El 18 de noviembre de 2021, el ex presidente Lenín Moreno cumplió tres meses fuera del país. Ese mismo día, se supo que Moreno aceptó ser Comisionado del Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA) para asuntos de discapacidad. Ante la noticia, cien asambleístas solicitaron el retorno inmediato del expresidente pues el plazo de 90 días que, según él, estaría fuera terminó. La Constitución obliga a Moreno, a notificar al legislativo el tiempo y razones de su salida. Pero, ¿qué pasaría si no regresa? 

En realidad, nada. La resolución exigiendo el retorno de Moreno, quien culminó su período con una aprobación de apenas el 4% según la encuestadora Cedatos,  fue presentada por Fausto Jarrín, asambleísta de la coalición correísta Unión por la Esperanza (UNES). La moción fue aprobada con 100 votos ayer, no tiene consecuencias jurídicas y la Asamblea tampoco tiene potestad constitucional de obligarlo a retornar, explica Ismael Quintana, abogado constitucionalista. 

Un día después de que la resolución fue aprobada, el 24 de noviembre, Moreno envió una carta a la Asamblea en la que dijo que la decisión de exigir su regreso es “carente de cualquier ordenamiento jurídico” y que eso perjudicaba la gestión del Legislativo. Además, en ese documento Moreno notificó a la Asamblea que “sus funciones fuera del país se extenderán por el tiempo que dure el encargo de la OEA” Es decir, no planea regresar todavía. El expresidente añadió que el nuevo cargo requerirá de su “participación activa en la asesoría y aplicación de políticas de inclusión y derechos de las personas con discapacidad”.

El artículo 144 de la Constitución, en su numeral tres, dice que el presidente de la república “durante su mandato y hasta un año después de haber cesado en sus funciones” debe comunicar a la Asamblea Nacional que saldrá del país. En su aviso, que debe hacerse antes de viajar, el presidente debe anunciar el período y las razones de su ausencia del país. El abogado Quintana enfatiza en que la máxima normativa le exige al exmandatario notificar su salida, pero no pedir permiso o autorización para hacerlo. 

El 17 de agosto pasado, un día antes de viajar hacia Estados Unidos, Moreno sí notificó, a través de una carta dirigida a la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, que dejaría el país por motivos “laborales y personales”. Según el expresidente, iba a conocer a su nieto, que en aquellos días estaba por nacer y, además, a atender compromisos de trabajo.“Él envió esa notificación, como la Constitución lo fija. Pero no tiene una obligación jurídica de solicitar una autorización para salir del país, sino de comunicarlo. Si él ha decidido quedarse a vivir en el extranjero, la Asamblea no puede hacer nada contra eso”, explica Quintana. 

La resolución de ayer será remitida a la Fiscalía y a la Contraloría  para que ambas instituciones informen sobre las acciones tomadas desde que la Asamblea envió una resolución el 8 de julio de 2021 en la que se exigió una auditoría a la gestión del ex presidente Lenín Moreno. Para Jarrín, Moreno tiene aún varias respuestas que dar sobre investigaciones abiertas como el caso INA Papers, que lo involucraría con la empresa offshore Ina Investment Corporation, según una revelación del portal La Fuente. 

La resolución será, además, enviada a la OEA para que, según Jarrín, se conozca a nivel internacional el supuesto “incumplimiento constitucional” del ex mandatario. El abogado Quintana reitera que el documento no tendrá efectos legales. En cambio, dice, la resolución de la Asamblea eleva un mensaje político para exigir una investigación contra Moreno. 

¿Es necesario que Moreno regrese a Ecuador para afrontar investigaciones como la del caso INA Papers?

La investigación en el caso INA Papers ha avanzado a paso de tortuga tanto en la Asamblea como en instancias penales. De hecho, lo último que se supo fue que el 27 de septiembre, la Comisión de Fiscalización llamó a Moreno a comparecer el 1 de octubre. Sin embargo, Moreno no asistió.  La Fiscalía General del Estado no le ha formulado cargos en la indagación previa que se abrió por el caso INA Papers.

La ex fiscal general del estado encargada Ruth Palacios abrió una investigación previa contra Moreno, su hermano Edwin y tres personas más en marzo de 2019. La indagación empezó por la denuncia que presentó el asambleísta Ronny Aleaga. 

El legislador solicitó que se investiguen la presunta comisión de cuatro delitos relacionados a la propiedad y actuaciones de la compañía Ina Investment Corporation: cohecho, organización delictiva, fraude fiscal y lavado de dinero. Si la Fiscalía llegara a procesar a Moreno por esos delitos, ¿es necesario que regrese a Ecuador para afrontarlos? 

Dependerá. El abogado Milton Castillo recuerda que el artículo 233 de la Constitución establece que los servidores públicos estarán sujetos a las sanciones establecidas para “el peculado, cohecho, concusión y enriquecimiento ilícito”. Además, ese artículo ordena que las penas son imprescriptibles para esos cuatro delitos —es decir, el paso del tiempo no extingue la posibilidad e que se inicie una investigación y posterior juicio por su comisión. 

Además, dice la Constitución, los juicios por ese delitos se “iniciarán y continuarán incluso en ausencia de las personas acusadas”. Aquel principio también es ratificado en el artículo 660 del Código Orgánico Integral Penal en el que se fija que para el inicio del juicio es imprescindible la presencia obligatoria de la persona procesada, “con las salvedades del juzgamiento en ausencias previstas” —es decir, para ciertos delitos (como los cuatro citados) que permiten que el procesado no esté en el momento de ser llevado a juicio. 

Castillo dice que es difícil saber con certeza por cuáles delitos podría ser procesado Moreno o si será procesado del todo. Pero, si uno de ellos, por ejemplo, es peculado, incluso podría ser condenado sin que esté presente, como ocurrió con el ex presidente Rafael Correa, sentenciado a ocho años de prisión en el caso Sobornos, en enero de 2020. 

Hoy Carlos Riofrío, contralor subrogante, habló sobre la situación de Moreno. “Se tienen programados exámenes especiales a los procesos que llevó a cabo el ex presidente”, dijo Riofrío y confirmó que para iniciarlos no es necesario su regreso. “Le podemos notificar el inicio de las acciones de control en cualquier lugar donde esté. Si posteriormente se necesita, será requerido”, afirmó el Contralor subrogante. 

El abogado Milton Castillo coincide con Ismael Quintana en que la resolución de la Asamblea tiene una fuerte carga política que sí busca exigencia de investigación contra Moreno. Sin embargo, reflexiona, podría, en realidad, jugarle a favor al ex presidente. “Cuando la Asamblea realiza acciones que jurídicamente no le compete, le está dando elementos [a Moreno] para que replique la idea de que el proceso es político y que, por lo tanto, es perseguido. Le favorece porque le permite victimizarse e, incluso, en algún momento podría presentar medidas cautelares ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, dice Castillo. 

El caso INA Papers, brevemente explicado 

Una investigación publicada en el portal La Fuente en 2019 y firmada por el activista Fernando Villavicencio y el periodista Christian Zurita, denuncian la trama de INA Papers. 

En la investigación se vinculaba a la familia del entonces presidente Lenín Moreno con la empresa offshore Ina Investment Corporation. También se relaciona a  Edwin Moreno, hermano del expresidente,  y los esposos Xavier Macías Carmigniani y María Auxiliadora Patiño, quienes tienen una relación de amistad con  Moreno y su esposa, Rocío González. De esta relación de amistad se han filtrado varias fotografías que comprueban el vínculo entre las familias Macías Patiño y Moreno González.

Según La Fuente, la empresa compró muebles en Moinat S.A Antiquities, una tienda de muebles clásicos en Ginebra, Suiza. Los muebles fueron trasladados a la dirección Quai Wilson 45 1201, Ginebra, lugar donde residían Moreno y González, cuando cumplía el cargo de Alto Comisionado de las Naciones Unidas para las Personas con Discapacidad entre 2014 a 2016.

También se le atribuye a  la empresa INA Investment la compra de un departamento en Alicante, España, por un valor de 133.400 euros. Las facturas se emitieron a nombre de Edwin Moreno y María Auxiliadora Patiño. 

Para la compra del departamento, la empresa offshore habría hecho dos transferencias: una en diciembre de 2015 y otra en febrero de 2016. En las transferencias se registran dos direcciones. 

La primera es la Urb El Río Km 2 y la segunda es la avenida Eloy Alfaro N37-25, Quito. El primer domicilio corresponde a la casa de Xavier Macías Carmigniani. Mientras que la segunda es el sitio donde está domiciliada la empresa petrolera Sertecpet, de propiedad de Eduardo López, amigo de los hermanos Edwin y Lenín Moreno Garcés. El reportaje afirma que Alicante es la misma ciudad en la que vive Karina Moreno, una de las hijas del expresidente de la República.

En la investigación de Fernando Villavicencio y Christian Zurita se menciona el nombre del abogado Ricardo Alemán, exembajador de Panamá en México y socio de la firma Morgan & Morgan. 

El martes 4 de diciembre del 2018,  Alemán habría ordenado a la abogada Laura Sinesterra la disolución de INA. Según la investigación, Alemán escribió: “Me pide XM que por favor procedas lo más rápido posible con la disolución”. XM son, según La Fuente, las iniciales de Xavier Macías Carmigniani.