Ana Morales —el cabello tinturado rubio, las manos quemadas por el sol y dueña de una mirada firme— suele llevar bajo su brazo un cuadernillo azul, mientras camina frente a las lápidas del bloque de hormigón armado del popular y gratuito cementerio del Suburbio Ángel María Canals, en el oeste de la ciudad costera de Guayaquil. Allí están enterradas más de 50 víctimas de la peor de las matanzas carcelarias del Ecuador: en septiembre de 2021, 125 personas fueron asesinadas en la Penitenciaría del Litoral, la más violenta y peligrosa de las prisiones del país. 

En su cuaderno, ha anotado los nombres de otras personas presas fallecidas en masacres carcelarias, los de sus familiares, los de las prisiones donde estaban confinados. Pero también ha poblado las páginas con conceptos, como el de los derechos humanos de las personas presas. Empezó con aquel registro el 30 de abril de 2022, el mismo día en que ella y cinco familiares de personas presas crearon el primer Comité de Familiares por Justicia en Cárceles del Ecuador. 

Siete meses antes, su hijo Miguel López fue asesinado en la peor masacre carcelaria documentada en Ecuador. 

Se detiene en la tumba de Miguel sobre la que hay girasoles plásticos y una foto donde se lo ve sentado junto a Mika, su perrita blanca y negra, la que él extrañaba más en prisión. En la lápida contigua está Trébol. “Este muchacho era artista, también lo mataron”, dice Ana Morales. “Ahí está José, Carlos, Andy, Jonathan, Alejandro, Wanner”, repasa Ana Morales, y señala las otras tumbas de jóvenes que no llegaron a cumplir treinta años. 

Para Ana Morales, conocer a profundidad sus historias se ha vuelto una tarea diaria, un clamor propio. En su libreta azul, también ha anotado datos sobre el sistema carcelario y las exigencias al Estado ecuatoriano, que no ha respondido por la muerte de su hijo Miguel, ni por los otras 415 personas presas asesinadas en once masacres carcelarias, entre el 23 de febrero de 2021 y el 18 de noviembre de 2022. 

Su búsqueda es la misma de las otras 27 familias que, hasta diciembre de 2022, se han unido al Comité. Desde entonces, han asistido a capacitaciones y encuentros con organizaciones y defensores de derechos humanos para empaparse de las normas locales e internacionales que obligan al Estado a garantizar la vida de sus familiares.

Ana Morales

Ana Morales, vocera del Comité de Familiares por Justicia en Cárceles, camina en el cementerio del Batallón del Suburbio, en Guayaquil, mientras señala las tumbas de las víctimas de la masacre carcelaria del 28 de septiembre de 2021. Allí descansan los restos de su hijo Miguel López. Fotografía de Vanessa Terán Collantes para GK.

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Una bocanada de aire fresco tranquilizaba a Guayaquil el 30 de abril de 2022.

El pulso caluroso de la ciudad de edificios de cemento y tráfico insoportable no asfixiaba. Eran las diez de la mañana y en un aula blanca de la Universidad de las Artes, el abogado Fernando Bastias, integrante del Comité de Derechos Humanos de Guayaquil (CDH), había creado un círculo de diez sillas de aluminio negro. A su lado, Billy Navarrete, un hombre delgado y cálido que ha dedicado casi cuarenta años de su vida a la defensa de los derechos humanos —actual director del CDH— ordenaba una pequeña computadora desde donde se proyectaría una presentación.

Cinco semanas antes, a través de redes sociales, el CDH había convocado a los familiares de personas presas. Para ese entonces, Ecuador había atestiguado ya cinco masacres carcelarias—. El CDH documentó cada una y recibió denuncias de cinco, diez y hasta veinte familias que no sabían si sus hijos habían muerto en prisión. Otras, en cambio, buscaban apoyo emocional, que nunca llegó de ninguna institución estatal, para asimilar el haber recibido a sus familiares destrozados por el impacto de granadas y fusiles en sus cuerpos.

A las diez y media de la mañana, Ana Morales entró. Saludó y se sentó en silencio. Junto a ella estaba otra madre, delgadita y morena, que llegó a la reunión por consejo de Ana. Luego entraron Mercedes Vallejo, también madre, con una Biblia en la mano de la que no se despegó durante casi tres horas, Alex Burbano, un joven afrodescendiente guayaquileño que suelta una sonrisa a quien lo saluda, y dos hombres más. Todos perdieron a sus familiares en la tercera masacre carcelaria del 28 de septiembre de 2021.

Se veían unos a otros de vez en cuando, con la natural incomodidad de miradas que aún se sienten extrañas.

“Bienvenidos y bienvenidas. Este es el Primer Encuentro de Familiares por Justicia en Cárceles”, anunció Bastias, a quien todos llaman Nando.

El CDH Guayaquil, me cuenta Fernando —meses después, en noviembre de 2022—, lanzó la convocatoria del encuentro porque en la histórica lucha por los derechos humanos, quienes más los han reivindicado son las propias víctimas o las sobrevivientes, como lo hacen, por ejemplo, las familias que reclaman la desaparición sin respuesta de sus hijos frente al palacio de Carondelet, en Quito. O las madres coraje, que se han unido para exigir justicia y reparación por los femi[ni]cidios de sus hijas. Son sus voces las que deben ser escuchadas.

Pero para amplificar sus reclamos, explica Fernando Bastias, es clave organizarse. El primer paso es reconocerse como víctimas. Muchas familias no saben que lo son, dice Bastias, porque, incluso, desde el Estado y la propia sociedad hay voces que las discriminan por el encierro de sus familiares. “Nosotros debemos ofrecerles esas herramientas —información y acompañamiento— para que sepan que exigir justicia es su derecho legítimo y que no están solos en el camino”, explica Bastias.

Aquella mañana, la presentación de Fernando Bastias comenzó por explicar qué son los derechos humanos y cuáles son los derechos de las personas presas en Ecuador: la vida, la alimentación, la salud integral, la rehabilitación, la seguridad, la reinserción, entre otras facultades legales que en las celdas se han restringido desde que alguien ingresa a una de ellas. “Ninguno se cumple, si por todo se paga ahí”, cuestionó Alex Burbano, hermano de Jonathan, asesinado en el pabellón 5 de la Penitenciaría a tres días de haber sido trasladado. Todos —con la mirada fija en el rostro de Fernando— seguían aún en silencio.

Pasaban las diapositivas hasta que llegó una que removió algo en toda la sala. “Escenarios donde el Estado nos falló”, decía el título.

“No hay rehabilitación. Nos deben información clara y real. Nuestros familiares nunca debieron fallecer”, leyeron Ana Morales y su amiga, Mercedes Vallejo y Alex Burbano, en la pantalla.

Uno a uno comenzaron a pararse.

Ana Morales tomó fuerza. Cerraba sus ojos a ratos y esbozaba cada palabra de forma pausada. “Mi hijo Miguel fue secuestrado en la Penitenciaría. Yo fui extorsionada”, recordó. “Pagamos y se salvó el día de su cumpleaños, el 24 de diciembre de 2020, pero en septiembre me lo mataron. Sigo siendo extorsionada”, reveló, como soltando un secreto que ahoga. No estaba sola. La mujer a su lado sostenía sus manos, que aún temblaban, mientras las lágrimas le rodeaban el rostro. Era, entonces, un dolor compartido.

Penitenciaría del Litoral

La Penitenciaría del Litoral ha sido epicentro de cuatro masacres carcelarias. En cada matanza, las familias han reclamado respuestas del otro lado de esa reja. Fotografía de Vanessa Terán Collantes para GK.

Alex Burbano recordó a su hermano Jonathan, con quien creció en la isla Trinitaria, un popular barrio de Guayaquil, en el que ambos crecieron junto a cientos de vecinos en casas de caña y calles enlodadas, donde la música lo llena todo. “Nadie nos avisó nada, peor aún de su traslado”, contó.

“Mi hijo era un ser humano”, repetía Mercedes Vallejo una y otra vez.“De aquí no me muevo y voy a gritar, voy a gritarlo ante todos porque no me resigno a que esto quede en la nada”, prometió.

Luego, hubo silencio. Los ojos enrojecidos de aquellas miradas se cruzaron de nuevo, pero ahora asentían suavemente con sus rostros e intentaban sonreírse, como aliviando el estallido emocional.

Ya no eran más extraños. Así se creó el Comité.

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Después de reconocerse como víctimas, las familias han convertido el dolor en acción. Tienen un chat grupal de WhatsApp que se llena de mensajes de planificación y “Amen”, cuando reciben las alertas de familiares y personas presas que aún están confinados en sus celdas, pero que viven a diario en una amenaza constante que desobedece a la vida.

Una vez al mes se reúnen en el CDH de Guayaquil. Para este 2023, tienen ya su meta: aunque aún no hay fecha de inauguración, pronto tendrán una oficina propia. “Será el año de la justicia”, dice Ana Morales. Y el propósito fundacional del Comité se mantiene: prevenir más masacres contando sus propias vivencias y denunciándolas.

Lo ha hecho desde entonces. El Comité es la primera organización de la sociedad civil —conformada por familias de personas presas asesinadas— en denunciar la corrupción del sistema penitenciario ecuatoriano ante organismos internacionales.

Lo hizo en una sesión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en junio de 2022. También en el Tribunal Popular por Justicia en Cárceles, en septiembre de ese mismo año, cuando el Estado ecuatoriano fue condenado simbólicamente por la falta de garantías en un sistema de rehabilitación que, en realidad, se ha convertido en una ruleta rusa entre el hacinamiento y la extorsión.

 

No lo hacen solos. Durante estos ocho meses, la Red Internacional de Mujeres Familiares de Personas Privadas de su Libertad (Rimuf) —una de las más importantes de la región— ha acompañado al Comité; incluso han creado, junto a otras organizaciones, once principios de vida y garantía de derechos para los internos.

Ahora, el Comité también acompaña: ofrece asesoría jurídica a presos y a sus familias para quebrar la burocracia institucional que dilata el acceso a derechos básicos —como la salud— y a beneficios penitenciarios.

Y la incidencia continúa. Ante las nuevas masacres que llegaron sin planes de prevención en 2022, el 3 de noviembre de 2022, presentó una nueva solicitud de medida cautelar urgente ante la CIDH para reclamar por la seguridad de quienes aún están en prisión.

Son cuatro exigencias principales. La primera, que el Estado ecuatoriano garantice espacios de contención emocional y médica a las familias de los presos que exigen información en las inmediaciones de los centros carcelarios del Ecuador. La segunda, que se fijen mecanismos oficiales, integrales y directos para que les entreguen información sobre sus familiares en prisión.

Su tercera exigencia es que el Estado cumpla con su obligación de garantizar la integridad personal y la vida de las personas presas. Para ello, pide el restablecimiento del orden y control en los centros penitenciarios para evitar más muertes luego de once masacres.

La última, igual de importante: que el gobierno nacional, encabezado por Guillermo Lasso, informe qué medidas se han tomado para reducir la violencia y que las actualice de forma periódica.

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En estos meses, Carla* se sumó al Comité, que es grupo de ayuda y, también, de denuncia y protesta. Ella —una joven madre de dos niños— está aún comenzando su proceso de sanación, pero ahora se siente acompañada por el Comité.

A veces, dice, siente como un ardor que le crece en el pecho cada que mira uno de los videos que Jonathan, su pareja desde hace diez años, le enviaba desde su celda. Lo hacía desde el pabellón 5 de la Penitenciaría del Litoral, donde debía cumplir 18 meses de prisión por tráfico de drogas, el principal delito del Ecuador, un país donde 31 mil personas están presas.

El 26% de los hombres y el 55% de las mujeres que están en esas prisiones fueron encerrados por el menudeo de sustancias, principalmente a mediana y pequeña escala —muchos lo hacen para sobrevivir, es la economía ilícita de los barrios empobrecidos. Como Jonathan, que fue sentenciado por microtráfico, luego de acogerse a un procedimiento abreviado por recomendación de un defensor público.

Carla estaba embarazada cuando él fue detenido. Tenía amenaza de aborto y el riesgo se intensificó aún más por el quiebre emocional que generó el impacto de ver a Jonathan en prisión. A eso, se sumaron los pagos diarios, semanales y mensuales que exigen los tíos (también llamados comandantes, antes caporales) de cada pabellón, que, ahora, responden a la organización criminal que lidera cada prisión.

Carla no solo tenía que pagar el economato —una suerte de tienda en las prisiones— en las que gastaba casi 80 dólares mensuales, sino que debía depositar, al menos, 300 dólares más para garantizar que nadie lo golpeara, costear los pollos asados o cubetas de huevos que los forzaban a comprar, materiales de aseo, internet para su celular, una gillette para defenderse y hasta pintura.

De no aceptar, lo enviaban a un calabozo de castigo en el que no solo era golpeado con tablas de madera —a esa reprimenda la llaman cartonazos en la prisión—, sino que pasaba siete días sin agua ni alimento. “Eso pasa frente a las narices de todos, pero eso no lo nombra nunca el gobierno. Nosotros somos quienes pagamos todo en las cárceles”, cuestiona. La cárcel es también un negocio, que quede claro. Y casi siempre, recae sobre las mujeres, madres y esposas de quienes están en prisión.

Ni Carla, ni sus hijos han recibido atención psicológica después de del asesinato de Jonathan en prisión. Jeremy*, un niño juguetón de siete años que suelta sonrisas a quien lo conoce por primera vez, tuvo que dejar la escuela, agotado por el hostigamiento de sus compañeros. “Le dicen que no tiene papá, que lo mataron en la cárcel. Le recuerdan eso todos los días y ya no quiso ir más”, cuenta.

Carla

Carla* (identidad protegida) perdió a su pareja, víctima de la masacre del 28 de septiembre de 2021, la peor en la historia del país.
Ella camina de la mano junto a sus dos niños en el mercado en el que conoció a Jonathan. Fotografía de Vanessa Terán Collantes para GK.

“Esta es mi realidad ahora. Toca seguir”, dice Carla, una mujer de cabello rojizo brillante, mientras la escuchamos.

Ana Morales, que ha seguido con atención el testimonio de Carla, respira y se levanta. Paso a paso se acerca a ella y toma su mano. “Quiero que sepas que no estás sola. Yo sé lo que sientes, mamita. Pero aquí estamos para ti. Si no puedes venir a las reuniones, no importa. Nos comunicamos con un mensajito”, le dice. Carla la abraza y Jeremy sonríe, aún tímido. Nos sonríe más. Me saca la lengua, jugando como lo hacía cuando Jonathan lo llamaba desde la Peni.

“Me duele mucho contar esta historia porque como que aún no termino de entender que todo pasó”, confiesa. Pero lo hace desde el anonimato —no porque así lo quisiera— sino porque así lo decidió el día en el que velaron los restos de Jonathan y balearon una casa cercana.

“Pero conocer a otras familias me ha dado fuerza. En medio de todo es bonito porque siento que ahí no me juzgan”, dice Carla, mirando a Ana.

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Jhon Jairo Campuzano no lo niega. “Sí, a mí las masacres no me quitaban el sueño. Pensaba: ‘que se maten entre ellos’, ¿a quién le importa?”, se decía así mismo, cuando las matanzas comenzaron en las cárceles, en febrero de 2021.

Pero la muerte en prisión no discrimina. Meses después, su vida daría un giro que cambió no solo lo que pensaba, sino que lo llevaría a ser una de las voces potentes del Comité de Familiares por Justicia en Cárceles.

La madrugada del 31 de agosto de 2021, su padre, Jhon Campuzano Triviño, contador de la empresa Ecuagran, fue detenido en su casa, en una urbanización privada por presunta falsedad documental tras el escandaloso caso de compra de facturas comerciales y obligaciones negociables e irregulares, que causó un grave perjuicio económico de, al menos, 30 millones de dólares a varias instituciones.

Jhon Campuzano fue el único procesado al que se le dictó prisión preventiva durante 90 días en la Penitenciaría, pese a que detuvieron a ocho personas más. Los altos mandos de la empresa dejaron el país ni bien empezó la investigación. El padre pensó también en dejar el país, pero luego de una conversación familiar, Jhon y su familia decidieron quedarse en Guayaquil. “Confiábamos en que la justicia haría lo suyo y se descubriría la verdad”, recuerda su hijo Jhon Jairo.

Casi setenta días después, Jhon Campuzano, confinado en el área transitoria de la Penitenciaría del Litoral, aparentemente la más tranquila, fue masacrado en la cuarta matanza, que fue incluso transmitida en vivo entre el 12 y 13 de noviembre de 2021. Su hijo lo supo cuando tecleo “masacre” en Twitter y vio los videos donde decenas de cuerpos eran incinerados en el mismo patio donde visitó a su padre por última vez.

Quienes están encerrados en prisión, dice Jhon Jairo Campuzano, son personas como su papá. “Él era un hombre que me enseñó que las cosas había que hacerlas con esfuerzo. Y lo mataron. Me despeché del sistema de justicia, del carcelario, del gobierno. Imagínate, estudiando derecho”, dice el joven, alto, bronceado y castaño, sentado en uno de los sillones blancos de su sala de estar.

Jhon Jairo Campuzano

Jhon Jairo es el hijo Jhon Campuzano, víctima de la masacre del 12 y 13 de noviembre de 2022. Ahora, su hijo, quien será abogado penalista, es uno de los 27 miembros del Comité de Familiares por Justicia en Cárceles. Fotografía de Vanessa Terán Collantes para GK.

Aunque le costó, Jhon Jairo decidió culminar su carrera. Será un abogado penalista. Lo impulsa el recuerdo de su padre: un niño que salió de la casa de su madre en el Guasmo Sur y logró prosperar económicamente trabajando de domingo a domingo. El joven lo cuenta mientras se alista para un juego de fútbol con sus amigos. Él también es centrocampista, posición en la que su padre llegó incluso a jugar en Emelec, uno de los equipos tradicionales de la ciudad.

“En el Comité queremos que entiendan que muchas de las víctimas fueron personas que ni siquiera fueron condenadas”, cuestiona Jhon Jairo Campuzano. Es verdad: al menos 65 personas fueron asesinadas en esa masacre.El 70% de ellas no tenía una sentencia, según reveló el diagnóstico hecho por la entonces Secretaría de Derechos Humanos.

Tres días después de aquella matanza, el presidente Guillermo Lasso anunció —como solución— una serie de resoluciones tras una reunión interinstitucional que llamó “Acuerdo para afrontar la crisis carcelaria”. Parecía una obligación obvia luego de que la entonces comandante de la Policía aceptara que hubo alertas de violencia, como ha ocurrido en las once masacres carcelarias.

Entre las decisiones, hubo una que Lasso no ha vuelto a nombrar más: la disposición que ofició al Consejo de Participación Ciudadana la creación de mesas de diálogo para “acompañar un proceso de reparación integral a las familias afectadas por la crisis carcelaria”. Con el rostro bajo y una voz pausada, Lasso dijo “solidarizarse con las familias de las víctimas” con el telepronter azul que, reflejado en sus lentes, le dictaba qué palabras enunciar.

Un año después, Lasso ya no habla de las “familias de las víctimas”, sino de los “defensores de derechos humanos que apoyan a los delincuentes”. Ni siquiera la violencia policial en los exteriores de las cárceles ha calado en su intento por cesar las muertes reciclando estados de excepción, ejecutando traslados que devienen en masacres, y mostrando los rostros de cada detenido en el suelo. Una imagen que evocaba la “guerra contra las pandillas” que vende Nayib Bukele en El Salvador, aunque escondiendo sus pactos con esas mismas estructuras, revelados por investigaciones periodísticas.

Jhon Campuzano

Jhon Campuzano era —y aún es— la alegría de su familia. El impulso de su hijo Jhon Jairo para exigir justicia para las víctimas de las masacres y la garantía de la vida de las personas presas. Fotografía de Vanessa Terán Collantes para GK.

Siete masacres más estallaron en 2022—la última, el 18 de noviembre de 2022, en la prisión de El Inca. Las muertes siguen replicándose y la violencia arrebata también la vida de directores carcelarios como el de Santiago Loza, víctima de sicariato el 2 de diciembre, en Quito.

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La foto de Miguel —junto a su perrita Mika— es tan solo una de la centenaria colección de imágenes que Ana Morales muestra sentada en el comedor blanco de una acogedora casa amarilla, enclavada en el suburbio guayaquileño, una tarde de noviembre de 2022.

Parece un corto laberinto de cemento caluroso, en la que cachorros y gatitos bebés rescatados aparecen por sus recovecos. Uno llegó después del asesinato de Miguel. La abuela de Miguel, Rocío, una quiteña que migró a Guayaquil y ahora batalla contra el cáncer, los carga.

Ana Morales, vocera Comité de Familiares

Ana Morales, vocera del Comité de Familiares, exige justicia por la memoria de su hijo y las 416 víctimas de las matanzas carcelarias. Sobrevivió también a la violencia y a la extorsión. Ahora, le hace frente al Estado junto a sus compañeros. Fotografía de Vanessa Terán Collantes para GK.

El muchacho delgado de la primera imagen no es el niño gordito que en las fotografías aparece bailando hasta abajo, un reggaetón en su escuela. Lo que siempre mantuvo fue la sonrisa: es la misma con la que asustaba, coqueto, a todos vestido de Spider-Man. La misma con la que Miguel, enflaquecido por la tuberculosis y enfermo por la falta de alimento, le cantaba Amor y Control, la canción que Rubén Blades le compuso a su madre, a Ana Morales desde su celda.

“Es nuestra historia. Aún me duele mucho escucharla, pero ese ‘familia es familia’ es lo que me impulsa a hablar. Por eso la pusimos esa frase en su lápida. Él me la dedicó y ahora yo se la dedico todos los días”, me dice, con lágrimas en los ojos.

El día en el que detuvieron a Miguel por el robo de un celular —que terminó devolviéndole a su dueño—, su abuela Rocío salía de una operación por el cáncer que aún la aqueja. Miguel estaba desesperado por la cuenta de la clínica en la que dio a luz su esposa, que casi fallece por una negligencia médica, e improvisó un robo que salió mal. Estaba también superando su adicción a la H, que comenzó cuando tenía 13 años. Y lo logró en prisión, después de un progresivo proceso de rehabilitación acompañado por su familia.

En la cárcel, Miguel tuvo que sobrevivir empeñado —otros presos le endosaron deudas por droga hasta de 2 mil dólares. Casi lo asesinan el 24 de diciembre de 2020, el mismo día de su cumpleaños. “Mi historia me hizo entender que yo también soy una víctima y que todos los familiares lo somos porque no soy la única que lo ha vivido”, dice.

Miguel López

Ana Morales y su hijo, Miguel López, cuando era aún un niño al que le encantaba bailar, reir, cantar. Es esta una de las imágenes que Ana atesora. La impulsa a continuar su lucha. Fotografía de Vanessa Terán Collantes para GK.

Por eso, Ana Morales se resistió al silencio y contó, junto a más de una decena de familiares, lo que vivió en el estrado del Tribunal Popular por Justicia en Cárceles, un tribunal ético que, si bien no tiene investidura de poder estatal, sí tuvo una sentencia simbólica el 9 de septiembre de 2022.

Tras escuchar sus relatos, las miradas de investigadores del sistema carcelario y la argumentación del abogado Juan Vizuete —quien actuó como fiscal popular—, Ramiro Ávila, ex juez de la Corte Constitucional, Gina Benavides, defensora de los derechos humanos, Evelyn Solari, experta en derecho constitucional, responsabilizaron al Estado ecuatoriano por acción y omisión ante la masacre de más de 500 presos. Los tres magistrados coincidieron: Ecuador negó a los presos su derecho básico a la vida.

Esa es la única sentencia que las familias han recibido. El Comité —dice Ana— intenta, ahora, que las voces de 27 familiares que lo conforman alimenten criterios en la aplicación de las leyes, pero también en la esperanza de un sistema de rehabilitación digno. “Porque, aunque nunca les ha importado escucharnos, ya no estamos solos. Y aunque nuestros hijos ya no están, nos vamos a hacer escuchar fuerte por los que aún están vivos. Esa es la justicia en la que creemos”, dice.

El 24 de diciembre de 2022, Miguel habría cumplido 25 años. Su madre visitó, de nuevo, su tumba. Le cantó, de nuevo, Amor y Control. Días después, volvió con sus compañeros del Comité para seguir insistiendo en sus derechos ante plazas públicas y prisiones porque si la justicia llega para uno, el camino se abre para que la justicia llegue para todos.

Amor y control

«Familia es familia», dice la leyenda de la tumba de Miguel López, que su madre, Ana Morales, visita cada que puede. Es la frase de la canción Amor y Control, que Miguel le dedicó cuando estaba en prisión. Fotografía de Vanessa Terán Collantes para GK.


*Nombres protegidos

Si tienes familiares fallecidos en prisión o necesitas acompañamiento para tu familiar que aún está en la cárcel puedes contactarte con el Comité a dos correos: cdh@cdh.org.ec y familiaresporjusticia@gmail.com.

Karol Norona 150x150
Karol E. Noroña
Quito, 1994. Periodista y cronista ecuatoriana. Cuenta historias sobre los derechos de las mujeres, los efectos de las redes de delincuencia organizada en el país, el sistema carcelario y cubre permanentemente la lucha de las familias que buscan sus desaparecidos en el país. Ha escrito en medios tradicionales e independientes, nacionales e internacionales. Segundo lugar del premio Periodistas por tus derechos 2021, de la Unión Europea en Ecuador. Coautora del libro 'Periferias: Crónicas del Ecuador invisible'. Forma parte de la organización Chicas Poderosas Ecuador.
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