El pasado 17 de agosto de 2021, el presidente Guillermo Lasso entregó a la Asamblea Nacional su propuesta de reformas a la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES).
La LOES actual fue publicada en el Registro Oficial —y por ende, entró en vigencia— en el 2010 y no ha sido actualizada desde entonces. Las reformas presentadas por Lasso a la Asamblea para su trámite proponen modificar nueve artículos de la ley orgánica y una reestructuración del Consejo de Educación Superior (CES).
Estas son las reformas propuestas.
Autonomía de las instituciones de educación superior
Las reformas a los artículos 17 y 18 de la LOES buscan ampliar la autonomía que tienen actualmente las instituciones de educación superior —las universidades, escuelas politécnicas, institutos técnicos.
El proyecto dice que el Estado reconocerá y garantizará el respeto “de la naturaleza jurídica y las formas de organización” de cada institución, incluyendo sus propios modelos educativos y metodologías.
Además, la reforma dice que la autonomía implica la libertad para funcionar según su propio modelo educativo, tomar sus decisiones, gestionar sus procesos internos y emitir sus estatutos.
También dice que los profesores e investigadores de estas instituciones tendrán independencia para ejercer una “plena libertad de cátedra e investigación”. También, dice el proyecto, las instituciones tendrán libertad para elaborar sus propios planes y programas de estudio.
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Según el proyecto, la autonomía propuesta permitirá a las instituciones determinar con libertad sus formas y autoridades de gobierno, nombrar sus autoridades, personal académico y personal administrativo, y para adquirir y administrar su patrimonio y recursos. Esto también supone la elaboración, aprobación y ejecución independiente de sus presupuestos.
Fondos y gratuidad de la educación superior pública
Otra reforma propuesta es sobre el control de los fondos de las instituciones de educación superior que no provienen del Estado. Puntualmente, se reformaría el artículo 26 de la LOES.
Lasso propone que, además de un control interno, las instituciones de educación superior privadas entreguen información sobre los fondos con los que se financian y no provengan del Estado cuando sea requerida por algún organismo de control como por ejemplo el Servicio de Rentas Internas. En el caso de las instituciones públicas, los fondos externos deberán seguir bajo vigilancia de la Contraloría General del Estado.
Lasso también propuso una reforma al artículo 80 que habla sobre la gratuidad de la educación superior pública. La reforma busca garantizar que la educación superior pública siga siendo gratuita, pero plantea cambios como que la gratuidad no aplicará para los cursos propedéuticos preuniversitarios o prepolitécnicos. Además, la gratuidad se perderá cuando el alumno pierda más del 30% de las materias de su semestre/carrera.
Además, dice que la educación superior gratuita solo aplicará para ecuatorianos o personas que posean una residencia permanente.
Alejandro Ribadeneira, Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt), dijo en una entrevista con la editora política de GK, Sol Borja, que este año se entregaron 28 millones de dólares más a las universidades públicas que el año anterior. El Secretario dijo que se aumentó el presupuesto de la educación superior para así asegurar el acceso a la educación pública gratuita y de calidad. A pesar de ello, ocho universidades privadas cofinanciadas alegaron que habían recibido menos fondos del Estado.
Ingreso a las universidades
El proyecto de reforma enviado a la Asamblea por Lasso también propone que el Sistema de Nivelación y Admisión —por el que ingresan los estudiantes a las instituciones de educación superior públicas— se rija por tres principios:
- de méritos,
- igualdad de oportunidades, y
- libertad de elección de carreras.
Una de las propuestas de la campaña presidencial de Lasso era garantizar “el libre ingreso a las universidades e independencia académica de las universidades de sus entes reguladores”.
La reforma dice también que el nuevo sistema de nivelación y admisión deberá adoptar medidas que promuevan la igualdad entre los postulantes.
Además, propone que el mecanismo de ingreso al Sistema de Educación Superior tome en cuenta la “evaluación de las capacidades y competencias de los postulantes, sus antecedentes académicos, su condición socioeconómica y otros aspectos de política de acción afirmativa”— no se dice cuáles son estos aspectos.
La experta en educación superior Rina Pazosdice que esta sección no es lo suficientemente específica. Se entiende que para entrar al sistema, los estudiantes deberán rendir un examen que mida las aptitudes y capacidades— en este caso sería la prueba Transformar que reemplazó al ahora extinto Ser Bachiller.
Sin embargo, para el acceso al sistema también se tomará en cuenta las notas de los estudiantes, la condición socioeconómica y otros aspectos. La experta Pazos explica que esto significa que cada uno de estos requisitos de ingreso debe tener un peso: “por ejemplo, se debe definir qué porcentaje pesará el examen, qué porcentaje pesarán las notas, qué porcentaje pesará la condición económica, y así con todos los aspectos”. La suma de esos porcentajes, dice Pazos, arrojará una especie de calificación que será la que defina quién entra y quién no a una institución de educación superior.
Según el proyecto de reforma de la LOES, si los estudiantes no logran el ingreso —en base a ese puntaje obtenido de la suma de todos los requisitos— “las instituciones de educación superior” podrán ofrecer cursos de nivelación y preparación relacionados con el proceso de admisión. Por ahora, no se sabe si habrá un reglamento que regule cómo funcionarán estos requisitos para el ingreso a las universidades y cómo serán “calificados” o cuánto “pesarán”.
La experta en educación superior, Rina Pazos, dice que en este aspecto, el proyecto de reforma no es lo suficientemente específico por lo que puede parecer confuso. Según Pazos, la reforma no especifica cómo será la admisión a las instituciones públicas además del examen Transformar.
Los costos de estos cursos, dice la propuesta, serán definidos por cada institución. Los cursos no serán obligatorios.
El proyecto también plantea cambiar el artículo 82 sobre los requisitos para ingresar a las instituciones de educación superior. Estos requisitos serían:
- Tener título de bachiller o un equivalente (sí serán válidos los títulos de bachilleres obtenidos en el exterior, siempre y cuando hayan sido homologados primero por el Ministerio de Educación).
- Cumplir con los requisitos y el proceso de admisión definido por la institución de educación superior.
En el caso de la Universidad de las Artes, los Conservatorios Superiores, y los Institutos Superiores de Artes, los aspirantes deberán tener un título de bachiller en artes. Si el aspirante no tiene este título, deberá tomar un examen de suficiencia que compruebe que tiene los conocimientos necesarios para estudiar la carrera artística que desea.
El Consejo de Educación Superior (CES)
El proyecto de reforma planteado por el presidente Guillermo Lasso también modifica las funciones del Consejo de Educación Superior (CES). El proyecto dice que entre sus responsabilidades, el CES deberá:
- Garantizar la autonomía de las instituciones de educación superior.
- Diseñar, aprobar, reformar, monitorear y evaluar el Plan de Desarrollo del Sistema de Educación Superior —un plan que debe establecer objetivos estratégicos sobre la cobertura y calidad de la educación superior.
- Hacer informes sobre la creación o anulación de los instrumentos legales necesarios para la creación de nuevas instituciones de educación superior.
- Mantener un registro de los estatutos aprobados por las instituciones de educación superior.
- Aprobar la suspensión de las instituciones de educación superior cuando no cumplen con los reglamentos establecidos en la LOES.
- Llevar un registro de las carreras y programas de posgrado aprobados.
- Aprobar la fórmula de distribución anual del presupuesto para cada una de las instituciones de educación superior públicas.
Con la reforma, además, todas las autoridades actuales del CES serán reemplazadas.
El nuevo Consejo tendrá que integrarse por:
- cinco representantes del Ejecutivo,
- nueve académicos, y
- un representante de los estudiantes universitarios y politécnicos.
En caso de que se apruebe la reforma, el CES tendrá también que formular un nuevo proyecto de Ley Orgánica de Educación Superior en el plazo máximo de un año —contado desde la posesión del nuevo Consejo.
Otras posibles reformas
El presidente Lasso también propone reformar el artículo 115 de la LOES que regula a los institutos superiores pedagógicos — instituciones donde se forman docentes.
Con la reforma, todos los institutos superiores pedagógicos serán considerados instituciones de educación superior. Estas instituciones se podrán articular académicamente con la Universidad Nacional de Educación (UNAE) u otras instituciones que tengan ofertas académicas relacionadas con la educación.
Con respecto al carácter no lucrativo de la educación superior, la reforma es más específica que la actual LOES. Para asegurar que los fondos con los que se financian las instituciones de educación superior no sean mal utilizados, estas deberán usar cualquier excedente para aumentar su patrimonio institucional.
Además, el Servicio de Rentas Internas (SRI) verificará que las instituciones privadas no usen sus recursos con fines de lucro y la Contraloría General del Estado auditará la utilización de los recursos en las instituciones públicas.
En una entrevista a GK, el Secretario de la Senescyt, Alejandro Ribadeneira, dijo que la Secretaría está analizando mecanismos para controlar “a profundidad de qué manera se están utilizando los recursos públicos”. El proyecto de reforma ayudaría precisamente a este objetivo.
¿Qué dicen los expertos de las reformas propuestas?
El experto en educación superior, Pablo Astudillo, dice que por ahora es difícil decir qué tan bueno es el proyecto porque es una propuesta inicial “y no es la reforma de la LOES” como tal. Pero asegura que el proyecto presentado por el Presidente abre las puertas, pone las bases y direcciona a la educación superior. Según Astudillo, una de las cosas positivas del proyecto es que “busca dar más autonomía a las universidades y limita el control del Estado”.
El experto explica que esto en particular es interesante porque “no se quiere que [la educación superior] sea como en los años noventa en donde se crearon universidades de garaje”, y que al contrario, se está buscando que las universidades sean menos controladas por el Estado y que por lo tanto, el sistema de educación superior sea más flexible. Aunque esto es bueno Astudillo dice que existe un peligro: que haya tanta autonomía que se llegue a una desregularización.
