La Fiscalía General del Estado pidió a la Unidad Judicial Penal de Santo Domingo de los Tsáchilas una fecha y hora para la audiencia de formulación de cargos contra dos exgerentes y el gerente actual de Furukawa Plantaciones C.A. Así lo anunció la Fiscalía en su cuenta de Twitter la noche de hoy, 14 de septiembre de 2021.
Según la Fiscalía, los exgerentes de Furukawa Marcelo Almeida y Ángel Iván Segarra, y el gerente actual José Adrián Herrera, habrían cometido el delito de trabajos forzados u otras formas de explotación laboral.
El Código Orgánico Integral Penal (COIP) dice que este delito se comete cuando una persona somete a otra a trabajos forzados u otras formas de explotación o servicios laborales. Se sanciona con una pena privativa de libertad de diez a trece años.
Según el COIP, un trabajo es forzado cuando:
- Se obliga o engaña a una persona para que haga un trabajo bajo la amenaza de causarle daño a ella o a otras personas
- Se obliga a trabajar a niñas, niños o adolescentes menores de quince años.
- Se usa a adolescentes mayores de quince años a hacer trabajos peligrosos, nocivos o riesgosos.
- Se obliga a una persona a realizar un trabajo usando violencia o amenazas.
- Se obliga a alguien a prestar sus servicios como garantía de una deuda, aprovechándose de su condición de deudor.
- Se presiona a una persona a vivir y trabajar en una tierra que es de alguien más y a prestar sus servicios sin remuneración ni libertad.
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¿Qué es el caso Furukawa?
El caso Furukawa salió a la luz en 2019 cuando, con un reportaje de la Barra Espaciadora y la revista Plan V, se conoció que algunos trabajadores de la empresa Furukawa han perdido piernas, antebrazos y dedos por la manipulación del abacá, machetes y cuchillos, sin la protección adecuada. Muchos de los trabajadores nacieron y crecieron en las plantaciones de la empresa.
Furukawa Plantaciones C.A. es una empresa de producción de abacá que opera en la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas desde hace más de medio siglo. El abacá es una planta parecida al plátano que se usa para hacer sogas, papel moneda, bolsas de té, filtros de café, envolturas de embutidos o papel de cigarrillos.
Según trabajadores de Furukawa, las condiciones laborales en la empresa han sido precarias y se han vulnerado sus derechos al trabajo, la salud, la educación, la vivienda, al agua, a la alimentación, al hábitat, a la vida digna y a la integridad personal.
Información del reportaje de La Barra Espaciadora y Plan V sobre el caso Furukawa dice que los trabajadores de la empresa ganaban entre 200 y 300 dólares al mes (menos del sueldo básico), vivían dentro de las 32 haciendas de la empresa en construcciones viejas y no tenían acceso a baños, electricidad o agua potable. Según la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos, los trabajadores tampoco tenían un contrato laboral.
La Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos dice que Furukawa es un caso de “esclavitud moderna”, que es cuando una persona acepta un trabajo en el que sufre explotación pero al que no puede negarse debido a amenazas, violencia, o engaño.
El caso de Furukawa fue denunciado en la Defensoría del Pueblo en octubre de 2018. Un año más tarde, en 2019, más de 120 extrabajadores presentaron una acción de protección contra la empresa y el Estado en la Unidad Judicial de Santo Domingo.
En enero de 2021, un juez constitucional aceptó la acción de protección y declaró al Estado ecuatoriano y a la empresa Furukawa Plantaciones C.A, culpables de la vulneración de derechos de los extrabajadores. Por esa sentencia, en mayo de 2021, el Ministerio de Trabajo tuvo que pedir disculpas públicas a los afectados en el caso Furukawa.
