Hoy, 4 de octubre de 2021, el presidente de la Comisión de Ética de la Asamblea Nacional, José Chimbo, anunció que recomendó la destitución de Bella Jiménez, segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional, por presunta gestión de cargos públicos, en el borrador del informe que presentó ante el órgano que preside. 

“En el proyecto del informe estoy recomendando la destitución y poniendo a consideración de los miembros del comité para que ellos puedan revisar, analizar”, dijo Chimbo. 

El borrador analiza las denuncias presentadas por los asambleístas Alejandro Jaramillo, de la Izquierda Democrática (el partido que expulsó a Jiménez de sus filas por las alegaciones en su contra), y Victoria Desintonio, de la coalición correísta Unión por la Esperanza (UNES). El documento fue remitido a los cinco miembros del comité. Pasado mañana, sus integrantes debatirán y votarán en contra o favor de ese informe, que finalmente será conocido por el pleno de la Asamblea, que decidirá en ulterior instancia el destino de la asambleísta de la provincia de Guayas. 

Una de las pruebas que consta en el informe es una transferencia interbancaria hecha el 26 de abril de este año de un hombre llamado Pablo Luna a la cuenta de Jorge Pelaez, hijo de Jiménez, por 3 mil dólares, un pago que habría sido para gestionar un cargo en el despacho de la segunda vicepresidente de la Asamblea. “Hemos trabajado de manera ardua y transparente en este proceso”, dijo Chimbo luego de la presentación del borrador. El informe fue elaborado luego de que el miércoles 29 de septiembre terminara la fase de sustanciación de pruebas en el proceso disciplinario que enfrenta Jiménez por las alegaciones de tráfico de influencias en la obtención de cargos en el Estado y dentro de la propia Asamblea.

La cadena de acusaciones contra Jiménez, resumidas brevemente

La de Jiménez es una gestión en picada tras la seguidilla de cuestionamientos éticos y potencialmente legales que enfrenta. El proyecto de informe presentado por Chimbo está fundamentado en la prohibición prevista en la Ley Orgánica de la Función Legislativa que sanciona al legislador que “perciba dietas u otros ingresos de fondos públicos que no sean los correspondientes a su función como asambleísta”. La disposición concuerda con el artículo 127 de la Constitución, que fija esa misma prohibición. 

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Bella Jiménez, quien fue expulsada de su propio partido, la ID, fue cuestionada luego de que dos portales de investigación La Historia y Periodismo de Investigación revelaran que Jorge Peláez, su hijo, habría recibido una transferencia que ascendió a 3 mil dólares por parte de una persona interesada en trabajar en la Asamblea. De acuerdo con La Historia, la legisladora habría gestionado cargos en hospitales públicos y en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, luego de haber sido posesionada como segunda vicepresidenta de la Asamblea.

Luego de que se hicieran públicos los señalamientos, el legislador Alejandro Jaramillo, jefe de bloque de la ID, presentó una denuncia en contra de Jiménez ante la Asamblea el 21 de agosto. Un día después, fue expulsada de su partido. Las alegaciones contra la aún segunda vicepresidenta del Palacio Legislativo pasaron a la vía penal. Fernando Villavicencio, presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, presentó una denuncia en Fiscalía para que se iniciara una investigación por presunta concusión. 

Luego, el 23 de agosto, Victoria Desintonio, asambleísta de UNES, interpuso otra denuncia en la Asamblea, luego de que una mujer afirmara que transfirió 6 mil dólares a un hermano de Jiménez, a cambio de un puesto de trabajo en su despacho. Aquel día, la legisladora expuso pruebas documentales del pago. 

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Una semana después, el 30 de agosto, el Comité de Ética de la Asamblea unificó las denuncias de Desintonio y Jaramillo contra Jiménez, luego de que el Consejo de Administración Legislativa las admitiera a trámite. 

Los cinco representantes de las bancadas políticas que forman parte del Comité lo aprobaron de forma unánime, pues las denuncias presentadas por ID y UNES están alineadas a la prohibición establecidas Ley Legislativa y en la Constitución.  

El 3 de septiembre, la Fiscalía anunció que se hicieron ocho allanamientos relacionados a la investigación contra Jiménez por concusión, tipificado en el artículo 281 del COIP. Ese día, la institución, en coordinación con agentes del Grupo de Intervención y Rescate (GIR) decomisó documentos, celulares, pasaportes y documentos sellados. Sin embargo, la Fiscalía aún no ha informado sobre los próximos pasos en la investigación y no se han formulado cargos contra la aún legisladora. 

El 20 de septiembre, el pleno de la Asamblea Nacional solicitó la renuncia de Jiménez a su cargo como segunda vicepresidenta del Legislativo. Luego de que el asambleísta Marlon Cadena, su excoideario, presentara la moción, el pleno la aprobó con 81 votos afirmativos, un voto en blanco y 53 abstenciones, incluida la de Jiménez.

Jimenéz ha negado los cargos en su contra, ha dicho que su partido la expulsó sin darle derecho a defenderse, y que permanecerá en el cargo.