El Ministerio de Economía y Finanzas anunció que “está gestionando” un préstamo de 45 millones de dólares al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para, según la institución, “mejorar los servicios de rehabilitación social y de seguridad”. Hoy, 17 de noviembre de 2021, el Ministerio dijo en un comunicado que el dinero será gestionado a través de un programa de inversión emprendido por el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad (SNAI) y la Corte Constitucional. 

Sin embargo, no dio más detalles sobre cómo será distribuido el presupuesto en el sistema de rehabilitación social. 

El Ministerio indicó, además, que se direccionaron al menos 10 millones de dólares para atender la emergencia que se vive en las cárceles, que han sufrido ya cuatro masacres durante 2021. Una de ellas, la de septiembre, es la peor documentada en la historia de Ecuador: murieron 119 personas. La institución no especificó desde cuándo se asignó esa cantidad. 

Así se distribuye ese presupuesto de 10 millones: 

• SNAI: recibió 8.8 millones de dólares para el mantenimiento de edificios y obras civiles, adquisición de equipos y materiales para el control y vigilancia de los centros de privación de la libertad en todo el país. Además, para adquisición de vehículos y materiales para control, pagos de servicios básicos, entre otros.
• Policía Nacional: 1.2 millones de dólares para dotación de combustible, mantenimiento, repuestos y accesorios automotrices para aumentar el patrullaje a escala nacional.
• Servicio Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses: 57 mil dólares para repuestos y accesorios automotrices para trasladar a personal médico forense a Guayaquil. Además para gastos de viajes. 

No hubo presupuesto para inversión en el eje social. Es decir, en concreto, los procesos de rehabilitación de las personas en prisión.

La falta de presupuesto

El SNAI no solo vive una profunda crisis institucional, debido al cambio constante de directores y falta de procesos de rehabilitación, sino también presupuestaria. Desde el 2019, el Servicio tiene un déficit presupuestario de al menos 60 millones de dólares en promedio. 

En 2020, la cifra asignada fue de 91 millones de dólares. Sin embargo, necesitaba al menos 68 millones de dólares más para mejorar su operatividad, según datos analizados por GK. 

Para 2021, el presupuesto asignado fue de 99 millones de dólares y tiene un déficit de 60 millones. Esa falta de recursos económicos también intensifican las condiciones precarias en las que viven las personas privadas de la libertad en el país: la falta de acceso a la salud, la ausencia de una alimentación adecuada, agua contaminada, entre otros.

Las mujeres, por ejemplo, son olvidadas y peor aún su salud menstrual. Un reportaje de GK encontró que las mujeres en prisión necesitan al menos 96 mil dólares para poder adquirir toallas sanitarias a través del economato que, además, son de mala calidad. 

En las cárceles hay más de 2.300 mujeres en edad menstruante. Sin embargo, el SNAI no tiene un rubro específico para cubrir esos gastos. Entonces, las mujeres crean redes de apoyo, van pidiendo una de celda en celda o, por el contrario, viven los dolores en la absoluta soledad.