Durante la campaña electoral, la Coalición de Mujeres presentó un documento a los dos candidatos que pasaron a segunda vuelta: el Pacto Social y Fiscal por una Vida Libre de Violencias de Niñas y Mujeres en Ecuador. Tiene 17 páginas y 20 puntos, e incluye cifras alarmantes: desde cuánto le cuesta al Estado, cada año, la violencia contra las mujeres y niñas —4608 millones de dólares— hasta el recorte del presupuesto en 2020 para la Secretaría de Derechos Humanos que estaba previsto que sean 11400 millones de dólares fue apenas de 4500 millones.
Rocío Rosero, feminista que ha trabajado por los derechos de las mujeres durante cuarenta años, es la vocera de la Coalición y en esta entrevista explica que, a pesar de los recortes recientes y el impacto de la pandemia en los derechos de las mujeres, en el gobierno de Lenín Moreno lograron recuperar la institucionalidad que les quitó el de Rafael Correa. Por ejemplo, fue en este gobierno en curso que, dice Rosero, recuperaron la ley para prevenir y erradicar la violencia contra la mujer. Lo que aún no logran, es que haya suficiente dinero para implementarla.
El pacto, que incluye propuestas para destinar un techo mínimo de inversión para temas como la Ley, fue entregado a los equipos de campaña de Guillermo Lasso y Andrés Arauz. Y la idea es que sirva como una hoja de ruta para el próximo gobierno. El trabajo de la Coalición, insiste Rosero, será fiscalizar que se cumpla el pacto, del que profundiza en esta entrevista.
Quiero comenzar profundizando un poco más en el pacto. ¿Buscan que sea una guía para el próximo gobierno?
El pacto es una herramienta de política pública que sirve, sobre todo, para momentos de crisis como el actual. Ya hubo un pacto fiscal que fue usado por el gobierno ecuatoriano en el contexto de la salida de la crisis del 2000. Fue un pacto impulsado por Unicef donde yo, en esa época, era consultora. El pacto entonces permite establecer de qué manera vamos a establecer o no los recursos.
¿Por qué se necesita un pacto ahora? Tomando en cuenta que el último fue 21 años atrás, en una crisis económica sin precedentes.
El pacto viene del hecho de que ahorita las prioridades del Gobierno Nacional no estuvieron en la política social, menos aún en la protección de los derechos de las personas, y menos aún de las mujeres.
Le voy a citar dos hechos: uno es que después de que el Presidente se comprometiera en 2017 con la Ley, y de que presentara el proyecto al Legislativo, en 2018 se hizo el proyecto de inversión para la aplicación de la Ley. En ese entonces yo acepté ser parte del Viceministerio de Inclusión Social, y nos encargaron la formulación de la estrategia. El Presidente nos dio 30 días. Creamos Misión Mujer —que son las misiones emblemáticas del Presidente, supuestamente— y se priorizaron tres elementos centrales: la aplicación de la ley a través de la Secretaría de Derechos Humanos, la estrategia de prevención del embarazo en niñas y adolescentes, y el empoderamiento económico donde incluimos todas las líneas de financiamiento para el acceso de las mujeres a los recursos.
El programa que mayor cobertura tuvo para los temas de empoderamiento económico fue el que nosotras impulsamos desde el Ministerio de Inclusión Económica y Social, con Berenice Cordero, que era el crédito de Desarrollo Humano. Más del 90% de créditos otorgados fueron para mujeres jefas de hogar, de extrema vulnerabilidad y pobreza con unas iniciativas realmente interesantes. Impulsamos redes de microemprendedores en diferentes áreas —de artesanía, de comerciantes, de productoras de alimentos, etc.
Pero lamentablemente el programa nunca tuvo el apoyo de otras instituciones. Por ejemplo, el mismo Banco del Fomento nunca hizo un mecanismo de acción positiva que pudiera facilitar el acceso a las mujeres.
Entonces este pacto intenta recoger las promesas incumplidas del 2018, de señalar qué instituciones deberían involucrarse pero ¿ deciden publicarlo ahora porque el covid-19 empeoró la situación de las mujeres, o porque tendremos pronto un nuevo gobierno?
Lo terminamos de publicar porque en el 2019 llegaron los señores empresarios más radicalmente al Gobierno y se quitó la inversión social. Por ejemplo, se suprimió el proyecto de inversión de la ley de prevención del embarazo en niñas y adolescentes, y con cualquier pretexto. O sea se puso a una persona anti-derechos en la Secretaría Planifica Ecuador. Nos quitan la política pública, el proyecto de inversión, y encima durante el 2020 deciden pagar 4600 millones de dólares de la deuda. Estamos hablando de que a la Secretaría de Derechos Humanos le dieron el 1% del presupuesto que necesitaba para su funcionamiento (11 millones y medio). Le entregaron una cantidad irrisoria y de ahí sale un fondo para los temas de prevención de violencia. Así no se puede, recortan a un tercio los servicios de protección integral. ¿Qué significa eso? Significa que, primero, se suprime un servicio de protección integral. Quedan 45… cada uno tenía entre 5 y 6 funcionarios entre el abogado, psicólogo, trabajadora social…
¿Se refiere a que quedan cuarenta y cinco personas trabajando en el Sistema de Protección Integral (SPI)?
Sí, efectivamente. Entonces ¿qué es lo que sucede con este recorte? Quedan una trabajadora social y una psicóloga. O sea recortado el servicio, ya no es protección integral porque quedan apenas dos personas por servicio.
Ayer [miércoles 31 de marzo], la Secretaria de Derechos Humanos, en su rendición de cuentas, dijo que no, que sí había más personal. Pero esa es una cosa que debemos verificar nosotras en terreno para ver si efectivamente quedaron más de dos personas por servicio de protección. ¿Qué pasa con eso? Resulta que son las entidades en el territorio las que tienen que aplicar la Ley. Por un lado, esas dos personas que quedaron tienen que cumplir con la aplicación de la ley. Por otro lado, tienen que hacer todas las medidas de protección, es decir, dar seguimiento de lo que hacen las Comisarías, las Juntas Cantonales de Protección y hacer el seguimiento del sistema a nivel local. Es verdaderamente imposible. Es no entender que hay una necesidad de hacer funcionar los sistemas de protección local.
Pero sí hay el privilegio de poner los recursos para los tenedores de la deuda. Eso sí, para los amigos de los amigos del gobierno. Las cosas no pueden seguir de la misma manera porque los costos de la violencia, aparte de ser una violacion de derechos humanos, tienen un impacto económico muy importante, y ese impacto económico nos está hablando de los bolsillos de las mujeres, de sus familias, de las comunidades, porque nosotros hemos hecho un desglose de cuánto es.
Por ejemplo, anteayer volvimos a sacar un pequeño video mostrando que más o menos 55 mil hogares de mujeres víctimas de violencia han dado apoyo, es decir, ya ni siquiera la gente recurre a los servicios estatales sino que son las propias comunidades las que están atendiendo.
Cuando dice comunidades, ¿se refiere a las casas de acogida o algo más?
No, a las familias. Las casas de acogida, las 5 que funcionan, no alcanzan; es verdaderamente imposible. Entonces sí queremos levantar la voz de alerta sobre toda esta problemática.
Estamos diciendo también que, por ejemplo, en el estudio Costos País de la GIZ se dice que el gasto de bolsillo de las mujeres por atención justicia y protección, es de alrededor de 68 millones de dólares anuales. Los costos de los hogares afectados son 544 millones y ahí está incluido todo, desde los destrozos físicos…
Justo quería preguntarle sobre ese tema. En el Pacto dice que se pierden más de 2 billones al año por violencia contra las mujeres. ¿Podría explicarme más detalladamente dónde está ese gasto?
Está en los bolsillos de las propias mujeres, de las familias, de las comunidades. Y si usted ve el otro lado de la medalla, las empresas asumen un costo de 1800 millones de dólares.
¿Se refiere a que las mujeres violentadas dejan de trabajar y eso le cuesta a las empresas?
Sí, o si son emprendedoras dejan de vender. Hay pérdidas económicas porque faltan al trabajo, porque trabajan menos horas, porque tienen que hacer trámites, o ir a buscar a los guaguas que se quedaron encargados donde la abuela. Hay un sinnúmero de patrones que se modifican con el fenómeno de la violencia.
Y que hacen que ellas dejen de ser productivas…
Exacto, o que disminuya su capacidad productiva y que dejen de tener sus ingresos regulares, o que no destinen esos ingresos regulares para los fines que ellas planearon inicialmente en sus pequeños negocios. Hay un deterioro de la capacidad productiva, de la capacidad adquisitiva de las mujeres y de sus hogares en donde ellas pasan a ser jefas súbitamente y tiene que asumir ese rol. Ahí se produce este bache, este quiebre. Y claro, las mujeres tienen que inmediatamente reaccionar y volver a solventar. Muchas veces lo hacen con el apoyo de sus propias familias, pero otras veces no. En un caso reciente que fue por una denuncia por Facebook, una madre de una víctima de femicidio dijo que nunca se había enterado de que su hija sufría violencias y peor violencias extremas, que si hubiese sabido, ella le habría advertido. Eso también sucede, mientras no aparece la lacra de la violencia física, mientras no hay un sufrimiento extremo, mientras no hay muestras de que ha habido una escalada incontenible e incontrolable, las mujeres están en un franco deterioro. Eso es lo que no puede seguir ocurriendo y por eso tiene que haber una respuesta del Estado para la prevención.
Sí, estamos pidiendo también apoyo para las casas de acogida y para que funcione la justicia por lo menos con los 39 Juzgados Especializados, pero ese ya es un gasto. Lo ideal en una sociedad culta, solidaria y respetuosa de la dignidad de las personas es la prevención, y eso es educación. Educación sexual, atención a la salud sexual y reproductiva de las niñas y adolescentes, y no estas atrocidades que estamos oyendo.
Ahorita estaba escuchando el debate en la Asamblea Nacional donde los hombres siguen siendo el pater familias, los dueños de los cuerpos de las niñas, de las mujeres, de todas. Y se permiten cuestionar esta visión, que es un tema de Derechos Humanos, de que las niñas y adolescentes son sujetos derechos con plenos derechos, y por cierto deberes también. Ese es el tipo de cosas que hay que señalar o explicar.
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Tomando en cuenta todos estos requerimientos en el Pacto, usted decía que es una herramienta de política pública. ¿La idea es que de allí tomen la información necesaria para poder armar presupuestos, fortalecer lo que está abandonado y fue desmantelado?
O por lo menos mantener ese piso mínimo ¿verdad? La idea es esa. Ahora aprovechamos porque es la coyuntura electoral para Presidente, que es además el que estructura el presupuesto general del Estado. Pero también en la estructura del presupuesto general del Estado tienen que participar la Asamblea Nacional. Esto corresponde a todas las funciones del Estado porque así como usted dice, en la función judicial necesitamos mantener al menos los 39 juzgados especializados. Nosotras también hemos hecho una agenda legislativa para la Asamblea Nacional.
Justo vi que la agenda para la Asamblea es uno de los tres puntos principales. Que tienen una agenda general de derechos, los pedidos a la Asamblea, y un énfasis en la prevención del embarazo adolescente. ¿Cuál es el criterio para poner este último tema en el mismo nivel de prioridad de los otros? No es que digo que no sea importante solo que hay tantos asuntos urgentes. ¿Por qué el foco especial en ese?
Porque estamos en el segundo lugar de ser los peores violadores de los derechos de las niñas, adolescentes y mujeres en América Latina. Porque ese es un indicador en cómo se comporta una sociedad. Es decir, el embarazo adolescente es un indicador de una crisis ética, de valores, que refleja una grave violación de Derechos Humanos de un importante segmento de la población, y por lo tanto de unos proyectos de vida que tienen sin lugar a duda un efecto en el conjunto de la sociedad. Esa también es la otra cosa que hay que tratar de ayudar a visibilizar, a concientizar, que todo esto tiene una onda expansiva, si cabe el término.
El que no se quiere mirar, o mira al otro lado como que la violencia no tiene importancia. Claro que tiene, y mucha. Para haber llegado al punto en el que estamos en el país, con crisis sucesivas de gobernabilidad en donde los valores están trastocados, en donde se quita el financiamiento de los proyectos de atención prioritaria para pagar a los tenedores de la deuda. Ya es demencial. Pero todo eso parte también de una comprensión básica de los gobernantes.
¿Existe esa comprensión? He leído el compromiso con las niñas y mujeres de Guillermo Lasso, y la “Carta a las mujeres” de Andrés Arauz y Carlos Rabascall. ¿Es mi idea o es la primera vez que dos candidatos a la presidencia se refieren de manera tan específica a un grupo tan concreto como las mujeres y las niñas? Antes era como que las mujeres estaban en un gran saco de minorías y derechos humanos. ¿Es la primera vez que dicen que les importa? Porque no quiero decir que les importa, si al final son solo promesas.
Creo que es la primera vez que se enfrentan con un electorado joven en donde las chicas, las mujeres, adolescentes y jóvenes, demandan derechos. Porque yo creo que los niveles de las votaciones de las distintas candidaturas reflejan eso. Estamos en una sociedad donde ya hay una exigencia de respeto a los Derechos Humanos de las personas. Y esas son las agendas que ninguno de los dos candidatos levantó en la primera vuelta y que empiezan a levantar al final de la primera vuelta cuando se dan cuenta de que efectivamente les estamos incomodando.
Sí, la carta de Arauz fue muy poco antes de la primera vuelta, y la de Lasso fue en marzo, a propósito del 8M. Pero, ¿cómo se siente usted con estas cartas? ¿Qué podemos esperar?
Hay gente que me dice “¿usted les cree?”. Yo les digo “yo no tengo por qué no creerles porque esa es mi labor como defensora de los DDHH de las mujeres”. Yo estoy posicionando la importancia, la trascendencia de que el Estado, las nuevas autoridades del Estado asuman ese rol de garante y protector. Entonces, eso primero. Segundo, yo sí creo que les falta mucho de entender, de digerir lo que contiene el mandato Constitucional.
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Nosotras sí tenemos que reconocer que como movimientos sociales hicimos toda una movilización en la década de los 90, de los 2000 para primero sentar las bases de lo que alcanzamos en el 98 con mujeres del Partido Social Cristinao. Te estoy hablando de la propia Cynthia Viteri y de Gloria Gallardo. Ellas fueron víctimas de violencia. La violencia política contra Cynthia en la Asamblea del 98 fue… Nosotras nos pusimos en huelga, éramos siete asesoras que estábamos ahí adentro trabajando con ellas, con todas las Comisiones. Lo que conseguimos en el 98 fue una base fundamental para llegar al 2008. En el 98 consolidamos los estándares por ejemplo de Beijing sobre tener un mecanismo nacional a nivel de la Presidencia de la República. Es decir, con rectoría de política pública que fue lo que creamos en 1997 con el gobierno de transición de Fabián Alarcón. Hemos ido haciendo camino al andar, no necesariamente todos los políticos han sido unos convencidos defensores de Derechos Humanos, sin embargo, nos toca a nosotras como defensoras de DDHH…
Estar, fiscalizar, apoyar...
Exacto, y dialogar. Yo me gasto varias reuniones ya durante varias semanas con los equipos del uno y el otro lado. En el un lado hay como toda una idea porque reconocen los errores…
¿De Lasso o Arauz?
De Arauz. Reconocen los errores del gobierno de Correa.
En la carta de Arauz hay unos temas interesantes pero también otros como que quiere quitar los impuestos de los tampones y las toallas…
Sí, esa es una medida populista.
¿Qué nos dice?
Esa es la muestra de que no les importa el Pacto Fiscal pero sí los impuestos a los tampones cuando en realidad hay que ver el bosque y no el árbol. La política de impuestos tiene que ser revisada en el marco del pacto fiscal. Y ¿qué es lo que vamos a conseguir? Por ejemplo, la famosa Ley de Economía Violeta que está ahorita en la Asamblea mandada por el Ejecutivo. ¿Es verdaderamente una ley importante? ¿Es prioritaria? Está concebida con la idea de que las empresas van a generar trabajo. ¿Las empresas van a generar trabajo ahorita en estas condiciones de la actualidad?
Puede ser un filón, digamos un elemento interesante, en el marco de una política de protección. Donde haya un piso de protección social en donde lo que planteamos sea el sistema nacional de cuidado, la renta básica para las mujeres jefas de hogar que están en situación desastrosa, y luego la aplicación de la ley con todos sus ítems. Tanto en el Ejecutivo como en el poder Judicial como en los GADs. Ese compromiso de los GADs de repartir el 10% del presupuesto en inversión social es ridículo todavía, es mínimo. Eso hay que revisar, eso es parte de las cosas que debería encararse como pacto social, hay que encarar la revisión de muchos cuerpos legales y de normas secundarias precisamente para ajustar la normativa de acuerdo al mandato constitucional.
No estamos pidiendo nada que esté fuera del mandato constitucional, hay que decirlo con absoluta claridad.
O sea no es algo nuevo, es una fiscalización de lo que ya existe…
Claro, no hay extras porque hay un compromiso del Estado ecuatoriano que está dicho en la Constitución, y que además le otorga la legislación internacional de Derechos Humanos. En este caso de los derechos de las mujeres y las niñas, le otorga una supremacía. Entonces sí hay la necesidad de que los nuevos gobernantes, los nuevos equipos de gobierno tengan una mayor conciencia sobre esto. No que con la campaña ya se va a solventar, no. Nosotras sabemos exactamente porque además hacemos campañas y damos formación a los funcionarios públicos y son muy duros de roer. No es un tema sencillo.
Este pacto habla concretamente de las niñas, adolescentes y mujeres. Y sé que puede sonar evidente pero no lo es para una población más grande, ¿por qué es importante invertir concretamente en las niñas, adolescentes y en las mujeres?
Porque realmente necesitamos que esas niñas crezcan jugando y no siendo madres, porque necesitamos que esas niñas vayan a la escuela, terminen sus estudios y sean profesionales, tengan acceso en igualdad de oportunidades que los niños y adolescentes varones. Porque las niñas son abusadas sexualmente, violadas sistemáticamente por sus parientes, por los amigos, por los familiares y por el vecindario como hemos visto en el caso del noroccidente que es una cosa espantosa.
Entonces sí necesitamos explicitar que esos son proyectos de vida en gestación, en formación, que requieren ser protegidos de manera colectiva, que la familia ciertamente tiene una corresponsabilidad enorme en donde los patrones socioculturales misóginos y machistas que hacen del uso y el abuso del cuerpo de las niñas y las mujeres. Porque el incesto el secreto de familia mejor guardado entonces sí tenemos que empezar a hablar de estas cosas.
Nosotras estamos adoptando en la campaña esta frase de las niñas y adolescentes chilenas: “hasta que la dignidad se haga costumbre”. Porque sí, porque necesitamos que el respeto a la integridad, a la dignidad, a los períodos de desarrollo de la vida de las personas sean respetados por el conjunto de la sociedad porque ¿qué pasa con esas niñas que son violadas? A veces son expulsadas de las familias, dejan de estudiar, se convierten en un apéndice del violentador y esto se ve de manera muchísimo más clara ahorita en situación de pandemia.
Pasando a otro de los tres temas prioritarios que están planteando, ¿qué le piden a la Asamblea Nacional?
La despenalización del aborto por violación que está en el COIP. Necesitamos la Ley del Sistema Nacional de Cuidados, que es una deuda desde el 2018.
¿De qué se trata?
La base debería ser lo que ya tiene el Ministerio de Inclusión Económica y Social que son los centros de desarrollo infantil, los centros de adultos mayores, para personas con discapacidad, y todas las modalidades presenciales y no presenciales, que han dejado de funcionar durante la etapa de pandemia. Ahí hay un tema que está poco desarrollado que es la protección especial. Es decir, son niños, niñas y adolescentes en situación de extrema vulnerabilidad y pobreza que son expulsados de su familia muchas veces por causa de violencia sexual, y que están en casas de acogida regentadas por el MIES o en convenio con algunas instituciones religiosas o fundaciones que se dedican a este tipo de situaciones, que lo que hacen al final es dar la vuelta. Es la revictimización de esas personas que ya fueron víctimas de violencia sexual en sus hogares y ahí hay toda una escuela de aprendizaje la violencia de la criminalidad, que es un tema que hay que revisar. Pero también obviamente tienen que articularse los servicios a nivel nacional, en territorio de todos los GADs. Ese es un esfuerzo que hizo el MIES pero que todavía no se completa.
Básicamente todo lo que hacen es exigir que se cumpla lo que ya existe.
Que se cumplan los mandatos constitucionales. El derecho a una vida libre de violencia establecido en el artículo 66 como un vademecum de cosas que ahora nos vuelve a repetir la sentencia del caso Paola Guzmán. Todas las obligaciones que tiene el Estado en materia de, por ejemplo, la prevención del delito sexual en el ámbito educativo y todo lo que debería hacer en materia de salud mental y de salud sexual y reproductiva para la prevención.
Están también otros temas de reforma que tienen que ver con varios aspectos de la Ley de Violencia, ese es un trabajo que tiene que hacerse en conjunto con la Función Judicial y el Ejecutivo porque está primero el reglamento que hay que reformar, tiene muchos problemas.
La Secretaria Jurídica de la Presidencia ha manejado los reglamentos de muchas leyes, no solo la de Violencia, como si fuera el patio de su casa. Entonces sí tenemos algunos problemas bien graves en donde se trastocan los mandatos de la Ley y entran en contradicciones, por ejemplo, en torno al Sistema de Registro Único de Víctimas que termina en el reglamento encargándole la responsabilidad central al Ministerio de Gobierno que, con una visión securitista de órganos de seguridad, no va a darle el mismo tratamiento que requiere a los Sistemas de Protección que requieren las víctimas. Son cosas que hay que mejorar, que hay que cambiar, que hay que reformar.
En esa misma línea de mejorar, cambiar, reformar. Seguimos viviendo en un país en el que la educación sexual no es parte del currículo en las escuelas y colegios. ¿Eso están exigiendo también que se revise?
Lo que pasa es que en este país no gobierna la función pública ni estamos viviendo en un Estado laico. La muestra es que los señores de la ultraderecha conservadores hoy día están vociferando —algunos miembros del PSC— en contra de la educación sexual, como elemento fundamental de la prevención de al violencia. Por eso insistimos en que esto es parte de la responsabilidad de un Estado laico. No puede ser que quienes llegan al poder en la función legislativa o en el Ejecutivo nos quieran imponer sus creencias y sus limitaciones en las creencias para hacer política pública desde sus creencias personales.
El Estado ecuatoriano tiene que implementar los programas de educación para la sexualidad integral. Ya no es simplemente el mandato constitucional, ahora es una obligación que le impone la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ahí en la agenda legislativa hay promulgación de reformas a las leyes que ya existen y promulgación de nueva legislación.
Un elemento esencial para superar este tema del nivel que tienen en la jerarquía del Estado las instituciones es la Ley de Consejos de Igualdad. Los Consejos de Igualdad no pueden ser tratados como órganos sin ninguna importancia, que no tienen rectoría de política pública. Los órganos de igualdad de los pueblos, de las nacionalidades, de las mujeres, de los niños tienen que hacer rectoría de política pública. Si no, no vamos a ningún lado.
El esquema centralizado de Correa, la planificación central hecha desde la Senplades no da más. Los ministerios tienen que escuchar cuáles son esas dimensiones específicas de las desigualdades que tienen que incluirse en la política pública. Y eso hay que hacerlo con una renovación de la Ley de Consejos de Igualdad. Eso probablemente implica una reforma constitucional, pero hay que debatir. Este es un tema no menor porque el Estado con Correa le dio la espalda a los temas de igualdad en este país y esa es la gran lacra que tenemos. Ahí tenemos que decir que lamentablemente algunas actoras de Alianza País en su momento, al inicio en Montecristi, jugaron ese nefasto papel de quitarle a los Consejos de Igualdad la capacidad rectora. Entre ellas, la propia María Paula Romo, porque con la novelería de la transversalidad, de la visión posmoderna de que todo el Estado transversaliza todo… ¿Dónde? Cuando estamos viendo en todas las evaluaciones que hacen los Organismos Internacionales que la transversalidad es una herramienta que se puede llevar a cabo siempre y cuando haya una responsabilidad central, una institución, una rectoría, un presupuesto para hacer las cosas. Si no, no existe. Ese es un tema que es fundamental.
Para cerrar quería entender dónde estamos las mujeres en abril de 2021. Con los impactos de la pandemia, estos incumplimientos que vienen desde el 2018…parecería que vivimos un retroceso. ¿Es así?
Creo que, desde el período Correa en 2014, nos hemos recuperado, recuperamos la ley. Recuperamos la institucionalidad para la rectoría de la ley aunque la Secretaría de Derechos tenga un nivel de jerarquía de tercer nivel [antes tenía rango de Ministerio cuando pertenecía a Justicia]. Por eso también nuestra propuesta es que tengamos un Ministerio de la Mujer en donde el Consejo de Igualdad y Género y la Subsecretaría de Violencia junten sus fuerzas y hagan realmente un potente organismo que haga la política pública de igualdad y de la prevención de las violencias, en plural.
Diría que hemos caminado en esa senda y lo que hace falta es que haya un compromiso de verdad de priorización de la política de igualdad como un elemento esencial. Está en la agenda de los ODS, no hay posibilidad de un desarrollo sin igualdad de oportunidades para mujeres y niñas. El lema de Naciones Unidas claramente dice no dejar a nadie atrás, y nos han dejado atrás todo el tiempo y nosotras estamos todo el tiempo impulsando que no se puede seguir dejando atrás a nadie. Entonces creo que hemos avanzado también porque hay un capital político del movimiento feminista muy grande. Todas las vertientes juntas en las calles, la incidencia, frente a los gobiernos locales. Hay una capacidad de diálogo enorme que alimenta permanentemente este ejercicio de los informes Sombra, que es un ejercicio que lo hacemos colectivamente para formarnos en el desarrollo de capacidades de incidencia.
Usted va a ver que en el informe Sombra, tras el diagnóstico de la situación, hay un conjunto de recomendaciones. No es que estamos haciendo para tirarle piedras e incendiar el Estado. También hay posiciones de algunas organizaciones que van por esa vía, nosotras pensamos que el Estado tiene que cumplir un rol de garante y protector y eso es a lo que vamos, por eso estamos en el ejercicio de la exigibilidad, en el ejercicio de la incidencia en la construcción de capacidades de nuestras lideresas para que eso ocurra en todos los municipios del país.
Tenemos estos pasos avanzados pero no nos sirve de mucho si no hay la decisión política y el presupuesto, eso es lo que tenemos que conseguir y sabemos que con un ajuste fiscal es posible priorizar. Porque si los nuevos gobernantes entendieran todo lo que se pierde solamente por ingresos tributarios, harían algo. El cálculo es que se pierden 447 millones como capacidad tributaria por la violencia. Frente a los 807 mil dólares que está invirtiendo en prevención. O sea si necesitamos darle la vuelta al tema, hacer un clic en la gestión.
