex Defensor del Pueblo, Freddy Carrión, rendirá versión el jueves 13 de enero a las 8:30 de la mañana. 
• La fiscal Mayra Soria, delegada de la Fiscal General del Estado, comparecerá el jueves 13 de enero a las 3:30 de la tarde. 
• La Fiscal General del Estado, Diana Salazar, rendirá su versión el viernes 14 de enero a las 10 de la mañana.

La denuncia por supuesto fraude procesal

El 7 de septiembre de 2021, los abogados de Freddy Carrión —Angélica Porras y Richard González— interpusieron una denuncia contra la Fiscal General Diana Salazar, la fiscal Mayra Soria, y el Mayor de la Policía Juan Fernando Ramos, por el presunto delito de fraude procesal en el caso de abuso sexual contra Carrión. 

Según los abogados del ex Defensor del Pueblo, Carrión habría sido detenido de forma ilegal.

La defensa de Carrión explicó que la mañana del 16 de mayo —día en que se difundieron videos de Carrión agrediendo a una mujer en un ascensor— Carrión salió del departamento de Mauro Falconí con su seguridad personal y fue a la casa de su sobrino Ángel Carrión. Esta versión desmentiría el argumento de la Fiscalía, que dice que después del incidente, se levantó un parte policial que daba cuenta de la detención de Carrión y que esto ocurrió en el edificio en el que se dieron los altercados.

Los abogados de Carrión dicen que la mañana del domingo 16, cuando Carrión ya estaba en la casa de su sobrino, se comenzó a sentir mal y fue a una cita médica con su médico personal, Jimmy Espín. El médico le habría recomendado internarse en una clínica para realizarse unos exámenes médicos. 

Supuestamente cerca de las 9:30 de la mañana del domingo 16, el ex Defensor del Pueblo y su sobrino fueron a la clínica Atlas, en el centro norte de Quito. La denuncia por fraude procesal asegura que hasta ese momento, “Carrión no tenía restricción alguna de su libertad, así como tampoco ningún tipo de custodia policial” derivados de los hechos de la madrugada del 16 de mayo.

A las 2 de la tarde de ese mismo día, domingo 16 de mayo, la fiscal Mayra Soria, delegada de la Fiscal Diana Salazar, habría irrumpido en la habitación de la clínica Atlas donde se encontraba Carrión, recuperándose de su malestar.  Ahí, Soria habría acusado a Carrión y anunciado su detención. Sin embargo, según una fuente policial que pidió la reserva de su nombre, para ese momento, Carrión ya había sido detenido por incumplir el toque de queda y por tratarse de un hecho flagrante.

La defensa de Carrión alega que fue  hasta la madrugada del 17 de mayo —es decir, hasta el día siguiente— , que el juez de la Corte Nacional de Justicia,  Luis Adrián Rojas, emitió una boleta de prisión preventiva contra Carrión porque se había abierto una instrucción fiscal por el supuesto delito de abuso sexual. 

Además, la esposa de Carrión, Priscila Schettini, dice que la Fiscal Diana Salazar forjó documentos para detener a Carrión de forma ilegal. En un  video que publicó en sus redes sociales el 2 de enero pasado, Schettini mostró un documento que supuestamente fue firmado electrónicamente el 16 de mayo de 2021 a las 10 de la mañana por Salazar y que, según la esposa de Carrión, fue el que usó la fiscal Mayra Soria para intentar detener a Carrión mientras estaba en la clínica. Sin embargo, de lo que se puede ver en la imagen compartida por Schettini, no se trata de una orden de detención si no de un documento en el que la fiscal Salazar delega a dos otras fiscales: Mayra Soria y Paola Gallardo para la “práctica de las diligencias en la siguiente investigación”.

Schettini y el abogado de Carrión, Richard González, aseguran que ese documento en el que se lee fecha del 16 de mayo a las 10h00 —y en el que no se puede ver una orden de detención que, además, no es competencia de la Fiscalía— fue, en realidad firmado el día siguiente, 17 de mayo y no el 16.  González dijo que esto se evidenció a través de la firma electrónica de la Fiscal por un lector de código QR en el documento. 

Además de la denuncia presentada en contra de Salazar, en su comparecencia ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, Freddy Carrión dijo que la Fiscalía fabricó pruebas en su contra y que el procedimiento ha sido irregular. 

El parte con el que Carrión fue detenido y al que GK tuvo acceso, dice que “Luego de haber verificado las circunstancias que dieron lugar al incumplimiento del decreto ejecutivo (Toque de Queda) conjuntamente con la señora fiscal quien también verificó la persecución ininterrumpida de la infracción flagrante, dispuso al personal preventivo se realice la aprehensión en delito flagrante” de Carrión y Falconí. El documento no especifica, sin embargo, en dónde fue realizada la detención. 

¿Qué ha dicho la Fiscal Diana Salazar?

El 17 de septiembre, la Fiscal General del Estado, Diana Salazar, fue notificada que sería investigada por supuesto fraude procesal, tras la denuncia presentada en su contra por la defensa de Freddy Carrión. 

La fiscal Salazar publicó en su cuenta de Twitter una foto del documento con el que fue notificada que se había abierto una investigación previa en su contra por el presunto delito de fraude procesal. Junto a la fotografía, Salazar dijo que “cuando se actúa con ética y apego a la ley, las investigaciones no causan miedo”. 

Sin embargo, hasta ahora, Salazar no se ha pronunciado sobre su llamamiento a rendir versión, ni sobre las acusaciones de Schettini por la supuesta falsificación del documento con el que se intentó detener a Carrión el 16 de mayo de 2021. 

¿Qué pasaría si se comprueba que hubo fraude procesal?

La abogada penalista Gisella Vaca explica que por ahora, la denuncia por el supuesto fraude procesal está en etapa de investigación previa y no se puede hablar aún de una responsabilidad penal. Solo si el fiscal comprueba que hay pruebas suficientes de que se cometió un delito, puede convocar a una audiencia de formulación de cargos, para que se dé inicio a la instrucción fiscal. 

El juez revisa las pruebas y decide si llama o no a juicio a los posibles involucrados.

Pensando a largo plazo, el abogado Pablo Encalada explica que el fraude procesal es un delito, por lo que si se llega a abrir un proceso penal y comprobar que sí se cometió el delito, “los responsables irían a la cárcel”. Es decir, en este caso, si se prueba que el documento con el que se pretendió detener a Carrión el 16 de mayo fue emitido de forma irregular, la misma Fiscal Diana Salazar podría ir a prisión. 

El Código Orgánico Integral Penal (COIP) dice que el fraude procesal se sanciona con prisión de uno a tres años. 

Encalada dice también que si se comprueba el fraude procesal, el caso original —en este caso, el de abuso sexual— podría ser revisado en apelación o casación, o incluso, dice el abogado, en recurso de revisión. Sin embargo, explica Encalada, no hay una consecuencia inmediata con el caso original. 

Hasta que no se investigue y resuelva la denuncia por presunto fraude procesal, la abogada Gisella Vaca dice que el caso de abuso sexual por el que Carrión fue sentenciado a prisión, debe tratarse de forma independiente.

¿Cómo se detiene a una persona?

Para hacer efectiva una orden de detención preventiva —cuando hay la presunción de un delito pero no una sentencia ejecutoriada— tiene que haber ocurrido un delito flagrante— que sea sujeto de detención, entre ellos, robos o hechos violentos—; o que un juez haya emitido previamente una orden de detención en medio de un proceso investigativo. 

En cualquiera de los dos casos, la persona encargada de ejecutar la detención es un policía. Una vez que la persona ha sido abordada por un policía que le informa sobre su detención y le lee sus derechos, esta persona es trasladada a un centro de salud para que garantice que el detenido esté en óptimas condiciones físicas —y así, garantizar, por ejemplo, posibles abusos policiales—. Después de esta valoración médica, la persona detenida es trasladada a una unidad judicial en la que el policía entrega el parte—el documento con los detalles de la detención—   al fiscal y a otras instituciones, entre ellas la Defensoría del Pueblo, y el fiscal de turno  informa al juez de turno de la detención. 

A partir de ese momento, el juez tiene 24 horas para convocar a la audiencia en la que la fiscalía decidirá si formula cargos o se abstiene de hacerlo. En el segundo caso, la persona sale en libertad. En el primero, la fiscalía puede pedir que se dicte prisión preventiva o que se acojan medidas sustitutivas —que la persona en cuestión se presente ante la justicia periódicamente o que use un grillete electrónico, por ejemplo—. El pedido de la fiscalía dependerá del tipo de delito y de las consideraciones que pueda hacer la fiscalía sobre la posibilidad de fuga de la persona investigada. Quien decide cuál de estas medidas se aplica, es el juez a cargo.

En ningún caso, de acuerdo a la legislación vigente, es la fiscalía quien detiene a una persona: la fiscalía solicita la detención, el juez la ordena y la Policía Nacional la ejecuta.