160 bloques de cocaína, una prensadora, una máquina utilizada para compactar la droga, y dinero —aunque sin precisar la cantidad—fueron incautados la mañana del domingo 19 de septiembre de 2021 en Pascuales, una parroquia rural ubicada en el norte de Guayaquil. La Fiscalía General del Estado lideró el operativo en el que se detuvieron a dos personas quienes, según información preliminar, tenían un objetivo: ingresar la droga y los artículos prohibidos al Centro de Privación de Libertad Zona 8, conocido como la Penitenciaría del Litoral. Así lo anunció la fiscalía a través de sus redes sociales.
La Penitenciaría del Litoral se ha convertido en uno de los recintos penitenciarios más conflictivos del país. En el año que se perfila como el más violento en las cárceles, el Gobierno —a través del Sistema Nacional de Atención Integral de Personas Adultas, Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) y el Ministerio de Gobierno— ha optado por intensificar los operativos tanto en el interior de las cárceles como en el exterior.
Aunque la Fiscalía aún no ha informado si ya se realizó la audiencia de formulación de cargos en contra de los dos detenidos, que podrían enfrentar dos procesos penales. El primero por presunto tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, un delito tipificado en el artículo 220 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) que sanciona a la persona que, directa o indirectamente, sin autorización y requisitos previstos en la normativa “oferte, almacene, intermedie, distribuya, compre, venda, envíe, transporte, comercialice, importe, exporte, tenga, posea o en general efectúe tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas o preparados que las contengan”. La normativa establece cuatro escalas de sanción: mínima, de dos a seis meses; mediana, de uno a tres años; alta escala, de cinco a siete años, y gran escala de diez a trece años de cárcel.
El otro proceso penal podría ser por presunto ingreso de artículos prohibidos, un delito contemplado en el artículo 275, inciso 3, del Código Orgánico Integral Penal, que establece una pena de uno a tres años en una cárcel ecuatoriana.
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Los operativos en la Penitenciaría continúan
La Penitenciaría del Litoral está lejos de superar la crisis carcelaria. El último incidente en el centro penitenciario se registró durante la madrugada del pasado 13 de septiembre cuando, según versiones oficiales, la cárcel fue atacada por drones que soltaron explosivos en el interior de la prisión. El SNAI informó que las detonaciones se reportaron en los pabellones de máxima seguridad donde permanecen recluidos personas privadas de la libertad catalogadas de alta peligrosidad, es decir, líderes de organizaciones delictivas, crimen organizado y sicariato.
Además, una serie de operativos policiales, liderados por la Fiscalía, han dado como resultado la detención de funcionarios públicos que han intentado ingresar artículos prohibidos a las prisiones. El 7 de septiembre último, Guido B., quien formaba parte del personal administrativo del SNAI, no pudo explicar por qué pretendía ingresar 1.000 dólares a la Penitenciaría del Litoral, en Guayaquil, ni para quién era el dinero.
El hombre fue descubierto por agentes de la Policía Nacional y la noche del 8 de septiembre, la Fiscalía anunció que le formuló cargos por presunto ingreso de artículos prohibidos.
