«Nos da vergüenza a los ecuatorianos, de tener al primer mandatario entre las primeras figuras de líderes mundiales como evasores de impuestos”, dijo Yaku Pérez, ex candidato presidencial, hoy 6 de octubre. Pérez estaba rodeado de los micrófonos, afuera del edificio de la Fiscalía General del Estado, en Quito, donde iba a presentar una denuncia para que se investigue al presidente Guillermo Lasso por la investigación periodística Pandora Papers, en la que Lasso aparece como uno de los tres presidentes latinoamericanos activos que tuvieron compañías en paraísos fiscales.
Según Pérez, Lasso habría cometido el presunto “delito de fraude fiscal”. En el Código Orgánico Integral Penal, no existe el delito de fraude fiscal con ese nombre, sino que se llama fraude tributario.
Yaku Pérez dijo que es deber de los ecuatorianos “combatir los actos de corrupción”. También dijo que solicitará que como primeras diligencias, la Fiscalía pida al Servicio de Rentas Internas (SRI) “todos los movimientos financieros, los pagos del señor Guillermo Lasso, sus familiares y a sus más cercanos colaboradores desde el 2013”.
Pérez también dijo que tiene otros pedidos a la Fiscalía, incluyendo que pida:
- Transparencia internacional para que colaboren con la investigación de este proceso.
- Apoyo a la Convención de Combate a la Corrupción de las Naciones Unidas con la transparencia de movimientos financieros.
- Al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, el informe y anexos de todos los detalles de otras personas que también estén relacionados con la investigación Pandora Papers.
¿Qué es el delito de fraude tributario?
El Código Orgánico Integral Penal (COIP) describe al fraude tributario como el delito que se comete cuando una persona oculta, omite, falsea, o engaña a la “administración tributaria”, en este caso al Servicio de Rentas Internas (SRI), para no cumplir con sus obligaciones tributarias o para dejar de pagar totalmente o una parte de los impuestos que debe pagar. Este delito se sanciona con prisión de uno a tres años.
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¿Qué son los Pandora Papers?
Los Pandora Papers es una investigación coordinada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) que reveló los vínculos con entidades offshore y fideicomisos de más de 300 políticos y funcionarios públicos en más de 90 países. En la investigación participaron más de 600 periodistas de todo el mundo. En Ecuador, participaron los periodistas Mónica Almeida y Paúl Mena, ambos de Diario El Universo.
Según el sitio web del ICIJ, la investigación se hizo gracias a la “filtración más amplia de archivos de paraísos fiscales en la historia”. Se filtraron un total de 11,9 millones de archivos de 14 proveedores de servicios de empresas offshore. Los periodistas que participaron en la investigación examinaron “miles de correos electrónicos, documentos e imágenes para encontrar nombres que fueran de interés público”. La investigación duró dos años y logró revelar las conexiones de muchos políticos y sus familias con paraísos fiscales.
En Ecuador, la única persona que aparece en la investigación es el presidente Guillermo Lasso. Según la investigación, Lasso ha tenido vínculos con 14 entidades —entre compañías offshore y fideicomisos— en Panamá y Estados Unidos (en los estados de Dakota del Sur y Delaware). Algunas de las empresas de Lasso que fueron disueltas eran: la Fundación Bernini, Bretten Holdings, la Fundación Da Vinci, Fundación Bienes Raíces, Nora Group Investment Corp., Pietro Overseas SA, Postiano Trade LLC y la Fundación Internacional Tintoretto.
Lasso eliminó esas en 2017, después de que se aprobara una ley que prohibía que los candidatos y funcionarios sean beneficiarios de sociedades domiciliadas en paraísos fiscales.
¿Qué ha dicho Guillermo Lasso sobre los Pandora Papers?
La noche del 3 de octubre, el presidente Guillermo Lasso dijo que él cumplió con la Ley Orgánica para la Aplicación de la Consulta Popular —suscrita en febrero de 2017— que prohíbe a los candidatos políticos tener propiedades en paraísos fiscales.
Lasso también dijo que la mayoría de las sociedades que se mencionan en la investigación de la ICIJ “fueron legalmente disueltas en el pasado, y con aquellas que tuvieron existencia no tengo ninguna vinculación”. El presidente también dijo que todo su patrimonio ha sido declarado ante la Contraloría General del Estado y que, en Ecuador, “mis ingresos han sido declarados y han pagado los impuestos correspondientes”.
