Tras la masacre que dejó 119 muertos en la Penitenciaría del Litoral, la Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral de la Asamblea Nacional abrió una investigación. Hoy, 18 de octubre de 2021, la Comisión recibió a varias autoridades para que rindieran cuentas sobre la crisis carcelaria en y la inseguridad en el país. Las comparecencias servirán para que la Comisión avance su investigación.
Después de escuchar las comparecencias de las autoridades y analizar varios pedidos de información, la Comisión de Seguridad tiene que hacer un informe sobre la aplicación del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos y Degradantes (MNPT) dentro de las cárceles del Sistema de Rehabilitación Social.
¿Qué dijeron las autoridades?
La mañana de hoy comparecieron ante la Comisión:
- La Secretaria de Derechos Humanos, Bernarda Ordóñez
- La Ministra de Salud, Ximena Garzón
- El Ministro de Trabajo, Patricio Donoso
- Bolívar Garzón, Director General del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI)
Bernarda Ordóñez, Secretaria de Derechos Humanos, dijo que de las 119 personas que fallecieron en la Penitenciaría del Litoral tras los enfrentamientos del 28 y 29 de septiembre, 105 ya han sido identificadas. Todavía quedan 14 por identificar.
Después de la masacre, Henry Coral, jefe subrogante de la Dirección Nacional Técnica Científica de la Policía, dijo que había una demora para identificar y entregar los cuerpos de los fallecidos a sus familiares porque el levantamiento de los cadáveres se hizo “sin ningún dato informativo” sobre su posible identidad. Además, dijo que había dificultad para identificar los cuerpos porque algunos de ellos fueron desmembrados y algunos incluso están quemados.
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Según Ordóñez, aunque no se han identificado todos los cuerpos, con la información de los 105 fallecidos que ya se han podido identificar, la Secretaría pudo concluir que el 61.3% eran personas menores de 30 años y que de ellos, sólo el 24.5% tenía sentencia ejecutoriada. Es decir, casi el 75% de los fallecidos en la masacre de la Penitenciaría eran personas cuya culpabilidad por un delito todavía no había sido comprobada.
La Ministra de Salud, Ximena Garzón, dijo en su comparecencia que hay 47 establecimientos de salud en los centros penitenciarios. Algunos de los servicios principales que se ofrecen son medicina interna, medicina familiar y farmacia, según la funcionaria. En Ecuador, hay 47 centros penitenciarios que forman parte del sistema carcelario, 10 son centros de adolescentes infractores, y 37 son centros penitenciarios para adultos. Es decir, que hay un centro de salud por cada centro carcelario.
Garzón también dijo que en todo el sistema hay 244 “profesionales de la salud”. Garzón no especificó cuántos médicos, enfermeras y otros especialistas hay en los centros de privación de libertad. Tampoco dijo si el equipo que tienen es suficiente. Sin embargo, el criminólogo Santiago Argüello le dijo a GK que no hay suficientes “médicos, psiquiatras y psicólogos” dentro del sistema penitenciario porque no hay dinero para pagarles.
La intervención del Ministro de Trabajo, Patricio Donoso, ante la Comisión de Seguridad fue breve. Donoso dijo que en los centros penitenciarios se hacen “capacitaciones en diferentes campos laborales”. Sin embargo, no especificó en qué consisten esas capacitaciones, ni quién las dicta, ni en cuáles son los campos laborales en los que se están ofreciendo las capacitaciones.
Hoy también compareció el Director General del SNAI, Bolívar Garzón. Garzón dijo que hasta ahora hay 37.679 personas privadas de la libertad y 313 adolescentes infractores. El sistema penitenciario tiene capacidad para acoger a 25 mil, es decir que hay más de 12 mil personas por encima de la capacidad.
Además, según cifras del Ministerio de Gobierno, de todas las personas privadas de la libertad, casi el 40%, no tienen sentencia.
Bolívar Garzón también dijo que en todo el sistema solo hay 1.632 guías penitenciarios para vigilar a más de 36 mil personas detenidas. Según la abogada experta en derechos humanos y personas privadas de la libertad, Daniela Oña, se estima que debe existir al menos un guía penitenciario por cada 6 personas. Pero en el país, en algunos centros de rehabilitación social, “hay un guía por cada 20 o 30 personas”.
El director del SNAI también dijo que es necesario “concretar soluciones integrales e involucrar a todas las instituciones del Estado” en la aplicación de las mismas. No dio mayores detalles sobre cuáles podrían ser esas posibles soluciones a la crisis que vive el país dentro de sus centros penitenciarios.
La crisis carcelaria en Ecuador
Desde 2017, Ecuador vive una crisis carcelaria que, según expertos, cada año ha seguido creciendo. En 2018, por ejemplo, hubo 15 muertes violentas dentro de los centros de rehabilitación social del país. En 2019, la cifra aumentó a 35 y en 2020, a 51. Sin embargo, el 2021 ha sido el año más violento en las cárceles del país.
Solo entre enero y septiembre, más de 230 personas privadas de la libertad han muerto de forma violenta en los centros penitenciarios. Amotinamientos simultáneos en 4 cárceles resultaron en la muerte de 79 presos en febrero. Meses más tarde, en julio, enfrentamientos violentos en la Cárcel de Latacunga y en la Penitenciaría del Litoral provocaron la muerte de 22 presos. Y una masacre en la Penitenciaría del Litoral el 28 y 29 de septiembre dejaron al menos 119 reos fallecidos.
Según Daniela Oña, algunas de las razones de la crisis carcelaria en Ecuador son:
- La falta de una buena reforma carcelaria.
- La falta de personal.
- El presupuesto insuficiente.
- Las reformas del Código Orgánico Integral Penal (COIP).
- La falta de institucionalidad del SNAI.
- El aumento de la criminalidad en el país.
- La corrupción dentro de las cárceles.
La Comisión de Seguridad de la Asamblea Nacional tiene previsto continuar recibiendo a autoridades para que comparezcan sobre su rol en la crisis carcelaria del país. Además, ayer, 17 de octubre, la Comisión visitó la cárcel de Latacunga, en la provincia andina de Cotopaxi para “verificar las condiciones de seguridad y los proyectos” disponibles para las personas privadas de la libertad.
