La candidatura de Jorge Yunda a la alcaldía de Quito sigue generando cruce de acusaciones. El exalcalde denunció públicamente a Diego Zambrano, quien fue abogado del actual alcalde Santiago Guarderas, de redactar la sentencia del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) con la que se suspendieron los derechos políticos de Yunda y por la que, por ende, éste último no podría participar en las elecciones de 2023. 

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Jorge Yunda hizo públicas las acusaciones el 23 de agosto de 2022, después de que Richard González, juez sustanciador del proceso, dispuso que se aclaren inconsistencias en la sentencia dictada en el caso Yunda. Entre esas inconsistencias, dijo González, estaba que el documento de la sentencia tendría como autor a Zambrano. 

La noche del 19 de agosto de 2022, el Tribunal Contencioso Electoral confirmó que Jorge Yunda cometió una falta electoral  grave por intentar mantenerse en el cargo a través de acciones de protección, desconociendo lo resuelto por el propio Tribunal, cuando ratificó en julio de 2021 lo actuado por el Municipio de Quito al remover a Yunda del cargo de alcalde. 

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La falta grave había sido declarada por un juez electoral de primera instancia, que le había impuesto a Yunda como sanción la pérdida de sus derechos políticos por tres años y una multa equivalente a 20 mil dólares.  En la sentencia del 19 de agosto de 2022, el TCE declaró que Jorge Yunda era responsable de falta electoral grave, al intentar mantenerse en el cargo a través de acciones de protección, desconociendo lo resuelto por el propio Tribunal, cuando ratificó en julio de 2021 lo actuado por el Municipio de Quito al remover a Yunda del cargo de alcalde. 

Sin embargo, rebajó la suspensión de derechos de 3 a 2 años y la multa a poco más de 12 mil dólares. 

Como consecuencia de la decisión, Yunda  no podría ser candidato a alcalde de Quito en 2023. El fallo se dio en un caso que empezó por una denuncia que presentó el actual alcalde de Quito, Santiago Guarderas. En esa denuncia, Diego Zambrano fue uno de los abogados que patrocinó a Guarderas en primera instancia, pero fue removido del caso en noviembre de 2021.  

¿Qué inconsistencias habría en la sentencia?

En un auto —una decisión judicial que resuelve algo importante sobre la sentencia— con fecha del 23 de agosto de 2022, el juez Richard González relata lo que considera son múltiples inconsistencias en la sentencia que fue aprobada por el pleno del TCE.

González dice que el 19 de agosto le enviaron el texto de la sentencia de mayoría aprobada por los conjueces ocasionales Jorge Baeza, Solimar Herrera y Francisco Hernández ese mismo día. González dice que a ese documento se le debía sumar su voto salvado y el de Juan Peña Aguirre, que votaron en contra de la sentencia de mayoría. 

En el auto, González dice que en las propiedades del archivo de Word de la sentencia de mayoría aparece como autor Diego Zambrano, quien fue abogado de Santiago Guarderas al principio de esa causa. Además, en el auto, el juez González dice que ese archivo fue guardado por Gabriel Andrade, prosecretario general del TCE. 

El juez González dice que revisó el correo del 25 de julio de 2022 en el que el conjuez Baeza le envió a los jueces del caso. En el correo, Baeza incluía otro documento de Word, con su posición sobre el caso para que sea discutido. Según González, en las propiedades de ese otro documento también aparece como autor Diego Zambrano. Además, alega que fue guardado por un autor identificado como “secretaría de Concejo”. 

Ante esos cuestionamientos, el juez Richard González dispuso que: 

  1. En un plazo de 24 horas, David Carrillo, secretario del TCE, y Gabriel Andrade, prosecretario del TCE, informen al tribunal desde qué correo electrónico recibieron el archivo de Word que fue enviado al juez sustanciador de la causa. Es decir, a Gonzalez. 
  2. Igualmente en 24 horas informen al tribunal las razones por las que el archivo de word que fue enviado aparece como autor Diego Zambrano y en la parte de “guardado por” está el nombre de Andrade. 
  3. En un plazo de 48 horas el alcalde Santiago Guarderas envíe información certificada sobre si Diego Zambrano trabaja o ha trabajado en el Municipio de Quito. También pide que Guarderas aclare el periodo, la dependencia correspondiente, sus funciones y el salario que percibe o percibía. 
  4. En 24 horas el secretario del TCE, David Carrillo, aclare por qué la sentencia de mayoría dictada el 19 de agosto tiene un encabezado que dice “recusación en contra del conjuez ocasional doctor Juan Peña Aguirre” y un número de causa incorrecto. 

Las respuestas a las denuncias de inconsistencias

Después de hacer pública la denuncia, Jorge Yunda dijo que su candidatura a la alcaldía de Quito se mantendrá. El exalcalde inscribió su candidatura el 22 de agosto, pero todavía podría ser impugnada. 

El 24 de agosto, los abogados de la defensa de Jorge Yunda dijeron que esperan que el TCE declare la nulidad de la sentencia del 19 de agosto por las inconsistencias mencionadas en el auto del juez González. Con eso, la defensa de Yunda espera que retiren las acciones en contra del exalcalde y pueda mantener su candidatura. 

El alcalde Santiago Guarderas no ha reaccionado públicamente al auto del juez González. Sin embargo, el concejal Luis Reina le envió un memorando en el que le solicita que de forma inmediata entregue a todos los despachos de los concejales de Quito copias certificadas de su respuesta al TCE ante la solicitud de que entregue información sobre Zambrano. 

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La abogada Solimar Herrera, una de las conjueces que elaboró la sentencia de mayoría del TCE, le dijo a GK que la sentencia fue elaborada por los tres conjueces:  Jorge Baeza. Francisco Hernández y ella, no por Diego Zambrano. Según ella, las acusaciones son “mal intencionadas”. 

Herrera también dice que el proceso del caso de Yunda se trató de dilatar en varios puntos. En un documento enviado al tribunal el 19 de agosto, Herrera y Baeza exigen la “pronta resolución de la causa” con un debate de los proyectos de resolución presentados. 

Además de los plazos establecidos en la ley que se estaban incumpliendo, dicen que una de sus preocupaciones es que el 22 de agosto comenzaba el proceso de inscripción de candidaturas y si no se resolvía la causa eso habría dejado en “una indeterminación jurídica al presunto infractor”. Finalmente, la sentencia del TCE fue aprobada ese mismo 19 de agosto. 

En otro documento, con fecha del 23 de agosto, la conjueza Solimar Herrera le dice a Fernando Muñoz, presidente del TCE, que en la audiencia del TCE el juez Richard González “de una manera muy violenta no permitía que podamos sesionar de la manera normal”. Incluso, dice Herrera, le pidió a González que no levantara la voz y que le permitiera emitir sus argumentos para tomar una decisión. 

Herrera dice que también le preocupa que el 22 de agosto vio una publicación de Christian Hernández, uno de los abogados de Yunda, en la que dice que trabajará en un proceso penal contra los jueces “ocasionales a dedo de la resolución de medianoche”, refiriéndose a los conjueces que tomaron la decisión del caso de Yunda. Incluso, dice la publicación de Hernández, se llegaría a instancias internacionales.

En el documento enviado a Muñoz, Herrera le pide que se “coordinen las acciones con los jueces de control disciplinario del Consejo de la Judicatura para que este tipo de amenazas a los jueces en periodo electoral no sucedan para amedrentar nuestras actuaciones”. Además, pide que se registren los tuits de la defensa de Yunda a los que califica como “maltrato verbal” por las amenazas penales. 

Herrera dice que ahora el proceso tendrá que ser verificado oficialmente por el TCE para que se aclaren las presuntas inconsistencias. 

El conjuez Jorge Baeza le dijo a GK que Diego Zambrano fue uno de los expertos consultados para la elaboración de documentos borradores, pero que la sentencia fue elaborada por los conjueces. Baeza adujo que envió el borrador de la sentencia por las dilaciones del juez sustanciador al proceso y porque tenían plazos que cumplir. 

Según el conjuez Baeza, aunque Zambrano fue una de las personas que revisó el documento antes de que sea enviado eso era “solo un borrador”. Insistió en que la elaboración de la sentencia se hizo en el pleno del tribunal e incluso con los votos salvados de los otros jueces. 

Baeza dice que le consultó a Zambrano como experto en materia constitucional y electoral porque es uno de los docentes de la facultad de derecho de la que él es decano. 

El conjuez dice que “siempre piden ayuda a expertos externos porque no hay personal del TCE” que se dedique a asesorar a los conjueces. Zambrano “tiene una trayectoria de experto electoral de muchísimos años, creería que él es la persona que más sabe de derecho electoral en el país. El mismo TCE tiene libros y artículos de su autoría”, le dijo Baeza a GK. 

El conjuez Baeza dice que Zambrano no fue el único experto al que se le pidió ayuda con la revisión de los borradores. Dice que también tuvo el apoyo del abogado constitucionalista Esteban Ron y de otros expertos. Baeza asegura que los jueces fueron los que tomaron la decisión del texto por el que votaron y que Zambrano y los otros expertos solo la revisaron. 

Baeza dice que ahora deberán resolver el recurso de aclaración que fue presentado por la defensa de Jorge Yunda. Sin embargo, aclara que la sentencia del TCE está en firme y que el recurso de aclaración solo serviría para, como su nombre lo indica, aclarar una parte de la sentencia, pero no la cambia de forma.

Susana Roa 150x150
Susana Roa Chejín
(Ecuador, 1997) Periodista lojana y jefa de la redacción de GK. Cubre economía, sexualidad y derechos. Le interesan los temas de empleo, educación financiera y salud sexual y reproductiva.
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