“Por favor ayúdenos”, dice una voz en un video publicado el viernes 12 de noviembre grabado en la Penitenciaría del Litoral. “Yo no estoy en contra de ningún pabellón…” insistía mientras en el fondo no paraban los gritos, explosiones y disparos. “Señores, nos van a prender fuego”, continúa el susurro, apuntando la cámara, entre las rejas, a un objeto incendiado sobre un techo. En otro momento, segundos antes, el celular documentaba el reflejo del fuego contra las paredes. “Ayúdenos”, repite. 

Esa noche los enfrentamientos dejaron alrededor de 68 asesinados en el Centro de Privación de Libertad Número 1 en Guayaquil (más conocido como la Penitenciaría), el mismo sitio donde hace un mes, el 29 de septiembre, fueron masacrados 119 reos. 

Ahora, los hechos fueron igual de confusos y la reacción de las fuerzas del orden igual de tardía. La impotencia era, nuevamente, generalizada. Como publicó Corredores Migratorios, un proyecto colectivo parte de la Alianza contra las prisiones, “Ya no es posible hablar de crisis carcelaria. Una crisis es temporal y busca salida. Estamos frente al uso abierto del abandono a muerte como una técnica política de gobierno.” 

Tienen un punto: las cárceles han paralizado la capacidad de reacción del gobierno y lo han mostrado o absolutamente impotente o resignado a abandonar a los reos. El discurso de seguridad no ha dado resultados. Ni los dará. Enfrentar algo tan complejo como el narco requiere de otro tipo de estrategia: la integral. 

El disturbio del viernes fue provocado después de la liberación del líder de la banda de los Tiguerones y según Pablo Arosemena, gobernador de la provincia de Guayas, la falta de una cabecilla en el pabellón creó un vacío de poder. «Al estar ese pabellón sin cabecilla, otros pabellones con otras bandas pretendían doblegarlos, entrar a hacer una masacre total», explicó el funcionario. 

Esta es la cuarta masacre carcelaria en 2021 a pesar del Estado de Excepción declarado por el presidente y el establecimiento de control militar en el perímetro de acceso a las cárceles. La supuesta mano dura que definiría la política de gobierno no ha impedido nada, ni salvado ninguna vida. Tampoco ha alertado al gobierno de matanzas a futuro; estas siguen siendo tan frecuentes como, paradójicamente, sorpresivas. 

En esta ocasión, el presidente Lasso se encontraba en la celebración del aniversario del Cuerpo de Infantería de Marina de los Estados Unidos y no se pronunció hasta el siguiente día, cuando criticó a la  Corte Constitucional y otras instituciones del Estado por, aparentemente, negarle las “herramientas constitucionales idóneas para proteger a la población, recobrar el orden en las cárceles y luchar contra las mafias que se lucran del caos”. Parecía una indirecta: según la comandante general de la Policía Nacional, Tannya Varela, las Fuerzas Armadas no pudieron ingresar a los predios debido a que la Corte Constitucional había limitado la presencia de los militares al primer filtro de la entrada. 

Los hechos solo evidencian la inutilidad de apuntar dedos. El problema es mucho más de fondo. “No es fácil, pero estamos por el camino correcto”, dijo el gobernador del Guayas en rueda de prensa, como si no hubieran sido incapaces de detener la cuarta masacre y como si pudieran ofrecer resultados positivos medibles a la ciudadanía. Pero no hay nada de eso. La situación está empeorando. 

Brilla la desproporción del problema: un cambio estructural de las mafias en el país que se pelean por poder y territorio. El narcotráfico haciendo gala de su poder y demostrando que el gobierno no le hace ni cosquillas, como ocurrió con el radar en Montecristi. Ecuador se adentra de manera explosiva a la misma niebla que por años cubrió a Colombia y México. 

El Estado no puede dejarse ganar por la tentación de la retórica militarista, como lo ha hecho. Si no ha podido recuperar el control de las cárceles, tampoco podrá ganar o detener al narcotráfico fuera de ellas. 

El tema no es solo de seguridad nacional, sino de salud pública, como lo entendió Portugal.  Si México y Colombia son ejemplos de guerras armadas fracasadas contra el narcotráfico, el país europeo sigue siendo un referente por haber aprobado en 2000 una estrategia que despenalizaba el consumo y dejaba de tratar a los consumidores como delincuentes. Reconocer esto como un asunto de salud pública nos presentaría ante un enemigo mucho más manejable: la adicción y no la industria de las drogas. Porque ni el Estado ni la sociedad civil están preparados para una guerra contra estas mafias. No hay estrategia, ni dirección claras. 

Tampoco existe un consenso nacional sobre lo que significa enfrentar al narcotráfico: el enemigo no tiene una cara o un frente claro. Al contrario, el enemigo es una red gigantesca, con enorme poder militar, económico y político. 

Las matanzas en las cárceles se han encargado de demostrar que esto no se superará ni controlará con más seguridad armada, o más presencia militar en el país. Tampoco cambiará nada eliminar la tabla de consumo de drogas, como propuso la ministra de Gobierno, Alexandra Vela. No hay soluciones simples ni panaceas, pero sí una certeza: esto rebosa la capacidad armada del Estado. 

Es imposible no sentir impotencia ante la desesperación de los familiares de los reos o los testimonios que llegan desde adentro. Estamos viviendo la explosión de un conflicto que ha fermentado desde hace muchos años. Las fuerzas del orden han fracasado para contenerlo. Es la oportunidad para pensar en alternativas integrales. No hay nada que perder.