El pasado viernes 26 de noviembre de 2021, el proyecto de Ley Orgánica para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal tras la Pandemia COVID-19 entró en vigencia por el ministerio de la ley, después de que quedara sin pronunciamiento en la Asamblea Nacional. El texto que entró en vigencia es íntegramente lo planteado por el presidente Guillermo Lasso cuando presentó el proyecto, y uno de sus artículos en materia tributaria contempla que las grandes y medianas compañías puedan deducir impuestos si invierten en proyectos de conservación ambiental. Te explicamos de qué se trata.

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¿Qué dice la ley?

La nueva ley económica plantea reformas a varios cuerpos legales entre los que está la Ley de Régimen Tributario Interno. Entre esas reformas, la ley establece crear un nuevo numeral que plantea incentivos tributarios verdes.

El nuevo numeral que estará incluído en el artículo 39 de la Ley de Régimen Tributario Interno dice que las empresas privadas grandes o medianas podrán deducir “el 100% adicional para el cálculo de la base imponible del impuesto a la renta, las donaciones, inversiones y o patrocinios” que busquen el cuidado del medioambiente. Se contarán, por ejemplo, los fondos destinados a favor de programas, fondos y proyectos de:

  • prevención
  • protección
  • conservación
  • bioemprendimientos
  • restauración y reparación ambiental

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Inty Gronneberg, Presidente de la Fundación Circular que planteó la incorporación de este artículo en la nueva ley explica que estos incentivos permitirán que los inversionistas —las grandes y medianas empresas— reciban el 100% de lo que invierten, en la deducción del pago de impuestos. Es decir, explica el experto si los inversionistas invierten, por ejemplo, 100 mil dólares en un proyecto o emprendimiento que tiene beneficios ambientales, recibirán 100 mil dólares en la deducción de impuestos. 

La única condición para que los incentivos se apliquen es que la deducción no podrá superar “el 10% de los ingresos brutos anuales” —los ingresos por las ventas anuales— percibidos en el año fiscal anterior por la empresa donante o patrocinadora. Es decir, por ejemplo, si una empresa invirtió 100 mil dólares en un bioemprendimiento pero sus ganancias totales en ventas el año pasado fueron de 500 mil dólares, no podrá deducir los 100 mil dólares completos, sino sólo  50 mil (que es el 10% de las ganancias totales). 

Para beneficiarse de la deducción de impuestos, los proyectos que reciban donaciones de las empresas deben ser calificados por el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE) o por otra autoridad designada por el MAATE. La base para la calificación de los programas será una normativa secundaria que se tiene que expedir para la aplicación de estos beneficios. 

No se sabe todavía cuándo se tiene previsto diseñar esta nueva normativa ni cuándo estaría lista para entrar en vigencia”. Sin embargo, la ley económica dice que la normativa, así como el reglamento que regule estos beneficios tributarios deberán ser diseñados por el Ministerio de Ambiente. Ambas regulaciones deben establecer los parámetros técnicos y formales que tienen que cumplir las empresas para acceder a los beneficios de la deducción de impuestos. 

¿De dónde nació la idea?

Inty Gronnenberg, científico y Presidente de la Fundación Circular, cuenta que la idea nació de la Fundación —que fomenta la economía circular en el país— alrededor de febrero de este 2021. Gronnenberg dice que en varios países se empezó a pensar en cómo sería el mundo post pandemia de covid-19 y que una de las cosas de las que se comenzó a hablar fue la reactivación verde. 

Esta reactivación es cuando los gobiernos utilizan estímulos para que otros inviertan en medidas sostenibles para impulsar un futuro que no solo se enfoque en el desarrollo económico y la generación de empleos, sino que también aporte beneficios ambientales y sociales. 

Gronnenberg dice que notaron que en Ecuador se estaba hablando muy poco o nada del tema y que históricamente el país ha perdido muchas oportunidades en el exterior por no tener proyectos locales que sean atractivos para la nueva ola del financiamiento climático. Entonces ver esta tendencia internacional que planteaba la reactivación verde, fue lo que motivó el proyecto para aplicar una estrategia similar en el país. 

El científico experto en emprendimientos e innovación dice que lo que se planteó fue un mecanismo que incentive la reinversión en proyectos ambientales. En este caso, ese mecanismo es el de los incentivos tributarios, que básicamente consiste en la oportunidad de deducir la base sobre la cual las grandes empresas pagan sus impuestos si es que invierten en programas que promuevan el cuidado del medioambiente o en bioemprendimientos. Según Gronnenberg, este es un mecanismo que se usa mucho en países como el Reino Unido. 

Entonces, dice el experto, buscaron el apoyo del sector privado y propusieron un mecanismo de incentivos tributarios para el medioambiente. El mecanismo que ahora está en la ley económica se basó en los incentivos tributarios para el deporte que fueron propuestos por el ahora Ministro de Deporte, Sebastián Palacios, cuando aún era asambleísta. Solo que a diferencia de esos incentivos deportivos, estos se enfocarán en proyectos que sean aprobados por el Ministerio de Ambiente para la conservación, restauración y regeneración ambiental y los bioemprendimientos. 

La idea con estos incentivos, dice Gronneberg, es volver atractiva la inversión en el área ambiental  en el país, ya que ahora es muy baja. 

¿Es bueno o malo?

Inty Gronnenberg asegura que los incentivos tributarios para la inversión en proyectos ambientales es un “ganar-ganar”. Las empresas ganan por los incentivos tributarios que reciben, y los proyectos de conservación y restauración ambiental y los bioemprendimientos ganan porque reciben fondos de inversión para continuar trabajando. 

Además, dice Gronnenberg, también gana el Estado porque al incentivar a las empresas con estos beneficios tributarios, se incentiva a que la inversión se quede en el país, y por ende, se generen más ganancias económicas.

Según el experto, también se hicieron estudios para entender qué alcance tendría la reinversión en los proyectos ambientales y bioemprendimientos motivada por los beneficios tributarios. Y los resultados fueron positivos. Gronnenberg explica que en la actualidad, más del 60% del capital de inversión que reciben estos emprendimientos o empresas pequeñas se usa para los salarios de los trabajadores; entonces si hay más inversión, habrá más empleo. 

Según Gronnenberg, si se logra la inversión de 90 millones de dólares en estos proyectos ambientales, se podrá generar entre 40 y 50 mil fuentes de empleo en el sector ambiental. Además, la inversión permitirá que la microempresa o bioemprendimiento siga creciendo, y consecuentemente,  pueda llamar la atención de inversionistas internacionales, que traerán recursos económicos al país. 

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Doménica Montaño
(Quito) Ex reportera de GK. Cubre medioambiente y derechos humanos.

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