El estado de excepción que rige en las cárceles del país no se renovará. La mañana de hoy, 27 de diciembre de 2021, el Viceministro del Interior, Max Campos, dijo en una entrevista con el programa radial A Primera Hora que el gobierno no piensa renovar el estado de excepción en el sistema penitenciario. El terminará mañana, 28 de diciembre de 2021.

El estado de excepción estuvo vigente durante 90 días después de la peor masacre carcelaria en la historia del país, que dejó 123 personas privadas de la libertad fallecidas. 

El estado de excepción, explicado rápidamente

El estado de excepción en el sistema carcelario —es decir, en las 37 cárceles del país y los centros de rehabilitación de adolescentes infractores— fue decretado por el presidente Guillermo Lasso el 29 de septiembre por una “grave conmoción interna”. 

La noche del día anterior y madrugada de ese día, sucedió la peor masacre documentada en cárceles en la historia ecuatoriana: 123 personas fallecieron en la Penitenciaría del Litoral tras fuertes enfrentamientos entre las personas privadas de la libertad.

El estado de excepción se declaró inicialmente por 60 días, pero fue renovado por 30 días más el 28 de noviembre, un día antes de que el estado de excepción terminara. 90 días es el máximo de días por el que un mismo estado de excepción puede estar vigente. 

Según el decreto ejecutivo 276, la renovación se hizo porque la grave conmoción interna en las cárceles, que motivó la declaratoria del estado de excepción, continuaba vulnerando “la vida y los derechos de las personas privadas de la libertad”.

¿Qué ordenaba el estado de excepción?

El estado de excepción ordenaba la movilización de las Fuerzas Armadas, el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI) hacia los centros de privación de la libertad para restablecer y mantener el orden.

A pesar de la medida, en la noche del 12 y madrugada del 13 de noviembre, hubo otra masacre en la Penitenciaría del Litoral que dejó otras 65 personas privadas de la libertad fallecidas. 

Otra medida ordenada por el estado de excepción era la movilización de militares y policías a las cárceles. Los agentes fueron enviados a las cárceles para restablecer el orden y el control interno y para garantizar los derechos de las personas privadas de la libertad y demás personas fuera de las cárceles. 

Según el decreto presidencial que estableció el estado de excepción, las acciones de las Fuerzas Armadas dentro de las cárceles debían coordinarse con las acciones de la Policía Nacional.  Además, tanto los militares como los policías debían actuar en base a los principios de proporcionalidad, necesidad y razonabilidad. 

La proporcionalidad se refiere a evitar el uso desmedido de la fuerza o de ciertas sanciones. La necesidad define qué tan necesario es que se tome o no una acción. Y la razonabilidad se trata de los motivos por los que se usa la fuerza. 

Una vez que el estado de excepción termine, los militares no podrán entrar a los centros de privación de libertad, ya que su presencia solo estaba amparada por esta medida. El control de las cárceles quedará nuevamente en manos del personal del SNAI y la Policía Nacional, como antes del estado de excepción. 

La medida también ordenaba que se hicieran las requisas necesarias para mantener el orden al interior de las cárceles y prohibía la libertad de asociación. Sin embargo, las requisas no han impedido que la violencia continúe. La última masacre de noviembre es una prueba de ello. 

Además, desde el 29 de septiembre que este estado de excepción ha estado vigente, las personas privadas de la libertad no han podido recibir cartas o comunicaciones, sin que antes hayan sido revisadas por los policías o los militares. Tampoco han podido reunirse en los espacios comunales de las cárceles. Mañana, cuando el estado de excepción terminé, podrán volver a hacerlo. 

La situación de las cárceles en el país

Desde hace varios años, Ecuador vive una crisis en las cárceles que, desde 2018, solo ha ido en aumento. El 2021 ha sido el año más violento en los centros de privación de libertad. 

En lo que va de 2021, más de 320 personas han sido asesinadas en varias masacres en las cárceles del país —en febrero, julio, septiembre y noviembre. La masacre más violenta sucedió a finales de septiembre en la Penitenciaría del Litoral y dejó como saldo 123 personas privadas de la libertad fallecidas. De ellas, dijo la Secretaria de Derechos Humanos, Bernarda Ordóñez, en una entrevista con GK, el 75% no tenía sentencia y el 61,3% “no tenía ni 30 años”. 

La última masacre carcelaria ocurrió en noviembre en la Penitenciaría del Litoral y dejó 65 muertos. Esta vez, la masacre fue alertada por los mismos privados de la libertad a través de una transmisión en vivo. En la transmisión, los presos pedían la intervención de las autoridades y alertaban que las muertes serían responsabilidad del Estado porque pasaban horas y nadie hacía nada. 

Daniela Oña, abogada experta en el sistema penitenciario, dice que  algunas de las razones principales de la crisis carcelaria son:

• La falta de una buena reforma carcelaria.
• La falta de personal.
• El presupuesto insuficiente.
• Las nuevas reformas del Código Orgánico Integral Penal (COIP).
• La falta de institucionalidad del SNAI. 
• El aumento de la criminalidad en el país.
• La corrupción dentro de las cárceles.

Oña le dijo a GK que los estados de excepción no solucionan la crisis carcelaria, y tampoco lo hace la intervención de una Comisión de Pacificación.

 Según la experta, la crisis que viven los centros de privación del país requieren de una intervención integral, pero mientras el gobierno central no reconozca que el problema es integral y no una cuestión de enfrentamientos entre bandas, la crisis no se va a poder solventar.