No es un buen día para Bella Jiménez. A las 08:30 de la mañana de este viernes 3 de septiembre de 2021, la Fiscalía General de Estado y la Policía Nacional allanaron el despacho de la segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional. 

No fue la única diligencia ejecutada esta mañana. La Fiscalía anunció a través de sus canales oficiales— que ejecutó siete allanamientos más en Quito y Guayaquil en la investigación que la institución inició contra Jiménez por presunta concusión. La ahora ex asambleísta de la Izquierda Democrática (el partido la expulsó) ha sido señalada  de haber recibido presuntas coimas a cambio de puestos públicos. 

Cuestionada y expulsada por su propio partido, la Izquierda Democrática (ID), la gestión de Jiménez se ha visto manchada, luego de que los portales La Historia y Periodismo de Investigación publicaran una investigación de largo aliento en la que revelaron que Jorge Pelaez, hijo de la vicepresidenta, habría recibido una transferencia que ascendió a 3 mil dólares por parte de una persona interesada en trabajar en el legislativo. 

Documentos, celulares, pasaportes y documentos sellados son varios de los artículos que la Fiscalía  decomisó durante la diligencia, realizadas en coordinación con agentes del Grupo de Intervención y Rescate (GIR), uno de las divisiones de élite de la Policía Nacional. La Fiscalía aún no ha anunciado cuáles serán los próximos pasos dentro de la investigación; por ejemplo, si formulará cargos contra la aún segunda vicepresidenta de la Asamblea. 

Lo que sí se sabe es que Jiménez es investigada por concusión, un delito tipificado en el artículo 281 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) que sanciona. Los servidores públicos y las personas que actuando en virtud de una potestad estatal en alguna de las instituciones del Estado abusen de su cargo o funciones, por sí o por medio de terceros, ordenando o exigiendo  “la entrega de derechos, cuotas, contribuciones, rentas, intereses, sueldos o gratificaciones no debidas”. La concusión se sanciona con prisión de tres a cinco años. Si, en cambio, el delito se comete mediante violencia o amenazas, la sentencia asciende de cinco a siete años. 

Jiménez, una gestión a la deriva 

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La denuncia por presunta concusión no es la única que pesa sobre Jiménez. En la entrega periodística de los portales, el equipo de investigación sustentó que, después de haberse posicionado en su cargo, Jiménez habría presuntamente tramitado cargos en hospitales públicos del país y en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Fue justamente por la mediatización de los hechos que el asambleísta Alejandro Jaramillo, jefe de bloque de la ID, presentó una denuncia contra su entonces aún coidearia el 21 de agosto ante la Asamblea. Un día después, la Izquierda Democrática  hizo oficial la expulsión de Jiménez.

El 23 de agosto, en cambio, llegó una segunda denuncia desde la coalición correísta Unión por la Esperanza (UNES). Victoria Desintonio, una de sus asambleístas, quien afirmó que supuestamente una mujer pagó 6 mil dólares a un hermano de Jiménez, a cambio de un puesto de trabajo en su despacho.

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El 30 de agosto, el Comité de Ética de la Asamblea decidió  unificar las denuncias contra Jiménez, luego de que el Consejo de Administración Legislativa las calificara a trámite. 

Los cinco representantes de las bancadas políticas que forman parte del Comité lo aprobaron de forma unánime, pues los denuncias presentadas por ID y UNES están alineadas a la prohibición establecida en el numeral 3 del artículo 127 de la Constitución y el artículo 163 de la Ley Legislativa en el que se sanciona con destitución la gestión de nombramientos de cargos públicos. 

Jiménez, sin embargo, ha desestimado todos los señalamientos en su contra. El pasado 26 de agosto alegó que se trataban de un “plan para apropiarse” de su cargo y que no hay pruebas concretas en su contra, pese a que los portales de investigación también presentaron, entre las evidencias, varias imágenes de chats de WhatsApp y un audio en el que una voz de mujer dice “Ñaño, yo metí al duro de la Comisión de Tránsito en Guayas”.