Ecuador y China: ¿es posible un tratado de libre comercio?

“El Embajador de China se mostró positivo ante un TLC. Desde el punto de vista político hay una apertura total”, dijo el presidente Guillermo Lasso el pasado 17 de julio,  en una reunión con representantes del sector bananero en Guayaquil. El aviso, aunque no tuvo más detalles sobre los siguientes pasos para la firma del tratado, causó optimismo en varios sectores empresariales. Estos ven a los tratados de libre comercio (TLC) como un factor clave para atraer inversión extranjera y que haya un posible crecimiento económico. Sin embargo, las connotaciones de un posible TLC con el gigante asiático trascienden lo económico y necesitan análisis más profundos.

Primero, es importante entender el rol que China, desde hace aproximadamente quince años, tiene en la economía global. Para académicos en Política Internacional el ascenso de China hacia una superpotencia mundial es uno de los acontecimientos más importantes desde el fin de la Guerra Fría ya que podría marcar el fin de la hegemonía norteamericana como único líder a nivel global en materia económica, tecnológica, militar y de influencia diplomática. Esta disputa se agravó durante el gobierno de Trump, que, al menos en términos comerciales, estaba apenas comenzando. 

China es, desde hace varios años, la segunda economía del mundo y la única que registró un crecimiento del 2,3% en su economía nacional durante el 2020, cuando prácticamente todas las economías a nivel global colapsaron por el impacto de la pandemia. Según dijo Ning Jizhe, Ministro de la Oficina Nacional de Estadísticas de China, en enero de 2021, “en los últimos 20 años, nuestro PIB se ha multiplicado por diez, y esperamos que suponga el 17% del PIB total mundial en 2020 por segundo año consecutivo”. Es decir, es imposible para cualquier país, región o bloque comercial del planeta dejar de comerciar con China, convirtiéndose en un game changer de la geopolítica mundial.

En el caso de Latinoamérica, los vínculos con China se han fortalecido en toda la región, especialmente en la última década. La incorporación de América Latina a la Nueva Ruta de la Seda ha sido la punta de lanza de la diplomacia china en una región que históricamente se ha alineado políticamente con Estados Unidos. La Nueva Ruta de la Seda es un ambicioso proyecto chino que consiste en el financiamiento de enormes proyectos de infraestructura en países subdesarrollados para facilitar la llegada de sus productos a mercados lejanos y ampliar la influencia de Pekín a nivel mundial. 

Los objetivos iniciales del proyecto se limitaban a vincular a China con Europa, Medio Oriente y África, pero en los últimos años cada vez más países latinoamericanos han ingresado en el plan. Actualmente Panamá, Uruguay, Ecuador, Venezuela, Chile, Uruguay, Bolivia, Costa Rica, Cuba y Perú, forman parte de la iniciativa. La década en que la izquierda continental gobernó la región, la acercó mucho a China, más que por un nexo ideológico, por mera conveniencia política y económica: China es la única potencia con capacidad y voluntad de financiar y construir obra pública desde Tijuana hasta Cabo de Hornos.

En este contexto, una  política internacional ecuatoriana que no priorice profundizar las relaciones políticas y económicas con China sería errónea porque fomentaría el aislamiento del país. Ecuador, como parte del proyecto de la nueva Ruta de la Seda, recibió financiamiento directo para la reconstrucción del aeropuerto internacional Eloy Alfaro, en la ciudad de Manta. Para esta obra, el gobierno chino destinó un crédito de 20,7 millones de dólares. 

Pero Ecuador no solo tiene vínculos por ser parte de esa nueva ruta; China tiene una marcada influencia en la construcción de obra pública en el país: entre 2015 y 2017 fueron 64 contratos adjudicados a 18 empresas chinas o consorcios con participación china. Entre esos está la construcción de la Plataforma Financiera en Quito, los hospitales del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social del sur de Quito y de Los Ceibos en Guayaquil, y la construcción de la ciudad del conocimiento Yachay. Todos gestionados durante el gobierno de Rafael Correa. 

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Más allá de la creciente cooperación entre Ecuador y China de los últimos años, las condiciones para avanzar hacia un tratado de libre comercio entre ambos países aún no han sido establecidas por las autoridades políticas. Hasta ahora, no existe nada más que un superficial anuncio de Lasso. Sin embargo, Ecuador y China enfrentan conflictos de distinta índole que no están resueltos. 

La pesca ilegal por parte de embarcaciones chinas en Galápagos, los daños ambientales y sociales causados por la minería a gran escala de empresas y capitales chinos, el petróleo comprometido que se sigue entregando a China, los siempre presentes cuestionamientos al gobierno asiático por su rechazo a la democracia liberal, a los derechos humanos y a la libertad de expresión, conforman factores que deberán ser considerados antes de la firma de un tratado de libre comercio. 

La aceptación de abusos socioambientales producirían tensión a nivel nacional, especialmente con organizaciones ambientalistas e indígenas. Mientras que, desde un punto de vista geopolítico, la acogida de ciertas tesis chinas —como su tradicional postura en contra de la libertad de prensa o la inexistencia de oposición política al Partido Comunista Chino— alejaría a Ecuador de Estados Unidos —país en abierta disputa con China por la influencia política en Latinoamérica. 

Ante la firma de un tratado de libre comercio con la segunda potencia a nivel mundial hay que considerar las diferencias gigantescas entre la capacidad de producción chinas y ecuatorianas. Mientras el país sudamericano se limita la exportación de materias primas como el banano o el petróleo, China es la fábrica mundial de todo tipo de artefactos, medicinas, transportes de toda escala y tecnologías. Esta situación colocaría a Ecuador en una clara desventaja competitiva en lo relativo a valor agregado. Es decir, el productor ecuatoriano de bienes y servicios entraría a una competencia directa con un rival al cual ni siquiera Estados Unidos ha logrado frenar en términos de productividad. 

Los bajos niveles de industrialización en el Ecuador, sumados a la poca capacidad estatal para facilitar y fomentar el emprendimiento privado, nos hacen muy vulnerables frente a la libre competencia con una potencia de las dimensiones chinas. El desarrollo de industrias requiere, fundamentalmente, de dos cosas: capital y conocimiento. Ambos son escasos y difíciles de adquirir en este momento en el país. La protección por parte del Estado es una constante en China y ha servido como un impulso indetenible en su productividad nacional. De hecho, todos los países industriales se desarrollaron con protección y fomento del Estado: Inglaterra y Francia en el siglo XVIII, Estados Unidos y Alemania en el siglo XIX, mientras que, en Ecuador, aún estamos discutiendo cuál debe ser el rol del Estado en la economía. 

La apertura comercial es una necesidad vital para la economía ecuatoriana, los TLC pueden ser una puerta de entrada a grandes capitales, especialmente en el caso de China. Pero no podemos negar las enormes asimetrías entre ambos Estados. Aunque aún no conocemos en detalle las condiciones sobre las que se negociará este acuerdo, es importante desde ya subrayar los puntos débiles en los que Ecuador necesitará concentrarse y protegerse para evitar que el tratado se convierta en una herramienta de voracidad del capital chino, en lugar de una oportunidad de desarrollo para Ecuador.