El asambleísta Fernando Villavicencio presentó una denuncia en la Fiscalía General del Estado contra “una estructura delictiva” que estaría liderada por Pablo Celi, excontralor general subrogante y Carlos Pólit, ex contralor general (a quien Celi reemplazo después de que Pólit huyera a Estados Unidos, tras ser vinculado en la trama de corrupción Odebrecht).
Hoy, 16 de agosto, Villavicencio, asambleísta por la Alianza Honestidad y presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, fue a la Fiscalía. Afuera del edificio de la institución, dijo que hay 34 informes de las administraciones de Pólit y Celi “que confirman que operó una estructura delictiva, cuyos fines principales eran la desaparición de documentos, el desvanecimiento de glosas por más de mil millones de dólares y el archivo de procesos”. Según Villavicencio, presentó la denuncia como “periodista, ciudadano y legislador”.
El presidente de la Comisión de Fiscalización pidió que la Fiscalía abra una investigación previa contra Pólit, Celi y otros 30 funcionarios y exfuncionarios de la Contraloría. Una investigación previa es la etapa en la que la Fiscalía recaba información para determinar si hay o no un delito. Villavicencio dijo que hubo “un incendio deliberado que consumió en el fuego millones de documentos”, refiriéndose al siniestro que devoró el edificio de la Contraloría en el paro nacional de octubre de 2019.
Debes Saber
El asambleísta Villavicencio dijo que entregó como pruebas a la Fiscalía mil hojas que había recibido la Comisión de Fiscalización dentro del juicio político que enfrenta Pablo Celi. La mañana de hoy, el pleno de la Asamblea instaló la sesión para realizar el juicio en el que deberán censurarlo o absolverlo. Celi es enjuiciado políticamente por supuesta arrogación de funciones e incumplimiento de funciones.
¿Qué dice la denuncia de Villavicencio?
La denuncia entregada a la Fiscalía tiene 32 hojas en las que Villavicencio enlista los nombres de las 42 personas que comparecieron en la Asamblea Nacional dentro del juicio político contra Celi. En la denuncia también se enlista los documentos que recibió la Comisión de Fiscalización como informes de examen especial a Proyecto Hidroeléctrico Mandariacu, Poliducto Pascuales Cuenca a cargo de Petroecuador, Proyecto de Riego Daule Vinces, Acueducto presa La Esperanza-Refinería del Pacífico, contrato por servicios y productos comunicacionales con la empresa H.D.C Producciones C.A de la que Daniel Salcedo, procesado por varios delitos, fue gerente y accionista mayoritario, entre otras.
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La denuncia también detalla información entregada por la Fiscalía a la Comisión de Fiscalización: el informe con indicios de responsabilidad penal de la Contraloría a la Fiscalía. También tiene información del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS): el documento de designación de Pablo Celi como Contralor General Subrogante. Más el informe de los Bomberos de Quito sobre el incendio que sucedió en la noche del 12 de octubre de 2019, en el paro nacional contra las medidas económicas impuestas por el entonces presidente Lenín Moreno. Por ese incendio en la mañana del 13 de octubre, la Fiscalía dijo que 27 personas fueron detenidas por supuesto delito de terrorismo.
Además, la denuncia tiene otra lista de 51 personas que “pueden tener conocimiento de los hechos relatados con relevancia penal”, dice Villavicencio. Entre esas personas están María De las Mercedes Plascencia, subcontralora de Gestión Interna, Daniel Salcedo y José Muirragui, representante de H.D.C Producciones, Esteban Celi de la Torre, Raúl De la Torre, exfuncionario de la Contraloría y Petroecuador, Valentina Zárate, excontralora subrogante, Calos Pareja Yanunzeli, exgerente de Petroecuador, y varios funcionarios de la Contraloría.
La denuncia está firmada por Villavicencio y sus abogados.
Los procesos que enfrenta Pablo Celi
Pablo Celi está en prisión preventiva por supuesto delito de delincuencia organizada en el caso conocido como “Las Torres”. Los líderes de la estructura habrían exigido sobornos a cambio de desvanecer glosas impuestas por la Contraloría por la indebida ejecución de contratos entre Petroecuador EP y la empresa NOLIMIT S.A., dedicada a la venta de maquinaria y equipos para la construcción y minería. Más el juicio político en la Asamblea Nacional.
