Al comenzar la sesión de la Comisión de Régimen Económico de hoy, 5 de noviembre, el asambleísta Diego Ordóñez pidió la palabra y se disculpó con la bancada de la coalición Unión por la Esperanza (UNES) por lo que llamó “un tuit que causó molestia”. Sin embargo, Ordóñez no aclaró a quién se refería ni identificó al miembro de UNES al que se refería en la publicación en su cuenta de Twitter, que ya fue eliminada.
La noche de ayer, 4 de noviembre, Ordóñez puso un comentario misógino al citar un tuit de un medio de comunicación sobre las presuntas pruebas presentadas por Mónica Palacios, de UNES, sobre la investigación del presidente Guillermo Lasso por el caso Pandora Papers, que reveló que él tuvo relación con entidades en paraísos fiscales antes de ser candidato a la presidencia.
El tuit ya fue eliminado, pero hacía referencia a videos y fotos personales de la asambleísta Palacios que fueron filtrados en los últimos días.
En sus disculpas ante la Comisión, Ordóñez no mencionó a Mónica Palacios. GK se contactó con el asambleísta por mensaje y llamada para confirmar si el “tuit que causó molestia” que mencionó era el que se refería a la asambleísta de UNES. Sin embargo, no obtuvimos respuesta hasta la publicación de esta nota, pese a que Ordóñez leyó el mensaje.
La disculpa de Ordóñez
Ordóñez dijo que pedía disculpas al bloque de UNES y que ya lo había hecho por escrito. El asambleísta Ordóñez dijo que “no fue una expresión de odio, fue un tuit que intentaba ser sarcástico, pero que no resultó de esa manera”.
En la misma sesión de la Comisión de Régimen Económico, el asambleísta Pabel Muñoz, de UNES, dijo que la disculpa de Ordóñez debía ser “con la persona aludida”. Además, Muñoz dijo que debía hacerlo frente al pleno del Legislativo porque “la Asamblea está condenada al fracaso absoluto si los asambleístas no corregimos el odio político”.
¿Qué pasó con Mónica Palacios?
Esta semana, la asambleísta de UNES ha sido víctima de ataques misóginos en redes sociales, que incluyeron la publicación de fotos y videos íntimos.
Palacios dijo que los ataques estaban relacionados a las pruebas que presentó en contra del presidente Lasso por el caso Pandora Papers. En un video publicado en su cuenta de Twitter, la asambleísta dijo que el 25 de octubre presentó lo que ella consideraba “evidencia contundente” contra Lasso y que por esa denuncia ha “recibido ataques mediáticos y mensajes misóginos que tratan de violentar mi integridad y mi participación política”.
Además, en el video Palacios dijo que la situación “se agrava” porque los ataques vienen de cuentas de militantes de CREO —el partido con el que Lasso llegó a la presidencia— y de cuentas de coidearios del presidente Guillermo Lasso.
Palacios terminó el video diciéndole al presidente Lasso que “estos mensajes no me van a amedrentar y no me van a callar. La lucha contra la corrupción continuará”.
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Las asambleístas de su bancada y otros políticos y autoridades se solidarizaron con Palacios. Paola Cabezas, asambleísta de UNES, dijo que si el CAL no comenzaba un proceso de sanción contra Ordóñez “tendremos que denunciar al mundo que la @AsambleaEcuador no es un lugar seguro para las mujeres políticas”. Cabezas hizo esa afirmación en una publicación en su cuenta de Twitter dirigida a Guadalupe Llori, presidenta de la Asamblea. Cabezas le preguntó a Llori, “si usted no enfrenta la violencia política contra nosotras ¿Quién lo hace?”.
La Asamblea Nacional en efecto parece un lugar poco seguro para las mujeres. Recientemente, el asambleísta Ricardo Vanegas presentó un proyecto de ley que pretende desconocer el fallo de la Corte Constitucional que despenaliza el aborto por colación. Fue apoyado por varios asambleístas, entre ellos algunas mujeres de bancadas que se autoproclaman defensoras de derechos de las mujeres.
Mónica Palacios también fue apoyada públicamente por Diana Atamaint, presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE). En un comunicado publicado hoy, Atamaint dijo que el Código de la Democracia sancionaba los actos de violencia política de género.
Según la ley, la violencia política de género es una infracción electoral muy grave que se sanciona con una multa de entre 21 y 70 salarios básicos unificados. Además de la destitución y suspensión de derechos de participación de entre dos y cuatro años.
