Esto dice el dictamen de la Corte Constitucional sobre el estado de excepción decretado por el presidente Lasso

Hoy, 4 de noviembre, la Corte Constitucional emitió el dictamen 6-21 EE/21 en el que condicionó el decreto ejecutivo 224 del 18 de octubre pasado, en el que el gobierno declaró estado de excepción por “grave conmoción interna por el aumento en actividad delictiva” y que ordenó la movilización de las Fuerzas Armadas para realizar controles. El dictamen dice lo siguiente: 

• El estado de excepción—una medida que permite al gobierno limitar el ejercicio de algunos derechos constitucionales en circunstancias extraordinarias— se limitará a las provincias de El Oro, Guayas, Santa Elena, Manabí, Los Ríos, Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas, Pichincha y Sucumbíos. Desde el 18 de octubre, el estado de excepción se aplicaba en todo el territorio nacional. La decisión de la Corte Constitucional revierte la aplicación en territorio nacional y ordena su aplicación únicamente en esas nueve provincias. 

• El estado de excepción se aplicará por 30 días contados desde la expedición del decreto, es decir, a partir de hoy, al estado de excepción le quedan 12 días, hasta el 16 de noviembre de 2021. La Corte Constitucional dijo que una prórroga del estado de excepción “deberá contar con la fundamentación suficiente para que proceda”. Guillermo Lasso ordenó el estado de excepción por 60 días. 

• La movilización de las Fuerzas Armadas se restringirá a realizar operativos en los que cumplan exclusivamente funciones complementarias a las de la Policía Nacional. Las Fuerzas Armadas deben respetar el principio de proporcionalidad, durante el estado de excepción deberá limitarse a cumplir con lo establecido y respetar el derecho ciudadano a la protesta social. 

• La Corte Constitucional dijo que solo se puede aplicar el estado de excepción bajo la figura de “grave conmoción social”. Si no existe esa grave conmoción social no se puede aplicar el estado de excepción. 

La Corte Constitucional también dice en su dictamen que el presidente de la República deberá enviar un informe sobre las medidas concretas, más allá del estado de excepción, para superar la crisis por actos delictivos y las medidas que se aplicarán a corto, mediano y largo plazo. 

También dice que la Defensoría del Pueblo deberá realizar un seguimiento a las acciones dentro del estado de excepción y deberá informar a la Corte sobre el estado de excepción cuando termine. El dictamen dice que si la Defensoría verifica que hubo violaciones a derechos constitucionales, la misma Defensoría deberá realizar acciones necesarias. 

Estado de excepción por la inseguridad en el país 

Por los altos índices de inseguridad en varias ciudades del país, el presidente Guillermo Lasso decretó el estado de excepción por grave conmoción interna. Lasso ordenó que el estado de excepción se aplique en todo el territorio nacional por 60 días. 

Según el decreto, los objetivos principales de la declaratoria del estado de excepción son: precautelar los derechos de las personas en el país, controlar la inseguridad, y restablecer la paz y el orden público. El decreto ordena enviar las Fuerzas Armadas a las calles, desplegar más policías, y disponer al Ministerio de Economía y Finanzas que entregue los recursos necesarios para atender el estado de excepción.

Además, el estado de excepción ordenó que las Fuerzas Armadas y la Policía salgan a las calles. Lasso dijo que personal de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas se encargará de hacer controles de armas, inspecciones, patrullajes las 24 horas del día, requisas de drogas y otras acciones. Además aseguró que “daremos el respaldo necesario a las fuerzas del orden para llevar a cabo la lucha contra el crimen”.

El decreto dispone que personal de las Fuerzas Armadas se movilice en las provincias costeras de El Oro, Guayas, Santa Elena, Manabí, Los Ríos, Esmeraldas, y Santo Domingo de los Tsáchilas. En  la Sierra, se desplegarán militares en Pichincha, y en la Amazonía, se enviarán militares a la provincia fronteriza de Sucumbíos. Lasso dijo que se está prestando mayor atención a estas provincias porque los índices de delincuencia en esos lugares lo justifican. En el resto de provincias, dice el decreto, se reforzarán las acciones de la Policía Nacional.

El decreto por grave conmoción interna es el primero que decreta el presidente Lasso desde que comenzó su mandato en mayo de 2021. 

¿Por qué la Corte Constitucional revisa los estados de excepción? 

La Corte Constitucional, el mayor tribunal del país, hace un control de constitucionalidad de la declaratoria de estado de excepción para verificar que los derechos de los ecuatorianos no sean vulnerados. La Corte “no limita, restringe o autoriza” las funciones de un presidente para decretar esta medida.

Según el artículo 436 de la Constitución, la Corte tiene la atribución de hacer control de constitucionalidad a los decretos ejecutivos que incluyan un estado de excepción. El abogado constitucionalista Ismael Quintana le dijo a GK que ese control se hace luego de que el decreto es emitido y es automático. 

La Corte no necesita que haya una demanda de constitucionalidad para analizarlo. Ese recurso sí es necesario en otras de las atribuciones de la Corte como la revisión de reglamentos y leyes tramitados en la Asamblea.