Hoy, 6 de agosto de 2021, el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) admitió a trámite una denuncia contra el alcalde de Quito, Jorge Yunda por el presunto cometimiento de una infracción electoral grave. La denuncia fue presentada por la abogada Jessica Jaramillo, representante del Frente de Profesionales por la Dignidad de Quito —la misma organización que propuso (y logró) la remoción de Yunda de la alcaldía (que no se ha podido ejecutar por una acción judicial que mantiene a Yunda en el puesto). 

En la admisión a trámite, el TCE convocó a Yunda a una audiencia oral única de prueba y alegatos para el 27 de agosto a las 8 y 30 de la mañana. La notificación del TCE dice que si Yunda no comparece ese día, la audiencia se efectuará en rebeldía, es decir, sin la presencia del denunciado. En caso de que la abogada Jéssica Jaramillo no acuda, se considerará el abandono de la causa. Desde hoy, que el TCE notificó su decisión, Yunda tiene cinco días para presentar pruebas de descargo sobre la denuncia.

En esa audiencia, el TCE deberá determinar si Yunda es culpable de una infracción grave electoral grave —en este caso, es no cumplir con la resolución del TCE que confirmaba su remoción como alcalde de Quito. Si lo declaran culpable, Yunda podría ser nuevamente destituido, dando cumplimiento a la remoción que fue ratificada el 1 de julio por el TCE.

Esta denuncia es una continuación de la grave crisis municipal que vive Quito. Se suma a los dos pedidos de remoción que tuvo Yunda en su contra este año, quien estuvo 11 días sin ejercer el cargo. Ayer, Yunda escribió en Twitter “Pronto revelaré por qué el TCE  insiste en mi destitución, basta de leguleyadas y dejen trabajar!!”. 

¿Qué es una infracción electoral?

Las infracciones electorales están contenidas en el Código de la Democracia. Se dividen en leves, graves y muy graves, y en infracciones relativas al límite de gasto electoral y de los medios de comunicación y empresas encuestadoras. 

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Las graves y muy graves se sancionan, entre otras causales, a quienes no cumplen con las órdenes de la “autoridad electoral” —que en este caso, según las denunciantes, sería el TCE. Entre las infracciones muy graves, dice el artículo 279 del Código, está “incumplir las resoluciones del Consejo Nacional Electoral o las sentencias del Tribunal Contencioso Electoral”. 

Las infracciones graves se sancionan con multas desde “once salarios básicos unificados hasta veinte salarios básicos unificados, destitución y/o suspensión de derechos de participación desde seis meses hasta dos años”. 

Las muy graves, dice el mismo Código, serán sancionadas con “multa desde veintiún salarios básicos unificados hasta setenta salarios básicos unificados, destitución y/o suspensión de derechos de participación desde dos hasta cuatro años”. En este caso, el TCE puede resolver la destitución de Jorge Yunda como alcalde. “En este caso sería cumplir la remoción que ya había sido revisada por el TCE”, dice Jaramillo. 

¿Por qué se presentó esa denuncia? 

El 14 de julio de 2021, las abogadas Jéssica Jaramillo y Dolores Vintimilla, presentaron al TCE la denuncia porque consideran que el que Yunda siga en el cargo constituye el cumplimiento de una orden expresa del TCE, escribió Jaramillo en Twitter. Es decir, las abogadas sostienen que Yunda no acató la orden de dejar la Alcaldía. 

La denuncia está siendo conocida por el juez electoral Arturo Cabrera. El 29 de julio, el juez Cabrera pidió a Jaramillo que aclare y complete su denuncia. Según la notificación del TCE, Jaramillo tenía dos días para adjuntar su certificado de votación de las elecciones generales 2021, para aclarar los fundamentos de su denuncia con expresión clara y precisa, y para completar su fundamentación para solicitar auxilio judicial. Lo que ya hizo y, por ende, ya fue admitida a trámite. 

¿Qué pasa en el Municipio de Quito? 

Quito no sabe a ciencia cierta quién es su alcalde. Jorge Yunda fue removido del cargo el 3 de junio —con 14 votos favorables de los 21 concejales— por un pedido presentado por el Frente de Profesionales por la Dignidad de Quito. El frente argumentó falta de institucionalidad y liderazgo de Yunda, un aparente mal manejo de los fondos del Gobierno Autónomo Descentralizado, y que ha incumplido disposiciones legales y resoluciones expedidas por el Concejo Metropolitano. 

Luego de su remoción, Yunda interpuso una acción de protección. La acción fue aceptada parcialmente por una jueza que decía que la Comisión de Mesa del Municipio (que realizó la remoción) no fue imparcial para tomar la decisión y no se observó el debido proceso en la remoción del alcalde de Quito.  

Yunda también solicitó medidas cautelares, que fueron otorgadas. Para pedirlas, dijo que se vulneraron sus derechos. Las medidas cautelares suspendieron su remoción. El 13 de julio, un grupo de concejales pidió la revocatoria de esas medidas cautelares, y el pedido fue aceptado por la jueza Grimaneza Erazo el 19 de julio, con lo que Yunda dejó de ser alcalde. 

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La noche del 19 de julio, Santiago Guarderas, hasta ese momento vicealcalde, se posesionó como alcalde de Quito. Guarderas pidió la renuncia de los Gerentes de las Empresas Metropolitanas y designó a nuevos funcionarios. 

La medidas cautelares y la acción de protección fueron cuestionadas porque el Consejo de la Judicatura encontró supuestas irregularidades en el sorteo de causas para que los jueces las revisen. María del Carmen Maldonado, presidenta del Consejo de la Judicatura, dijo que hubo una alteración en el sistema de sorteos. Por eso seis funcionarios judiciales fueron suspendidos. 

En el cargo, Guarderas duró apenas 11 días. El 2 de agosto Yunda volvió a la Alcaldía después de que la Corte Provincial de Pichincha dejara sin efecto su remoción y le devolviera su cargo que ganó a través de voto popular en las elecciones seccionales de 2019. Ese mismo día volvió a dirigir una sesión del Concejo Metropolitano. Ese día volvió a dirigir una sesión del Concejo Metropolitano.