Entre el 28 y 29 de octubre el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de las Naciones Unidas evaluó cómo el Estado ecuatoriano trata a las niñas y mujeres del país. Esta vez quien representó al Ecuador fue la Secretaria de Derechos Humanos, Bernarda Ordóñez. Durante cinco horas, la funcionaria dio datos sobre varias sentencias de la Corte Constitucional, el proyecto de ley para despenalizar el aborto por violación, la violencia de género, la población LGBTI, entre otros. Lo hizo sola, no presentó a la amplia delegación que la acompañaba ni sus integrantes fueron enfocados por la cámara que solo la enfocaba a ella. Su delegacion cumplió con pasarle papeles pero no intervino; solo una de sus miembros, Lorena Escobar —la Subsecretaria de Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes—  habló por apenas cinco minutos. 

Además de la intervención del Estado, las organizaciones no gubernamentales del país, como la Coalición Nacional de Mujeres del Ecuador, presentaron informes alternativos que sirvieron para contrarrestar la información oficial. Cada cuatro o cinco años (en esta ocasión seis, por la pandemia), los Estados que firmaron la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (conocida como la Convención CEDAW) —como Ecuador— se someten a esta evaluación.

Bernarda Ordóñez, vestida con un saco rosado pálido que en la solapa tenía tres pines de mariposas en honor a las hermanas Mirabal —por quienes se declaró el Día Internacional para erradicar la violencia contra las Mujeres, repitió en varias ocasiones que Ecuador se escribe con la letra “e”, de equidad, a ratos olvidando que estaba frente a expertas en género y derechos humanos y no ante un jurado de marketing. 

En las cinco horas, Ordóñez se refirió en varias ocasiones al proyecto de ley presentado por la Defensoría del Pueblo a la Asamblea Nacional para regular el aborto por violación en el país. Pero nunca mencionó lo que preocupaba a las organizaciones de la sociedad civil: que un asambleísta presentó otro proyecto de ley que va en contra de los derechos humanos de las mujeres, y que pretende desacatar el mandato de la Corte Constitucional —que despenalizó el aborto por violación en abril de 2021.

Cuando las expertas del Comité CEDAW, Louiza Chalal —una educadora de Argelia— y Leticia Bonifaz Alfonzo —una abogada mexicana—, le preguntaron si el Estado ampliaría la despenalización del aborto a otras causales para proteger a niñas y mujeres, como el incesto y malformación grave del feto, Ordóñez esquivando las preguntas, se refirió solo a la discusión al interior de la Asamblea Nacional y dijo —como un discurso aprendido— que desde el Estado, se trabaja fuertemente la prevención de los embarazados no deseados.

A lo largo del examen —como se denomina el momento en que el país es evaluado por el Comité CEDAW—, la representante estatal hizo referencia, una y otra vez, a los 24 millones de dólares que el Estado tiene pensado invertir en la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. Un rubro todavía insuficiente y del que no se tiene claridad cómo se va a invertir. También repitió, en varias ocasiones, la puesta en marcha del proyecto de los Centros Violetas —espacios para atender a víctimas de violencia—  y el proyecto de ley de la Economía Violeta —presentada por el anterior gobierno para atacar las brechas en el ámbito laboral.

Al momento de hablar sobre los avances de los derechos de la población LGBTIQ, la jefa de delegación se refirió a las sentencias de la Corte Constitucional como del matrimonio igualitario, de la identidad de género, la garantía del derecho a la homoparentalidad y la lesbomaternalidad, y de la regulación de un proceso especial y expedito para los delitos de odio. Mencionó, como un logro, la Subsecretaría de Diversidades —creada recientemente en el gobierno de Guillermo Lasso, que está bajo la Secretaría que dirige— y el Primer Encuentro con la población LGBTIQ, una reunión en la que se intentó tener un acercamiento con activistas pero que dejó más dudas que soluciones. 

Pero su intervención, una vez más, estaba llena del “deber ser” ya que en ningún caso nombró los obstáculos para que estos derechos sean tomados en serio como la falta de recursos (la Secretaría LGBTIQ se creó con cero presupuesto). Ordóñez no mencionó que el Registro Civil pone trabas a la población cuando quieren hacer valer sus derechos —cambiar el género en la cédula, o inscribir a sus hijos como pareja homoparental—, y que las prácticas discriminatorias se mantienen en las diferentes instituciones del Estado, incluida en la administración de justicia donde no se acatan los mandatos de la Corte Constitucional.

Bernarda Ordóñez también mencionó que se han cerrado dos clínicas de deshomosexualización, que es cierto, pero eligió no decir que no hay una política para investigar ni sancionar como delito estos lugares en los que se cometen torturas.

La experta de la CEDAW Ana Peláez, psicóloga y educadora de España, y vicepresidenta del Foro Europeo de la  Discapacidad, pidió más detalles sobre la información provista por la sociedad civil sobre la precaria situación que viven las mujeres trabajadoras domésticas, amas de casa, y las mujeres rurales, campesinas, indígenas, montubias y afroecuatorianas. Pidió que se refiera a temas como la restricción al derecho a la propiedad, al uso y control de la tierra y de los territorios que hace que sean más pobres y no tengan posibilidades de alimentación, vivienda digna, agua limpia o recursos de la naturaleza. Más concretamente, Peláez mencionó la ocupación de los territorios de pueblos y nacionalidades indígenas por parte de empresas multinacionales, mineras y petroleras y la falta de consulta previa, libre e informada. La psicóloga también se refirió a la ausencia de datos y de medidas específicas a favor de las mujeres con discapacidad y la persistencia de prácticas nocivas en su contra como los abusos, incestos, abortos coercitivos y la esterilización forzada. Ordóñez agradeció las preguntas e indicó que están conscientes de las situaciones y que, como Estado, se comprometen a trabajar en cada uno de los artículos de la Convención CEDAW, garantizar más derechos a todas las personas en el Ecuador y que nadie se quede atrás. 

Otra experta, Nicole Ameline, ex diputada francesa, agradeció los compromisos adquiridos en el discurso inicial de la jefa de la delegación al mencionar que las niñas y mujeres son prioridad nacional. Pero luego le pidió a Ordóñez informar la situación actual del Consejo Nacional para la Igualdad de Género —órgano responsable de formular, transversalizar, observar, dar seguimiento y evaluar las políticas públicas en relacionadas con la temática de género de conformidad con la Constitución.

Ante la pregunta, Ordóñez respondió que es su cartera de Estado, la Secretaría de Derechos Humanos, la que ha transversalizado la perspectiva de género y la importancia de las niñas y mujeres en el Estado. Su respuesta podría ser la respuesta al silencio del Consejo para la Igualdad de Género durante todo el examen. 

En la fotografía se observa cómo estaba la sala con la delegación que la acompañaba y que nunca se vio ni presentó al Comité CEDAW.

En la transmisión ante la CEDAW, Ordóñez aparecía sola.

La Ministra también hizo alarde de que, desde 1997, el Ecuador cuenta con un Mecanismo para el Adelanto de la Mujer, como se lo llama genéricamente en Naciones Unidas a las instituciones que promueven la igualdad de género (en Ecuador es el caso del Consejo), y que ha dado pasos importantes para acercarnos a la igualdad. Pero no les dio la palabra ni una sola vez a las funcionarias presentes en la sala. Parecería obvio que el Consejo Nacional para la Igualdad de Género, como Mecanismo de Adelanto para la Mujer del Ecuador debería jugar un papel en una evaluación de estas características. 

No se conoce si estaban presentes autoridades de otras carteras ni del resto de funciones del Estado. No hubo participación de asambleístas, quienes podrían haber dado respuestas más contundentes sobre las medidas legislativas que se están tratando al interior de la Asamblea Nacional, como la mencionada propuesta para despenalizar la interrupción voluntaria del embarazo. Al parecer, tampoco hubo representantes de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, a pesar de que la jefa de delegación señaló que uno de los grandes desafíos está en la articulación con estos. En anteriores exámenes, hasta Ginebra han llegado nutridas delegaciones con representantes de todo el aparataje estatal. 

No hay que dejar de mencionar que es muy valioso que una mujer joven como Bernarda Ordóñez haya sido elegida como jefa de la delegación estatal, y también hay que destacar que, como autoridad nacional, siempre se dirigió con cordialidad, respeto y un grado importante de conocimientos a las miembros del Comité. Aunque parezcan características obvias, esto no siempre fue el caso del Ecuador, que en más de una ocasión fue contestatario, negacionista y esquivo frente a los Comités de Naciones Unidas. 

El mea culpa de Ordóñez sobre los desafíos pendientes fue destacable. Dijo, por ejemplo, que todavía falta mucho por hacer para alcanzar la equidad de género en el país y que se están dando los primeros pasos. También se comprometió a  tomar las recomendaciones como una hoja de ruta de hacia donde, como Estado, se debe caminar. La Secretaria también aseguró que “para nosotros, como Estado la causa de las mujeres, es una causa de la humanidad, e invertir en mujeres es invertir en toda la sociedad” lo que permite evidenciar su voluntad política en empujar que el presupuesto general del estado para el siguiente año, se encamine a cerrar las brechas de desigualdad.