Tuvieron que ocurrir tres masacres para que el presidente Guillermo Lasso designara el 1 de octubre último a la Secretaría de Derechos Humanos como la institución responsable de presidir el directorio del Organismo Técnico del Sistema Nacional de Rehabilitación Social, encargado de la definición de la política pública para el sistema carcelario. La del 28 de septiembre de 2021 fue la peor de la historia del país y la quinta más violenta en América Latina. Demostró, además, que el sistema carcelario no cumple con su principal función: la rehabilitación. 

En medio de una crisis que está lejos de culminar y el reclamo de las familias por un sistema de rehabilitación digno y humano, hablé con la secretaria de derechos humanos, Bernarda Ordóñez, sobre las personas asesinadas en el contexto de la masacre, las acciones emprendidas por el organismo y las medidas adoptadas por el gobierno nacional. 

Desde la Secretaría se hizo un diagnóstico de los perfiles de las víctimas, ¿quiénes eran las personas que fueron asesinadas en la Penitenciaría? 

Sí. Lo hicimos para comprender el fenómeno de la violencia estructural que vive el país, la sociedad y que desemboca en una crisis en el sistema penitenciario que, sobre todo, es una crisis de derechos humanos. 

Nosotros hicimos el análisis con los datos de las 118 personas asesinadas, antes de que se confirmara que eran 119. 

La calidad del dato no es muy buena, pero tenemos un diagnóstico preliminar: el 61,3% de ellos no tenía ni 30 años. El 33%, en cambio, era menor de 25 años. El 21,7% tenía entre 31 y 35 años y el 17% tenía más de 35 años. Solo había tres personas de 49 años, el resto eran completamente jóvenes. Hemos identificado 106 cuerpos.

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También cruzamos datos con cifras de las detenciones realizadas por la Policía Nacional y nos dimos cuenta de que a los 11 años, los niños y las niñas ya están inmersos en círculos de violencia y delincuencia. 

A esa edad ya se registran las primeras detenciones por microtráfico y hurto. A los 15 años ya se reportan detenciones por delitos contra la vida y contra la integridad y a los 20 ya están en procesos de delincuencia organizada.  

Entonces, ¿qué pasa con esos niños?, ¿quién mira por ellos? 

Nuestra conclusión es que es un problema del olvido del Estado y me refiero  al eje social. 

Es decir, estas niñas y estos niños nacieron en pobreza extrema, sin el afecto de una familia, porque muchas de ellas están pasando por procesos de violencia intrafamiliar, habrán visto agresiones contra sus madres, incluso pueden ser sobrevivientes del femicidio de sus madres. 

Si el Estado no mira a la niñez, esta es una de las consecuencias. 

Este olvido tiene dos vías: no se priorizaron acciones de prevención —que yo estoy convencida de que es una de las principales debilidades que tenemos hoy— y, por otro lado, la falta de institucionalidad. 

Han pasado tres años y seguimos en problemas por la mala transformación del Ministerio de Justicia, problemas de nómina, de bienes, de documentación. Eso también contribuye a que no se pueda tener un correcto sistema de rehabilitación social. 

¿Los datos de las víctimas las obtuvieron desde el SNAI? Fuentes carcelarias y familiares han dicho que la cifra podría ser mayor.

Si, nosotros pedimos al SNAI. Ellos nos dieron los nombres y pedimos apoyo al Registro Civil para verificar la edad, estado civil y estado procesal. 

Así concluimos que el 75% de las víctimas, que estaban en el pabellón 5, no tenía sentencia. Pero tomo nota para hacer la consulta pertinente. 

Lo que siempre cabe en un contexto como el que estamos viviendo es actuar con una investigación. 

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Había 5 casos de personas privadas de la libertad que fallecieron y que no tenían cédula. Entonces, en ese mismo momento, le sacaron la cédula y la partida de defunción. Es triste decirlo, pero una vez más demuestra el olvido del Estado. 

Con las masacres, ha quedado demostrado que el sistema de rehabilitación no cumple con su rol, ¿la Secretaría no tiene en sus competencias hacerlo? 

Es una confusión que he visto incluso en la Asamblea Nacional. Cuando se eliminó el Ministerio de Justicia se crearon dos instituciones: la Secretaría y el SNAI. 

Todo lo que tiene que ver con rehabilitación es competencia del SNAI, según lo dice el decreto 560, así como los indultos y repatriaciones. 

Lo que le dejaron a la Secretaría es que cumplamos con las obligaciones nacionales e internacionales de derechos humanos. Lo que yo hago es reparar económicamente cuando la Defensoría del Pueblo termina los informes de la Comisión de la Verdad y las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 

Lo que hemos hecho, por ejemplo, es aprobar las directrices para que la Defensoría del Pueblo y el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos y Degradantes puedan ingresar a los centros de rehabilitación y puedan hacer su observancia. 

En concreto, ¿qué hace el directorio del Organismo Técnico?

El Organismo Técnico está conformado solo por los ministerios del eje social: Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, Ministerio de Inclusión Económica y Social y la Secretaría. 

Aquí no se dan disposiciones técnicas en cuanto a seguridad o intervención. Nosotros somos el directorio que da los lineamientos de la política social para el sistema carcelario. 

¿Cuándo será efectiva esa política social? 

Estará lista en febrero de 2022. 

Bernarda Ordóñez y Karol Noroña

Nuestra reportera, Karol E. Noroña, dialogó con Bernarda Ordóñez, secretaria de Derechos Humanos. Fotografía cortesía de la Secretaría de Derechos Humanos.

Organizaciones sociales que trabajan por los derechos de las personas privadas de la libertad, como la Alianza contra las prisiones, han denunciado constantemente el abandono estatal, ¿van a ser incluidas en la creación de esa política? 

Sí.

Yo vengo de la sociedad civil y la mirada de las organizaciones sociales es clave porque están donde el Estado no está, y pasan todos los días por los problemas que la burocracia estatal genera. También participarán las personas privadas de la libertad. 

Ahora, usted preside el directorio del Órgano Técnico, ¿cómo evalúa que el gobierno nuevamente mande más militares y policías a las calles si se conoce que históricamente no sirve? 

Esa es una de las razones por las cuales el eje social está sesionando permanentemente. 

Ecuador tiene dos fronteras: por la norte, ingresan las drogas, por la sur, en cambio, las armas. 

Son zonas que han sido olvidadas y el eje social se ha debilitado mucho, que debo decir solo tiene un presupuesto de 8 millones de dólares. 

Repito: este problema debe ser resuelto desde una mirada global. Primero, el eje social, el eje de seguridad y el eje económico. 

Si vemos cuáles son los delitos por los cuales se registran mayores detenciones en el país es por violencia intrafamiliar, luego le sigue el microtráfico. Si vemos que tenemos un 16,86% de personas detenidas por violencia intrafamiliar, entonces lo que debemos hacer es trabajar en la prevención de la violencia. 

Ahora, trabajamos urgentemente en las necesidades de los centros de privación de la libertad. Una de ellas tiene que ver con el autocuidado de las mujeres y la higiene menstrual

Activamos al Ministerio de Salud para cubrir tratamientos de tuberculosis, tratamiento de cáncer, exámenes ginecoobstétricos porque mujeres gestantes, mujeres gestantes con VIH, anticonceptivos y retrovirales.

Pero, ¿la militarización es un acierto o un error? 

El decreto ejecutivo está siendo analizado por la Corte Constitucional, sin embargo, ya dio varios lineamientos. 

Las Fuerzas Armadas tienen funciones complementarias y deben estar específicamente detalladas. 

El Estado tiene muchísimas necesidades y una de ellas es fortalecer la presencia en las fronteras. Yo voy a estar vigilante de que todo se cumpla de acuerdo a los estándares de los derechos humanos. Ese es mi rol dentro del directorio.

Usted ha detallado varias acciones emprendidas por la Secretaría en el contexto de la crisis carcelaria, ¿cuál es el presupuesto fijado para concretarlas? 

Ninguna de las instituciones del eje social tiene un presupuesto específico para trabajar con las personas privadas de libertad. 

Los ministerios que más presupuesto o acciones tienen, digamos, son el Ministerio de Educación porque intervienen en los centros de privación de libertad, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Inclusión Económica y Social. 

Pero de ahí, los otros no tenemos presupuestos porque en la planificación no se hizo. 

Pero siendo el eje social el más importante, como usted ha dicho, ¿no se debería contemplar un presupuesto específico para que la situación mejore? 

Por supuesto y en eso estamos claros. 

Desde nuestra perspectiva se necesitan dos factores para que esto realmente cambie. 

El primero, es la gestión. Nos preocupa cómo han sido pensados, diseñados y construidos. En el caso de la cárcel de Cañar, donde permanecen las personas con problemas de adicciones a drogas, hay casos en los que los jueces lo desconocen y se dan traslados de personas procesadas por narcotráfico. 

Eso genera problemas, además de la falta de agilización de excarcelación y los beneficios penitenciarios. 

El segundo, sí, son los recursos. Y de hecho, el auto de verificación de la Corte Constitucional establece la obligatoriedad de que se forme una mesa técnica con el Ministerio de Economía y Finanzas para garantizar la sustentabilidad del Sistema Nacional de Rehabilitación Social. También establece el fortalecimiento institucional del SNAI, porque es un servicio, debe tener presencia territorial. 

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Usted dice que se busca fortalecer el eje social, pero ¿cómo será efectivo si la propia ministra de Gobierno ha dicho que se debe eliminar la tabla de consumo de drogas, con el que se volvería a criminalizar un problema social y de salud pública?

Nosotros hemos compartido nuestra preocupación con la ministra Vela para trabajar en la prevención de las drogas en los niños y en las niñas. 

Estamos trabajando ahora en un proyecto de intervención ya focalizado y urgente, sobre todo, con la droga H.

Hemos invitado al Ministerio de Gobierno para que forme parte del directorio y se miren estas diferentes formas de ver al sistema penitenciario. E insisto en decir que es una crisis de derechos humanos. 

Pero, ¿usted piensa que sí debería eliminarse?, ¿cuál es su posición?

Es un tema que tenemos que estudiar a profundidad. 

Mi postura personal es que, primero que nada, nos hace falta un diagnóstico, una línea base, entender la problemática de las drogas y, créame, eso necesita realmente sesiones profundas de trabajo. 

En mi caso, estamos estudiando la problemática porque no es un tema aislado. Yo que he estado en Guayaquil, que he estado en casas de acogida sabemos. 

No es por tibieza, pero no puedo decirle si estoy de acuerdo o no. Lo que yo hago es siempre investigar y tomar decisiones conforme a los mejores criterios. 

Pero los discursos no parecen coordinados. Tanto el presidente Guillermo Lasso como la ministra Vela posicionan el discurso de la guerra entre bandas y militarizan las calles. Se habla de derechos humanos, pero después de la masacre las personas presas estuvieron cuatro días sin comer. El directorio tiene una tarea difícil. 

Lo que pasa es que el directorio en sí no es una institución, es como un comité intersectorial. 

Durante estos años se reunieron unas cinco veces, aprobaron una política pública vía Zoom. Ni siquiera prendieron las cámaras. 

Pero, en ese sentido, trabajar en esos tres ejes (social, seguridad, económico) es la única opción que tiene el país.  

Parecería también que el Estado necesita mirarse puertas adentro. Un guía de la Penitenciaría dice que las armas continúan ingresan a las prisiones con la complicidad de funcionarios públicos, ¿a eso también no se debería apuntar?  

Tiene que haber una investigación. Este país necesita  y merece certezas. 

Hemos instalado mesas sectoriales, mesas de justicia, pero las instituciones que investigan y judicializan tienen que trabajar. 

Así yo quiera investigar no puedo, no me da la ley. Pero, insisto, este país merece tener sentencias e investigaciones, porque las personas privadas de libertad que fallecieron en la masacre, murieron sin una sentencia y eso no puede ser posible.

También ha habido propuestas como la de la alcaldesa de Guayaquil, que entregó una ley para el porte libre de armas, ¿qué fundamentos hay en ese tipo de planteamientos? 

Soy una mujer de posturas claras. 

Para mí, bajo ningún punto de vista el porte de armas se va a justificar. 

A veces los debates son tomados de forma muy superficial. Nosotros somos civiles, no tenemos ni experiencia, ni administración en el manejo de un arma. 

Es un problema estructural de violencia y nunca se solucionará con más violencia. Tienen que pensar en las niñas y en los niños, porque los datos ya nos dicen lo que está pasando.