La mañana de ayer, 23 de febrero de 2021, Ecuador vivió el peor incidente carcelario de su historia. Según una última actualización del Servicio Nacional de Atención Integral para las Personas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI), 79 personas privadas de la libertad fallecieron a causa de los disturbios de ayer. Los motines en las cárceles de Turi en la provincia sureña de Azuay, de Latacunga en la Sierra central, y en dos cárceles de la provincia costera del Guayas, se habrían dado por la supuesta “aparición de una nueva organización delictiva” en el sistema penitenciario.
En esta entrevista, Daniela Oña, experta en derechos humanos y personas privadas de la libertad, explica por qué suceden esta clase de incidentes en las cárceles. También habla de cómo se ha deteriorado el sistema carcelario y de qué acciones se deberían tomar para solventar la grave crisis carcelaria que vive el país desde hace ya más de dos años.
¿Por qué se dieron los disturbios de ayer en las cárceles?
Cómo llegamos a lo de ayer pasa por un debilitamiento progresivo de la institucionalidad de todo el sistema penitenciario y también por una debilidad en su manejo. Hay una ineficacia del Estado en el manejo de todas las instituciones, no solo del Ejecutivo, sino también de la Fiscalía, los jueces, y otras instituciones que han sido ineficaces para dar respuesta a la criminalidad.
Eso se evidencia también en el incremento de casos de homicidio en Guayaquil y, además, en la forma en la que se han dado estos hechos de violencia. Lo de ayer es el punto más crítico, pero es algo que viene desde hace muchos años.
¿Desde hace cuánto tiempo hay una crisis carcelaria en Ecuador?
Crisis, como tal, creo que desde el 2018. Pero me atrevería a hablar que desde antes del 2017 ya comenzaron a presentarse varios problemas que iban alertando sobre la necesidad de adoptar otro tipo de medidas correctivas.
¿Cuáles son estos problemas que había desde antes de 2017?
Eran problemas que ya existían y fueron persistiendo.
Por ejemplo, la falta de personal de seguridad, la falta de personal en los ejes de rehabilitación, la falta de presupuesto para mejorar condiciones o hacer mantenimiento en las infraestructuras.
El tema del trato como tal, también. Antes del 2017 hubieron algunos incidentes porque había vulneraciones de derechos humanos. Pero sí: hablamos de crisis como tal cuando llegamos a los puntos más altos de hacinamiento en 2018.
¿Cuál ha sido el punto más crítico de la crisis carcelaria?
El estado de excepción que se decretó en 2019 en las cárceles fue el punto más crítico de esta crisis que ya venía desde hace años.
¿De quién es responsabilidad esta crisis?
Es un problema que se ha venido deteriorando por años.
Hay que ser muy críticos y objetivos en el tema del modelo de gestión penitenciaria. En un principio, cuando se creó el modelo en 2013, este planteaba varias cuestiones innovadoras y, sobre todo, alineadas a los derechos humanos. Pero conforme se fue ejecutando, fallaron cuestiones institucionales.
¿Qué pasó con ese modelo de gestión penitenciaria?
En su momento, el modelo era bueno. Fue una buena propuesta porque la política como tal era una política de “cero ocio”.
Eso implicaba que las personas estén siempre ocupadas y siempre estén haciendo algo —aprendiendo un oficio, estudiando, trabajando en la panadería, o haciendo deporte. Todo esto de manera integral. Incluía salud, salud mental, trabajo social, familia.
La idea inicial era buena, interesante e innovadora, para ya al llevarla a la ejecución ha sido complejo, y eso ha sido el problema.
¿Por qué se deterioró?
Hay una cuestión que me parece fundamental que es la falta de política criminal. Este es un problema estructural porque no se ha trabajado sobre una política criminal.
El incremento de población penitenciaria es algo que era totalmente predecible. Las estadísticas lo fueron evidenciando, pero no se tomaron los correctivos necesarios. No se pensó en cómo se puede prevenir el hacinamiento o la sobrepoblación en las cárceles. No se pensó en la prevención integral del delito, sino solo en construir más cárceles o construir cárceles más grandes. Eso no soluciona nada. No se puede culpar a un solo gobierno: es un problema estructural.
Digamos que en este gobierno lo que sí ha causado mucha preocupación es la reducción presupuestaria. Eso sí es la voluntad política de un gobierno en específico. No ha existido voluntad de dar por finalizado este problema.
Pero, por ejemplo, algo que tuvo una gran trascendencia para que se diera la crisis fue la aprobación del Código Orgánico Integral Penal (COIP) en el 2014. Este código amplió el catálogo de delitos, y lo que hizo fue que se incremente el número de personas privadas de la libertad, por ejemplo, relacionadas con temas de drogas. Además, las reformas que se han venido dando en estos años han generado que este catálogo se incremente y que, por tanto, la población penitenciaria crezca.
Entonces, ¿se deben hacer reformas al COIP para reducir el número de personas privadas de libertad?
Ese es un debate complejo. Tenemos que primero preguntarnos, ¿las cárceles resuelven los problemas?
En Ecuador en esencia lo que se cree es que la cárcel va a resolver los problemas. Pero debe haber una mínima intervención penal. La cárcel debe ser la última respuesta de solución de los conflictos y, por ende, sí se debería revisar el catálogo de delitos que están en el COIP. Hay que revisar esto en armonía a la política de la mínima intervención penal y los derechos humanos.
¿Qué se podría hacer para solucionar la crisis, quiénes deben intervenir?
Tiene que haber una intervención de otras instituciones, no solo del SNAI. Si los directores de los centros de rehabilitación social saben que existe un alto índice de criminalidad al interior de los pabellones, pues es necesario tomar otras acciones. Sería interesante ver cómo puede intervenir la Fiscalía.
Hemos visto casos en los que la Fiscalía ha tomado acciones emergentes y más trascendentales, como el establecer una Fuerza de Tarea en los casos de corrupción en la pandemia. Pero, ¿qué pasa con los casos de extorsión, de ingreso de drogas y de todos los ilícitos que se manejan al interior de los pabellones de las cárceles?
Hay que ver qué información podría dar la Fiscalía respecto de eso. En general, qué información puede darnos del manejo del crimen organizado. Como sabemos, hace no mucho se creó dentro de la Fiscalía, la UNIDOT [la Unidad Nacional Especializada de Investigación contra la Delincuencia Organizada Transnacional] que es esta unidad para trabajar los casos de crimen organizado. Habría que preguntar cuánto han avanzado este tipo de casos.
¿Cuántos muertos ha habido en los últimos años en las cárceles?
En 2019, hubo 33 muertes violentas. Se identificaron como disputas entre bandas por el territorio al interior de los pabellones. Esto se mantuvo en el 2020, año en que se estima que las muertes violentas ascendieron a 51. La tónica fue la misma: enfrentamientos entre bandas por el territorio al interior de las cárceles.
¿Cuál es la situación de los guías penitenciarios?
Es compleja. Primero, el régimen laboral en el que están es bastante precario y las condiciones en las que están trabajando también son súper precarias. Por los recortes de presupuesto, en muchas ocasiones a los guías penitenciarios les han debido sueldos de tres, cuatro, hasta cinco meses.
También, progresivamente dejaron de dotarles de uniformes, de capacitación, e incluso dejaron de pagarles horas extras. Estas condiciones causaron que muchas personas renuncien y provocó el déficit de guías penitenciarios que estamos viendo. Además, ha habido guías que han salido por denuncias de malos tratos o de corrupción, y como nunca se reemplazó a este personal solo disminuyó la cantidad de guías.
En algún momento el SNAI propuso retomar una escuela de capacitación para formar a nuevos guías penitenciarios, pero esto no llegó a concretarse por falta de presupuesto. Ahora hay un déficit de guías bastante importante. Se estima que debe existir al menos 1 guía por cada 6 personas y en algunos centros hay 1 guía por cada 20 o 30 personas.
¿Cuál es el problema más grande que existe en las cárceles del Ecuador?
Es una realidad muy compleja, y no se puede decir que hay un solo problema. Es un problema multidimensional.
Pero si hablamos del problema más grave, en este momento, evidentemente es la falta de garantías a la integridad personal de las personas privadas de libertad. Si una persona está bajo custodia del Estado, lo mínimo que se debe hacer es garantizar su vida y su integridad. Obviamente, como vimos ayer, esto no se dio con casi 80 personas.
Además, el ingreso de drogas y armas es uno de los problemas más graves. El tema de drogas, en general, fue un aspecto que, al inicio cuando recién se estableció el nuevo modelo, se logró mantener controlado. Los índices de consumo de droga al interior bajaron e inclusive en algunos centros habían pabellones que eran específicos para el tema de rehabilitación de drogas. Ese fue un gran avance.
Pero esto ha cambiado y ha retrocedido mucho. Ahora, de lo que entiendo, los que tienen el control de la venta de drogas, son las organizaciones criminales. Entonces no es lo mismo ingresar unos gramos de cocaína o marihuana a través de familiares, policías, o guías, a que lo hagan a través de un grupo organizado. Entonces yo creo que ese es un problema grave porque deja en evidencia que hay que recuperar el control interno de los pabellones.
¿Cómo son las cárceles realmente?
La realidad de los pabellones es que no hay una verdadera rehabilitación social. En un inicio existía esa intención, pero se fue deteriorando. Porque las personas privadas de libertad, por su condición, son vistas como la última rueda del coche y son los últimos a los que se les podría pensar dar presupuesto. Además, en un país donde tienes varias situaciones emergentes y complejas, si te ponen a elegir entre mujeres embarazadas o niños y las personas privadas de libertad, es evidente que se va a preferir a las embarazadas o a los niños que a estas personas. [nota de los editores: tampoco el Estado se ha preocupado de los niños, niñas, y las mujeres: no hay presupuesto para prevenir el embarazo en adolescentes, las cifras de violencia de género siguen en aumento, y el Estado no hace nada para que los niños y niñas no sean maltratados ]
Cómo viven las personas privadas de libertad es complejo. Viven hacinadas, el servicio de alimentación es deficiente, las personas al interior tienen muy pocas posibilidades de acceder al ejercicio de otras actividades, como las productivas que les permitan a ellos, al momento de salir, tener otra opción de vida. La situación al interior de los pabellones es muy compleja.
¿Qué prioridad se le ha dado a las cárceles?
Muy baja. Es tanto así que se puede observar cómo se ha desinstitucionalizado el sistema penitenciario progresivamente. Hace muchísimos años no se ha dado, por ejemplo, un concurso de méritos y oposición para incorporar nuevo personal a los centros de rehabilitación social.
El presupuesto que han recibido es mínimo y alcanza solo para solventar los gastos más emergentes y más necesarios como la alimentación. Si recopilaras información de cada centro de rehabilitación en el país, vas a ver que muchos han tenido que solventarse a través de la autogestión.
No es una prioridad para el Estado. No hay la atención debida, no hay ni siquiera lo mínimo. Las cuestiones que deberían ser obligaciones del SNAI no se cumplen porque no hay recursos para hacerlo.
El modelo dice que las personas al interior de las cárceles deben tener, por ejemplo, uniformes. Pero conforme han pasado los años, la falta de presupuesto ha hecho que esto se vaya modificando. Hace un tiempo cuando pude entrevistarme con personas privadas de libertad, les preguntamos sobre los uniformes y dijeron que les dieron un uniforme solo cuando entraron al centro. Después de eso nunca más les dieron una muda de ropa.
Eso evidencia la falta de interés del Estado. Y como al final, las personas necesitan estos implementos, se han flexibilizado las medidas para que los familiares puedan, por ejemplo, traer ropa. El SNAI solo alcanza a pagar lo básico, que es la alimentación y los gastos del personal.
¿Hay corrupción en las cárceles de Ecuador?
Esto siempre va a existir en las cárceles por la dinámica, en general, que existe en ellas. Pero no podemos hablar de una situación sistemática. Corrupción en cárceles siempre va a existir porque sino pregúntate, ¿cómo ingresan las armas?, ¿cómo ingresan los cuchillos, que por ejemplo, decomisaron ayer? Esas cosas no puede ingresar un familiar.
Yo he pasado por todos los filtros de seguridad, tienes canes, escáneres, y otros filtros muy seguros como para que una visita o un familiar logre contrabandear estos objetos. Son cosas que son infiltradas por la policía o por los guías penitenciarios. Entonces, decir que hay corrupción en las cárceles, sí, y va a seguir existiendo porque siempre va a haber una persona dispuesta a cometer este tipo de actos por dinero.
¿Qué tan grave es el hacinamiento en las cárceles?
Es grave, tal vez no a los niveles que se observaron antes en 2018, pero es grave. Como anécdota, el Centro de Rehabilitación Social de Latacunga tenía capacidad inicial para 4.895 personas. Hace algunos años, nos indicaron que ahora la capacidad era para 5.200. El problema es que las plazas como tal ya estaban determinadas, entonces ahí viene la pregunta, ¿y cómo ampliaron la capacidad de las plazas? No lo hicieron.
Simplemente comenzaron a utilizar otros espacios de las celdas, como por ejemplo colocando hamacas sobre el baño, o ahora se considera como plaza también dormir en el piso.
El hacinamiento se puede medir en varios aspectos: tanto en el metraje que tiene una persona dentro de una celda como el número de personas que están dentro de un espacio.
Hay dos conceptos de los que siempre se habla: el hacinamiento y la sobrepoblación. Cuando hablamos de sobrepoblación, hablamos de sobrepasar la capacidad determinada por cada centro.
En Ecuador, lo que tenemos ahora es ambas cosas: hacinamiento y sobrepoblación. La población para la cual estaban pensados los centros fue superada hace mucho. Esto va de la mano de la mala planificación y de la mala estimación del crecimiento de la población penitenciaria.
Cuando recién construyeron los centros de rehabilitación, se hizo una proyección de cuánto estimaban que crecería la población en estos años y como no consideraron varios factores, no vieron las cifras reales. Entonces construyeron espacio pero de repente en unos pocos años, las cárceles se llenaron. No solo ya superamos el espacio de plazas para ocupar sino que también que los espacios son reducidos —por eso hay hacinamiento.
Hay centros en Esmeraldas y Machala donde en una celda que era para 8 personas están viviendo entre 20 y 25. Las condiciones se tornan precarias, volviendo más compleja la convivencia en estos espacios.
¿Qué políticas públicas deberían aplicarse para solventar la crisis carcelaria?
Va de la mano con una política de seguridad integral. Debe existir una política criminal eficaz e integral porque es un ciclo. Hay que pensar qué pasó antes con las personas que cometieron los delitos para que lleguen a estos espacios, e incluso para que no vuelvan.
Porque el objetivo no es llenar cárceles, ni que las personas regresen a las cárceles. No hay que solucionar solo el problema de cárceles, hay que solucionar el problema de la criminalidad como tal en el Ecuador.
Ahí hablan mucho las estadísticas de los tipos de delitos por los que las personas están en la cárcel. Por ejemplo, los segundos delitos más comunes por los que hay personas en la cárcel son los delitos sexuales. De ahí hay también delitos relacionados con el tráfico ilícito de droga o con robo o delitos contra la propiedad. Esto te habla de una situación económica social y de una descomposición del Estado como tal y de la sociedad.
Entonces la pregunta ¿cómo se resuelve la crisis carcelaria? se responde con que ya no existan personas en las cárceles. Y para que no existan personas en las cárceles, tenemos que reducir el número de personas privadas de libertad. Para hacer esto, tenemos que reducir la criminalidad. Y para reducir la criminalidad, ¿qué tenemos que hacer? Tomar políticas tempranas para prevenir el cometimiento de delitos.
De forma mucho más inmediata, necesitamos una intervención fuerte del Estado que venga acompañada de organizaciones de la sociedad civil que permita que este no sea un proceso solo de un lado. Pero ahora, el Estado tiene que tomar el control de lo que está pasando al interior de los centros y resolver los problemas más inmediatos.
¿Cómo debería hacer esta intervención el Estado?
Obviamente esta intervención tiene que estar basada en los derechos humanos. Siempre tiene que ir por ese lado.
No podemos pensar que la intervención que tenga el Estado sea únicamente desde una lista de seguridad. Que la solución sea únicamente meter más policías dentro de las cárceles. Esa no es la solución.
La solución es una intervención integral. Eso implica más personal en el tema social, en educación y el mejoramiento de las condiciones —alimentación, acceso a la salud, actividades de recreación— dentro de los centros.
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¿Hay un problema con la prisión preventiva?
Sí, hay un abuso de la prisión preventiva. Revisando las estadísticas del SNAI hace unos días encontré que la proporción entre personas sentenciadas y personas procesadas (que no tienen sentencia y cumplen prisión preventiva) es de un 60 a 40%. Es decir, que alrededor del 40% de las personas que están en la cárcel, están ahí a pesar de no tener sentencia.
La prisión preventiva debe ser justificada y debería ser siempre la última opción de medida cautelar. La Fiscalía solicita la prisión preventiva pero quien otorga o no la medida son los jueces, y ahí es indignante lo que pasa. Por ejemplo, tenemos el caso de la Secretaria de Salud de Quito que es una persona casi de la tercera edad a la que le dictaron prisión preventiva, y luego tienes a un funcionario en Puerto Quito que agredió sexualmente a tres niñas y le dieron medidas sustitutivas. Es absurdo.
Debe haber una directriz clara por parte del Consejo de la Judicatura sobre la prisión preventiva.
