De vuelta al populismo penal

Alexandra Vela, Ministra de Gobierno, quiere más gente en las cárceles, llenarlas más de lo que ya están. Eso parece, al menos, después de que anunció el 31 de agosto pasado que el gobierno presentará una propuesta a la Asamblea Nacional para eliminar la tabla de tenencia y consumo de drogas, que sirve para diferenciar entre consumidor y traficante y para establecer cantidades mínimas y máximas de tenencia. No es novedad, ni sorpresa: en campaña el presidente Guillermo Lasso insistía en que la tabla promovía el microtráfico en “escuelas y colegios del país”. En eso no ha cambiado de opinión. Y es una postura grave. 

Lo que menos necesita el Ecuador en este momento es volver a criminalizar el consumo de drogas. Hacerlo quizás le ganaría la aprobación de quienes no entienden la razón de ser de la tabla, pero solo resultaría en mayor represión sobre grupos vulnerables y mayor vulneración de los derechos humanos en el país. ¿Y el narcotráfico? No recibiría ni un rasguño. Es lo que pasa cuando se sucumbe al populismo penal. 

Vela también parece entender la complejidad de la crisis en Ecuador, pero para recaer luego en lugares comunes. “Este es un fenómeno que tiene que enfrentarse desde diferentes ópticas, no solo desde la represión o sanción, sino de una forma preventiva, involucrando a la comunidad, a los gobiernos locales, las áreas de salud, porque es donde se evidencia si niños y jóvenes están consumiendo drogas”, dijo en la misma entrevista para Radio Sucesos en la que anunció la propuesta a la Asamblea. Al mismo tiempo, aseguró que la tabla debía ser eliminada porque “Cuando hay un fenómeno de narcotráfico y es un país de tránsito por muchísimo tiempo, la droga empieza a quedarse en la sociedad”. Es absurdo: la Ministra entiende que la represión no es suficiente (en la mayoría de casos es contraproducente), pero quiere eliminar el mínimo de tenencia que prevendría que usuarios terminen en la cárcel. 

Ese prejuicio y miedo hacia la tabla de consumo de consumo y tenencia de drogas tiene historia. Fue polémica desde su aprobación en 2013 por el hoy extinto Consejo Nacional de Sustancias Estupefacientes  y Psicotrópicas (Consep). Generó, según algunos, “alarma y desconcierto”: era el cuco porque para sus críticos promovía el consumo. Era, de hecho, al revés.

Medidas como las de la tabla buscan reconocer a la adicción como una enfermedad. Ubica la responsabilidad sobre los hombros de quienes producen y trafican droga, no tanto sobre sus consumidores. 

No es perfecta, por supuesto, pero corresponde con las políticas que en el mundo han tenido éxito real en la regulación de drogas. Portugal, por ejemplo, desde hace 20 años ha sido ejemplo y referente de regulación integral de las drogas. El narcotráfico representaba un problema que según funcionarios portugueses llegó a niveles inmanejables: “No había familia sin algún adicto”. 

Por mucho tiempo lo intentaron controlar con mano dura, saturando las cárceles y castigando con muy onerosas penas tanto a consumidores como a traficantes. Fueron de mal en peor: la criminalización y poca información sanitaria sobre el uso de jeringuillas también aumentaba infecciones e índices de VIH en la población. El consumo era un tabú y un crimen, por lo que era muy difícil buscar ayuda.

Esas medidas nunca funcionaron. Luego, en 2000, el gobierno portugués aprobó una estrategia que despenalizaba el consumo para quienes portaban un máximo de 10 dosis de droga y dejaba de tratar a consumidores como delincuentes. Fue un giro de 180 grados: se reconoció que eran drogodependientes y que su recuperación requería de programas de atención, de salud especializada y, en casos extremos, de acceso a metadona en lugar de heroína administrada de forma paulatina. Suavizar la mano dio resultados: el consumo de heroína y cocaína pasó de afectar al 1% de la población al 0,3%. Los contagios de VIH entre consumidores bajó al 50%. En las cárceles, el número de presos por delitos relacionados a drogas bajó del 75% al 45%. 

A pesar de lo que revelan casos como los de Portugal, existen aún muchos prejuicios hacia medidas como las de la tabla de consumo de drogas. El presidente Lasso los repitió varias veces. No entiende que el problema no es la tabla sino, como explicó a GK, Carlos Valenzuela, miembro del Grupo de Investigación e Intervención sobre Drogas de Ecuador, la ausencia de un proceso adecuado en el sistema judicial para diferenciar entre usuarios y consumidores. Según Valenzuela, la tabla es un “instrumento que no ha sido bien utilizado y socializado”. 

Explicó que, por ejemplo, son los policías en las calles quienes terminan decidiendo qué hacer con alguien que porta una sustancia ilícita, cuando lo adecuado es que sea un juez quien decida —en base a la tabla de consumo. Esto está directamente relacionado con la crisis carcelaria: cuando alguien termina en la cárcel por portar sustancias, su juicio no está asegurado. Lo dicen los números: Según el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad (SNAI), el 40% de la población carcelaria no tenía sentencia hasta el final de 2020. 

La política que propone el gobierno hace eco de otras propuestas suyas que recaen en lo punitivo sin otro sustento que la ilusión de control. Populismo penal, puro y duro. En campaña, por ejemplo, Guillermo Lasso abogó por el porte de armas para combatir la delincuencia.

Lasso y Vela olvidan que el consumo de drogas y la delincuencia son síntomas de la pobreza y la desigualdad, no sus causas. Su insistencia en eliminar la tabla y endurecer el trato hacia consumidores solo aumentará el miedo, la clandestinidad, las excusas de las fuerzas del orden para violar derechos humanos y, obviamente, la población carcelaria. Sería contraproducente. Al menos la ministra Vela parece saberlo. Pero le gana el populismo penal, el miedo y un montón de prejuicios sobre el consumo de drogas. La mano dura en la lucha contra los estupefacientes es un golpe de efecto. No una solución.